Veinte fiscales fueron destituidos de sus cargos por supuestos hechos de corrupción en los primeros meses del año, informó hoy el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Las destituciones fueron producto de procesos realizados por la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General boliviana, indicó Guerrero, según un comunicado de su oficina.
Los dos casos más recientes fueron los de la fiscal Litzie Torrico Baptista, en la región de Santa Cruz (este), y Augusto Marín Soria, en La Paz, ambos por supuestos cobros irregulares de dinero.
Guerrero mencionó que este año fueron intervenidas las Fiscalías de La Paz, con la destitución de más de 25 funcionarios, y de Oruro, donde fueron cesados otros 12 trabajadores.
El funcionario indicó que desde que asumió la conducción de la Fiscalía en 2012, han sido destituidos unos 80 fiscales y un número similar de funcionarios del Ministerio Público, dentro de una "política interna de transparencia y depuración de los malos servidores públicos" aplicada en su gestión.
"Nuestra acción en el Ministerio Público no es coyuntural, no responde a una determinada circunstancia, sino es parte de una política de transparencia institucional (...). Hemos procesado y metido a la cárcel a fiscales departamentales, fiscales de materia, y lo vamos a seguir haciendo", enfatizó.
El fiscal general resaltó que esa institución es la única que cuenta con una unidad de investigación que verifica la relación entre los ingresos de funcionarios estatales y sus patrimonios.
Lamentó que otras instituciones no acompañen las acciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
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