Fiscales y jueces determinan tarifas a litigantes antes de iniciar procesos.
Al menos once consorcios de corrupción han sido identificados por el Consejo de la Magistratura en el eje central del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde las tarifas son fijadas por algunos operadores y administradores de Justicia en complicidad de abogados que incluso cuentan con antecedentes penales, según informes de inteligencia del Ministerio de Gobierno.
Hace una semana el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcelo Elio, debido a los hechos de corrupción por parte de jueces y fiscales, anunció que investigan al menos 15 jueces por delito de prevaricato.
La autoridad de Gobierno explicó que hace más de dos meses se iniciaron las investigaciones contra estos jueces y que ya hay nombres y los delitos cometidos.
Según Elio, estos jueces dictaron resoluciones injustas en Santa Cruz y Cochabamba, en delitos de avasallamiento y otros.
CONSEJERA. Mónica Limachi, representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, informó por su parte que recibe aún amenazas por el trabajo de fiscalización que desarrolla en los juzgados y que conoce sobre denuncias de los consorcios de corrupción que hay al interior de los tribunales. La autoridad recordó que cerca de 45 jueces son procesados por retardación de justicia y faltas graves y muy graves. Y que éstos fueron identificados tras los operativos sorpresa que realizó la entidad en las ciudades de La Paz y El Alto.
Limachi, antes de emprender viaje la semana pasada, no negó ni afirmó la cantidad de consorcios denunciados que tiene en su despacho, pero dijo que la labor –a medida que se conocen los casos- se complica para los funcionarios encargados de procesar los hechos de corrupción e iniciar el proceso administrativo. “No quiero adelantar criterio, pero tenemos hechos de corrupción que denuncian por lo menos uno al día. Estos consorcios hay”.
TARIFAS. La Prensa reveló hace una semana que los jueces y fiscales cobran entre 3.000 y 7.000 dólares. Sin embargo, las investigaciones de inteligencia revelaron que los montos van más allá de los 10.000 dólares como lo acontecido con el juez anticorrupción Marcelo Barrientos, detenido preventivamente en la cárcel de Patacamaya, al igual que otras dos personas del mismo juzgado.
El informe de inteligencia refiere que la red de corrupción se inicia en la fuerza anticrimen, donde piden coimas de 20 a 21.000 bolivianos y que las actitudes corruptas de algunos efectivos llegan al punto de manipular pruebas para frustrar o para lograr una condena.
Este mismo modo de operar se observa en la Fiscalía, pero los montos establecidos superan los cinco y siete mil dólares en esta instancia y en caso de imputación la suma va creciendo.
Un litigante afirmó que un Fiscal le solicitó dinero para cambiar la resolución de imputación, en coordinación con el juez, y de esta forma beneficiar a su pariente con el arresto domiciliario como primera instancia.
“Es una red, consorcio, que funciona desde hace más de una década, Hay vocales incluso involucrados en estos hechos que reciben dinero para favorecer durante la apelación. Los ladrones salen y entran porque ya tienen identificados fiscales y jueces que los favorecen con medidas alternativas a la detención. Si pagas estas fuera en tres meses, pero si te apegas al procedimiento, te pudres en la cárcel”, afirma un procesado por robo que desde hace dos años tiene un defensor de oficio. En tanto un abogado, quien solicito reserva, afirma que la corrupción se incrustó en los organismos judiciales y que “si no eres parte de este sistema los procesos se paralizan en perjuicio de los litigantes. Debes tener amigos en los juzgados, darles hasta para el chicle, para que el proceso tenga celeridad y una adecuada interpretación. Algunos jueces tienen contactos con vocales y fiscales para que un determinado proceso tenga conclusión favorable”.
Cada una de estas asociaciones, según las investigaciones, están integradas por al menos tres fiscales de materia, dos jueces y un vocal, quienes para evitar ser descubiertos planifican sus actividades los fines de semana y en domicilios particulares. Donde participan los litigantes para evadir los controles que ejercen el Consejo de la Magistratura, Ministerio de Justicia y actualmente el Poder Ejecutivo.
Según estas revelaciones es en Santa Cruz y La Paz, donde hay mayor número de consorcios.
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