El juez cautelar N° 1, del Órgano Jurisdiccional de Oruro, Daniel Copa, determinó ayer otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de Valentín Huarachi Mollo y Sebastián Quispe Lázaro, dos comunarios de la región Uru Chipaya, por la presunta responsabilidad de malos manejos denunciados por la comisión de intervención del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, (Fondioc).
Los imputados presumiblemente, habrían recibido el desembolso, mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), de algo más de 400 mil bolivianos de dineros del Fondo Indígena, según afirma la denuncia. Este monto debía ser empleado en la construcción de un proyecto piscícola (criadero de truchas, denominado "Arcoiris") en la comunidad Chipaya.
Sin embargo, de acuerdo a las argumentaciones presentadas por el Ministerio Público, el proyecto no tiene un avance físico significativo y se desconoce el verdadero destino del dinero, puesto que los responsables no presentaron descargos de ninguna naturaleza del buen uso del mismo. El costo total de proyecto criadero de truchas arcoiris, era de 941 mil bolivianos.
La denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra de los dos comunarios chipayas, la presentó la interventora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, detallando que los delitos por lo que se acusó a Huarachi y Quispe son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes.
El fiscal asignado al caso es Sandro García. En tanto que los abogados de la defensa son Zenobio Calizaya y Benjamín Guzmán, quienes estuvieron durante la audiencia cautelar que tuvo una duración de más de cinco horas y una gran expectativa toda vez que el conflicto del Fondioc surge a nivel nacional, implicando a proyectos "fantasmas" que causaron un perjuicio millonario al Estado boliviano, asimismo, estuvo presente el abogado del Fondo Indígena, Carlos Germán Castillo Vargas.
IMPLICADOS
Huarachi era el responsable legal del proyecto paneles solares en la comunidad Uru Chipaya y el segundo caso, también de la misma comunidad, habría recibido los 470 mil bolivianos para el criadero de truchas arcoiris del cual era responsable de ejecución.
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