En un documento de 25 páginas, cita la nueva publicación de la brasileña revista Veja, el exfiscal Marcelo Ricardo Soza Álvarez (refugiado en Brasil desde abril del 2015) revela cómo el Gobierno de Bolivia volvió el Poder Judicial del país en un instrumento de persecución política.
"La justicia en Bolivia es manipulada por el Poder Ejecutivo que usa para procesar a personas que no comparte la ideología política del gobierno, lo que representa una amenaza para los que tienen opiniones opuestas. Podemos decir que en Bolivia, el Gobierno utiliza los tribunales para justificar todos los abusos", señaló.
Pese a restarle credibilidad al accionar del fiscal Soza, el diputado de Unidad Demócrata(UD) Luis Felipe Dorado valoró que lo dicho por la exautoridad es verdad. "Pese a que el exfiscal Soza ha perdido credibilidad, ya que ha sido el principal inquisidor a los líderes cruceños, está diciendo algunas verdades, dado que la justicia está coartada y que el gobierno ha hecho una persecusión política a los líderes opositores a su gobierno", argumentó.
En el caso Rózsa. Soza fue fiscal asignado a las investigaciones y fue él mismo quien imputó y acusó a 39 personas, ahora narra (de acuerdo a dicho documento al que tuvo acceso Veja), que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera (Raúl) estuvo detrás de un atentado contra la residencia del cardenal Julio Terrazas. "El episodio fue utilizado como justificación para que el Gobierno boliviano ponga en marcha una acción militar que mató a tres personas", señala.
Además, en el legajo de 25 páginas refrendada en la edición de Veja, Soza dice: "Durante mi trabajo de investigación, me di cuenta de que nunca hubo un enfrentamiento armado entre el grupo terrorista acusado y la Policía, como se informó por parte de funcionarios del Gobierno y es apoyado oficialmente hasta hoy. Lo que pasó esa noche en Santa Cruz, fue la ejecución de tres extranjeros y la tortura de otros dos", señaló.
El fiscal, bajo esos antecedentes, asegura que el Gobierno ha creado una falsa trama de supuesto atentado para justificar y ejecutar persecusión y torturas a tres personas, con el solo motivo de acusar a los opositores como miembros de una supuesta célula terrorista.
Según la analista política Éricka Brockmann, con esos relatos del exfiscal se confirma que el Gobierno ha montado una especie de "reality show acusatorio" con el caso Rózsa, con el que ha mantenido en vilo a la población. "Me queda claro que el Gobierno ha forzado un relato, distriada de los grandes problemas que tiene el país. Lamentablemente se va seguir manteniendo esta situación, por lo que difícilmente a través de la justicia y el Estado actual llegaremos a saber la verdad", señaló.
Entre otros aspectos. Según la publicación de Veja, en el documento entregado a las autoridades brasileñas, Soza dice que "pocos como él, saben la forma en que los jueces y fiscales de Bolivia son manipulados". Él sostiene que "si un juez o un fiscal decide resistir órdenes son simplemente alejados, procesados y condenados a muerte civil en el ejercicio de su profesión", señaló.
El politólogo Gustavo Pedraza, indistintamente del caso Rózsa, señala que la situación de la justicia del país es preocupante, dado que no hay independencia de la administración de justicia por lo que no le hace bien al funcionamiento del Estado. "La situación desastrosa en la que está, requiere una urgente recomposición en la independencia, en la selección de sus miembros y sus responsables, en base a sus méritos y no a la lealtad política", precisó. Brockmann citó que respecto a la justicia resulta extraño que no haya una masa crítica para cambiar esta situación de manera concreta y no con discursos.
Apuntes
Veja refiere otras aristas de lo que citó el exfiscal en Brasil
Operativo. En el caso del hotel Las Américas, Sosa dice que la policía, dependiente del Ministerio de Gobierno, dirigió totalmente la investigación para ocultar la verdad. "Me negó investigar la muerte de los ciudadanos extranjeros y me negó el acceso a la lista de los nombres de los oficiales que participaron en la operación", argumenta.
Hermano. El exfiscal enfatiza que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, ha puesto en marcha una red de extorsión para beneficiarse económica y políticamente con este caso.
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