La velocidad con la que actúan para detener a periodistas y personas humildes y la demora en el proceso de investigación en contra del exalcalde de El Alto, Édgar Patana, causan asombro al diputado por Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, que ayer intentaba coadyuvar al investigador de la Policía para notificar en su domicilio a Patana, por el temor de que se quiera encubrir el hecho.
“Lo que veo es que no se mide con la misma vara, por ejemplo, a Carmelo Lens (exgobernador de Beni) un proceso y ya está en la cárcel, hermanos que estaban marchando, hacen reventar dinamita y ya están en la cárcel, ahora con medidas sustitutivas. Sin embargo, a Édgar Patana, el Ministerio de Transparencia le ha abierto como 20 procesos, tres procesos con Eduardo León, dos procesos por movilidades y sin embargo no avanza”, declaró el diputado Quispe, ayer en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
El legislador se hizo presente en esas dependencias para verificar si el investigador procedió a notificar a la aexautoridad edil alteña, en su domicilio, en el proceso para investigar a los responsables del desmantelamiento de 24 vehículos que le fueron entregados.
Los motorizados a los que hace referencia el diputado de UD, serián las que se le dotó al municipio alteño desde la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Oruro y según informó el legislador se encuentran desmanteladas.
Quispe criticó la postura del Ministerio Público, que a pesar de haber comprobado el estado de los vehículos, retarda el procesamiento de la exautoridad del Movimiento Al Social (MAS).
“Hay un grado de protección” asegura el diputado que ha contabilizado que Patana cuenta con cerca de 20 denuncias en el Ministerio de Transparencia, otras tres denuncias por irregularidades en la adjudicación de obras a tres empresas. Rafael Quispe se constituye en parte denunciante por la desaparición de 33 vehículos y el desmantelamiento de otros 24.
En contrapartida, según la ANF, el exalcalde de la ciudad de El Alto negó que durante su gestión se hubieran entregado irregularmente los motorizados a dirigentes sociales, aseguró que fueron guardados en la Alcaldía y que todos están en el mismo estado en el que fueron recibidos. Patana es acusado por el abogado Eduardo León de haber entregado 24 vehículos a distintas organizaciones sociales en su gestión y que ahora están en calidad de chatarra.
En 2013 es decir dos años después de la recepción de los vehículos, la Alcaldía firmó un convenio con Dircabi para poder utilizarlos hasta 2016 con el compromiso de mantenerlos en el mismo estado que los recibieron. La exautoridad manifestó que del total de vehículos sólo se utilizaron cinco y que antes de hacerlo se les sacó fotografías y un video para evidenciar cómo llegaron; además, cada motorizado tiene un informe detallado de la placa y el estado en el que se encuentra y cómo fueron utilizados.
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