Cuatro exfuncionarios públicos jerárquicos están acusados de causar un daño económico de 82.285 bolivianos al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) en 2011. El caso continúa en investigación en la Fiscalía.
Los implicados creaban órdenes de pago y transferencias al aprovechar sus cargos, señala la denuncia de la entidad ante el Ministerio Público. Éstos creaban, verificaban, aprobaban y firmaban comprobantes de ejecución por conceptos inexistentes
Entre mayo y septiembre de 2011 retiraron 48.285 bolivianos del Senapi para cancelar la impresión de material gráfico; también se desembolsaron 18.000 bolivianos destinados al pago de alquileres; 13.000 bolivianos por servicios de imprenta y fotografía, y otros 3.000 bolivianos para el diseño de imagen institucional.
Los exfuncionarios jerárquicos involucrados son Juan P. B., quien desempeñaba las funciones de director administrativo financiero y Érick T. E., quien era director general ejecutivo. Además de una exfuncionaria (Deina B. R.) del Ministerio de Economía, que cumplía funciones de analista de la Dirección General del Tesoro.
Los cuatro están acusados de incumplimiento de deberes, anticipación, prolongación de funciones, conducta antieconómica, peculado y complicidad.
El dinero era transferido a la cuenta bancaria de Ibert A. M., quien era responsable del POA, Presupuesto y Perfiles Sigma (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa) en 2011.
De los 82.285 bolivianos, el Senapi logró recuperar 64.485 bolivianos, pero faltan 17.800 bolivianos.
De acuerdo con el Senapi, esas órdenes de pago y transferencias no correspondían a operaciones oficiales de la institución. Esos recursos eran desviados. "Estas operaciones no incluían respaldos documentales a fin de no dejar evidencias de su ilícito y se ejecutaban únicamente mediante el Sigma”, respondió el Senapi a un cuestionario enviado por Página Siete.
Los hechos
Según la documentación del proceso, Ibert A. M. era el responsable de crear, verificar y aprobar los pagos; Juan P. B. participó en la firma del proceso en el Sigma; Erick T. firmó los comprobantes o los cheques.
"Quienes realizaron un manejo irregular y discrecional de recursos públicos, apropiándose de manera sistemática, realizando ficticiamente contrataciones no existiendo ningún respaldo documental”, señala la denuncia del Senapi ante la Fiscalía.
Se presume que Deina B. R. proporcionó las claves y cuentas de usuario para validar y registrar los pagos, de acuerdo con investigaciones. Hay una quinta persona particular involucrada, Rolando M. B., quien recibió dinero por la impresión de material gráfico de Ibert A. M. para que lo depositara en su cuenta bancaria. Está acusado de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
"Sin embargo, las impresiones nunca fueron ejecutadas, ya que la operación era un pretexto de Ibert A. M. para transferir dinero a su cuenta personal. Todo a vista y consentimiento de Erick T.”, explica la denuncia del Senapi.
En octubre de 2011, se descubrió el retiro del dinero que no contaba con comprobantes ni informes. Todas las personas involucradas presentaron sus cartas de renuncia.
En febrero de 2012, la directora del Senapi, Jhilda Gabriela Murillo Zárate, denunció las irregularidades en la Fiscalía.
El caso fue derivado inicialmente a la fiscal Ritva Milena Alba, quien excluyó del proceso a Juan Carlos P. B., Erick T. E., Deina B. R. y Rolando M. B. porque no se hallaron suficientes pruebas de su participación. El único que quedó bajo investigación es Ibert A.M.
En 2012 fue designado Elsner Cruz como nuevo fiscal, pero rechazó la denuncia.
"El Senapi apeló la decisión del Ministerio Público y solicitó al fiscal a cargo de la investigación que se incluya y amplíe la imputación a las personas nombradas. Como resultado de esta gestión se logró la inclusión en el proceso de todos los participantes en los hechos delictivos”, señala la denunciá del Senapi.
Actualmente el caso continúa en proceso de investigación.
El 16 de junio de 2015 el ciudadano Juan Salinas presentó una carta al Ministerio de Transparencia, con número de registro 09974, en la que solicita se investigue a la directora del Senapi por incumplimiento de deberes.
"El Estado tiene funcionarios y funcionarias que deben cumplir con sus obligaciones en beneficio del Estado y los ciudadanos, más aun cuando existen hechos delictivos (...) no puede existir la persecución penal para autoprotegerse, para culpar a otros y no ser involucrados y luego abandonar la causa”, señala la carta enviada por Salinas al Ministerio de Transparencia.
En la misiva se cuestiona que Murillo Zárate haya utilizado recursos públicos para iniciar la demanda, pero durante dos años abandonó la causa.
Según el Senapi, la actual directora de la entidad no está involucrada, ni participó en los hechos ilícitos porque asumió funciones a finales de 2011.
Además, remarca que apenas conoció de las irregularidades presentó la denuncia en el Ministerio Público en febrero de 2012 y desde entonces hace el seguimiento.
En su gestión logró recuperar parte del dinero desviado. "El ilícito fue cometido el mayo del año 2011 cuando Erick T. E. estaba como director general ejecutivo del Senapi. En consecuencia, no correspondía incluir en el proceso en calidad de demandada a la actual directora. Gabriela Murillo se constituyó en demandante dentro del proceso seguido a los exfuncionarios”, asegura el Senapi.
Las pruebas
En el Ministerio Público están los siguientes documentos que demuestran la participación de los exfuncionarios: Informe de la Dirección Administrativa del Senapi, informe de contabilidad, las cartas de renuncia, reporte del Sigma, certificado de comprobantes de ejecución de gasto, extracto bancario, entre otros.
El caso de desvío
Irregularidad Según los documentos de investigación, el desvío de dinero sucedió en mayo de 2011. El principal acusado es Ibert A. M.
Jerárquico El exdirector general Erick T. E. y el exdirector administrativo financiero del Senapi Juan P. B. son investigados por el desvió de recursos públicos. Autorizaron la salida del dinero.
Sigma El desvío de los recursos públicos fueron realizados a través del Sigma. Para la realización de un pago por este medio debe existir un respaldo documental y contable. "Se puedo identificar que durante 2011, a través de este medio, se generaron preventivos de pago sin que éstos cuenten con ningún justificativo real para su creación, habiéndose eliminado evidencia documental de estas transferencias”, según inventario del Senapi del 31 de mayo de 2011 presentada como prueba al Juzgado Séptimo en lo Penal en junio de 2014.
El Senapi gestiona la propiedad intelectual y los derechos de autor
El Senapi es una institución pública desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Su misión es administrar la propiedad intelectual e industrial y proteger el derecho de autor, según la página web institucional.
"Administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos”, dice el artículo 3 del capítulo II del Decreto Supremo 28152 de septiembre de 1997.
La propiedad industrial es una marca o cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Se pueden registrar como marcas los signos susceptibles de representación gráfica compuestas por dibujos, emblemas, monogramas, grabados, combinaciones de palabras, envases, figuras, símbolos gráficos, letras, formas tridimensionales y otros.
Una marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios, sino también representa el prestigio de sus fabricantes. El derecho de autor es un conjunto de normas que regulan los derechos que la ley concede a los creadores de una obra artística, sea ésta de carácter musical, literario, cinematográfico o computacional. Otorga protección y los derechos de uso para que ésta no sea plagiada ni utilizada de forma errónea por terceras personas.
El presupuesto
Gastos Según el "Presupuesto Institucional por objeto del gasto y por tipo de gasto” 2012, publicado en la página web del Senapi, el total de desembolsos fue de 23,4 millones de bolivianos.
Sueldos Los mayores gastos se concentran en los sueldos 5,09 millones de bolivianos; y los servicios no personales como el pago de comunicación, energía, agua y otros por 4,43 millones de bolivianos. Para "productos de artes gráficos” 16,4 millones de bolivianos, alquileres 798 millones de bolivianos, en alquiler de edificios 774 millones de bolivianos, y otros.
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