Marcelino Arratia, abogado especializado en casos legales de sectores rurales, observó que la falta de una adecuada contratación de profesionales legales y auditores junto al desconocimiento de las leyes vigentes para el adecuado manejo de los recursos de los municipios rurales, son algunas de las causas por las cuales se denuncian diferentes tipos de corrupción en el departamento de La Paz.
Otro de los factores observados se refiere a los ingresos económicos que obtienen los alcaldes y concejales quienes sólo tienen como ingreso un salario entre Bs 2.000 y Bs 5.400, mientras que sus recursos municipales, como en el caso de Viacha, son mayores a 80 millones de bolivianos. “Por lo tanto en muchos de los casos las autoridades municipales prefieren hacer sus propios negociados en la adquisición y compra de materiales con la finalidad de poder obtener otros recursos en favor de dichas autoridades”, explicó.
Para Arratia, algunas autoridades recurrirían al denominado “diezmo”, “toco” o “coima” para adquirir mayores ingresos cuando realizan diferentes adquisiciones en tiendas, ferreterías o empresas donde compran materiales de construcción y exigen a cambio un 10, 15 o hasta un 20%, esos son los actos que llegarían a favorecer a los que administran dichos recursos.
En varios casos se observa que muchas de las compras realizadas por los municipios rurales son realizadas de forma directa aunque superen el monto de los Bs 20.000 que de acuerdo con la Ley de Municipalidades debiera llegar mediante un proceso de licitación factor que es evitado por las autoridades.
“Las compras en su mayoría se realizan de forma directa o hacen contrataciones de consultorías señalando un monto de Bs 19.999, recurso que no requiere licitación, pero tampoco se tienen claras las razones por las cuales se realiza la contratación de consultorías además de los resultados de estos proyectos que no necesariamente corresponden a una demanda social, por lo que los concejales o las instancias de Control Social debieran realizar un trabajo de fiscalización”, expresó el experto.
En el caso de los registros de consultorías, las mismas pueden tener algunos informes fraguados de otros municipios con los cuales pretenden descargar el uso de dichos recursos que no necesariamente beneficia a la población.
“En el departamento de La Paz, más del 50% de los municipios deben estar incluidos en procesos legales y administrativos, pero los mismos se debe por falta de conocimiento, falta de personal técnico legal y sobre todo la valoración económica a este nivel, de lo contrario se corre el riesgo de contratar personal sin criterio legal ni experiencia en el manejo de los recursos del Estado”, advierte el abogado.
Para Arratia las autoridades municipales y, sobre todo aquellos mandos de comunidades rurales, al menospreciar económicamente el trabajo de profesionales con experiencia son los factores que se suma al mal manejo de los recursos económicos, más aún cuando en el territorio nacional se llega a implementar nuevas normas que se integran.
En el caso de las funciones de los denominados “Controles Sociales” de cada municipio, las mismas, de acuerdo con Arratia, estarían normados sólo en capitales de ciudades, donde los municipios han definido su Ley de Control Social, mientras que en provincias dichas normas aún no concluyen, como en el Caso de Caquiaviri donde se han denunciado varios casos irregulares y la parte de Control Social se convierte en “casi cómplice” de dichos casos.
“Además, el Control Social en su mayoría no tiene una acción coercitiva en su accionar, por lo tanto en los Gobierno Municipales los miembros de esta instancia depende de los recursos del Municipio, aspecto que los hace dependientes del Ejecutivo como la instancia de Control. Mientras que los casos de fiscalización por parte de las autoridades del Concejo Municipal, como el caso de Caquiaviri, cuando responden a la misma línea de su partido político, no se aplica un adecuado proceso de fiscalización, convirtiéndose en cómplices de los malos manejos o del mismo incumplimiento de deberes”, explicó el experto legal.
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