jueves, 29 de noviembre de 2012

Rivera y Rodas extorsionaron y dilataron al menos ocho casos



Los ex asesores legales del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, trabajaron cinco años en esa repartición estatal, sortearon las gestiones ministeriales de Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero, y según la indagación y las denuncias de implicados en otros ocho casos, con el poder absoluto que les otorgaron, extorsionaron o dilataron procesos contra opositores, autoridades y hasta presuntos delincuentes.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descartó ayer la posibilidad de que estos profesionales contratados por el Ejecutivo hubieran formado parte de un consorcio y que junto a jueces y fiscales se dedicaban a dilatar procesos en algunos casos, a extorsionar a los implicados en otros. “No lo puedo descartar, se está investigando”, dijo.

El reporte de la indagación de la Policía cruceña, que conoció este medio, marca ese camino. El documento señala que Gustavo Céspedes, abogado de confianza de los dos exasesores, detenido el martes y que según Romero se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, admitió en su declaración que es pariente de un fiscal (se guarda en reserva su nombre), trabajó como su asistente y que ambos llevaron adelante el proceso investigativo contra el ciudadano alemán Dirk Schmidt, “donde supuestamente hicieron desaparecer varios documentos”, señala textualmente el reporte.

El alemán fue acusado de alzamiento armado y sedición porque lo encontraron con armas en su casa. El abogado de Schmidt, Otto Ritter, denunció que en mayo de este año un juez determinó la cesación de la detención preventiva, pero como ocurrió con el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, esa determinación se revirtió 24 horas después, “luego de que Rivera y Rodas ejercieron presión sobre el magistrado”, dijo Ritter.

El ministro Romero también se refirió al caso. “Vamos a investigar”, aseveró y reiteró la convocatoria a los afectados, para que denuncien, “les daremos todas las garantías”.

La tarde de ayer, el diputado oficialista Edwin Tupa, adelantó que alcaldes y concejales de dos municipios de Santa Cruz, que no quiso identificar, denunciarán en las próximas horas que “personas investigadas en este caso, han influido en el Órgano Judicial, y han hecho tráfico de influencias, pero serán ellas las que proporcionen los datos completos”, manifestó.

Durante la jornada de ayer, aparecieron tres nuevas denuncias de extorsión cometidas por los dos juristas y su colaborador. Familiares y el informe sobre el caso presentado por la Felcc reseñan el exteniente Julio Navía y el ex coronel René Navía, implicados en un caso de narcotráfico y sindicados como cómplices del exjefe antidrogas René Sanabria, sentenciado en EEUU por ese delito, denunciaron la desaparición de bienes que les incautaron y que les habrían pedido $us 40.000 para trasladar a uno de los acusados de Chonchocoro a Palmasola. Una denuncia similar, pero por un monto de $us 10.000, realizó el abogado del fallecido Reynaldo Gonzales, alias “El Vinchita”.

Mientras, implicados en el caso de presunto terrorismo, sin mencionar montos, aseguraron que los asesores cobraron dineros para dejar al margen del caso a una persona que tenía “indicios” de haber entregado al grupo de Rózsa un vehículo que fue el usado para poner un explosivo en la puerta del domicilio del cardenal Julio Terrazas.

Alcides Mendoza, uno de los imputados en este caso, declaró en Tarija que el abogado Rivera era “un calumniado y su detención es la consecuencia. Que pague y ojalá se haga justicia, porque a nosotros se nos está inventando cosas y solo hemos trabajado por el proceso autonómico”.

Otros, como el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, implicado en un presunto intento de extorsión a menonita en Santa Cruz, y la diputada opositora Marcela Revollo, denunciaron que sus procesos fueron dilatados o manipulados (ver recuadro de la página 4).

El último poder “amplio y suficiente”, otorgado el 27 de enero de 2011 por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al que tuvo acceso EL DEBER les facultaba a ambos abogados “gestionar, agilizar, insistir y llevar a cabo cuanta acción jurídica sea necesaria en beneficio de y para el Ministerio”. Además, les permitía apersonarse y obtener información y colaboración, sin restricción, a todas las instancias del Ministerio Público en todo el territorio, del Tribunal Supremo de Justicia, como a los juzgados y tribunales civiles y penales del país, y a las instancias policiales como la Felcc y la Felcn.

A asumir defensa del Ministerio de Gobierno o para procesar a quienes “resultaren autores, cómplices, encubridores. El documento les daba poder para interponer recursos, responder a incidentes, pedir careos, declaraciones, testimonios, solicitar información a Derechos Reales como a registro de vehículos o de teléfonos, inspecciones oculares, reconstrucciones, mandamientos de aprehensión, congelamiento de cuentas; plantear todo tipo de recursos legales, entre muchas otras facultades”.

UNA RED QUE INTERVINO EN VARIOS CASOS



1 comentario:

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