Denuncian corrupción en YPFB y fiscal cita a tres funcionarios

Una nueva denuncia destapa presuntos actos de corrupción en YPFB. Pedidos irregulares de aportes a trabajadores para un acto en el que participaron autoridades de Gobierno y ejecutivos de YPFB, rendición de cuentas ilegales y descargo de gastos con una factura falsa ponen en tela de juicio a tres funcionarios del Distrito Comercial Oriente.

La denuncia cursa en el Ministerio Público como el caso 012313 por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

El petitorio y denuncia fue interpuesto por la ex- funcionaria María del Carmen Rodríguez contra tres funcionarios públicos de YPFB del Distrito Comercial Oriente. En ese sentido y tras una larga investigación efectuada por el fiscal Gomer Padilla, se decidió citar para el 30 de noviembre a los primeros imputados, entre ellos Adolfo Mendoza Lino, Víctor Eduardo López y Gustavo Tellería.

El documento, al que tuvo acceso EL DEBER, señala que estos funcionarios están presuntamente involucrados en descargos irregulares, compra de factura por el importe de Bs 10.000 para justificar el gasto efectuado en un acto en el que participaría el presidente Evo Morales, el titular de YPFB,
Carlos Villegas, y dirigentes de diferentes sindicatos de las subsidiarias de YPFB, además de trabajadores petroleros el 28 de mayo de 2011.

Asimismo, los acusados habrían pedido aportes por un valor de Bs 100 a los trabajadores de YPFB Comercial Oriente, incluidos los de provincia.
Al respecto el fiscal Padilla aseguró que tiene documentación probatoria para sentar en el ‘banquillo’ a los acusados, razón por la cual emitió dos órdenes de citación para el 30 de este mes.

“Hay elementos de una factura falsa, pero tengo que escuchar a los tres imputados para establecer responsabilidades. El tema es ese, por eso he pedido que venga el dueño de la factura, pero resulta que en el lugar que emitieron el documento se ha encontrado una empresa de consultoría; entonces, ¿quién dio la factura?”, se cuestionó.

Precisamente, el gerente de Grandes Contribuyentes (Graco) Santa Cruz, Enrique Trujillo, en una carta enviada el 19 de septiembre de 2012 al Ministerio Público desveló que la factura 2368 de fecha 30 de marzo de 2011 emitida a YPFB por el contribuyente Escalante Melgarejo Wilfredo no es válida para el beneficio de crédito fiscal.

Al respecto, Adolfo Mendoza, que también es secretario general del sindicato, deslindó cualquier responsabilidad y participación en este caso. “Estamos tomando las previsiones y hemos contratado abogados y un penalista para defendernos”, afirmó.
Con relación a López, indicó que fue transferido a otra unidad, a la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO); Tellería trabaja como responsable en Bienes y Servicios.

A comienzos de semana se envió un cuestionario y la documentación del caso a YPFB, pero no se obtuvo respuesta.

La denuncia y relación de los hechos

- 28 de mayo de 2011. El titular de YPFB, Carlos Villegas, autoridades nacionales y dirigentes sindicales de YPFB y de las subsidiarias participaron de un acto en instalaciones de YPFB-Distrito Comercial Oriente. Para tal efecto, días antes, Adolfo Mendoza Lino solicitó verbalmente al administrador Víctor López la suma de Bs 10.000 para que cubra los gastos de la visita de las diferentes autoridades y que el monto solicitado salga a nombre de Gustavo Tellería y que luego le sea entregado a su persona.

- Problemas. Tras efectuarse todo el proceso y una vez cobrado el cheque por Tellería y haber entregado a Mendoza, Tellería solicitó que se le firme un recibo por la entrega del dinero, lo cual fue negado. Ante tal situación hizo el reclamo al administrador. Empero, Mendoza no hizo el descargo y supuestamente lo hizo Tellería adquiriendo una factura de una empresa de eventos.

- Sanciones. El art. 146 referido a uso indebido de influencias señala que funcionario público o autoridad que use indebidamente influencias y obtuviere ventajas o beneficios para sí o un tercero será sancionado con dos a ocho años de cárcel y multa de 100 a 500 días. El proceso también es por conducta antieconómica.

Aplicar la Ley Safco
M. Arrázola | Col. Abogados
La Ley Safco prevé responsabilidad civil y penal. La primera va dirigida a la devolución del dinero con recargo y la segunda señala que cuando hay un acto de mala fe está cometiendo delito, ese delito habrá que dimensionarlo en función a que si ha sido para beneficio personal o tuvo otro destino.
Aquí puede haber daño económico al Estado. Además es delito el solo hecho de comprar facturas.