La jefe departamental del Consejo de la Magistratura, Roxana Orellana, dijo ayer que en el Palacio de Justicia "hay una juez millonaria, y es Valeria Salas", quien a pesar de haber sido destituida el pasado jueves del cargo, sigue en funciones en el juzgado Octavo de Instrucción Cautelar.
Orellana informó que después de la destitución le abrieron un proceso penal por los presuntos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la ley, falsificación y uso de instrumento falsificado y la llevarán a una audiencia cautelar en la que van a pedir su detención preventiva en la cárcel de Palmasola porque consideran que ahora está obstaculizando la investigación de su caso.
La juez en funciones aún es acusada de haber liberado a dos brasileños implicados en narcotráfico falsificando unas actas de audiencia.
Orellana dijo que tienen todas las pruebas, como grabaciones, videos y los exámenes grafológicos que dicen que para dejar en libertad a los sindicados la juez Salas borroneó el expediente.
Amenazas de muerte. Orellana también informó que recibe amenazas de muerte en forma constante y que hace poco ingresaron a la casa de uno de sus funcionarios, Hernán Camposalado, en el quinto anillo y Radial 26, y le dejaron una advertencia. Por esa razón está pidiendo garantías y le han asignado personal de seguridad.
La juez no habla. Un periodista de El Día fue hasta el despacho de la juez Valeria Salas y observó que ésta sigue en sus funciones. Informaron que aún no fue notificada con la orden de destitución y que apelaría a la misma.
Salas es abogada hace once años, tres de ellos como juez cautelar y en su declaración jurada registra tener la suma de 400 mil bolivianos de patrimonio, un jeep Suzuki Grand Vitara, una casa de 1.000 metros cuadrados de herencia junto con sus tres hermanos.
Ayer se abstuvo de formular declaraciones a la prensa porque existe una circular de la presidencia del órgano departamental de justicia que lo prohíbe.
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