El exjefe administrativo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena), Edgar Foronda, fue recluido preventivamente ayer en la cárcel de San Pedro acusado de peculado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, informaron fuentes institucionales.
"En audiencia cautelar que se desarrolló el sábado, el juez dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el imputado, Edgar Foronda, quien no respondió al manejo de un millón 200 mil bolivianos", explicó el fiscal, Javier Flores, según la agencia ABI.
Foronda fue convocado para que presente descargos sobre ese dinero, pero el imputado se acogió al derecho al silencio, razón por la cual el Ministerio Público determinó la aprehensión y la imputación, informó el jurista.
Según la investigación, el exjefe administrativo del Fondo Indígena fue imputado por tres delitos, tomando en cuenta que se encontraron indicios de responsabilidad.
El jurista explicó que Foronda no rindió, ni presentó informes sobre la administración del dinero que le entregaron.
Anunció que el Ministerio Público tiene un cronograma para la declaración de al menos 24 personas, que serán citadas en los próximos días.
INFORME La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó la pasada semana que el interventor del Fondo Indígena entregará en agosto un informe final sobre el manejo de los recursos económicos en esa institución.
"Sobre el Fondo Indígena en agosto concluye la intervención y en ese mes se presentará el informe final del manejo de los recursos de esa entidad, creada para financiar proyectos de desarrollo productivo y social en favor de pueblos indígenas y comunidades campesinas de Bolivia", precisó.
La intervención al Fondo Indígena comenzó a fines de febrero tras una denuncia de la Contraloría General del Estado (CGE) sobre un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos no ejecutados.
La autoridad explicó que los beneficiarios que inadecuadamente emplearon los recursos económicos deberán asumir su responsabilidad en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental y, consecuentemente, responder también por la vía penal.
Indicó que la intervención no solo revisa los 153 casos denunciados ante el Ministerio Público, sino el universo de los 1.100 proyectos, en especial, los desembolsos que se hicieron en los últimos años.
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