La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, afirmó ayer que hay pruebas suficientes para ingresar a la etapa de juicio oral en contra de Gabriela Zapata y otros acusados por el caso de uso de oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia. La Fiscalía presentó en julio pasado la acusación formal.
"Creemos que hay suficientes elementos de prueba en el cuaderno de investigación para poder entrar ya a una etapa de juicio (...). Lo que estamos esperando en todo caso en la próxima gestión es que avance el juicio oral”, declaró la ministra Valdivia.
Además de Zapata están acusados por este caso: Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, quien está, además, con detención preventiva desde hace 10 meses en el penal de Obrajes; Jimmy Morales, quien era encargado de archivos de dicha entidad, y Wálter Zuleta, quien fue declarado en rebeldía, entre otros.
Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, entre otros.
Cesación denegada
El miércoles se desarrolló una audiencia de cesación de detención preventiva de la exgerente comercial de la china CAMC. No obstante, los miembros del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer determinaron rechazar la solicitud del cese de la medida.
La defensa de Zapata presentó un contrato de trabajo en la venta de autopartes y un certificado de buena conducta del centro de reclusión. Al culminar la audiencia, la acusada no quiso responder a ninguna pregunta de la prensa.
Descripción del caso
Denunciante Lenny Valdivia, ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
A juicio Ayer, Valdivia indicó que hay suficientes pruebas para entrar al juicio oral.
Los acusados Gabriela Zapata, Cristina Choque, Jimmy Morales, entre otros.
Delitos Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros.
viernes, 30 de diciembre de 2016
Entrevista: Eduardo León exabogado Caso Zapata 'Es vulgar el actuar de la justicia'
Apunto de cumplir ocho meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro (La Paz) el próximo 12 de enero, sin juicio y menos con acusación formal en su contra, Eduardo León, abogado y exdefensor de Gabriela Zapata, en contacto con El Día, señaló implacable, que seguirá defendiendo su honor y por ello confiesa que no es perseguido sino un preso político. En tanto su esposa, Graciela Mendoza, alista maletas para viajar a Estados Unidos y reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
P. A casi ocho meses de estar detenido ¿cómo se encuentra?
E.L.: Me encuentro recuperando mi salud, tengo recaídas ocasionales porque la enfermedad de base, que es gastritis, no fue completamente tratada debido a la forma en que se interrumpió el tratamiento para trasladarme por la fuerza al penal de San Pedro, donde llevo detenido siete meses
P. ¿Y el proceso cuánto avanzó?
E.L.: A la fecha, pese a haberse superado los plazos procesales no se ha presentado acusación alguna en mi contra. Hemos tomado conocimiento que la Fiscalía, mediante chicanas y artimañas que se usaban en la antigüedad, recién presentó imputación contra Gabriela Zapata, los abogados Zuleta (Wálter) y Sánchez Peña (William), además contra la secretaria de Zuleta. Estos se encuentran prófugos y bajo protección y hasta que se tramite la notificación de estas imputaciones pasarán unos meses más. La Fiscalía no hizo ni hace nada por capturar a los prófugos y ha tenido una conducta complaciente con ellos, que no es de extrañar, porque el actuar de los fiscales es de militante de base y no de un fiscal.
P. ¿Cómo cataloga el actuar de la justicia en su caso?
E.L.: Yo catalogo de vulgar la manera cómo las autoridades atropellan los plazos legales y cuando saben que van a perder o que no tienen un caso, acuden al chantaje. Ellos quieren que los ciudadanos se sometan al procedimiento abreviado creyendo que con ello han logrado establecer la verdad material de los hechos. Por eso es que el actuar de la Fiscalía se resume en ilegal y burda.
P. ¿Qué derechos se han violentado en su contra?
E.L.: Los derechos que se me han violado son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído antes de que se dicte sentencia. Además, se me ha sometido a tortura física y psicológica, se ha violado mi derecho al trabajo, se me ha dado un trato indigno, me han condenado a una muerte civil. Con todo ello, se atentó a mi derecho a la vida y la salud, así como se ha violado mi derecho a la dignidad humana.
P. Su caso cómo califica ¿una acción política o judicial?
E.L.: Es un caso exclusivamente político que no tiene razón jurídica alguna, ya que de atreverse a ir a un juicio llevaremos al estrado a ministros, diputados, senadores y a los propios dignatarios de Estado. Tenemos una estrategia legal apegada a la verdad y honestidad. Frente a una sindicación política y vulgar, está la verdad. Haremos valer en toda instancia legal, nacional e internacional.
P. ¿Sigue en la posición de perseguido político?
E.L.: Yo ya no soy un perseguido político, soy un preso político, porque el gobierno ordenó a empleados del sistema judicial bajarse los pantalones ante sus jefes políticos y han fornicado con el poder político de la manera más deshonesta.
P. ¿Por qué su familia acudirá ante la OEA?
E.L.: Porque en Bolivia no hay justicia alguna y por ello estamos agotando una y varias veces los recursos internos que nos habilita acudir a vías internacionales. Ya tenemos una demanda ante la CIDH, que está pendiente de una resolución. Ahora estamos acudiendo a la OEA, invocando la carta democrática de dicho organismo. Hemos denunciado estos atropellos a embajadas de América y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También a la Iglesia católica y a personalidades influyentes de opinión pública.
P. Como abogado ¿cómo se siente sobre el accionar de sus colegas, hoy fiscales y jueces?
E.L.: Decepcionado, avergonzado y apenado porque esta gente demuestra que son capaces de matar a sus padres por ir a la fiesta de los huerfanitos. Por un empleo pueden destruir familias y el honor de ciudadanos honestos. Pero ellos deben saber que llegará un día en que deberán dar cuenta de sus actos ante la justicia y jamás podrán mirar a los ojos a sus hijos para dar una explicación de sus actos, por lo menos en este caso.
P. ¿Este es el peor momento para su familia?
E.L.: Mi familia está afectada por esta situación, pero fortalecida. Sabemos que soy inocente; que no hice nada en absoluto y eso nos da más fuerza. Muchos me dicen ya no hables, no digas nada, las cosas serán peor. Pero quiero ser muy claro: yo estoy luchando ahora por mi honor y voy a dejar un nombre a mis hijas. Prefiero morir aquí, prefiero un pelotón de fusilamiento a aceptar algo que no hice.
P. A casi ocho meses de estar detenido ¿cómo se encuentra?
E.L.: Me encuentro recuperando mi salud, tengo recaídas ocasionales porque la enfermedad de base, que es gastritis, no fue completamente tratada debido a la forma en que se interrumpió el tratamiento para trasladarme por la fuerza al penal de San Pedro, donde llevo detenido siete meses
P. ¿Y el proceso cuánto avanzó?
E.L.: A la fecha, pese a haberse superado los plazos procesales no se ha presentado acusación alguna en mi contra. Hemos tomado conocimiento que la Fiscalía, mediante chicanas y artimañas que se usaban en la antigüedad, recién presentó imputación contra Gabriela Zapata, los abogados Zuleta (Wálter) y Sánchez Peña (William), además contra la secretaria de Zuleta. Estos se encuentran prófugos y bajo protección y hasta que se tramite la notificación de estas imputaciones pasarán unos meses más. La Fiscalía no hizo ni hace nada por capturar a los prófugos y ha tenido una conducta complaciente con ellos, que no es de extrañar, porque el actuar de los fiscales es de militante de base y no de un fiscal.
P. ¿Cómo cataloga el actuar de la justicia en su caso?
E.L.: Yo catalogo de vulgar la manera cómo las autoridades atropellan los plazos legales y cuando saben que van a perder o que no tienen un caso, acuden al chantaje. Ellos quieren que los ciudadanos se sometan al procedimiento abreviado creyendo que con ello han logrado establecer la verdad material de los hechos. Por eso es que el actuar de la Fiscalía se resume en ilegal y burda.
P. ¿Qué derechos se han violentado en su contra?
E.L.: Los derechos que se me han violado son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído antes de que se dicte sentencia. Además, se me ha sometido a tortura física y psicológica, se ha violado mi derecho al trabajo, se me ha dado un trato indigno, me han condenado a una muerte civil. Con todo ello, se atentó a mi derecho a la vida y la salud, así como se ha violado mi derecho a la dignidad humana.
P. Su caso cómo califica ¿una acción política o judicial?
E.L.: Es un caso exclusivamente político que no tiene razón jurídica alguna, ya que de atreverse a ir a un juicio llevaremos al estrado a ministros, diputados, senadores y a los propios dignatarios de Estado. Tenemos una estrategia legal apegada a la verdad y honestidad. Frente a una sindicación política y vulgar, está la verdad. Haremos valer en toda instancia legal, nacional e internacional.
P. ¿Sigue en la posición de perseguido político?
E.L.: Yo ya no soy un perseguido político, soy un preso político, porque el gobierno ordenó a empleados del sistema judicial bajarse los pantalones ante sus jefes políticos y han fornicado con el poder político de la manera más deshonesta.
P. ¿Por qué su familia acudirá ante la OEA?
E.L.: Porque en Bolivia no hay justicia alguna y por ello estamos agotando una y varias veces los recursos internos que nos habilita acudir a vías internacionales. Ya tenemos una demanda ante la CIDH, que está pendiente de una resolución. Ahora estamos acudiendo a la OEA, invocando la carta democrática de dicho organismo. Hemos denunciado estos atropellos a embajadas de América y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También a la Iglesia católica y a personalidades influyentes de opinión pública.
P. Como abogado ¿cómo se siente sobre el accionar de sus colegas, hoy fiscales y jueces?
E.L.: Decepcionado, avergonzado y apenado porque esta gente demuestra que son capaces de matar a sus padres por ir a la fiesta de los huerfanitos. Por un empleo pueden destruir familias y el honor de ciudadanos honestos. Pero ellos deben saber que llegará un día en que deberán dar cuenta de sus actos ante la justicia y jamás podrán mirar a los ojos a sus hijos para dar una explicación de sus actos, por lo menos en este caso.
P. ¿Este es el peor momento para su familia?
E.L.: Mi familia está afectada por esta situación, pero fortalecida. Sabemos que soy inocente; que no hice nada en absoluto y eso nos da más fuerza. Muchos me dicen ya no hables, no digas nada, las cosas serán peor. Pero quiero ser muy claro: yo estoy luchando ahora por mi honor y voy a dejar un nombre a mis hijas. Prefiero morir aquí, prefiero un pelotón de fusilamiento a aceptar algo que no hice.
Fiscalía rechazó denuncia contra Patana por video
La Fiscalía rechazó en dos oportunidades las denuncias que presentaron la Alcaldía de El Alto y el Ministerio de Transparencia contra el exalcalde Édgar Patana, por el video en el que se lo observa recibiendo un “paquete” entregado por Fanor Nava.
La información fue proporcionada a Erbol por la abogada de Patana, Valquiria Lira, quien, además, sostuvo que por el desprestigio generado por ese video su cliente está en la cárcel.
La grabación salió a luz en febrero de 2015 y corresponde a la época en que Nava era alcalde de El Alto y Patana, dirigente de la Central Obrera Regional (COR).
La Alcaldía de El Alto y el Ministerio denunciaron a Patana, quien entonces era candidato a la reelección en la Alcaldía, porque supuestamente en la grabación estaba recibiendo un “soborno” de parte de Nava.
El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público cuyo fiscal, Dorian Jiménez, emitió el año pasado la resolución 61/2015, que rechaza las denuncias con el argumento de que no hay suficientes elementos de convicción.
“No cursa ningún elemento ni antecedente que nos introduzca a manifestar que el querellado hubiera recibido ‘dinero’, ‘dádiva’ u otra ventaja del entonces alcalde municipal Favor Nava Santisteban, ya que sólo se observa un ‘paquete’ forrado en papel blanco”, dice la resolución firmada por el fiscal Jiménez, que fue facilitada por Patana a este medio de comunicación.
No obstante, Jiménez en su resolución reconoce que no se hizo el peritaje al video.
El Ministerio de Transparencia impugnó esta resolución y el entonces fiscal departamental, Marcelo Rollano, la revocó dando paso a una nueva investigación.
Luego de ello, el fiscal Amílcar Tiñini emitió la resolución 108/16, que también rechaza las denuncias. Esta vez, sí se consideró un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero el mismo señala que esta entidad no realiza transcripciones de audio en video, porque no cuenta con un perito en acústica forense y el resultado no tendría fundamento criminalístico.
ABOGADA: “ES VIDEO ILEGAL”
El fiscal Amílcar Tiñini precisó que se eximió de culpa a Patana por el delito de cohecho pasivo, porque esa figura se aplica a funcionarios, pero el acusado era dirigente en la época del video. En cuanto al tipo penal de uso indebido de influencias, el Fiscal no pudo establecer cuál sería la ventaja que habría obtenido Nava.
Respecto al delito de beneficios en razón del cargo y cohecho activo, Tiñini sostuvo que el funcionario en el video —Nava— no recibió nada y más bien era el que entregó el “paquete”. Sobre el cargo de contribuciones y ventajas ilegitimas, el Fiscal señaló que “no se ha demostrado que hubiera existido dinero”.
La abogada Lira dijo que la imagen del video “es sugerente en términos periodísticos, pero no dice nada en términos jurídicos”. “Es un video ilegal y ha virado los derechos y desencadenado perjuicios social, familiar, económico, político a mi cliente”.
Patana está en la cárcel desde diciembre de 2015 acusado por entregar irregularmente vehículos de la Alcaldía a dirigentes del Control Social.
La información fue proporcionada a Erbol por la abogada de Patana, Valquiria Lira, quien, además, sostuvo que por el desprestigio generado por ese video su cliente está en la cárcel.
La grabación salió a luz en febrero de 2015 y corresponde a la época en que Nava era alcalde de El Alto y Patana, dirigente de la Central Obrera Regional (COR).
La Alcaldía de El Alto y el Ministerio denunciaron a Patana, quien entonces era candidato a la reelección en la Alcaldía, porque supuestamente en la grabación estaba recibiendo un “soborno” de parte de Nava.
El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público cuyo fiscal, Dorian Jiménez, emitió el año pasado la resolución 61/2015, que rechaza las denuncias con el argumento de que no hay suficientes elementos de convicción.
“No cursa ningún elemento ni antecedente que nos introduzca a manifestar que el querellado hubiera recibido ‘dinero’, ‘dádiva’ u otra ventaja del entonces alcalde municipal Favor Nava Santisteban, ya que sólo se observa un ‘paquete’ forrado en papel blanco”, dice la resolución firmada por el fiscal Jiménez, que fue facilitada por Patana a este medio de comunicación.
No obstante, Jiménez en su resolución reconoce que no se hizo el peritaje al video.
El Ministerio de Transparencia impugnó esta resolución y el entonces fiscal departamental, Marcelo Rollano, la revocó dando paso a una nueva investigación.
Luego de ello, el fiscal Amílcar Tiñini emitió la resolución 108/16, que también rechaza las denuncias. Esta vez, sí se consideró un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pero el mismo señala que esta entidad no realiza transcripciones de audio en video, porque no cuenta con un perito en acústica forense y el resultado no tendría fundamento criminalístico.
ABOGADA: “ES VIDEO ILEGAL”
El fiscal Amílcar Tiñini precisó que se eximió de culpa a Patana por el delito de cohecho pasivo, porque esa figura se aplica a funcionarios, pero el acusado era dirigente en la época del video. En cuanto al tipo penal de uso indebido de influencias, el Fiscal no pudo establecer cuál sería la ventaja que habría obtenido Nava.
Respecto al delito de beneficios en razón del cargo y cohecho activo, Tiñini sostuvo que el funcionario en el video —Nava— no recibió nada y más bien era el que entregó el “paquete”. Sobre el cargo de contribuciones y ventajas ilegitimas, el Fiscal señaló que “no se ha demostrado que hubiera existido dinero”.
La abogada Lira dijo que la imagen del video “es sugerente en términos periodísticos, pero no dice nada en términos jurídicos”. “Es un video ilegal y ha virado los derechos y desencadenado perjuicios social, familiar, económico, político a mi cliente”.
Patana está en la cárcel desde diciembre de 2015 acusado por entregar irregularmente vehículos de la Alcaldía a dirigentes del Control Social.
jueves, 29 de diciembre de 2016
Expareja de presidente Morales pretendía trabajar como vendedora de autopartes
Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, pretendía salir en libertad presentando un contrato de trabajo, para ocupar el cargo de ejecutiva de ventas en una importadora de autopartes en la Zona de San Pedro, con un sueldo de 3.500 bolivianos.
La información se dio a conocer durante la audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, en cuyo lugar la exgerente comercial de la empresa China CAMC, presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple en la cárcel de mujeres de Miraflores, desde hace 10 meses.
El pedido fue observado por falta de acreditación de la empresa contratante y los horarios de trabajo.
Durante la audiencia, que se instaló a las 9:00 y duro hasta las 12:30, se observó a Zapata en una actitud pasiva, con una clara disminución de masa muscular que al momento de la lectura de la resolución por parte del juez, tuvo que retirarse a un rincón de la sala por una tos intensa.
A su salida, cuando ya el juez había rechazado su pedido custodiada, Zapata un una postura impasible, no contestó ninguna pregunta de los periodistas y fue llevada por sus custodios de retorno a la cárcel.
Zapata presentó un contrato de trabajo “a futuro” en el cual se señalaba que ella pretendía trabajar como ejecutiva de ventas en la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”, ubicada en la zona San Pedro, en un horario de trabajo de 08:00 hasta las 18:00, horas, que “sobre pasan lo que señala la ley general del trabajo”, según detalló Lourdes Alba, asesora jurídica de la Universidad Mayor de San Andrés, que rechazó esta solicitud, y fue confirmada por el juez Iván Perales.
Alba estuvo presente, pues la UMSA sigue un proceso contra Zapata, una acusación particular por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, referido al título de abogada que la exgerente de la CAMC ostentaba y que cuyo código es inexistente en los archivos de esta casa superior de estudios.
La jurista explicó que dicho contrato no cuenta con un documento que acredite que el negocio está inscrito en Fundempresa, tampoco se presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT), ni se logró verificar rúbrica alguna, ya que el mismo fue presentado sin firmas.
El contrato que Zapata pretendía firmar debía ser rubricado también por Vicenta Portugal, titular de la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”.
La información se dio a conocer durante la audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, en cuyo lugar la exgerente comercial de la empresa China CAMC, presentó una solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple en la cárcel de mujeres de Miraflores, desde hace 10 meses.
El pedido fue observado por falta de acreditación de la empresa contratante y los horarios de trabajo.
Durante la audiencia, que se instaló a las 9:00 y duro hasta las 12:30, se observó a Zapata en una actitud pasiva, con una clara disminución de masa muscular que al momento de la lectura de la resolución por parte del juez, tuvo que retirarse a un rincón de la sala por una tos intensa.
A su salida, cuando ya el juez había rechazado su pedido custodiada, Zapata un una postura impasible, no contestó ninguna pregunta de los periodistas y fue llevada por sus custodios de retorno a la cárcel.
Zapata presentó un contrato de trabajo “a futuro” en el cual se señalaba que ella pretendía trabajar como ejecutiva de ventas en la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”, ubicada en la zona San Pedro, en un horario de trabajo de 08:00 hasta las 18:00, horas, que “sobre pasan lo que señala la ley general del trabajo”, según detalló Lourdes Alba, asesora jurídica de la Universidad Mayor de San Andrés, que rechazó esta solicitud, y fue confirmada por el juez Iván Perales.
Alba estuvo presente, pues la UMSA sigue un proceso contra Zapata, una acusación particular por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, referido al título de abogada que la exgerente de la CAMC ostentaba y que cuyo código es inexistente en los archivos de esta casa superior de estudios.
La jurista explicó que dicho contrato no cuenta con un documento que acredite que el negocio está inscrito en Fundempresa, tampoco se presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT), ni se logró verificar rúbrica alguna, ya que el mismo fue presentado sin firmas.
El contrato que Zapata pretendía firmar debía ser rubricado también por Vicenta Portugal, titular de la empresa de importación de autopartes “Yoshimi”.
miércoles, 28 de diciembre de 2016
Se posterga el proceso por el caso de las barcazas chinas
El viceministro de Defensa, Luis Fernando Aramayo, informó de que el proceso de recuperación de las 16 barcazas chinas y dos empujadores se ha postergado para 2017, debido a las moras procesales que genera la parte demandante con el objetivo de retrasar el fallo del Tribunal de Asuntos Marítimos de Qingdao (China) para consolidar el derecho sobre estos bienes.
"El problema es que somos dos partes, nosotros y los contrarios, entonces ahí dilatan la situación", indicó Aramayo.
Las barcazas y los empujadores debían ser entregados a fines de 2010; la Empresa Naviera Boliviana pagó casi $us 30 millones por ellas. Las embarcaciones siguen embargadas en un astillero chino/ANF
Gabriela Zapata pide la cesación de su detención
Gabriela Zapata se presentó hoy ante un juzgado anticorrupción en La Paz, donde se realiza su audiencia de cesación de detención. La exnovia del presidente Evo Morales está detenida preventivamente desde febrero pasado, acusada de varios delitos.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, como es de costumbre, la mujer llegó a instalaciones judiciales; incluso se impidió el paso de periodistas a la sala. La exgerente de la empresa China CAMC se presentó con dos abogados.
Uno de los juristas que la representa acusó a los representantes legales del Gobierno de dilatar el proceso, debido a que aún no inició el juicio en más de 10 meses desde que fue detenida. Existen varios procesos abiertos en su contra, uno por la presentación de un menor como si fuera hijo del primer mandatario.
Zapata es acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, ventajas ilegítimas y uso de bienes del Estado, tras descubrirse que hacía negociados desde oficinas gubernamentales.
Hace cinco días la misma audiencia se suspendió, debido a que existía pendiente una resolución de apelación presentada por su defensa. La mujer pide defenderse en libertad.
jueves, 22 de diciembre de 2016
Juez suspende audiencia de cesación a la detención de Gabriela Zapata
El Tribunal de Sentencia I Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer suspendió el jueves la audiencia de cesación a la detención preventiva de Gabriela Zapata, porque faltaba resolver una resolución de apelación, informaron fuentes institucionales.
"Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones", informó el fiscal, Daniel Ayala.
Explicó que se comunicó a la autoridad jurisdiccional que existe una resolución de apelación que presentó la defensa de Zapata y remarcó que mientras no se resuelva ese incidente no se puede vulnerar los alcances de la Sentencia Constitucional 486/2026.
"Esta sentencia constitucional tiene que ver con su pertenencia con relación a una apelación que planteo la señora Zapata", insistió.
Por su parte, Marcelo Tamayo, abogado de Gabriela Zapata negó esa situación e informó que insistirá con la solicitud de cesación de la detención preventiva de su cliente.
"Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones", informó el fiscal, Daniel Ayala.
Explicó que se comunicó a la autoridad jurisdiccional que existe una resolución de apelación que presentó la defensa de Zapata y remarcó que mientras no se resuelva ese incidente no se puede vulnerar los alcances de la Sentencia Constitucional 486/2026.
"Esta sentencia constitucional tiene que ver con su pertenencia con relación a una apelación que planteo la señora Zapata", insistió.
Por su parte, Marcelo Tamayo, abogado de Gabriela Zapata negó esa situación e informó que insistirá con la solicitud de cesación de la detención preventiva de su cliente.
martes, 13 de diciembre de 2016
El dinero del Fondioc se transfirió a 1.040 cuentas
El senador opositor Oscar Ortiz presentó esta mañana un informe de Fiscalización al Fondo Indígena que concluye que de 2006 a 2014, al menos Bs 686 millones, de un total de Bs 729 millones que se destinaron, fueron transferidos a 1.040 cuentas personales.
Como respuesta, el senador del MAS, Milton Barón, señaló que "en nuestro gobierno no es discurso, es práctica la lucha decidida en contra de cualquier manejo irregular. El tema del Fondo Indígena es objeto de juzgamiento en la justicia ordinaria boliviana y no se protege absolutamente a nadie y más allá de que se trate de personas particulares, dirigentes o parlamentarios, si se encuentra responsabilidad, tendrán que asumir las consecuencias”, señaló.
El senador Ortiz manifestó que entre 2006 y 2014 recibió 3.476 millones de bolivianos (la cifra en el documento es de Bs 3.476.654.790,52). “De este monto tuvo egresos por Bs 1.342 millones ( Bs 1342.418.894,10) con lo que ejecutó 1.100 proyectos y desembolsó Bs 729 millones (Bs 729.132.136,81), lo que de hecho ya es un escándalo porque casi la mitad (de los Bs 1.342 millones) fueron gastos y lo otro desembolsos”.
Además, el legislador manifestó que de los Bs 729 millones transferidos para los proyectos, “nada menos que Bs 686 millones fueron transferidos a cuentas personales, a lo que se suma como descubrimiento en esta investigación que se realizó en 20 meses con más de 30 peticiones de infoeme respondidas y las tenemos todas de respaldo es que en las auditorías que contrataba el Fondo Indígena ya estaba observado.
“Cuando empezamos la investigación no sabíamos lo de las cuentas personales, y en una auditoría vimos que en las últimas dos líneas decía con relación a la gestión 2013 que todos los recursos se habían transferido a cuentas personales. A partir de eso nos pasamos varios meses con los requerimientos de información hasta que la interventora nos envió el listado de que el dinero se transfirió 1.040 cuentas personales”, que están detalladas con nombre y apellido, en el documento que presentó en conferencia de prensa.
“Hay nombres de dirigentes, obviamente la señora Melva Hurtado se lleva el récord con más de Bs 22 millones, pero hay otros de asambleístas, está ahí todo el detalle para que ustedes lo analicen. Hasta ahí llega nuestra función, pasaremos este informe a la Contraloría”, dijo el asambleísta opositor.
jueves, 8 de diciembre de 2016
Campesinos de La Paz exigen información real del Fondioc
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” exigen información clara sobre las cuentas que se manejaron en el anterior Fondo de Desarrollo Indígenas Originario Campesino (Fondioc) porque aún no se conoce el informe final de la liquidación de la entidad estatal.
El representante campesino, Heriberto Llanque informó sobre el pronunciamiento de las 20 provincias de La Paz, cuyos representantes exigen un informe detallado del manejo económico que se hizo en proyectos que el sistema de riego, agrícolas, ganaderas y otros debieron beneficiar a los campesinos y no estar en la corrupción.
“Lo que queremos es tener las cuentas claras en el Fondioc, porque no vamos a permitir que se quiera tapar el daño económico al Estado”, afirmó Llanque.
Aseguró que desconocen de los proyectos del Fondioc en favor del departamento de La Paz, los cuales debieron potenciar del desarrollo del departamento, trabajo que no se puede evidenciar porque no hay sistemas de riego o semillas para cultivos alternativos u otros proyectos.
En ese marco, el dirigente pidió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informar sobre la liquidación final del Fondioc, porque la entidad estatal depende de esta Cartera de Estado y que “no es clara” la información para los indígenas.
NUEVO FONDO INDÍGENA
Los trabajadores campesinos también requieren tener información actual y precisa sobre el trabajo que realiza el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y qué comunidades específicamente se benefician con la ejecución de proyectos.
“Otro punto importante que requerimos saber es el manejo que se dará al nuevo FDI, porque los pobladores no queremos que pase lo mismo que con el Fondioc, la corrupción y que no se beneficien las comunidades campesinas”, afirmó Llanque.
ANTECEDENTES
En noviembre, el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara Alta, senador Oscar Ortiz, protestó por el informe del director del FDI, Eugenio Rojas, porque no brindó un informe claro sobre el manejo de la entidad.
“Me quedo inconforme con el informe de Eugenio Rojas, porque lo que quiero saber es el informe final de la liquidación del Fondioc, pero agotaremos los recursos que sean necesarios para conseguir esos documentos”, señaló.
En esa oportunidad, Rojas detalló que de los 1099 proyectos manejados de 2013 al 2015 con un desembolso de 728 millones de bolivianos, 200 son evaluados para definir si continúan o no por lo cual 899 proyectos siguen paralizados por el proceso de auditoría.
FONDIOC
Uno de los escándalos de corrupción que data desde 2014 y aún no se esclarece son los supuestos manejos irregulares en varios proyectos del Fondioc. Según informe de la Contraloría General del Estado, hubo un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos, dinero mal manejado por dirigentes de distintos sectores campesinos.
También se conoció un informe preliminar de la liquidadora del Fondioc, Larisa Fuentes, el cual revela el presunto daño económico que asciende a 102 millones de bolivianos y que se recuperaron 20 millones de bolivianos.
El representante campesino, Heriberto Llanque informó sobre el pronunciamiento de las 20 provincias de La Paz, cuyos representantes exigen un informe detallado del manejo económico que se hizo en proyectos que el sistema de riego, agrícolas, ganaderas y otros debieron beneficiar a los campesinos y no estar en la corrupción.
“Lo que queremos es tener las cuentas claras en el Fondioc, porque no vamos a permitir que se quiera tapar el daño económico al Estado”, afirmó Llanque.
Aseguró que desconocen de los proyectos del Fondioc en favor del departamento de La Paz, los cuales debieron potenciar del desarrollo del departamento, trabajo que no se puede evidenciar porque no hay sistemas de riego o semillas para cultivos alternativos u otros proyectos.
En ese marco, el dirigente pidió al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informar sobre la liquidación final del Fondioc, porque la entidad estatal depende de esta Cartera de Estado y que “no es clara” la información para los indígenas.
NUEVO FONDO INDÍGENA
Los trabajadores campesinos también requieren tener información actual y precisa sobre el trabajo que realiza el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) y qué comunidades específicamente se benefician con la ejecución de proyectos.
“Otro punto importante que requerimos saber es el manejo que se dará al nuevo FDI, porque los pobladores no queremos que pase lo mismo que con el Fondioc, la corrupción y que no se beneficien las comunidades campesinas”, afirmó Llanque.
ANTECEDENTES
En noviembre, el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara Alta, senador Oscar Ortiz, protestó por el informe del director del FDI, Eugenio Rojas, porque no brindó un informe claro sobre el manejo de la entidad.
“Me quedo inconforme con el informe de Eugenio Rojas, porque lo que quiero saber es el informe final de la liquidación del Fondioc, pero agotaremos los recursos que sean necesarios para conseguir esos documentos”, señaló.
En esa oportunidad, Rojas detalló que de los 1099 proyectos manejados de 2013 al 2015 con un desembolso de 728 millones de bolivianos, 200 son evaluados para definir si continúan o no por lo cual 899 proyectos siguen paralizados por el proceso de auditoría.
FONDIOC
Uno de los escándalos de corrupción que data desde 2014 y aún no se esclarece son los supuestos manejos irregulares en varios proyectos del Fondioc. Según informe de la Contraloría General del Estado, hubo un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos, dinero mal manejado por dirigentes de distintos sectores campesinos.
También se conoció un informe preliminar de la liquidadora del Fondioc, Larisa Fuentes, el cual revela el presunto daño económico que asciende a 102 millones de bolivianos y que se recuperaron 20 millones de bolivianos.
sábado, 3 de diciembre de 2016
Caso Focas se suspende hasta enero de 2017
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) postergó hasta el 16 de enero del próximo año la audiencia de medidas cautelares contra el líder opositor de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, debido a la enfermedad de uno de los coprocesados, informó ese partido político.
El proceso se sustancia contra Doria Medina y otros ochos ciudadanos, sindicados por la Fiscalía General del Estado de haber dirigido un crédito estatal a una entidad privada por 22 millones de dólares, otorgados por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia a través de un convenio bilateral.
La audiencia fue instalada el pasado miércoles en la ciudad de Sucre, donde los incidentes planteados por los acusados postergaron una determinación de dos magistradas sobre la solicitud de la Fiscalía de enviar en detención preventiva a Doria Medina la cárcel de San Pedro.
Para la Fiscalía, Doria Medina ocasionó un daño económico al Estado al disponer que una entidad privada como Fundapro, canalice el crédito a pequeños productores para la formación de capitales en áreas productivas.
Sin embargo, el principal acusado desvirtuó esa teoría señalando que ese dinero fue devuelto por los beneficiarios y que además, se logró una condonación de 300 millones de dólares de parte de los Estados Unidos en favor de Bolivia.
Doria Medina sostuvo que tanto el juicio por el caso Focas como el de Papeles de Panamá que impulsa la Vicepresidencia, son una pérdida de tiempo para el país y aconsejó concentrar esfuerzos en proyectos sobre la crisis del agua y la crisis económica.
El proceso se sustancia contra Doria Medina y otros ochos ciudadanos, sindicados por la Fiscalía General del Estado de haber dirigido un crédito estatal a una entidad privada por 22 millones de dólares, otorgados por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia a través de un convenio bilateral.
La audiencia fue instalada el pasado miércoles en la ciudad de Sucre, donde los incidentes planteados por los acusados postergaron una determinación de dos magistradas sobre la solicitud de la Fiscalía de enviar en detención preventiva a Doria Medina la cárcel de San Pedro.
Para la Fiscalía, Doria Medina ocasionó un daño económico al Estado al disponer que una entidad privada como Fundapro, canalice el crédito a pequeños productores para la formación de capitales en áreas productivas.
Sin embargo, el principal acusado desvirtuó esa teoría señalando que ese dinero fue devuelto por los beneficiarios y que además, se logró una condonación de 300 millones de dólares de parte de los Estados Unidos en favor de Bolivia.
Doria Medina sostuvo que tanto el juicio por el caso Focas como el de Papeles de Panamá que impulsa la Vicepresidencia, son una pérdida de tiempo para el país y aconsejó concentrar esfuerzos en proyectos sobre la crisis del agua y la crisis económica.
miércoles, 30 de noviembre de 2016
Aprehenden al jefe del Sedes en Chuquisaca por corrupción
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Martín Maturano, fue aprehendido ayer en Sucre, acusado por los delitos de uso indebido de influencias y conducta antieconómica.
Maturano es acusado de contratar a una enfermera para el cuidado particular de su novia en Argentina con salarios pagados por el Estado como si la profesional trabajara en el hospital Santa Bárbara. El caso también involucra al director administrativo del Sedes de Chuquisaca. Ambos están con detención domiciliaria.
El secretario general de la Gobernación, Ebert Almendras, dijo que esa administración, “no encubrirá absolutamente a nadie”. /ABI
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Aprehenden al alcalde de Concepción por 'desvíos'
Tras presentarse a declarar en la Fiscalía, el alcalde de Concepción, David Mollinedo, fue aprehendido anoche, acusado de supuestos delitos de corrupción y desvío de fondos en su gestión.
Mollinedo, que es del Movimiento Demócrata Social (MDS), se presentó ayer por la tarde, a declarar ante el Ministerio Público por una denuncia presentada por los concejales del MAS Faustino Lima, Juana Elida Herrera y Dionicio Algarañaz y, luego de prestar sus declaraciones, quedó aprehendido.
Mollinedo es sindicado de asociación delictuosa, malversación, conducta antieconómica, entre otros delitos.
Las supuestas irregularidades económicas fueron detectadas a través de una auditoría interna, que encontró indicios del desvió de Bs 720.000, que salieron de la cuenta única municipal a nombre de particulares, indicada en la denuncia presentada.
Representantes del Movimiento Demócrata Social ha iniciado una vigilia fuera de las dependencias de la Felcc para dar su apoyo a Mollinedo. Aseguran que el proceso es político y que su detención es un abuso de autoridad.
Condenan a Mario Cossío a dos años y medio de prisión
La Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado informó que la autoridad jurisdiccional sentenció al exprefecto de Tarija, Mario Adel Cossío Cortez, a dos años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, por el caso denominado Tramo Vial Tojo la Verdiguera.
“La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Primero en lo Penal en donde la Fiscalía demostró con pruebas la comisión del delito acusado”, explicó la Directora Nacional Anticorrupción, Fanny Alfaro.
Agregó que en el presente caso también fueron denunciados Claudia Concepción Noguera Espinoza (exasesora legal de la subprefectura de la Provincia Avilés) y Ángel Eusebio Hoyos (exsubprefecto de la Provincia Avilés), quienes se sometieron a procedimiento abreviado siendo sentenciados a tres años de privación de libertad.
Por su parte el Fiscal Departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, manifestó que Mario Cossío también fue sentenciado a cinco años de inhabilitación para ejercer o presentarse a cargos públicos.
“En el presente caso se tiene un daño económico al Estado de 672.152,50 bolivianos”, manifestó el representante departamental del Ministerio Público.
lunes, 21 de noviembre de 2016
Pedirán la liberación de acusados del caso Rózsa
Noticia publicada elUn grupo de ciudadanos, entre familiares, amigos y simpatizantes, convocó para hoy a las 14:30 a una concentración a los pies del Palacio de Justicia de Santa Cruz para exigir la liberación de Zvonko Matkovic, Hugo Paz, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, cuatro detenidos del caso de supuesto terrorismo.
"Portando pañuelos blancos o bandera cruceña, mujeres y hombres de este pueblo, vamos todos juntos a reclamar por la libertad", señala la convocatoria que ha sido divulgada por redes sociales desde ayer.
La movilización se debe al alargue del caso de supuesto terrorismo, que ya lleva más de siete años en curso, cuando el Código de Procedimiento Penal señala que ningún juicio podría durar más de tres años.
En 2009, un grupo encabezado por el boliviano Eduardo Rózsa fue acusado de preparar un enfrentamiento en el país y fue desarticulado.
"Portando pañuelos blancos o bandera cruceña, mujeres y hombres de este pueblo, vamos todos juntos a reclamar por la libertad", señala la convocatoria que ha sido divulgada por redes sociales desde ayer.
La movilización se debe al alargue del caso de supuesto terrorismo, que ya lleva más de siete años en curso, cuando el Código de Procedimiento Penal señala que ningún juicio podría durar más de tres años.
En 2009, un grupo encabezado por el boliviano Eduardo Rózsa fue acusado de preparar un enfrentamiento en el país y fue desarticulado.
viernes, 18 de noviembre de 2016
León denuncia que Fiscalía no activó sello Azul en Interpol
El abogado Eduardo León, detenido preventivamente en el penal de San Pedro, denunció que el Ministerio Público mintió al afirmar que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya activó el sello Azul para la búsqueda de los exabogados de Gabriela Zapata, William Sánchez y Walter Zuleta.
En junio, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que la Interpol activó el sello Azul en la búsqueda de los exabogados de Zapata, lo que significaba localizar, identificar u obtener información sobre la ubicación de ambos juristas para su posterior captura.
Sin embargo, “quiero denunciar de manera pública que de acuerdo al informe que se les va a hacer entrega en un momento, pues la Fiscalía ha mentido al país al haber señalado de que habrían activado el sello Azul en contra de los abogados, el señor Zuleta y el señor Sánchez Peña; de acuerdo al informe que ha sido emitido por Interpol, jamás ellos habrían informado que (los abogados) se encontraban en Perú, y que al mismo tiempo no existe ningún tipo de sello activado en contra de estas personas”, manifestó León.
Lamentó que los exabogados de Zapata no sean buscados ni localizados ni siquiera se pretenda aprenderlos. También denunció que el Gobierno pretende encubrir a ambos acusados para no develar la verdad del denominado caso Zapata.
León reiteró que acudirá a las instancias internacionales para presentar documentación que demuestra las irregularidades que se cometen en contra de su persona y de la poca claridad en las investigaciones del caso Zapata.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que la misma gente de Interpol puede acreditar que se hicieron las gestiones correspondientes para la captura de ambos abogados, e incluso se envió efectivos policiales de élite que localizaron a los acusados, pero no hubo colaboración de las autoridades del Perú para expulsar a Zuleta y Sánchez Peña.
“Esa información van (ha) poder constatar con la propia gente de Interpol, ellos han aplicado los protocolos en el marco de los procedimientos internacionales, ellos mismos han señalado cuál es la ruta más adecuada para lograr la aprehensión de estos abogados, y el Comando Nacional envió en su momento agentes de élite que dieron con el paradero de estas personas”, indicó Romero.
Zuleta y Sánchez Peña son buscados por la Policía por ser sospechosos de haber participado en la suplantación de un menor y hacer pasar al niño como hijo del presidente Evo Morales y de Gabriela Zapata. (ANF)
En junio, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que la Interpol activó el sello Azul en la búsqueda de los exabogados de Zapata, lo que significaba localizar, identificar u obtener información sobre la ubicación de ambos juristas para su posterior captura.
Sin embargo, “quiero denunciar de manera pública que de acuerdo al informe que se les va a hacer entrega en un momento, pues la Fiscalía ha mentido al país al haber señalado de que habrían activado el sello Azul en contra de los abogados, el señor Zuleta y el señor Sánchez Peña; de acuerdo al informe que ha sido emitido por Interpol, jamás ellos habrían informado que (los abogados) se encontraban en Perú, y que al mismo tiempo no existe ningún tipo de sello activado en contra de estas personas”, manifestó León.
Lamentó que los exabogados de Zapata no sean buscados ni localizados ni siquiera se pretenda aprenderlos. También denunció que el Gobierno pretende encubrir a ambos acusados para no develar la verdad del denominado caso Zapata.
León reiteró que acudirá a las instancias internacionales para presentar documentación que demuestra las irregularidades que se cometen en contra de su persona y de la poca claridad en las investigaciones del caso Zapata.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que la misma gente de Interpol puede acreditar que se hicieron las gestiones correspondientes para la captura de ambos abogados, e incluso se envió efectivos policiales de élite que localizaron a los acusados, pero no hubo colaboración de las autoridades del Perú para expulsar a Zuleta y Sánchez Peña.
“Esa información van (ha) poder constatar con la propia gente de Interpol, ellos han aplicado los protocolos en el marco de los procedimientos internacionales, ellos mismos han señalado cuál es la ruta más adecuada para lograr la aprehensión de estos abogados, y el Comando Nacional envió en su momento agentes de élite que dieron con el paradero de estas personas”, indicó Romero.
Zuleta y Sánchez Peña son buscados por la Policía por ser sospechosos de haber participado en la suplantación de un menor y hacer pasar al niño como hijo del presidente Evo Morales y de Gabriela Zapata. (ANF)
jueves, 17 de noviembre de 2016
Recuperan más de Bs 5,2 millones de Fondo Indígena
En un informe que presentó ante el Senado, el actual director del Fondo de Desarrollo Indígena, Eugenio Rojas, reveló que la liquidadora del Fondioc recuperó Bs 5,2 millones que no concuerdan con otras cifras que fueron divulgadas en el tiempo que duró la intervención de esta entidad.
“Los responsables han trabajado en la recuperación y hasta el momento se llegó al monto de Bs 5.256.756 en el periodo de liquidación”, dijo ante los senadores que convocaron a un informe. La Fiscalía busca Bs 320 millones que fueron malversados.
Sin embargo, en junio de este año, la dirigenta Juanita Ancieta informó de que su organización, las bartolinas, devolvió Bs 5 millones de los proyectos que no estaban ejecutados y, en julio, la interventora de la entidad informó de que se habia recuperado Bs 9,7 millones.
Rojas dijo que, hasta el 11 de septiembre, los responsables de los proyectos podían presentar los descargos de las iniciativas que tenían observaciones y descargar los recursos que habían recibido para no ser enviados a la justicia ordinaria, como sucedió en varios casos.
De ese modo, los responsables de 389 proyectos en los nueve departamentos presentaron sus descargos. Los sindicados fueron convocados, incluso, de manera personal a través de llamadas telefónicas para que presenten sus descargos, dijo el que fuera senador del MAS.
Advirtió que de los 389 observados, 341 presentaron descargos adecuadamente y en el plazo que establecía el decreto de intervención del Fondo Indígena; mientras que 48 proyectos quedaron rezagados y no presentaron documentos.
Informó de que de los 341 proyectos con descargos, 211 ya tienen revisión, es decir, fueron verificados en campo y en documentos. La intervención buscó una modificación del plazo que vencía el 15 de agosto, pero la petición no prosperó. Los 128 proyectos sin revisión fueron pasados a la actual administración y no hay personal para que haga seguimiento. El otro dato es que solo 17 proyectos tienen una auditoría cerrada porque no hay peritos para el trabajo
Apartan a Castedo del juicio por caso terrorismo
La Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz apartó de manera temporal del juicio por el caso terrorismo a Ronald Castedo, atendiendo una solicitud para que deje de asistir a las audiencias debido a su delicado estado de salud.
Castedo sufre una grave enfermedad del corazón que fue certificada por médicos forenses pero que no impidió al tribunal del juicio que lo siga obligando a asistir y comparecer en largas y agotadoras audiencias.
La pasada semana, el juicio tuvo que ser interrumpido debido al mal estado Castedo, cuyo corazón solo funciona al 20% de su capacidad.
El Ministerio Público nunca aceptó la petición para que sea separado del caso a pesar de que su condición ya fue reconocida como la de enfermo terminal.
El procesado incluso recurrió a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), instancia que aceptó su reclamo.
miércoles, 16 de noviembre de 2016
Confirman una kermesse 'solidaria' para Achacollo
Nemesia Achacollo necesita dinero y pasa un difícil momento, bajo ese argumento organizaciones sociales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) organizan una kermesse solidaria a favor de la exministra, investigada por el caso Fondo Indígena, según confirmó a EL DEBER el diputado Juan Cala.
"Es una forma de apoyar a la compañera, de recaudar fondos y buscar recursos. Sabemos que ha hecho un trabajo amplio y fuerte en todo el Norte de Santa Cruz y por eso estamos organizando este evento", detalló el legislador oficialista.
Explicó que "no tiene recursos, está pasando por momentos difíciles y queremos reconocer a su trabajo. La idea es recaudar fondos para ayudarla, porque incluso nos dicen que piensa en vender parte de todos sus bienes porque no puede trabajar al estar detenida".
Uno de los platos que será comercializado es pescado a la parrilla, con un costo de 40 bolivianos. "Las opiniones en las redes sociales no contribuyen a los valores de la sociedad, por eso se genera este tipo de opiniones", agregó, sobre las burlas contra la actividad.
"Está claro que victimizacion de masistas se convirtió en una forma de hacer política. Nadie les cree", expresó ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, cuestionando la actividad que se realizará en Montero.
Achacollo cumple tres meses detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz, investigada por el mal manejo de recursos del Estado en el Fondo Indígena, iniciativa del Gobierno que deparó varios proyectos fantasmas.
Por persecución política Abogado León solicita visita de comisionado de la ONU
Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente Evo Morales, envió un carta al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Denis Racicot, para visitarle y denunciar persecución política en su contra, informó ayer el senador de Unidad Demócrata UD, Arturo Murillo. El legislador actuó como el portavoz del jurista detenido.
Desde mayo, el abogado León, por determinaciones del Juzgado Anticorrupción, se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro.
La bancada de UD en apoyo a León decidió llevar la carta de solicitud a la Representación de la ONU en Bolivia, tomando como referencia que no existen garantías constitucionales para un debido proceso judicial, se violan los derecho humanos.
En el caso del doctor León se lo apresó porque fue parte querellante en varios casos, como por ejemplo: el caso del Fondo de Desarrolló Indígena Originario Campesino (Fondioc), caso de corrupción de la exautoridad edil de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Édgar Patana, y otros procesos judiciales que involucran al Gobierno.
En ese contexto, el senador opositor Murillo considera que es necesario e importante la visita de Racicot al abogado León para que constate la violación de los derechos humanos y la persecución política de parte del Gobierno.
El que la ONU visitara a las víctimas del caso Porvenir y la represión de Chaparina, para constatar si es que hubo violación de derechos humanos, sirvió de argumento para que el abogado León sustente la solicitud al Alto Comisionado del organismo internacional, para denunciar y exponer su situación jurídica y la persecución política que es víctima por parte del Gobierno.
ATRIBUCIONES
Sostuvo que las atribuciones de Racicot es de recibir y analizar la situación de los derechos humanos en el país, como alto comisionado de la ONU, motivo por el cual, León decidió acudir al organismo internacional.
Murillo puntualizó que espera que el Gobierno no descalifique a la ONU, como lo hizo con la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad a la que le atribuyeron de entrometerse en la soberanía del país, por estar como observador en la audiencia cautelar de líder político de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
“Ojalá que el Gobierno no denuncie una intromisión de la ONU a la soberanía del país, con la OEA por estar de observador en la audiencia cautelar de Doria Medina; la visita del organismo internacional solo servirá para que el abogado León denuncie las irregularidades del proceso en su contra, lo que no significa intromisión política”, aseguró.
El abogado León está con detención preventiva por presunta trata de menores (presentación del presunto hijo falso de presidente Morales y Zapata) y supuesto título falso en la carrera Derecho.
Desde mayo, el abogado León, por determinaciones del Juzgado Anticorrupción, se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro.
La bancada de UD en apoyo a León decidió llevar la carta de solicitud a la Representación de la ONU en Bolivia, tomando como referencia que no existen garantías constitucionales para un debido proceso judicial, se violan los derecho humanos.
En el caso del doctor León se lo apresó porque fue parte querellante en varios casos, como por ejemplo: el caso del Fondo de Desarrolló Indígena Originario Campesino (Fondioc), caso de corrupción de la exautoridad edil de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Édgar Patana, y otros procesos judiciales que involucran al Gobierno.
En ese contexto, el senador opositor Murillo considera que es necesario e importante la visita de Racicot al abogado León para que constate la violación de los derechos humanos y la persecución política de parte del Gobierno.
El que la ONU visitara a las víctimas del caso Porvenir y la represión de Chaparina, para constatar si es que hubo violación de derechos humanos, sirvió de argumento para que el abogado León sustente la solicitud al Alto Comisionado del organismo internacional, para denunciar y exponer su situación jurídica y la persecución política que es víctima por parte del Gobierno.
ATRIBUCIONES
Sostuvo que las atribuciones de Racicot es de recibir y analizar la situación de los derechos humanos en el país, como alto comisionado de la ONU, motivo por el cual, León decidió acudir al organismo internacional.
Murillo puntualizó que espera que el Gobierno no descalifique a la ONU, como lo hizo con la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad a la que le atribuyeron de entrometerse en la soberanía del país, por estar como observador en la audiencia cautelar de líder político de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
“Ojalá que el Gobierno no denuncie una intromisión de la ONU a la soberanía del país, con la OEA por estar de observador en la audiencia cautelar de Doria Medina; la visita del organismo internacional solo servirá para que el abogado León denuncie las irregularidades del proceso en su contra, lo que no significa intromisión política”, aseguró.
El abogado León está con detención preventiva por presunta trata de menores (presentación del presunto hijo falso de presidente Morales y Zapata) y supuesto título falso en la carrera Derecho.
lunes, 14 de noviembre de 2016
“Consorcio de jueces fiscales y abogados” Saravia solicita operativo y ante sospechas resulta aprehendido
La tarde del sábado, el aún fiscal Ánghelo Saravia solicitó a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) que se investigue una supuesta extorsión del cual él era víctima, pero durante el mismo, se suscitaron una serie de hechos por los cuales, quienes resultaron aprehendidos y sindicados, por presunto uso indebido de influencias y ser parte de un “consorcio de jueces, abogados y fiscales”, fueron Saravia, su presunto hermano y una mujer.
Según el reporte policial, cerca de las 13.00 del sábado, Leonardo A.G. (presunto hermano del fiscal) se presentó en oficinas de la DACI, en la Felcc, señalando que Saravia estaba siendo extorsionado por Melquiades Mamani, a quien este asistió, cuando aún trabajaba como abogado particular en 2014.
PEDIDO Y OFRECIMIENTO
La pasada semana se dio a conocer un audio, en el que Mamani y un acompañante vistan la oficina del fiscal anticorrupción, en el que se escucha a Mamani ofrecer un pago, como “honorario”, a cambio de que a Saravia se le facilite recobrar el dinero de una fianza, que una persona había depositado en el proceso, por robo agravado, en el que lo patrocinó.
Además, Mamani también le pide a Saravia que le presente un abogado con el cual se realice el trámite de forma más ágil.
“ACONSEJA”
Ante esto, Saravia le explicó a Mamani que ya no podía firmar como abogado, porque él era fiscal, le asegura que tenía una jurista de confianza y que, además, le garantizaría abreviar el trámite, ya que también hablaría con el juez del caso.
“Esto va a demorar por lo menos 30 días (…) tendrías que darle (al abogado de confianza), para comenzar, 500 bolivianos. Y después, saliendo (la devolución de la fianza, 30.000 bolivianos) tendrías que pagarle lo demás, hasta el 10 por ciento te pueden cobrar (…) o sea, yo te puedo garantizar de que te lo caminen y yo puedo hablar con el juez”, se escucha en el audio adjunto a las cartas de denuncias firmadas por el vicepresidente del “Control Social Nacional del Órgano Judicial”, Germán Mancilla, y presentadas ante el Fiscal General y el Ministro de Gobierno.
“Yo le he recomendado a él (Mamani), para que no lo vuelvan a engañar”, aseguró Saravia, sobre el audio, por cuya revelación fue alejado de la Unidad Anticorrupción.
OPERATIVO
Luego de su alejamiento, ordenado por el Fiscal Departamental, Edwin Blanco, Saravia apareció el viernes para afirmar que la denuncia de supuesta “extorsión” era una venganza por parte de los implicados del que él denominó “caso consorcio Ganam- Mendoza”. Y entregó otro audio en el que afirma que se lo extorsiona, pidiéndole dinero para que Mamani retire la denuncia.
En esa línea, el sábado, Saravia, mediante su presunto hermano, pidió a efectivos del DACI que se aproximen a inmediaciones de la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, para que verifiquen el acto de extorsión.
Sin embargo, la denuncia es desestimada por el fiscal de turno en esa ciudad, Carlos Rivadeneira y en otra acción directa, se procede a la aprehensión de Ánghelo Saravia, Leonardo A.G., Claudia Y., además de a Williams Q.V., quienes fueron hallados en cercanías, en un vehículo verde con placa de control 928–PAY, donde se verificó que la mujer trataba de esconder un sobre con dinero. Los cuatro pasaron la noche en celdas de la Felcc y ayer la mujer fue liberada, por no encontrar indicios en su contra.
Según los mismos informes, en horas de la tarde, la Policía se dirigió a la localidad de Ventilla y tomó contacto con Herminio Pucho y Melquiades Mamani, quienes dan otras versiones sobre el cobro de los 5.000 dólares que se afirma se intentaba extorsionar.
Ante las versiones contradictorias, en Ventilla, donde viven los presuntos implicados, la Policía detectó que Saravia, con su hermano Leonardo A.G. y su abogado Williams Q. intentaron forzar a Melquiades Mamani, para que desista de su acusación de extorsión contra el fiscal.
Saúl Villarpando, abogado de Mamani, dijo que el fiscal, su hermano y su abogado buscaron a su cliente para devolverle 5.000 dólares de los 20.000 que le habían cobrado ilegalmente y de esa manera forzarlo a firmar el desistimiento de la acusación en su contra. Le dijeron que Saravia “era muy poderoso y tenía amigos”, según relató el abogado.
“Amenazaron a mi cliente diciéndole que si no aceptada la devolución del dinero, lo iba a meter a la cárcel”, agregó Villarpando.
Para hoy, se tiene prevista la audiencia cautelar en el juzgado Segundo Anticorrupción de El Alto, donde se definirá la suerte del aún fiscal Saravia fiscal y sus acompañantes
Según el reporte policial, cerca de las 13.00 del sábado, Leonardo A.G. (presunto hermano del fiscal) se presentó en oficinas de la DACI, en la Felcc, señalando que Saravia estaba siendo extorsionado por Melquiades Mamani, a quien este asistió, cuando aún trabajaba como abogado particular en 2014.
PEDIDO Y OFRECIMIENTO
La pasada semana se dio a conocer un audio, en el que Mamani y un acompañante vistan la oficina del fiscal anticorrupción, en el que se escucha a Mamani ofrecer un pago, como “honorario”, a cambio de que a Saravia se le facilite recobrar el dinero de una fianza, que una persona había depositado en el proceso, por robo agravado, en el que lo patrocinó.
Además, Mamani también le pide a Saravia que le presente un abogado con el cual se realice el trámite de forma más ágil.
“ACONSEJA”
Ante esto, Saravia le explicó a Mamani que ya no podía firmar como abogado, porque él era fiscal, le asegura que tenía una jurista de confianza y que, además, le garantizaría abreviar el trámite, ya que también hablaría con el juez del caso.
“Esto va a demorar por lo menos 30 días (…) tendrías que darle (al abogado de confianza), para comenzar, 500 bolivianos. Y después, saliendo (la devolución de la fianza, 30.000 bolivianos) tendrías que pagarle lo demás, hasta el 10 por ciento te pueden cobrar (…) o sea, yo te puedo garantizar de que te lo caminen y yo puedo hablar con el juez”, se escucha en el audio adjunto a las cartas de denuncias firmadas por el vicepresidente del “Control Social Nacional del Órgano Judicial”, Germán Mancilla, y presentadas ante el Fiscal General y el Ministro de Gobierno.
“Yo le he recomendado a él (Mamani), para que no lo vuelvan a engañar”, aseguró Saravia, sobre el audio, por cuya revelación fue alejado de la Unidad Anticorrupción.
OPERATIVO
Luego de su alejamiento, ordenado por el Fiscal Departamental, Edwin Blanco, Saravia apareció el viernes para afirmar que la denuncia de supuesta “extorsión” era una venganza por parte de los implicados del que él denominó “caso consorcio Ganam- Mendoza”. Y entregó otro audio en el que afirma que se lo extorsiona, pidiéndole dinero para que Mamani retire la denuncia.
En esa línea, el sábado, Saravia, mediante su presunto hermano, pidió a efectivos del DACI que se aproximen a inmediaciones de la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, para que verifiquen el acto de extorsión.
Sin embargo, la denuncia es desestimada por el fiscal de turno en esa ciudad, Carlos Rivadeneira y en otra acción directa, se procede a la aprehensión de Ánghelo Saravia, Leonardo A.G., Claudia Y., además de a Williams Q.V., quienes fueron hallados en cercanías, en un vehículo verde con placa de control 928–PAY, donde se verificó que la mujer trataba de esconder un sobre con dinero. Los cuatro pasaron la noche en celdas de la Felcc y ayer la mujer fue liberada, por no encontrar indicios en su contra.
Según los mismos informes, en horas de la tarde, la Policía se dirigió a la localidad de Ventilla y tomó contacto con Herminio Pucho y Melquiades Mamani, quienes dan otras versiones sobre el cobro de los 5.000 dólares que se afirma se intentaba extorsionar.
Ante las versiones contradictorias, en Ventilla, donde viven los presuntos implicados, la Policía detectó que Saravia, con su hermano Leonardo A.G. y su abogado Williams Q. intentaron forzar a Melquiades Mamani, para que desista de su acusación de extorsión contra el fiscal.
Saúl Villarpando, abogado de Mamani, dijo que el fiscal, su hermano y su abogado buscaron a su cliente para devolverle 5.000 dólares de los 20.000 que le habían cobrado ilegalmente y de esa manera forzarlo a firmar el desistimiento de la acusación en su contra. Le dijeron que Saravia “era muy poderoso y tenía amigos”, según relató el abogado.
“Amenazaron a mi cliente diciéndole que si no aceptada la devolución del dinero, lo iba a meter a la cárcel”, agregó Villarpando.
Para hoy, se tiene prevista la audiencia cautelar en el juzgado Segundo Anticorrupción de El Alto, donde se definirá la suerte del aún fiscal Saravia fiscal y sus acompañantes
viernes, 11 de noviembre de 2016
Suspenden juicio por terrorismo hasta este 21
El tribunal de sentencia, a la cabeza de Sixto Fernández, suspendió el juicio por supuesto terrorismo hasta el 21 de este mes, al verificar en sala el grave estado de salud del procesado Ronald ‘Chichi’ Castedo.
Las audiencias fueron reanudadas el lunes, pese a existir informes de cardiólogos que indican del grave estado de salud de Castedo, en el que recomiendan que no puede asistir a las audiencias.
La mañana de ayer Castedo sufrió una recaída en la audiencia, por lo que el acto judicial se suspendió para horas de la tarde. Y así fue. Por la tarde, se activó la audiencia con la declaración del testigo coronel Johnny Aguilera.
Ante la insistencia del abogado Gary Prado, para que el tribunal revise su actuación, al considerar que se ponía en riesgo la vida de Castedo, el juez Fernández ratificó que el juicio debe avanzar porque hay varios procesados que están molestos por la demora.
La decisión del tribunal molestó a algunos procesados. Zvonko Matkovic Ribera, procesado, pidió la palabra y dijo a los jueces que no usarán su nombre para justificar la agresión a Castedo de obligarlo a asistir a las audiencias, pese a su grave estado de salud. “No usen mi nombre porque usted dice que está preocupado por los detenidos cuando nos tienen ocho años presos. A Castedo solo le funciona la quinta parte del corazón y no me tome como ejemplo”, dijo Matkovic.
Tras las intervenciones de Prado y de Matkovic, los jueces determinaron suspender el juicio hasta el 21 de este mes, a las 15:30, en consideración al mal estado de salud de Ronald Castedo, que era visible.
Pese al fallo, el fiscal Óscar Vera pidió que se celebre audiencia hasta este viernes, pero el tribunal no varió su fallo
Caso Rózsa Tribunal decide seguir con las audiencias
El tribunal Primero de Sentencia de La Paz, encargado de llevar a cabo el sonado caso Rózsa, actúa de forma contradictoria en situaciones similares, según la defensa.
En la jornada de ayer, dicho Tribunal, a la cabeza del juez presidente Sixto Fernández, determinó dar por aprobado el memorial de corrección que presentó el Ministerio Público, para dar continuidad a las audiencias del juicio oral, pese a que no se ha resuelto de forma oficial la apelación que presentó la defensa del imputado Ronald Castedo en La Paz, para ser apartado del juicio oral, por su estado de salud. Antes, las audiencias se suspendieron mientras se resolvían recursos del general Gary Prado, quien fue finalmente separado del caso.
Mientras transcurría la audiencia, Castedo sufrió una descomposición. Ayer comenzó a declarar el testigo Johnny Aguilera Montecinos.
En la jornada de ayer, dicho Tribunal, a la cabeza del juez presidente Sixto Fernández, determinó dar por aprobado el memorial de corrección que presentó el Ministerio Público, para dar continuidad a las audiencias del juicio oral, pese a que no se ha resuelto de forma oficial la apelación que presentó la defensa del imputado Ronald Castedo en La Paz, para ser apartado del juicio oral, por su estado de salud. Antes, las audiencias se suspendieron mientras se resolvían recursos del general Gary Prado, quien fue finalmente separado del caso.
Mientras transcurría la audiencia, Castedo sufrió una descomposición. Ayer comenzó a declarar el testigo Johnny Aguilera Montecinos.
Enviarán carta a Perú y solicitarán extradición de abogados de Zapata
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer, que debido a los cambios de ministros en el Perú, se enviará una nueva carta a las autoridades correspondientes, pidiendo la extradición de dos, de los abogados de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fugaron a ese país; involucrados en la presunta suplantación del hijo del mandatario.
Williams Sánchez y Walter Zuleta se encuentran en calidad de prófugos desde el pasado 17 de mayo, cuando el tercer abogado de Zapata, Eduardo León, fue aprehendido y sindicado por “engaño a personas incapaces y asociación delictuosa”, delitos que luego fueron ampliados a trata de personas en relación a la suplantación del menor de nueve años Ernesto Fidel M. Z., hijo del Presidente, de quien a la fecha no se tiene certeza jurídica de su inexistencia.
Romero reiteró que en Perú, ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare), Sánchez y Zuleta iniciaron el trámite para ser admitidos como refugiados políticos.
“Les enviaremos nueva documentación, porque antes, se la entregamos al anterior Ministro del Interior del Perú, y ahora que hay un nuevo ministro, sí en caso de que ellos requieren una información complementaria, estamos a su disposición”, afirmó Romero.
Según la Fiscalía, el falso hijo de Morales fue presentado ante una juez dentro de un proceso familiar abierto por el presidente contra su expareja, quien en febrero fungía como la Gerente Comercial de la Empresa China CAMC, con la cual el Gobierno firmó millonarios contratos.
“Yo confío en que va llegar el momento, en que vamos a poder coordinar acciones con la contraparte del Perú”, para traer ante la ley a los dos abogados, explicó la autoridad.
Dentro del caso, también están implicados otros familiares de la exgerente de CAMC, entre ellos, Pilar Guzmán, la tía espiritual de Zapata.
El 15 de junio, Ximena Fortún, propietaria de la casa donde vivía Gabriela Zapata, y María del Carmen Arce, otra supuesta tía espiritual de la principal imputada, fueron detenidas preventivamente en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos la trata de personas.
En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales detalló la relación de los hechos respecto a que Zapata en coordinación con Fortún, Arce, Pilar Guzmán, su hijo Claudio Rivera, su yerno Wilson Garrido, además de Isela Chávez y Víctor Vega, ambos papás del menor, detenidos en distintos centros carcelarios, fraguaron la presentación de la víctima ante la autoridad judicial el 11 y 12 de abril pasado.
Asimismo, el Ministerio Público argumentó que junto a los otros imputados, Arce llevó al menor a la entrevista con periodistas de CNN registrada el 5 de mayo pasado, en el hotel Camino Real, bajo el control de Fortún, quien financió la presentación con 5.000 dólares.
Williams Sánchez y Walter Zuleta se encuentran en calidad de prófugos desde el pasado 17 de mayo, cuando el tercer abogado de Zapata, Eduardo León, fue aprehendido y sindicado por “engaño a personas incapaces y asociación delictuosa”, delitos que luego fueron ampliados a trata de personas en relación a la suplantación del menor de nueve años Ernesto Fidel M. Z., hijo del Presidente, de quien a la fecha no se tiene certeza jurídica de su inexistencia.
Romero reiteró que en Perú, ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare), Sánchez y Zuleta iniciaron el trámite para ser admitidos como refugiados políticos.
“Les enviaremos nueva documentación, porque antes, se la entregamos al anterior Ministro del Interior del Perú, y ahora que hay un nuevo ministro, sí en caso de que ellos requieren una información complementaria, estamos a su disposición”, afirmó Romero.
Según la Fiscalía, el falso hijo de Morales fue presentado ante una juez dentro de un proceso familiar abierto por el presidente contra su expareja, quien en febrero fungía como la Gerente Comercial de la Empresa China CAMC, con la cual el Gobierno firmó millonarios contratos.
“Yo confío en que va llegar el momento, en que vamos a poder coordinar acciones con la contraparte del Perú”, para traer ante la ley a los dos abogados, explicó la autoridad.
Dentro del caso, también están implicados otros familiares de la exgerente de CAMC, entre ellos, Pilar Guzmán, la tía espiritual de Zapata.
El 15 de junio, Ximena Fortún, propietaria de la casa donde vivía Gabriela Zapata, y María del Carmen Arce, otra supuesta tía espiritual de la principal imputada, fueron detenidas preventivamente en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos la trata de personas.
En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales detalló la relación de los hechos respecto a que Zapata en coordinación con Fortún, Arce, Pilar Guzmán, su hijo Claudio Rivera, su yerno Wilson Garrido, además de Isela Chávez y Víctor Vega, ambos papás del menor, detenidos en distintos centros carcelarios, fraguaron la presentación de la víctima ante la autoridad judicial el 11 y 12 de abril pasado.
Asimismo, el Ministerio Público argumentó que junto a los otros imputados, Arce llevó al menor a la entrevista con periodistas de CNN registrada el 5 de mayo pasado, en el hotel Camino Real, bajo el control de Fortún, quien financió la presentación con 5.000 dólares.
jueves, 10 de noviembre de 2016
Imbolsur II: Prescribe acusación por corrupción contra Montes
El Tribunal de Sentencia Tercero de la capital, tras verificar los antecedentes del caso y la documentación presentada por las partes, determinaron ayer en juicio, declarar extinguida la acción,
por la prescripción del caso denominado Imbolsur II, en el que los acusados eran el ex alcalde del municipio de Cercado, Oscar Montes, otros ex funcionarios municipales y la empresa Imbolsur. Todos los procesados quedaron en libertad.
Los jueces del Tribunal, María Candelaria Peñarrieta Vargas, Teresa Villena Sucre y Ariel Gutiérrez, en juicio oral, público y contradictorio, indicaron que el caso es del año 2008 y hasta la fecha ya no podría tener validez dando razón a la solicitud de las partes acusadas. El Ministerio Público solicitó la documentación para poder en un plazo de no más de tres días apelar la resolución.
Acusación
La acusación fiscal presentada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica fue en contra de: Félix Edgar Cardozo Sáenz, José Nilo Cossío Narváez, Riter Oscar Cierra Calvo, Elizabeth Vilma Fuentes Uño, Oscar Gerardo Montes Barzón, Eliana Mercedes Majluf Kuncar, Juan Carlos Mena Soruco, Antonio Ivar Carvajal Armella, y Ricardo Antelo Bustamante.
Tras la resolución dictada por el Tribunal el ex alcalde y su abogada no quisieron dar entrevistas a los medios de comunicación porque justificaron que no tenían que hacer nada en el proceso; sin embargo el abogado representante de la empresa Imbolsur, Hugo León La Faye, dijo que no hubo ningún daño a nadie y que el asfalto se encuentra puesto en las calles de la ciudad.
“En el juicio ha tocado a toda la defensa, en ella solicitamos una excepción de prescripción, en el entendido de que los hechos que se juzgan vienen del mes de abril, del proceso de contratación y en junio del 2008, en el caso de la firma del contrato y la entrega del anticipo es a partir de esos meses en el año en que empiezan a computarse los 8 años que se tiene por ley para una prescripción del proceso”, explicó.
Indicó que la misma fue interpuesta porque la Ley que estaba vigente en ese año era del anterior Código de Procedimiento Penal, donde no estaba agravado todo por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley anticorrupción), que recién fue promulgada el año 2010 y la cual indica que todos los delitos cometidos a partir de ese momento contra el Estado son imprescriptibles.
“Tampoco estaba vigente la Constitución que fue promulgada el año 2009, en consecuencia el régimen de la prescripción estaba absolutamente vigente y se hizo el computo de los plazos y esto alcanzó a todos los involucrados en el caso denominado Imbolsur II”, dijo.
León, manifestó que todo el cemento asfaltico que estaba en el proceso se encuentra ya en las calles de la ciudad hace más de 8 años y está prestando su función, “No hubo ningún daño y fue más el tema del envase que se proveía las empresas, lo que se buscaba era tener algo que pueda aguantar al cemento asfaltico y las inclemencias del tiempo”, apuntó.
Recordar que la Fiscalía presentó el 21 de marzo de 2014 una acusación formal contra el ex alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes Barzón, y otros.
El caso se refiere a la denuncia presentada en mayo de 2008 donde se observó el supuesto incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones de la licitación pública; incumplimiento de contrato por la recepción de 1.500 toneladas de cemento asfáltico de la licitación pública 33/2007 con relación al origen y procedencia y que las evaluaciones de propuestas y adjudicación para la provisión de cemento asfáltico de la licitación pública 48/2007 fue efectuada de manera irregular.
miércoles, 9 de noviembre de 2016
Fiscal Cuba: Falta de coordinación retrasa investigación de “caso Katanas”
Karina Cuba, fiscal titular del “caso Katanas”, informó ayer que debido a que no existe un trabajo coordinado de los investigadores policiales, la investigación por la supuesta trata de personas de este proceso se encuentra retrasada.
“La comisión de investigadores tendría que estar trabajando, presentando informes, pero no los he visto, esta ni la anterior semana”, afirmó Cuba en referencia a los investigadores.
La fiscal señaló que hay varios actos investigativos programados, entre ellos, la inspección de varios inmuebles del principal denunciado, Marco Cámara, expropietario del club nocturno Katanas. Pero las inspecciones no solo se realizarán en La Paz, sino también en Santa Cruz.
PROCESO A FISCAL
Por su lado, Noemi Cámara, hija del expropietario del Katanas y denunciante del caso, anunció que iniciará un proceso penal contra la fiscal Mónica de la Riva, porque habría incumplido sus deberes en el proceso investigativo sobre trata y tráfico de personas, con fines de explotación sexual.
“Nosotros vamos a iniciar un proceso contra ella por incumplimiento de deberes, justamente porque al advertir todos los actos que ella ha realizado dentro del cuaderno de investigaciones, deja mucho que desear”, indicó.
La hija de Cámara dijo que sostuvo una reunión en Sucre con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a quien le pidió que aleje del caso a la fiscal De la Riva. Indicó que producto de esa petición De la Riva fue separada de la comisión de fiscales y Karina Cuba fue designada como la titular del caso.
“La comisión de investigadores tendría que estar trabajando, presentando informes, pero no los he visto, esta ni la anterior semana”, afirmó Cuba en referencia a los investigadores.
La fiscal señaló que hay varios actos investigativos programados, entre ellos, la inspección de varios inmuebles del principal denunciado, Marco Cámara, expropietario del club nocturno Katanas. Pero las inspecciones no solo se realizarán en La Paz, sino también en Santa Cruz.
PROCESO A FISCAL
Por su lado, Noemi Cámara, hija del expropietario del Katanas y denunciante del caso, anunció que iniciará un proceso penal contra la fiscal Mónica de la Riva, porque habría incumplido sus deberes en el proceso investigativo sobre trata y tráfico de personas, con fines de explotación sexual.
“Nosotros vamos a iniciar un proceso contra ella por incumplimiento de deberes, justamente porque al advertir todos los actos que ella ha realizado dentro del cuaderno de investigaciones, deja mucho que desear”, indicó.
La hija de Cámara dijo que sostuvo una reunión en Sucre con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a quien le pidió que aleje del caso a la fiscal De la Riva. Indicó que producto de esa petición De la Riva fue separada de la comisión de fiscales y Karina Cuba fue designada como la titular del caso.
Continúan notificaciones en caso Zapata Cristina Choque tendrá 46 testigos de descargo
Ascenderán a 46 los testigos de descargo que presentará la defensa de Cristina Choque, dentro del juicio oral por el denominado “caso Zapata”, según informó Martha Requena, abogada de la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) del Ministerio de la Presidencia.
Según la información proporcionada por Requena, la notificación con la acusación formal por este caso se dio el pasado 3 de noviembre en el Centro de Orientación Femenino (COF) de Mujeres, donde su defendida se encuentra detenida preventivamente desde marzo.
La abogada señaló que han iniciado con la elaboración de los documentos que serán la base de la defensa, en la que se incluye a los 46 testigos de descargo, además de la presentación de pruebas documentales que darán cuenta, en su criterio, que Choque no fue parte de los delitos que se le atribuyen.
Requena señaló que a partir del 3 noviembre, fecha en que fue notificada Choque en el penal de Obrajes, corren 15 días hábiles de plazo para la presentación de las pruebas de descargo, pero la defensa cumplirá antes de esa fecha.
CUATRO DELITOS
“El Ministerio Público, como el Ministerio de la Presidencia, han presentado la acusación en contra de Cristina Choque, por los cargos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios del Estado; y uso indebido de influencias”, todos como calidad de autoría en relación al artículo 20 del Código Penal, explicó Requena a EL DIARIO.
Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro del proceso existen otros cinco acusados, entre ellos la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y los nexos que la Fiscalía cree que subsisten entre ellos, la Fiscalía también, los señala como autores del delito de asociación delictuosa.
En ese sentido, en lo que respecta a Choque, ella debe comparecer ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, presidido en este caso, por el juez Iván Perales.
ACUSADOS
Junto con la expareja y madre de un presunto hijo del presidente Morales figuran como sindicados Jimmy Morales Cuba, exresponsable de almacenes de la UAGS; Ricardo Alegría Sequeiros, señalado por la Fiscalía como supuesto empresario y amigo de Zapata; Marvin Ramírez Aramayo, presunto socio de la exgerente de la empresa china CAMC y, por último, el abogado Walter Zuleta, quien fugó a Perú. Según la versión del Fiscal General y el Gobierno ha iniciado el trámite de asilo político en el país vecino.
La Fiscalía atribuye a Zapata seis tipos de delitos penales en su contra.
Según la información proporcionada por Requena, la notificación con la acusación formal por este caso se dio el pasado 3 de noviembre en el Centro de Orientación Femenino (COF) de Mujeres, donde su defendida se encuentra detenida preventivamente desde marzo.
La abogada señaló que han iniciado con la elaboración de los documentos que serán la base de la defensa, en la que se incluye a los 46 testigos de descargo, además de la presentación de pruebas documentales que darán cuenta, en su criterio, que Choque no fue parte de los delitos que se le atribuyen.
Requena señaló que a partir del 3 noviembre, fecha en que fue notificada Choque en el penal de Obrajes, corren 15 días hábiles de plazo para la presentación de las pruebas de descargo, pero la defensa cumplirá antes de esa fecha.
CUATRO DELITOS
“El Ministerio Público, como el Ministerio de la Presidencia, han presentado la acusación en contra de Cristina Choque, por los cargos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios del Estado; y uso indebido de influencias”, todos como calidad de autoría en relación al artículo 20 del Código Penal, explicó Requena a EL DIARIO.
Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro del proceso existen otros cinco acusados, entre ellos la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y los nexos que la Fiscalía cree que subsisten entre ellos, la Fiscalía también, los señala como autores del delito de asociación delictuosa.
En ese sentido, en lo que respecta a Choque, ella debe comparecer ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, presidido en este caso, por el juez Iván Perales.
ACUSADOS
Junto con la expareja y madre de un presunto hijo del presidente Morales figuran como sindicados Jimmy Morales Cuba, exresponsable de almacenes de la UAGS; Ricardo Alegría Sequeiros, señalado por la Fiscalía como supuesto empresario y amigo de Zapata; Marvin Ramírez Aramayo, presunto socio de la exgerente de la empresa china CAMC y, por último, el abogado Walter Zuleta, quien fugó a Perú. Según la versión del Fiscal General y el Gobierno ha iniciado el trámite de asilo político en el país vecino.
La Fiscalía atribuye a Zapata seis tipos de delitos penales en su contra.
lunes, 7 de noviembre de 2016
El juicio por terrorismo no tiene avances desde julio
El juicio por el caso de supuesto terrorismo no tiene avances desde julio. Hoy, a menos de dos meses de acabarse un nuevo año del proceso, se intentará reinstalar las audiencias para ver si se puede continuar con la toma de los testimonios de los testigos de la parte acusadora.
La sesión judicial, convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, debe comenzar a las 15:30. Una hora antes un grupo de damas pide que la gente asista a las afueras del Palacio de Justicia con pañuelos blancos, para exigir la liberación de Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic, presos en Palmasola y Hugo Paz con detención domiciliaria.
Se espera que hoy los juzgadores, que aguardan la resolución de un amparo presentado por Ronald Castedo para que se acepte su pedido de ser separado del juicio, reciban la solicitud del Ministerio Público para seguir con las audiencias, mientras se define esa situación.
Desde Palmasola
En medio de esta paralización del juicio los tres recluidos en la cárcel ven pasar los días y están a punto de cumplir 7 y 8 años de encierro, sin tener una sentencia en su contra.
Mendoza y Guedes están tras las rejas desde el 28 abril de 2009. Matkovic guarda detención preventiva desde el 19 de marzo de 2010.
“Lo único seguro aquí adentro, es que todos los días pasan”, contó Zvonko, que vive en un cuarto de poco menos de 10 metros cuadrados, en el pabellón 1 del penal más poblado del país. La semana pasada cumplió 38 años y en su día a día se dedica a colaborar con sus compañeros de encierro, para mejorar su pabellón.
Guedes vive en un cuarto del pabellón 6, en menos de cinco metros cuadrados. Por este espacio paga mensualmente un alquiler de Bs 1.500. Administraba el restaurante ‘La media luna’. Ahora es el líder de su pabellón y escribe un nuevo libro, al que piensa titular ‘La justicia inclinada’, donde contará parte de su vida en el encierro.
Mendoza, que alquila en el pabellón 14 un cuarto de cuatro metros cuadrados por Bs 1.500, hace cuadros que aprendió en el encierro para ganarse la vida.
Los tres dicen que seguirán hasta el final del juicio y que, pese a los pedidos, no se inculparán nunca de nada
domingo, 6 de noviembre de 2016
En noviembre Notificaciones por caso Zapata son escalonadas a involucrados
Las notificaciones con la acusación por el caso Zapata a los seis involucrados, se dan de forma escalonada, según informó la abogada de Cristina Choque, exdirectora de Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), Martha Requena, quien señaló que hasta el viernes su cliente no recibió ningún tipo de documento en la cárcel de Obrajes, donde guarda detención.
“Indicar que Cristina Choque todavía no ha sido notificada, pero consideramos que esto podría pasar hasta el día lunes, de manera que ella también pueda presentar su respuesta, sus testigos de descargo, sus pruebas documentales, pruebas periciales, de manera que le permita hacer una defensa activa dentro del juicio oral”, informó Requena a EL DIARIO.
Según fuentes oficiales, tres de los seis varones han sido ya notificados en diferentes fechas, con diferencia de al menos una semana. Entre los primeros notificados están Ricardo Alegría y Jimmy Morales, ambos con detención preventiva en San Pedro.
Ante la demora de dicha notificación, ayer, la jurista señaló que de no darse la notificación hasta el lunes, se apersonara al Tribunal para verificar la razón de la demora.
El caso se encuentra radicado en el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, cuyo presidente es Iván Perales.
Este trámite demoró más de cuatro meses, luego de que la Fiscalía presentara la acusación, el 27 de julio, ante el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, quien luego de valorar la legalidad de esta, remitió el documento al Tribunal Primero.
Desde julio, el polémico caso donde la principal acusada es la exnovia del presidente Evo Morales (57), Gabriela Zapata (29), estuvo paralizado, excepción de la condena, en proceso abreviado que se dictó contra Dennis Grundy, amigo y supuesto empresario con el que Zapata tenia negocios ilegítimos como lo afirma la Fiscalía.
REFERÉNDUM
Zapata se encuentra detenida de forma preventiva desde el 28 de febrero, siete días después de que Morales, perdiera el referéndum constitucional con el que pretendía reelegirse junto al vicepresidente Álvaro García.
La relación sentimental de Morales con Zapata, producto de la cual aún se presume, nació un hijo, al que colocaron el nombre de los líderes políticos cubanos, Ernesto Fidel, fue el nexo para lograr que la empresa China CAMC se beneficie con la firma de seis millonarios contratos, según fue la denuncia hecha por el periodista Carlos Valverde, quien reveló el escándalo dos semanas antes del referéndum.
ACUSADOS
Junto con la expareja del presidente Morales, figuran como acusados, Cristina Choque, exdirectora UAGS del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales Cuba, exresponsable de almacenes de esa unidad; Ricardo Alegría Sequeiros, señalado por la Fiscalía como supuesto empresario y amigo de Zapata; Marvin Ramírez Aramayo, presunto socio de la exgerenta de la empresa china CAMC y, por último, el abogado Wálter Zuleta, quien fugó a Perú y al momento el Gobierno ha informado que este inició el trámite de asilo político.
La Fiscalía atribuye a Zapata seis tipos penales en su contra, mientras que Choque y Morales fueron acusados por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias en su calidad de funcionarios públicos y asociación delictuosa, tipificados con una condena de al menos 4 años de presidio.
“Indicar que Cristina Choque todavía no ha sido notificada, pero consideramos que esto podría pasar hasta el día lunes, de manera que ella también pueda presentar su respuesta, sus testigos de descargo, sus pruebas documentales, pruebas periciales, de manera que le permita hacer una defensa activa dentro del juicio oral”, informó Requena a EL DIARIO.
Según fuentes oficiales, tres de los seis varones han sido ya notificados en diferentes fechas, con diferencia de al menos una semana. Entre los primeros notificados están Ricardo Alegría y Jimmy Morales, ambos con detención preventiva en San Pedro.
Ante la demora de dicha notificación, ayer, la jurista señaló que de no darse la notificación hasta el lunes, se apersonara al Tribunal para verificar la razón de la demora.
El caso se encuentra radicado en el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, cuyo presidente es Iván Perales.
Este trámite demoró más de cuatro meses, luego de que la Fiscalía presentara la acusación, el 27 de julio, ante el juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, quien luego de valorar la legalidad de esta, remitió el documento al Tribunal Primero.
Desde julio, el polémico caso donde la principal acusada es la exnovia del presidente Evo Morales (57), Gabriela Zapata (29), estuvo paralizado, excepción de la condena, en proceso abreviado que se dictó contra Dennis Grundy, amigo y supuesto empresario con el que Zapata tenia negocios ilegítimos como lo afirma la Fiscalía.
REFERÉNDUM
Zapata se encuentra detenida de forma preventiva desde el 28 de febrero, siete días después de que Morales, perdiera el referéndum constitucional con el que pretendía reelegirse junto al vicepresidente Álvaro García.
La relación sentimental de Morales con Zapata, producto de la cual aún se presume, nació un hijo, al que colocaron el nombre de los líderes políticos cubanos, Ernesto Fidel, fue el nexo para lograr que la empresa China CAMC se beneficie con la firma de seis millonarios contratos, según fue la denuncia hecha por el periodista Carlos Valverde, quien reveló el escándalo dos semanas antes del referéndum.
ACUSADOS
Junto con la expareja del presidente Morales, figuran como acusados, Cristina Choque, exdirectora UAGS del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales Cuba, exresponsable de almacenes de esa unidad; Ricardo Alegría Sequeiros, señalado por la Fiscalía como supuesto empresario y amigo de Zapata; Marvin Ramírez Aramayo, presunto socio de la exgerenta de la empresa china CAMC y, por último, el abogado Wálter Zuleta, quien fugó a Perú y al momento el Gobierno ha informado que este inició el trámite de asilo político.
La Fiscalía atribuye a Zapata seis tipos penales en su contra, mientras que Choque y Morales fueron acusados por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias en su calidad de funcionarios públicos y asociación delictuosa, tipificados con una condena de al menos 4 años de presidio.
viernes, 4 de noviembre de 2016
Torrico es enviado a la cárcel por supuesta falsificación de notas
Los vocales de la Sala Penal Primera de La Paz dispusieron ayer, revocar la detención domiciliaria del exdirigente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Wálter Torrico, dentro del proceso por falsificación de notas para la obtención de su título de abogado y determinó su detención en el penal de San Pedro.
Torrico, presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) y exsecretario general de FBF, fue denunciado por el Colegio de Abogados de La Paz, la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Justicia, por falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y legitimación de ganancias ilícitas.
Los representantes de esas tres instancias, también interpusieron tres querellas penales contra la juez décimo cautelar, Marcela Siles, quien otorgó en una “resolución prevaricadora”, la detención domiciliaria, según informó el representante del Colegio de Abogados, Raúl Jiménez.
DENUNCIA
Según la denuncia de UMSA, que cursa en el cuaderno de investigación, Torrico venció solo 10 materias de la Carrera de Derecho, entre 1989 y 1996.
En la investigación del Ministerio Público también se estableció que los certificados originales de calificaciones de notas del imputado entre las gestiones 1992 y 1999, que fueron remitidas por el Colegio de Abogados, no corresponden ni coinciden con los registros académicos de la Unidad de Kardex de la Carrera de Derecho.
En ese marco, los representantes del Ministerio Público apuntaron que de las 29 materias certificadas por la Carrera de Derecho, 19 materias no fueron cursadas ni aprobadas por Torrico.
Según la denuncia, las 10 materias vencidas tampoco coinciden con los datos de los certificados originales que fueron presentados por Torrico ante el Colegio de Abogados y la Universidad Franz Tamayo para convalidar las materias y solicitar su traspaso.
De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, Torrico obtuvo el Título en Provisión Nacional de Abogado el 5 de marzo de 2005 y, posteriormente, ejerció la profesión como Secretario General de la Federación Boliviana de Fútbol, percibiendo una remuneración como profesional.
DETENCIÓN
Ante lo expuesto, los vocales de la Sala Penal Primera, Virginia Crespo y Ernesto Macuchapi, determinaron la detención preventiva de Torrico en San Pedro, por existir suficientes elementos de probabilidad de autoría, “ya que el imputado tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, como demuestra la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones”, señala la nota de prensa emitida por la Fiscalía.
Torrico, presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) y exsecretario general de FBF, fue denunciado por el Colegio de Abogados de La Paz, la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Justicia, por falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y legitimación de ganancias ilícitas.
Los representantes de esas tres instancias, también interpusieron tres querellas penales contra la juez décimo cautelar, Marcela Siles, quien otorgó en una “resolución prevaricadora”, la detención domiciliaria, según informó el representante del Colegio de Abogados, Raúl Jiménez.
DENUNCIA
Según la denuncia de UMSA, que cursa en el cuaderno de investigación, Torrico venció solo 10 materias de la Carrera de Derecho, entre 1989 y 1996.
En la investigación del Ministerio Público también se estableció que los certificados originales de calificaciones de notas del imputado entre las gestiones 1992 y 1999, que fueron remitidas por el Colegio de Abogados, no corresponden ni coinciden con los registros académicos de la Unidad de Kardex de la Carrera de Derecho.
En ese marco, los representantes del Ministerio Público apuntaron que de las 29 materias certificadas por la Carrera de Derecho, 19 materias no fueron cursadas ni aprobadas por Torrico.
Según la denuncia, las 10 materias vencidas tampoco coinciden con los datos de los certificados originales que fueron presentados por Torrico ante el Colegio de Abogados y la Universidad Franz Tamayo para convalidar las materias y solicitar su traspaso.
De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, Torrico obtuvo el Título en Provisión Nacional de Abogado el 5 de marzo de 2005 y, posteriormente, ejerció la profesión como Secretario General de la Federación Boliviana de Fútbol, percibiendo una remuneración como profesional.
DETENCIÓN
Ante lo expuesto, los vocales de la Sala Penal Primera, Virginia Crespo y Ernesto Macuchapi, determinaron la detención preventiva de Torrico en San Pedro, por existir suficientes elementos de probabilidad de autoría, “ya que el imputado tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, como demuestra la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones”, señala la nota de prensa emitida por la Fiscalía.
martes, 1 de noviembre de 2016
El de Porvenir y Rózsa son los observados Defensoría hace seguimiento a casos que llevan varios años
La Defensoría del Pueblo en el país hace seguimiento a los procesos judiciales que llevan varios años ventilándose en la justicia, sin que se dicte una sentencia formal por parte de las autoridades.
David Tezanos, Defensor del Pueblo, confirmó tal situación, señalando que desde que asumió el cargo están trabajando en el seguimiento y fiscalización de casos con estas características.
El denominado caso Porvenir, y el caso Rózsa, son los que están en la mira de la población boliviana por el tiempo que llevan siendo tratados en el sistema judicial, donde existen personas con detención preventiva y sin sentencia.
Trabajo. Tezanos, en contacto con los medios cruceños, indicó que se han estado haciendo seguimiento a varios casos en razón de materia, en sentido de violación a los derechos humanos.
Recordó que en el caso de Porvenir, la Defensoría como institución tiene mayor participación mediante sus informes.
Sin embargo, en el caso Rózsa, la autoridad defensorial señaló que aunque no hay un informe de la institución formal, hace seguimiento por el conocimiento de denuncias de irregularidades que se han delatado. "Sabemos que hay mucha preocupación, porque hay demasiada dilación del caso, audiencias que se suspenden por razones que no permite el procedimiento, no hay conducción debida de los procesos. Hay abuso de las partes porque se presentan incidentes maliciosos dilatorias también", manifestó Tezanos.
Al mismo tiempo, señaló en ese sentido, que este tipo de hechos deben ser sancionados disciplinariamente.
Situación. En el caso Rózsa, este lleva ventilándose hace más de siete años y aún permanecen con detención preventiva varias personas, acción que no está estipulada en las normas vigentes del país.
En ese marco, la semana pasada, familiares amigos de los acusados realizaron una movilización pacífica en las afueras del Palacio de Justicia, esperando con pañuelos blancos y exigiendo justicia y libertad para los detenidos.
Encuentro. David Tezanos estuvo en Santa Cruz participando de un encuentro internacional con representantes indígenas, donde se tocaron varios temas.
David Tezanos, Defensor del Pueblo, confirmó tal situación, señalando que desde que asumió el cargo están trabajando en el seguimiento y fiscalización de casos con estas características.
El denominado caso Porvenir, y el caso Rózsa, son los que están en la mira de la población boliviana por el tiempo que llevan siendo tratados en el sistema judicial, donde existen personas con detención preventiva y sin sentencia.
Trabajo. Tezanos, en contacto con los medios cruceños, indicó que se han estado haciendo seguimiento a varios casos en razón de materia, en sentido de violación a los derechos humanos.
Recordó que en el caso de Porvenir, la Defensoría como institución tiene mayor participación mediante sus informes.
Sin embargo, en el caso Rózsa, la autoridad defensorial señaló que aunque no hay un informe de la institución formal, hace seguimiento por el conocimiento de denuncias de irregularidades que se han delatado. "Sabemos que hay mucha preocupación, porque hay demasiada dilación del caso, audiencias que se suspenden por razones que no permite el procedimiento, no hay conducción debida de los procesos. Hay abuso de las partes porque se presentan incidentes maliciosos dilatorias también", manifestó Tezanos.
Al mismo tiempo, señaló en ese sentido, que este tipo de hechos deben ser sancionados disciplinariamente.
Situación. En el caso Rózsa, este lleva ventilándose hace más de siete años y aún permanecen con detención preventiva varias personas, acción que no está estipulada en las normas vigentes del país.
En ese marco, la semana pasada, familiares amigos de los acusados realizaron una movilización pacífica en las afueras del Palacio de Justicia, esperando con pañuelos blancos y exigiendo justicia y libertad para los detenidos.
Encuentro. David Tezanos estuvo en Santa Cruz participando de un encuentro internacional con representantes indígenas, donde se tocaron varios temas.
viernes, 28 de octubre de 2016
Evo habla sobre el caso Zapata: “No es que el niño ha muerto, no había el niño”
El presidente Evo Morales, a tiempo de recordar la derrota del pasado 21 de febrero, se refirió hoy al caso de Gabriela Zapata, su expareja, y dijo que luego de la polémica generada por el caso se puso a investigar y resulta que el niño, que en un inicio él mismo dijo que había muerto, no había existido.
El Mandatario brindó estas palabras a tiempo de explicar que la mentira fue empleada como campaña de la oposición en el pasado referendo del 21 de febrero, en el que ganó la opción del No a la modificación de la Constitución para una nueva reelección de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
"Quiero que sepan hermanas y hermanos, yo recién empecé a investigar; soy sincero, no es que el niño ha muerto, no había habido el niño, imagínense. Yo no sé con una planificación, dicen que había el niño, que había, que ha muerto, yo también estaba seguro que había muerto y ni siquiera había habido el niño, que mentira hermanas y hermanos”, expresó.
El ejemplo permitió explicar al Mandatario que la oposición, ya que no pudo derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas, apeló a mujeres y niños, con mentiras, para buscar el fracaso del Gobierno.
Cuando se destapó el caso Zapata, el Mandatario, en una conferencia de prensa informó que el hijo que concibió con la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC había muerto.
El Mandatario brindó estas palabras a tiempo de explicar que la mentira fue empleada como campaña de la oposición en el pasado referendo del 21 de febrero, en el que ganó la opción del No a la modificación de la Constitución para una nueva reelección de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
"Quiero que sepan hermanas y hermanos, yo recién empecé a investigar; soy sincero, no es que el niño ha muerto, no había habido el niño, imagínense. Yo no sé con una planificación, dicen que había el niño, que había, que ha muerto, yo también estaba seguro que había muerto y ni siquiera había habido el niño, que mentira hermanas y hermanos”, expresó.
El ejemplo permitió explicar al Mandatario que la oposición, ya que no pudo derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas, apeló a mujeres y niños, con mentiras, para buscar el fracaso del Gobierno.
Cuando se destapó el caso Zapata, el Mandatario, en una conferencia de prensa informó que el hijo que concibió con la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC había muerto.
miércoles, 26 de octubre de 2016
Dos empleados denunciaron entregar 10% de sus sueldos a un exfuncionario
Dos empleados de la Cámara de Senadores denunciaron mediante nota escrita que entregaban el 10% de sus sueldos a una persona vinculada a un exfuncionario de esa institución con el pretexto de que los había ayudado a obtener su cargo. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, se querelló contra los denunciados.
José Alberto Gonzales informó que el Senado se querellará contra las personas que presionaban a dos funcionarios para entregar parte de sus salarios.
Gonzales no proporcionó nombres de las víctimas ni de las personas que presuntamente cometían el irregular acto de la extorsión, que duró, supuestamente, un año.
“El Senado se va a querellar contra estas personas”, declaró Gonzales. La oficina jurídica de la Cámara Alta presentó este martes la denuncia y serán las autoridades competentes las que esclarezcan el caso.
José Alberto Gonzales informó que el Senado se querellará contra las personas que presionaban a dos funcionarios para entregar parte de sus salarios.
Gonzales no proporcionó nombres de las víctimas ni de las personas que presuntamente cometían el irregular acto de la extorsión, que duró, supuestamente, un año.
“El Senado se va a querellar contra estas personas”, declaró Gonzales. La oficina jurídica de la Cámara Alta presentó este martes la denuncia y serán las autoridades competentes las que esclarezcan el caso.
domingo, 23 de octubre de 2016
Procesados por puente caído no tienen cómo cubrir daños
El exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, y los otros cuatro imputados por el colapso del puente a desnivel de la avenida 6 de Agosto en Independencia sólo podrán reponer el 30 por ciento del costo total de la obra de 11,3 millones de bolivianos, según el avalúo que se realizó de los bienes inmuebles y vehículos que les fueron anotados preventivamente por el Ministerio Público, aseveró el asesor general del municipio de Cercado, Sergio Coca.
Explicó que la suma de los bienes que están bajo esta medida precautoria para asegurar la reparación del daño económico es de 500 mil dólares, es decir, 3,5 millones de bolivianos, cuando la infraestructura demandó 11,3 millones.
Además se invirtieron 1,7 millone en trabajos adicionales y 580 mil en la demolición y trabajos de rehabilitación.
Los esfuerzos para recuperar los recursos son parte de las acciones legales que se siguen contra los responsables de la obra y que se han conocido a un año del colapso, ocurrido el 22 de octubre de 2015.
A un año del suceso, aún se espera el informe final de la Contraloría General del Estado, la fecha para la audiencia conclusiva y el juicio oral contra los cinco imputados por parte de la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción. Además de la auditoría técnica que realiza la Alcaldía de Cercado.
El asesor general recordó que el proceso penal comenzó en noviembre de 2015 en contra de Edwin Castellanos; el representante de la Empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez; el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega; el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo; y el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal, Sergio Rodríguez.
Los cinco fueron imputados en mayo de 2015 y en junio se les impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Cuatro tienen arraigo y uno arresto domiciliario. Recién se amplió la investigación contra el fiscal de obra por parte del municipio, Óscar Cortez.
Según los plazos que dicta la Ley, el Ministerio Público tiene hasta el 6 de noviembre para presentar la acusación formal o dictar sobreseimiento contra los imputados por falta de pruebas. Luego, recién se puede fijar fecha para el juicio.
Pero para presentar la acusación es importante que se lleve a cabo la audiencia de anticipo de prueba. La misma se suspendió en cuatro oportunidades, pese a que existe el documento de los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) desde junio.
Según el documento de Auditoría Forense del IDIF Nº 124 – 16 INV. ESP. AUD: 003/16 existen varias observaciones a la licitación y contratación de la empresa para la construcción del puente a desnivel.
La primera observación es la falta de informes de la primera convocatoria para la licitación.
Luego, el aumentó del presupuesto de 10,3 a 11,7 millones de bolivianos y la reducción de ítems para la segunda convocatoria, también declarada desierta y sin un informe.
La segunda observación es la contratación del ingeniero que diseñó la obra como supervisor, lo cual está prohibido según los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 181, porque representa un conflicto de intereses para el profesional.
Castellanos reclama que proceso debía ser a técnicos
Desde el momento de la denuncia, el exalcalde Edwin Castellanos, aseveró que el colapso fue por una falla técnica. Por lo tanto, el proceso penal debería ser contra técnicos y no así contra una persona que “con buena intención contrató la empresa constructora”.
La postura del exalcalde es compartida por el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, que indicó que sólo contrató la empresa según especificaciones normativas
Por su parte, el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que sólo estuvo en el cargo en la fase inicial de construcción del puente. Por lo tanto, el proceso debería ser contra los oficiales mayores que estuvieron durante el proceso de ejecución o de recepción de la obra.
La empresa constructora Álvarez aseveró en diversas oportunidades que sólo siguieron las especificaciones que les señalaron para ejecutar la obra. Asimismo, contactaron diversos expertos extranjeros para demostrar que su trabajo se realizó de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el ingeniero Nelson Vega aseguró que utilizó el sistema que hasta el momento no había fallado.
ANÁLISIS
FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO
“Colapso marcó un antes y un después”
En primer lugar, el colapso mostró una debilidad institucional sobre el tipo de gestión y la forma de licitación de empresas. Esto derivó en que se generara mucha susceptibilidad en la población.
El colapso del puente marcó un antes y un después en los cochabambinos. Antes decíamos “que roben, pero que hagan”. Ahora se cambió de paradigma y tenemos una nueva construcción social, cada vez que se inaugura o comienza una obra decimos: “Ojalá no se caiga”.
Además, ahora asociamos cada obra con corrupción. Pensamos que todo lo que se construye ha sido con fraude o se ha robado algo.
Este hecho también demostró el manoseo político que se hace del desarrollo regional donde no se tiene consideración de las necesidades de la población.
Finalmente, luego de un año del colapso y todo el proceso penal sin resultados deja pensar a la población que existe un encubrimiento de las autoridades judiciales.
Explicó que la suma de los bienes que están bajo esta medida precautoria para asegurar la reparación del daño económico es de 500 mil dólares, es decir, 3,5 millones de bolivianos, cuando la infraestructura demandó 11,3 millones.
Además se invirtieron 1,7 millone en trabajos adicionales y 580 mil en la demolición y trabajos de rehabilitación.
Los esfuerzos para recuperar los recursos son parte de las acciones legales que se siguen contra los responsables de la obra y que se han conocido a un año del colapso, ocurrido el 22 de octubre de 2015.
A un año del suceso, aún se espera el informe final de la Contraloría General del Estado, la fecha para la audiencia conclusiva y el juicio oral contra los cinco imputados por parte de la Fiscalía y el Juzgado Anticorrupción. Además de la auditoría técnica que realiza la Alcaldía de Cercado.
El asesor general recordó que el proceso penal comenzó en noviembre de 2015 en contra de Edwin Castellanos; el representante de la Empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez; el ingeniero que diseñó y supervisó la obra, Nelson Vega; el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo; y el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal, Sergio Rodríguez.
Los cinco fueron imputados en mayo de 2015 y en junio se les impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Cuatro tienen arraigo y uno arresto domiciliario. Recién se amplió la investigación contra el fiscal de obra por parte del municipio, Óscar Cortez.
Según los plazos que dicta la Ley, el Ministerio Público tiene hasta el 6 de noviembre para presentar la acusación formal o dictar sobreseimiento contra los imputados por falta de pruebas. Luego, recién se puede fijar fecha para el juicio.
Pero para presentar la acusación es importante que se lleve a cabo la audiencia de anticipo de prueba. La misma se suspendió en cuatro oportunidades, pese a que existe el documento de los peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF) desde junio.
Según el documento de Auditoría Forense del IDIF Nº 124 – 16 INV. ESP. AUD: 003/16 existen varias observaciones a la licitación y contratación de la empresa para la construcción del puente a desnivel.
La primera observación es la falta de informes de la primera convocatoria para la licitación.
Luego, el aumentó del presupuesto de 10,3 a 11,7 millones de bolivianos y la reducción de ítems para la segunda convocatoria, también declarada desierta y sin un informe.
La segunda observación es la contratación del ingeniero que diseñó la obra como supervisor, lo cual está prohibido según los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 181, porque representa un conflicto de intereses para el profesional.
Desde el momento de la denuncia, el exalcalde Edwin Castellanos, aseveró que el colapso fue por una falla técnica. Por lo tanto, el proceso penal debería ser contra técnicos y no así contra una persona que “con buena intención contrató la empresa constructora”.
La postura del exalcalde es compartida por el exoficial mayor de Finanzas, Osvaldo Delgadillo, que indicó que sólo contrató la empresa según especificaciones normativas
Por su parte, el exoficial mayor de Infraestructura y actual concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que sólo estuvo en el cargo en la fase inicial de construcción del puente. Por lo tanto, el proceso debería ser contra los oficiales mayores que estuvieron durante el proceso de ejecución o de recepción de la obra.
La empresa constructora Álvarez aseveró en diversas oportunidades que sólo siguieron las especificaciones que les señalaron para ejecutar la obra. Asimismo, contactaron diversos expertos extranjeros para demostrar que su trabajo se realizó de acuerdo a lo planificado. Finalmente, el ingeniero Nelson Vega aseguró que utilizó el sistema que hasta el momento no había fallado.
ANÁLISIS
FERNANDO SALAZAR, SOCIÓLOGO
“Colapso marcó un antes y un después”
En primer lugar, el colapso mostró una debilidad institucional sobre el tipo de gestión y la forma de licitación de empresas. Esto derivó en que se generara mucha susceptibilidad en la población.
El colapso del puente marcó un antes y un después en los cochabambinos. Antes decíamos “que roben, pero que hagan”. Ahora se cambió de paradigma y tenemos una nueva construcción social, cada vez que se inaugura o comienza una obra decimos: “Ojalá no se caiga”.
Además, ahora asociamos cada obra con corrupción. Pensamos que todo lo que se construye ha sido con fraude o se ha robado algo.
Este hecho también demostró el manoseo político que se hace del desarrollo regional donde no se tiene consideración de las necesidades de la población.
Finalmente, luego de un año del colapso y todo el proceso penal sin resultados deja pensar a la población que existe un encubrimiento de las autoridades judiciales.
sábado, 22 de octubre de 2016
Exalcaldes Chaly y Cholango tienen 4 procesos pendientes
Las gestiones municipales de Gonzalo Chaly Terceros (2006 - 2010) de Ciudadanos Unidos (CIU) y Edwin Castellanos conocido como Cholango (2010 - 2015) del Movimiento Al Socialismo (MAS) repercutieron en procesos en su contra, por la construcción observada del Hospital del Niño, el pago por tonelada de basura a los dirigentes de K’ara K’ara, el uso de recursos de IDH para jardines del hospital Viedma y el hundimiento de la plataforma del puente de la avenida Independencia.
Terceros reconoció que no tiene en mente la cantidad de procesos que le involucran. “Sí puedo decir que fueron muchos. Por razones políticas. La anterior gestión municipal se encargó de hacer un montón de procesos”. Castellanos aseguró que solo tiene un caso pendiente y que otros no tenían fundamento.
El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez explicó que en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) recaen responsabilidades a los alcaldes desde los procesos de contratación de obras. Pero, las denuncias por irregularidades no pesan solo sobre las exautoridades. Los casos incluyen a los exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios y representantes de las constructoras.
TERCEROS El tema del Hospital del Niño, que involucra a Terceros y a 11 personas más, por mala edificación, está en etapa de investigación. La obra de seis millones de bolivianos está paralizada desde el 2010.
Auditoría Interna de la Alcaldía emitió dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la edificación sin planos del helipuerto. El otro es un informe general.
El exalcalde recordó que los planos de esta obra se perdieron durante la gestión de Castellanos y existe un documento que lo acredita. “En lo que a mí respecta, con esa documentación, estaría liberado”.
Un segundo proceso es el del pago a los dirigentes de 70 centavos de dolar por tonelada de basura que ingresaba al botadero de K’ara K’ara. La Contraloría le conminó a pagar 2.7 millones de bolivianos en 2014.
“Ese proceso ha sido observado porque tiene un vicio de nulidad desde su inicio, debido a que no han citado legalmente a los dirigentes de K’ara K’ara”.
La exautoridad hizo referencia a que la responsabilidad debe ser “del que da y del que recibe” y que, en este caso, solo se notificó a la Alcaldía y a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). “Éste proceso con toda seguridad va a volver a foja cero, para que notifiquen a los dirigentes y hagan sus descargos”.
Acotó que los comunarios tienen los descargos, porque se hicieron obras, en su momento, con esos recursos. “Es un proceso coactivo que inició la Contraloría. No es un juicio”.
En el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), proceso de 2009, para el arreglo de jardines del hospital Viedma, Terceros aclaró que esos fondos sirven para infraestructura hospitalaria, pero se había observado que los jardines no eran parte de la infraestructura. “Era un absurdo. Fue algo jocoso”.
Aseguró que el caso no avanzó más. “Estaba en la parte investigativa. Con los descargos que presentamos quedó ahí. No nos volvieron a notificar”.
CASTELLANOS El exalcalde masista informó que el único proceso que tiene es el referido al hundimiento de la plataforma del paso a desnivel de las avenidas Independencia y 6 de Agosto, que incluye a un total de cinco personas.
El tablero se hundió el 22 de octubre de 2015, la Alcaldía (de la gestión de José María Leyes) denunció el hecho penalmente a mediados de noviembre de ese año. El daño económico es de más de 11 millones de bolivianos.
El caso está en etapa de investigación y la Fiscalía evalúa los descargos para continuar con imputaciones o para liberar de cargos a los involucrados.
“Nunca he tenido procesos. Esto ha sido a consecuencia de la gestión pública”.
Reiteró que el colapso del tablero es un tema “netamente técnico”, que no debiera afectarle.
OTROS CASOS Quien más procesos tiene es Terceros. Sin embargo, aseguró que hay casos que no prosperaron o se cerraron. La creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa), dijo, está archivado, porque “es un tema administrativo y no tiene ningún delito”. En lo referido al uso, con observaciones, de recursos para la Cumbre Suramericana de 2006, fue absuelto.
Informó que, en el caso de la sentencia de tres años por cobros irregulares para el mercado Santa Bárbara hubo apelación. Ahora, aguarda el resultado del Tribunal. “Es un proceso que con toda seguridad va a ser anulado porque se cometieron muchas irregularidades”. Entre ellas, la ausencia de un juez técnico.
En lo referido a Castellanos, el director de Auditoría Interna de la Alcaldía, Erick Bustos, dijo que el caso por supuesto sobreprecio en la compra de carros basureros, denominados Cholangos, no hay procesados, porque no se puede hacer cotizaciones ahora. “Es difícil corroborar sobreprecios porque hace cuatro años que se hizo la compra”.
Terceros reconoció que no tiene en mente la cantidad de procesos que le involucran. “Sí puedo decir que fueron muchos. Por razones políticas. La anterior gestión municipal se encargó de hacer un montón de procesos”. Castellanos aseguró que solo tiene un caso pendiente y que otros no tenían fundamento.
El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez explicó que en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) recaen responsabilidades a los alcaldes desde los procesos de contratación de obras. Pero, las denuncias por irregularidades no pesan solo sobre las exautoridades. Los casos incluyen a los exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios y representantes de las constructoras.
TERCEROS El tema del Hospital del Niño, que involucra a Terceros y a 11 personas más, por mala edificación, está en etapa de investigación. La obra de seis millones de bolivianos está paralizada desde el 2010.
Auditoría Interna de la Alcaldía emitió dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la edificación sin planos del helipuerto. El otro es un informe general.
El exalcalde recordó que los planos de esta obra se perdieron durante la gestión de Castellanos y existe un documento que lo acredita. “En lo que a mí respecta, con esa documentación, estaría liberado”.
Un segundo proceso es el del pago a los dirigentes de 70 centavos de dolar por tonelada de basura que ingresaba al botadero de K’ara K’ara. La Contraloría le conminó a pagar 2.7 millones de bolivianos en 2014.
“Ese proceso ha sido observado porque tiene un vicio de nulidad desde su inicio, debido a que no han citado legalmente a los dirigentes de K’ara K’ara”.
La exautoridad hizo referencia a que la responsabilidad debe ser “del que da y del que recibe” y que, en este caso, solo se notificó a la Alcaldía y a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). “Éste proceso con toda seguridad va a volver a foja cero, para que notifiquen a los dirigentes y hagan sus descargos”.
Acotó que los comunarios tienen los descargos, porque se hicieron obras, en su momento, con esos recursos. “Es un proceso coactivo que inició la Contraloría. No es un juicio”.
En el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), proceso de 2009, para el arreglo de jardines del hospital Viedma, Terceros aclaró que esos fondos sirven para infraestructura hospitalaria, pero se había observado que los jardines no eran parte de la infraestructura. “Era un absurdo. Fue algo jocoso”.
Aseguró que el caso no avanzó más. “Estaba en la parte investigativa. Con los descargos que presentamos quedó ahí. No nos volvieron a notificar”.
CASTELLANOS El exalcalde masista informó que el único proceso que tiene es el referido al hundimiento de la plataforma del paso a desnivel de las avenidas Independencia y 6 de Agosto, que incluye a un total de cinco personas.
El tablero se hundió el 22 de octubre de 2015, la Alcaldía (de la gestión de José María Leyes) denunció el hecho penalmente a mediados de noviembre de ese año. El daño económico es de más de 11 millones de bolivianos.
El caso está en etapa de investigación y la Fiscalía evalúa los descargos para continuar con imputaciones o para liberar de cargos a los involucrados.
“Nunca he tenido procesos. Esto ha sido a consecuencia de la gestión pública”.
Reiteró que el colapso del tablero es un tema “netamente técnico”, que no debiera afectarle.
OTROS CASOS Quien más procesos tiene es Terceros. Sin embargo, aseguró que hay casos que no prosperaron o se cerraron. La creación y funcionamiento irregular de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa), dijo, está archivado, porque “es un tema administrativo y no tiene ningún delito”. En lo referido al uso, con observaciones, de recursos para la Cumbre Suramericana de 2006, fue absuelto.
Informó que, en el caso de la sentencia de tres años por cobros irregulares para el mercado Santa Bárbara hubo apelación. Ahora, aguarda el resultado del Tribunal. “Es un proceso que con toda seguridad va a ser anulado porque se cometieron muchas irregularidades”. Entre ellas, la ausencia de un juez técnico.
En lo referido a Castellanos, el director de Auditoría Interna de la Alcaldía, Erick Bustos, dijo que el caso por supuesto sobreprecio en la compra de carros basureros, denominados Cholangos, no hay procesados, porque no se puede hacer cotizaciones ahora. “Es difícil corroborar sobreprecios porque hace cuatro años que se hizo la compra”.
viernes, 21 de octubre de 2016
Alcaldía procesa a 22 personas por tres obras irregulares
Mañana se cumple un año del hundimiento de la plataforma del paso a desnivel, emplazado en las avenidas Independencia y 6 de Agosto. El proceso iniciado para identificar a los responsables de aquel hecho continúa en camino, al igual que otros dos casos más que involucran a obras observadas de la Alcaldía de Cochabamba.
Las tres obras son: un paso a desnivel, un hospital y el mejoramiento de áreas verdes con glorietas. Tienen observaciones e involucran a 22 personas, incluidas exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios municipales y representantes de algunas empresas constructoras.
Estas obras fueron ejecutadas durante las gestiones municipales de los exalcaldes Gonzalo Terceros (2006 - 2010) y Edwin Castellanos (2010 - 2015). La actual gestión de José María Leyes impulsa los procesos y lleva adelante auditorías.
PUENTE El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez recordó que, tras el hundimiento del puente de la avenida Independencia, el 22 de octubre de 2015, el Concejo Municipal solicitó una auditoría al proceso de adjudicación y construcción de la obra. El daño económico asciende a 11 millones de bolivianos.
El asesor general de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, cuestionó que las autoridades jurisdiccionales no hayan dado respuesta a la demanda iniciada el 18 de noviembre del pasado año. Denunció que hasta la fecha no existe ningún responsable entre los cinco involucrados.
“Un año y sin justicia. Se ha demostrado que la estructura ha sido mal diseñada y construida, pero no hay resultados. Ni siquiera existe el acta de la audiencia cautelar”.
La Alcaldía inició un proceso penal en contra del exalcalde Castellanos, el proyectista y supervisor de la obra Nelson Vega, el representante legal de la empresa Álvarez Ltda. Víctor Hugo Álvarez, el exoficial Mayor Administrativo y Financiero de la Alcaldía Oswaldo Delgadillo y el exoficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial y actual concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez.
El director de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, dijo que dejó de lado ese tema porque está en manos de la Contraloría General del Estado.
La Contraloría intervino en el caso de oficio y emitió un informe preliminar con indicios de responsabilidad, “por incumplimiento al objeto del contrato” en el contratista y el supervisor”.
Los involucrados presentaron sus pruebas de descargo y, según Bustos, una vez que la Contraloría concluya el análisis emitirá un informe complementario “ratificando o levantando” las responsabilidades.
La plataforma fue demolida en mayo de 2015 y, en la actualidad, la zona fue rehabilitada para la circulación vehicular.
HOSPITAL La obra del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de 6 millones de bolivianos, que comenzó su construcción en 2007, está paralizada desde 2010. Hay 12 personas vinculadas a las irregularidades. Entre ellas, el exalcalde Terceros, un exoficial mayor técnico, el representante de la empresa constructora, el supervisor, el fiscal y siete personas más.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía informó que emitieron dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la construcción sin planos del helipuerto. El otro está relacionado a un informe “por todo el hospital, todos los daños”, que se remitió a la instancia jurídica para iniciar las acciones legales. “Tengo entendido que ya se notificó a los involucrados”.
GLORIETAS El asesor general de la Alcaldía informó sobre la ejecución de glorietas con irregularidades. Hay alrededor de cinco exfuncionarios, que habrían incurrido también en delitos de corrupción.
Coca dijo que “pese a que en las planillas se señalaba un informe de avance físico determinado, en la verificación no existía y eran trabajos defectuosos”.
Manifestó que se siguió los procesos respectivos contra exfuncionarios.
SIN OPERAR Las autoridades anunciaron que hay otro proceso en puerta. La planta de reciclaje de residuos sólidos de K’ara K’ara, situada al lado derecho del ingreso, está sin funcionar.
Bustos manifestó que ya tiene un informe con un avance del 90 por ciento para iniciar un proceso penal y que en unas tres semanas se concluirá. “Va a haber muchos procesados, estamos trabajando en la cuantificación”.
CERRADO Entretanto, aunque ya hay sentenciados, desde que se concluyó el mercado Santa Bárbara, en 2008, con una inversión de nueve millones de bolivianos, permanece cerrado. El concejal Jiménez recordó que se hizo un proceso penal, en 2013, que derivó en sentencias en contra del exalcalde Terceros y dos dirigentes de los comerciantes por cobros irregulares para la ejecución de la obra. Mientras el tema no se esclarece, la infraestructura se deteriora y los vendedores instalan sus puestos alrededor del nuevo, pero abandonando el mercado.
Observación
Sergio Coca cuestionó que cuando hay procesos contra gente del MAS son rechazados o sobreseidos, pero para los opositores “hay detención preventiva o juicios orales”.
3
Años de prisión
El exalcalde Gonzalo Terceros fue sentenciado a tres años de prisión por irregularidades en la ejecución del mercado Santa Bárbara. Fue favorecido con el perdón judicial, por lo que no fue recluido en la cárcel.
Dos comerciantes también recibieron sentencia.
Apuntes
En revisión
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, informó que existen auditorías solicitadas que están en la Dirección de Transparencia, porque hay casos que implican responsabilidad administrativa. Explicó que una vez que esta instancia concluya su trabajo, le corresponderá a Auditoría Interna verificar los proyectos.
El concejal Edwin Jiménez manifestó que desde el pleno del Concejo Municipal se solicitó auditorías a los procesos de adjudicación de distribuidores vehiculares:
* Nudo viario Beijing y Blanco Galindo, que tuvo una inversión mayor a los 100 millones de bolivianos. Fue inaugurado durante la primera quincena de septiembre de este año, aunque las obras menores continuaron después.
* Puente de las avenidas 6 de Agosto y Barrientos, ejecutado con una inversión mayor a 60 millones de bolivianos. Está concluido.
* Paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto y República, de 46 millones de bolivianos. Ya fue entregado.
* Puente de la avenida 6 de Agosto y Panamericana, de 13 millones de bolivianos. En la actualidad está cerrado porque fue ejecutado con el mismo sistema de tirantes de la plataforma hundida del puente de la avenida Independencia. Desde la Alcaldía informaron que ya hay una empresa adjudicada para trabajar en la rehabilitación de esta obra.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía manifestó que estas obras están pendientes para una próxima etapa, “el próximo año”.
Bustos argumentó que cuenta con poco personal para la cantidad de tareas que le corresponde a su Unidad.
Recomendación
Considerando que ahora la Alcaldía de Cochabamba puede aprobar proyectos de hasta 70 millones de bolivianos sin que lleguen al Concejo Municipal, el concejal Jiménez recomendó al Ejecutivo contar con estudios a diseño final para que existan elementos suficientes antes de lanzar una adjudicación. “Deben tener supervisores, fiscales de obra para hacer seguimiento y control, en lo que respecta a la calidad de las obras y al cumplimiento de los plazos de ejecución”. Acotó que se debe revisar los currículos de las empresas, la experiencia específica, general, la solvencia financiera, porque pueden ser aspectos contraproducentes a futuro, cuando se apliquen auditorías.
Las tres obras son: un paso a desnivel, un hospital y el mejoramiento de áreas verdes con glorietas. Tienen observaciones e involucran a 22 personas, incluidas exalcaldes, funcionarios, exfuncionarios municipales y representantes de algunas empresas constructoras.
Estas obras fueron ejecutadas durante las gestiones municipales de los exalcaldes Gonzalo Terceros (2006 - 2010) y Edwin Castellanos (2010 - 2015). La actual gestión de José María Leyes impulsa los procesos y lleva adelante auditorías.
PUENTE El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO) Edwin Jiménez recordó que, tras el hundimiento del puente de la avenida Independencia, el 22 de octubre de 2015, el Concejo Municipal solicitó una auditoría al proceso de adjudicación y construcción de la obra. El daño económico asciende a 11 millones de bolivianos.
El asesor general de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, cuestionó que las autoridades jurisdiccionales no hayan dado respuesta a la demanda iniciada el 18 de noviembre del pasado año. Denunció que hasta la fecha no existe ningún responsable entre los cinco involucrados.
“Un año y sin justicia. Se ha demostrado que la estructura ha sido mal diseñada y construida, pero no hay resultados. Ni siquiera existe el acta de la audiencia cautelar”.
La Alcaldía inició un proceso penal en contra del exalcalde Castellanos, el proyectista y supervisor de la obra Nelson Vega, el representante legal de la empresa Álvarez Ltda. Víctor Hugo Álvarez, el exoficial Mayor Administrativo y Financiero de la Alcaldía Oswaldo Delgadillo y el exoficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial y actual concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez.
El director de la Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, dijo que dejó de lado ese tema porque está en manos de la Contraloría General del Estado.
La Contraloría intervino en el caso de oficio y emitió un informe preliminar con indicios de responsabilidad, “por incumplimiento al objeto del contrato” en el contratista y el supervisor”.
Los involucrados presentaron sus pruebas de descargo y, según Bustos, una vez que la Contraloría concluya el análisis emitirá un informe complementario “ratificando o levantando” las responsabilidades.
La plataforma fue demolida en mayo de 2015 y, en la actualidad, la zona fue rehabilitada para la circulación vehicular.
HOSPITAL La obra del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel de 6 millones de bolivianos, que comenzó su construcción en 2007, está paralizada desde 2010. Hay 12 personas vinculadas a las irregularidades. Entre ellas, el exalcalde Terceros, un exoficial mayor técnico, el representante de la empresa constructora, el supervisor, el fiscal y siete personas más.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía informó que emitieron dos informes. Uno estuvo referido a la recuperación de 147 mil bolivianos por el daño económico derivado de la construcción sin planos del helipuerto. El otro está relacionado a un informe “por todo el hospital, todos los daños”, que se remitió a la instancia jurídica para iniciar las acciones legales. “Tengo entendido que ya se notificó a los involucrados”.
GLORIETAS El asesor general de la Alcaldía informó sobre la ejecución de glorietas con irregularidades. Hay alrededor de cinco exfuncionarios, que habrían incurrido también en delitos de corrupción.
Coca dijo que “pese a que en las planillas se señalaba un informe de avance físico determinado, en la verificación no existía y eran trabajos defectuosos”.
Manifestó que se siguió los procesos respectivos contra exfuncionarios.
SIN OPERAR Las autoridades anunciaron que hay otro proceso en puerta. La planta de reciclaje de residuos sólidos de K’ara K’ara, situada al lado derecho del ingreso, está sin funcionar.
Bustos manifestó que ya tiene un informe con un avance del 90 por ciento para iniciar un proceso penal y que en unas tres semanas se concluirá. “Va a haber muchos procesados, estamos trabajando en la cuantificación”.
CERRADO Entretanto, aunque ya hay sentenciados, desde que se concluyó el mercado Santa Bárbara, en 2008, con una inversión de nueve millones de bolivianos, permanece cerrado. El concejal Jiménez recordó que se hizo un proceso penal, en 2013, que derivó en sentencias en contra del exalcalde Terceros y dos dirigentes de los comerciantes por cobros irregulares para la ejecución de la obra. Mientras el tema no se esclarece, la infraestructura se deteriora y los vendedores instalan sus puestos alrededor del nuevo, pero abandonando el mercado.
Observación
Sergio Coca cuestionó que cuando hay procesos contra gente del MAS son rechazados o sobreseidos, pero para los opositores “hay detención preventiva o juicios orales”.
3
Años de prisión
El exalcalde Gonzalo Terceros fue sentenciado a tres años de prisión por irregularidades en la ejecución del mercado Santa Bárbara. Fue favorecido con el perdón judicial, por lo que no fue recluido en la cárcel.
Dos comerciantes también recibieron sentencia.
Apuntes
En revisión
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía de Cochabamba, Erick Bustos, informó que existen auditorías solicitadas que están en la Dirección de Transparencia, porque hay casos que implican responsabilidad administrativa. Explicó que una vez que esta instancia concluya su trabajo, le corresponderá a Auditoría Interna verificar los proyectos.
El concejal Edwin Jiménez manifestó que desde el pleno del Concejo Municipal se solicitó auditorías a los procesos de adjudicación de distribuidores vehiculares:
* Nudo viario Beijing y Blanco Galindo, que tuvo una inversión mayor a los 100 millones de bolivianos. Fue inaugurado durante la primera quincena de septiembre de este año, aunque las obras menores continuaron después.
* Puente de las avenidas 6 de Agosto y Barrientos, ejecutado con una inversión mayor a 60 millones de bolivianos. Está concluido.
* Paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto y República, de 46 millones de bolivianos. Ya fue entregado.
* Puente de la avenida 6 de Agosto y Panamericana, de 13 millones de bolivianos. En la actualidad está cerrado porque fue ejecutado con el mismo sistema de tirantes de la plataforma hundida del puente de la avenida Independencia. Desde la Alcaldía informaron que ya hay una empresa adjudicada para trabajar en la rehabilitación de esta obra.
El director de Auditoría Interna de la Alcaldía manifestó que estas obras están pendientes para una próxima etapa, “el próximo año”.
Bustos argumentó que cuenta con poco personal para la cantidad de tareas que le corresponde a su Unidad.
Recomendación
Considerando que ahora la Alcaldía de Cochabamba puede aprobar proyectos de hasta 70 millones de bolivianos sin que lleguen al Concejo Municipal, el concejal Jiménez recomendó al Ejecutivo contar con estudios a diseño final para que existan elementos suficientes antes de lanzar una adjudicación. “Deben tener supervisores, fiscales de obra para hacer seguimiento y control, en lo que respecta a la calidad de las obras y al cumplimiento de los plazos de ejecución”. Acotó que se debe revisar los currículos de las empresas, la experiencia específica, general, la solvencia financiera, porque pueden ser aspectos contraproducentes a futuro, cuando se apliquen auditorías.
Dirigente de FBF Imputan a Torrico por falsificar notas para su título de abogado
El secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz, Walter Torrico, fue aprehendido ayer y hoy debe comparecer ante un juez; está imputado por el delito de falsedad material en relación a la falsificación de notas en la carrera de Derecho de la UMSA para obtener su título de abogado.
La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su representante legal Javier Tapia, interpuso una demanda penal en contra de Torrico, acusándolo de ejercer de manera indebida la profesión de abogado.
El lunes, Torrico se presentó ante la fiscal Amparo Morales, quien lo citó para tomarle declaración informativa, pero el dirigente se abstuvo y se refugió a su derecho al silencio.
Ante ese hecho y con indicios suficientes, la fiscal optó por una aprehensión directa, la cual fue ejecutada ayer por la mañana.
El dirigente es sindicado en varias irregularidades, entre ellas falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión y se le amplió la denuncia por incurrir en legitimación de ganancias.
A esa denuncia se adhirió el Ministerio de Justicia, asimismo el Colegio de Abogados de La Paz también interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Torrico y otros presuntos falsos abogados, acusándolos de falsificar sus certificados de notas con el objetivo de obtener su título profesional.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, manifestó que Torrico “estaba ejerciendo la profesión falsamente hace 15 años” y desde el Ministerio de Justicia se conoce que hay 30 casos similares.
Las denuncias, en los últimos meses, de abogados que ejercen de manera ilegal la profesión se incrementó, y ya algunos ya se encuentran detenidos en San Pedro, pero todavía hay casos en investigación.
La Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su representante legal Javier Tapia, interpuso una demanda penal en contra de Torrico, acusándolo de ejercer de manera indebida la profesión de abogado.
El lunes, Torrico se presentó ante la fiscal Amparo Morales, quien lo citó para tomarle declaración informativa, pero el dirigente se abstuvo y se refugió a su derecho al silencio.
Ante ese hecho y con indicios suficientes, la fiscal optó por una aprehensión directa, la cual fue ejecutada ayer por la mañana.
El dirigente es sindicado en varias irregularidades, entre ellas falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de la profesión y se le amplió la denuncia por incurrir en legitimación de ganancias.
A esa denuncia se adhirió el Ministerio de Justicia, asimismo el Colegio de Abogados de La Paz también interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Torrico y otros presuntos falsos abogados, acusándolos de falsificar sus certificados de notas con el objetivo de obtener su título profesional.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, manifestó que Torrico “estaba ejerciendo la profesión falsamente hace 15 años” y desde el Ministerio de Justicia se conoce que hay 30 casos similares.
Las denuncias, en los últimos meses, de abogados que ejercen de manera ilegal la profesión se incrementó, y ya algunos ya se encuentran detenidos en San Pedro, pero todavía hay casos en investigación.
miércoles, 19 de octubre de 2016
Fondo Indígena Rojas pide postergar informe en comisión
Mediante una carta dirigida a la comisión indígena de la Cámara de Senadores, el director del programa Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Eugenio Rojas, pidió la postergación del informe oral previsto para mañana.
En la misma misiva, Rojas, argumentando su inasistencia por atender temas de emergencia en las provincias del departamento de La Paz, solicitó una nueva reprogramación para noviembre.
El fin de la presentación de Rojas, ante la comisión indígena del Senado, era la presentación del informe final de la liquidadora del Exfondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que fue cerrada por varias denuncias de corrupción. El segundo punto es explicar el nuevo modelo de gestión en el actual FFDI, para conocer los mecanismos que se emplearán, para evitar hechos irregulares en el trabajo.
El presidente de esta comisión, el senador Óscar Ortiz de Unidad Demócrata (UD), fue quien pidió el informe al director del FDI, argumentando que había muchas dudas sobre el trabajo que van a desarrollar, los proyectos y los desembolsos.
En la misma misiva, Rojas, argumentando su inasistencia por atender temas de emergencia en las provincias del departamento de La Paz, solicitó una nueva reprogramación para noviembre.
El fin de la presentación de Rojas, ante la comisión indígena del Senado, era la presentación del informe final de la liquidadora del Exfondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que fue cerrada por varias denuncias de corrupción. El segundo punto es explicar el nuevo modelo de gestión en el actual FFDI, para conocer los mecanismos que se emplearán, para evitar hechos irregulares en el trabajo.
El presidente de esta comisión, el senador Óscar Ortiz de Unidad Demócrata (UD), fue quien pidió el informe al director del FDI, argumentando que había muchas dudas sobre el trabajo que van a desarrollar, los proyectos y los desembolsos.
Por el tema del fondo indígena Un certificado dilata la salida de Achacollo
La libertad, bajo la figura de "cesación a la detención preventiva" de Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, según su abogado, Ángel Mercado, depende de la presentación de algunos documentos, entre ellos la certificación vía "requerimiento fiscal" sobre un predio ganadero de 291 hectáreas situado en el municipio de San Ignacio de Velasco, en una propiedad llamada "Las Perlitas". Dicha acreditación deben ser hechas por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). La exautoridad del Estado, está detenida desde el pasado 6 de agosto por las irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Indígena (Fondioc).
"Estamos preparando la documentación para presentar la solicitud a la detención preventiva. Entre otros documentos a recabarse, es el referente a la certificación, previo requerimiento del Fiscal, que debe hacer Fegasacruz sobre la veracidad del predio que tiene la señora Achacollo en San Ignacio de Velasco", informó.
Situación del proceso. Según la información a la que tuvo acceso El Día, el fiscal de materia, Ángelo Jairo Saravia, remitió el pasado 6 de octubre el requerimiento de certificación ante la Fegasacruz.
Dicha institución del sector ganadero recepcionó la solicitud el 13 de octubre, en el que se pide certificar los aportes realizados por Achacollo como socia de Fegasacruz, además sobre los trabajos que realiza en la propiedad Las Perlitas, de 391 hectáreas del municipio San Ignacio, provincia Velasco.
En respuesta a dicha solicitud, la entidad ganadera respondió el pasado viernes ante el fiscal Saravia, en sentido que dicha instancia que aglutina al sector ganadero de Santa Cruz, no tiene la competencia para certificar dicho requerimiento. Además remarca que Achacollo no es socia de Fegasacruz. "Nosotros le hemos respondido en sentido que nosotros no registramos a las personas individuales sino a las asociaciones de ganaderos. Además no somos un ente oficial que registra las propiedades", argumentó Javier Landívar, Gerente General de Fegasacruz.
"Estamos preparando la documentación para presentar la solicitud a la detención preventiva. Entre otros documentos a recabarse, es el referente a la certificación, previo requerimiento del Fiscal, que debe hacer Fegasacruz sobre la veracidad del predio que tiene la señora Achacollo en San Ignacio de Velasco", informó.
Situación del proceso. Según la información a la que tuvo acceso El Día, el fiscal de materia, Ángelo Jairo Saravia, remitió el pasado 6 de octubre el requerimiento de certificación ante la Fegasacruz.
Dicha institución del sector ganadero recepcionó la solicitud el 13 de octubre, en el que se pide certificar los aportes realizados por Achacollo como socia de Fegasacruz, además sobre los trabajos que realiza en la propiedad Las Perlitas, de 391 hectáreas del municipio San Ignacio, provincia Velasco.
En respuesta a dicha solicitud, la entidad ganadera respondió el pasado viernes ante el fiscal Saravia, en sentido que dicha instancia que aglutina al sector ganadero de Santa Cruz, no tiene la competencia para certificar dicho requerimiento. Además remarca que Achacollo no es socia de Fegasacruz. "Nosotros le hemos respondido en sentido que nosotros no registramos a las personas individuales sino a las asociaciones de ganaderos. Además no somos un ente oficial que registra las propiedades", argumentó Javier Landívar, Gerente General de Fegasacruz.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)