Ante las nuevas revelaciones del fiscal Marcelo Soza, mediante un informe presentado ante el Consejo Nacional de Refugiados (CONARE) en Brasil, en el que menciona la sistemática injerencia del Gobierno, vía el "gabinete jurídico" que ordenó la radicatoria del caso Rózsa en la ciudad de La Paz y no así en Santa Cruz, es considerada por la defensa de los acusados como un hecho de manipulación flagrante de la justicia. "Lo que denunciaba la senadora Carmen Eva Gonzales, ahora ha sido plenamente corroborado por el denunciado (Fiscal Soza). Él tenía a su cargo este proceso, es el que más conoce este caso, entonces no se puede restar su credibilidad", señaló William Vilar, abogado de la senadora del CN.
Un hecho denunciado. El exjuez Luis Hernando Tapia Pachi, en su momento fue quien encaró al Gobierno que el caso debería ser conocido en el lugar donde ocurrieron los hechos. Por esa situación el citado juez fue procesado."Ahora puedo entender las razones del por qué este caso radica en la ciudad de La Paz sin ningún control, sometiendo de esa manera a toda posibilidad de tener una verdad de los hechos tal como el derecho manda", dijo hace poco en contacto con El Día.
Respuesta del Gobierno. El Ministro de Gobierno descalificó las aseveraciones de Soza, mencionando que solo busca confundir al Conare para lograr su condición de refugiado político. En respuesta e ello, Vilar señaló que el Gobierno debería aclarar esas afirmaciones. "De lo contrario harán que Soza logre su refugio", apuntó.
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