La Fiscalía General del Estado designó a dos fiscales más, uno de Sucre y otro de La Paz, para reforzar el juicio por supuesto terrorismo que debe reiniciarse el lunes en la capital cruceña. Sin embargo, esa designación fue calificada por la defensa de los procesados como una acción de desconfianza de los fiscales antiguos como Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez e Iván Ortiz.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó de que fueron incorporados de manera oficial los fiscales Óscar Vera, de Chuquisaca; y Javier Monasterios, de La Paz, para llevar adelante un caso considerado complejo.
“Hemos tomado la decisión de reforzar nuestra comisión de fiscales que ahora está conformada por cinco miembros. Ellos asistirán a las audiencias de este juicio que se reinicia este lunes después de más de dos meses de paralización del proceso, debido a una recusación dilatoria planteada por uno de los acusados en contra del Tribunal de Sentencia. Estamos en condiciones de demostrar con pruebas lo planteado, por lo que se les acusa a las 39 personas involucradas”, manifestó Guerrero.
Enfatizó que se pedirá a la justicia que las audiencias del juicio tengan una continuidad de por lo menos dos semanas de trabajo al mes.
Por su parte, Gary Prado, abogado defensor de los procesados, aseguró que los nuevos fiscales seguramente pilotarán el caso porque las mismas autoridades del Ministerio Público ya no confían en Céspedes, ni en Ortiz ni en Rodríguez.
Para el jurista Otto Ritter, la incorporación de más fiscales significa que la Fiscalía General le ha quitado la confianza a Céspedes y a Rodríguez “porque no nos olvidemos de que son amigos del exfiscal Marcelo Soza, compartieron cumpleaños y fiestas”.
Demanda por carta de Soza
Los abogados Gary Prado y Otto Ritter viajaron a La Paz y acudieron a la Cancillería para exigir que se legalice la carta escrita por el exfiscal Marcelo Soza con el rótulo Al pueblo de Bolivia. Los juristas expresaron que desde el 21 de abril la Cancillería tiene en su poder la carta y no da respuesta, por lo que creen que se trata de otra grave intromisión para no dar curso a la legalización del documento, en el que Soza dijo que fue obligado a fabricar pruebas para incriminar a líderes cruceños en el caso terrorismo.
Anunciaron que preparan una demanda constitucional contra la Cancillería, que de forma arbitraria no legaliza la carta y más bien cuestiona el contenido
El juicio y los jueces
1. El reinicio del juicio está marcado para el lunes 2 de junio a las 15:30 en Santa Cruz. El tribunal será el mismo, presidido por Sixto Fernández y las juezas ciudadanas Anastasia Calizaya y Sonia Mamani, que fueron recusadas por aceptar que tienen familiares trabajando para el Gobierno.
2. La conformación del mismo tribunal fue cuestionada por los abogados de los procesados, que aseguran que es ilegal.
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