Sillones de cuero negro en un costado de la gran oficina de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, permiten la comodidad y distensión de nuestra entrevistada. La conversación con El Día está marcada por una jornada inusual de movilizaciones de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas en la sede de Gobierno y un ambiente preelectoral con miras a las elecciones presidenciales.
P. Usted mencionó en un informe reciente, que a la fecha el Ministerio de Transparencia procesó 13.293 casos de los cuales ya existen 88 sentencias, lo cual parece mínimo.
N.S.: Tengo que decir que es cierto, que puede parecer que es el 1% (de los casos), pero es que no terminan de entender las personas que nosotros no investigamos, porque no es nuestra tarea, el único que investiga es el Ministerio Público.
Tampoco sancionamos, porque es tarea del Órgano Judicial, hemos denunciado, por esa razón la retardación a 48 servidores del Órgano Judicial entre vocales, jueces y personal subalterno y a casi 40 fiscales de todo el país por el retraso, hay una retardación importante en el procesamiento de casos.
Lo que reclamo es que la justicia tenga la celeridad, porque así como representantes de los intereses del Estado, quiero una respuesta hacia las denuncias presentadas.
P. ¿Tenemos jueces y fiscales preparados para luchar contra la corrupción?
N.S.: Hemos hecho dos diplomados sobre temas que tienen que ver con transparencia y lucha contra la corrupción con profesores anticorrupción.
En esa oportunidad, se preparó a la gente que podría presentarse a los exámenes para optar por estos cargos, es un tema difícil.
Cuando asumí el ministerio, no era la especialista, pero fui aprendiendo, mirando legislaciones de otros países, hubo mucha capacitación a nivel interno.
Tiene que ver con una voluntad de parte del Órgano Judicial de contar con un buen equipo de abogados anticorrupción.
P. La presidenta del Consejo de la Magistratura argumentó que los recursos asignados han sido insuficientes, pero a la par la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pidió una auditoría por un supuesto desvío de recursos de una partida a otra. ¿Cuál es su criterio al respecto?
N.S.: También reclamé, porque teniendo dinero para el nombramiento de nuevos jueces anticorrupción, no es posible que lo designen para otro rubro, sobre todo para temas administrativos, lo que denota debilidad de parte del Órgano Judicial.
Pero el otro tema que tenemos, es que si denunciamos por retardación a un juez ya sea en La Paz o Santa Cruz, los casos que procesa el Ministerio de Transparencia, los sigue conociendo el juez, y claro esos casos no van a avanzar nunca, hay audiencias que se fijan de aquí a diez meses, realmente es una vergüenza porque son casos que tienen que ver con el Estado.
P. ¿De los casos considerados importantes para el Estado, hubo avances importantes en los procesos?
N.S.: Lo que hacemos es procesar y solicitar información al denunciado y a los denunciantes y pedimos la información, cruzamos las mismas y si hay serios indicios de que hubo corrupción se lo remite al Ministerio Público.
Una vez que ya está en la Fiscalía, hacemos seguimiento para que no se quede en el olvido. Hay avances lentos e imputaciones, en Papelbol está con acusación formal, y en otros casos que tienen que ver con recursos del Estado, como el caso del Mutún que se hizo notificaciones incluso por edictos, porque los procesados están fuera del país.
P. De las 88 sentencias por delitos de corrupción, llamó la atención que solo un caso tocara a un alto funcionario del Gobierno.¿Qué pasó?
N.S.: Denunciamos a tres ministros de nuestro Gobierno, aun no tenemos sentencia, uno está para juicio de responsabilidades porque fue antes de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y hay otros dos casos que están en proceso.
P. ¿De quiénes hablamos?
N.S.: Del exministro de Desarrollo Rural, la exministra de Defensa Legal del Estado y la exministra de Salud que son casos que están en procesamiento. Pero también debo decir que no hay denuncias en contra de ministras, viceministras, y si han habido han sido desvirtuadas por la misma documentación que pasamos al Ministerio Público. También tenemos sentencias en contra de diputados del MAS, alcaldes del MAS que por supuesto demuestra que la lucha contra la corrupción es contra quien sea.
P. Desde la oposición hay la percepción que el Ministerio de Transparencia se convirtió en un brazo operativo del Gobierno
N.S.: Eso es completamente falso, lo estoy diciendo, tenemos sentencias contra alcaldes, exautoridades de Dircabi (Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico), contra exdiputados del MAS, es una cosa que cae por su propio peso. Los denunciados y procesados que incluso son jefes de partidos de la oposición, prefectos, ministros que cometieron hechos de corrupción y que se ha presentado la prueba. Pedimos a Naciones Unidas que hagan auditoría jurídica de los casos que tenemos, de las denuncias y estamos abiertos a que una entidad seria y responsable haga una auditoría, que no sea del oficialismo ni de la oposición.
P. Del Granado dijo que usted cuando quiere actúa de oficio e incluso le inició dos procesos.
N.S.: No actuamos de oficio, eso sería nulo, en el caso de Emaverde recibí una denuncia, para que él sepa, porque es con reserva de nombre, pero es de un exservidor de la Alcaldía paceña.
P. ¿Hay niveles de coordinación?
N.S.: Lo vuelvo a decir pero a veces no se quiere entender, si manejáramos la justicia, el Ministerio Público, no habría 88, sino 500 sentencias. Pero se puede deber a las excusas de jueces porque si manejáramos la justicia diríamos no hagan caso y dicten sentencia, pedimos y mandamos notas, implorando que se haga justicia.
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