El fiscal asignado al caso terrorismo, Sergio Céspedes, descartó cualquier posibilidad de procesar o de incluir en el juicio a Raúl García Linera, hermano del vicepresidente del Estado, o a Luis Clavijo, ambos aludidos por el exfiscal Marcelo Soza en la carta que dirigió al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, cuando solicitó refugio en ese país.
“Legalmente no se puede incorporar a ninguna otra persona en el juicio porque se estarían violando los derechos de esa persona al debido proceso, ellos no fueron investigados y cualquier juicio tiene etapas que se cumplen; ahora bien, si cree conveniente el que denuncia puede presentar su querella, pero en este caso específico ya no se puede incluir a nadie”, dijo el fiscal.
Su colega, Marco Antonio Rodríguez, afirmó que de ser ciertas las afirmaciones que realiza Soza en su carta, coloca en un puesto delicado a su excolega porque estaría contradiciendo su propio trabajo y recordó que Marcelo Soza fue el principal investigador del caso.
“Eso es desdecir lo que él afirmó en su momento; él fue la autoridad que había presentado una acusación, la ha sostenido ante la autoridad competente, ha exigido y solicitado el procesamiento de 39 personas; si ahora dice que está mal, seguro que tendrá sus razones; sin embargo, el proceso debe continuar hasta que se emita una resolución que se denomina sentencia”, afirmó.
Soza y su carta
En un abundante documento de datos, el 25 de abril, cuando solicitó refugio político a Brasil, Soza enumeró los detalles de cómo Raúl García Linera, Luis Clavijo y el fallecido Carlos Núñez del Prado planificaron el proceso, desde la denuncia que realizaron ante la Fiscalía el 14 de abril, para tener control jurisdiccional, hasta el operativo en el hotel Las Américas y la posterior investigación. Según su declaración, a lo largo de todo ese tiempo hubo intervención directa de las autoridades desde el Ejecutivo.
Según el exfiscal, el 14 de abril, el día de la denuncia en La Paz, Rózsa y su grupo, que estaban alojados en el hotel Asturias, se fueron a Las Américas. Mientras, de forma paralela los principales financiadores del grupo huyeron a EEUU y a Uruguay. El exfiscal cita a Luis Orlando Justiniano, Humberto Costas, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Juan Carlos Velarde de ser parte de ese grupo.
Buscados
EL DEBER buscó a Luis Clavijo y al abogado Carlos Subirana (también citado en la carta y acusado de sacar provecho de este caso), quienes tienen domicilio en Santa Cruz, pero no fue posible lograr una versión de los mismos; es más, se conoció extraoficialmente que Subirana está de viaje.
Los fiscales Céspedes y Rodríguez, por separado, recordaron la posición oficial del Ministerio Público, que fue expresada por su principal autoridad, Ramiro Guerrero. Dicha autoridad restó legalidad a los documentos presentados por Soza en Brasil y dijo que cualquier denuncia debía ser personal
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