jueves, 29 de enero de 2015

Caso de corrupción en YPFB En la mira de Fiscalía otros funcionarios involucrados

El fiscal Leopoldo Ramos informó que existen al menos dos contratos en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales realizó compras a la empresa Servicio Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El representante del Ministerio Público precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos sobre la adquisición de memorias flash y poleras para la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China, realizada en Santa Cruz en junio de 2014, durante la gestión de Amanda Dávila como ministra. Erbol visitó la oficina de Salinas, pero una funcionaria la excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible, asimismo, su teléfono celular estuvo apagado, en horas de la tarde, y en la noche no contestó.

En cuanto al caso de las memorias flash, Ramos explicó que, haciendo una comparación, el Ministerio compró estos dispositivos a un monto mayor al que se pueden adquirir en una tienda, donde están disponibles hasta en 60 bolivianos. Sugirió que esa diferencia se puede explicar por "la calidad del flash, la forma el diseño, todo eso entra en la especificación que ellos (los contratantes) han realizado".

Sobre las poleras, la autoridad mostró un documento en que Salinas encomienda a la empresa Bravo garantizar la provisión de 550 prendas con el logotipo del G77.

Ramos anticipó que Salinas será convocada a declarar en calidad de testigo, y que las demás personas mencionadas en los documentos también serán requeridas "para que vayan aclarando un poco la firma de contratos y adjudicaciones de servicios".

La misma empresa, Bravo, tiene como representante legal a Luis Bell, hijo de Selva Camacho, y como contacto comercial a Yalile Bravo, todos ellos detenidos preventivamente por el caso de corrupción en YPFB.

Esta compañía está acusada de favorecerse irregularmente con un contrato de 484 mil dólares de YPFB Transporte, para la provisión de 44 vallas publicitarias con motivo del G77.

El Fiscal aseveró que Yalile Bravo "nunca jamás" mencionó los contratos con YPFB. "Nosotros teníamos solamente el contrato de las vallas nada más, por otros medios hemos investigado estas otras adjudicaciones", recordó.

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