Leopoldo Ramos, fiscal que atendía el caso de una posible red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue alejado del proceso, por determinación de la fiscal de Distrito, Patricia Santos. La decisión se conoció luego de que el presidente Evo Morales realizara el reclamó para que Ramos envíe las denuncias formales al Palacio de Gobierno, sobre que la presunta red de corrupción, también está ligada a los gastos dispendiosos en los que se habría incurrido en la Cumbre del G77.
Ramos declaró a EL DIARIO que la determinación de su alejamiento había sido asumida por la fiscal de Distrito, Patricia Santos, y que respondía a una repentina política de rotación por el Ministerio Público, pero que estas no estaban programadas y obedecían a lo que los superiores determinaban.
Al realizar la “rotación” el fiscal Ramos fue alejado de todos los procesos que tenía a su cargo, siendo detenido a la Unidad de Solución Temprana.
En el marco de su investigación, Ramos reveló que la empresa de Servicios Integrales y Comunicación “Bravo”, involucrada en la red de corrupción de YPFB, también tiene vínculos en la contratación que el Ministerio de Comunicación realizó para la elaboración de recuerdos y poleras para la Cumbre de G77+China.
“Tengo aquí dos contratos y nos faltaría ver el tercero, de las poleras son 58 mil y de 255 flash son más de 100 mil, serían como más de 150 mil bolivianos lo que firmó Comunicación con la empresa Bravo, pero aún faltaba ver documentos”, detalló el fiscal a los medios.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, corroboró la versión y detalló que los cambios son de tipo rutinario. “Estamos operando varios cambios, estamos rotando fiscales, estamos cambiando a fiscales que ya estaban por mucho tiempo en ciertas unidades (…), algunos fiscales que nunca fueron están yendo a provincia, por lo que se terminaron los privilegios para algunos que eran intocables, vamos a seguir con esos cambios, es parte de las decisiones que hemos tomado en esta semana”, dijo.
Horas antes de que se conociera el alejamiento del fiscal Ramos, el presidente Evo Morales anunció el “seguimiento al caso”, luego de calificar de “políticas e ilegales” las declaraciones del fiscal.
“Quisiera que el fiscal Ramos presente cómo se ha contratado esa empresa y aquí, que canten los documentos de los contratos (…). Yo soy el más interesado para saber si es así o no y pido públicamente que el fiscal me mande toda la documentación, sus denuncias al Palacio y al Presidente”, señaló en conferencia de prensa.
Morales pidió al fiscal Ramos que presente documentación sobre el supuesto contrato que habría suscrito el Ministerio de Comunicación con la empresa de Servicios Integrales y Comunicacionales Bravo, involucrada en la presunta red de corrupción.
La directa involucrada en el Ministerio de Comunicación, fue la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, quien afirmó que “no llegó a culminar el proceso administrativo” de contratación debido a que Bravo no cumplía con la normativa vigente para cualquier tipo de contratación de servicio
En horas de la noche, el portal digital de la Red Erbol, publicó los documentos que el presidente Morales había solicitado.
"La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, firmó y selló la recepción de 252 memorias flash y 555 poleras que entregó la empresa Servicios Integrales y Comunicación 'Bravo' -acusada de corrupción por YPFB- al Ministerio de Comunicación, con motivo de la Reunión Conmemorativa del 50 Aniversario del G77+China que se realizó entre el 14 y 15 de junio de 2014 en Santa Cruz", dice en el inicio de la nota de esta red.
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