Son 130 diputados y 36 senadores que tiene el Estado boliviano y a quienes se paga un salario mensual que ha ido aumentando en los cinco años de gestión que cumplen en estos días. En este tiempo muchos de los legisladores multiplicaron su fortuna, otro porcentaje la mantuvo y un número menor disminuyó el monto de su declaración de bienes, así se corrobora en una revisión de las declaraciones juradas de los legisladores.
EL DEBER accedió a esas declaraciones en 2009, realizadas ante la Contraloría General del Estado, y hoy las comparó con las declaraciones que prestaron los legisladores en 2014; así se evidenció la diferencia entre uno y otro año.
Los datos
Por su parte, el propio Gobierno revisó, hasta el viernes, 105 declaraciones de funcionarios de la Fiscalía, Policía y el Órgano Judicial, de los cuales 50 fueron remitidos al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones. Es así que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, dijo que las pesquisas pueden ampliarse al ámbito político, aunque pidió una denuncia específica de cada uno de los casos.
Suxo recordó que en el pasado los políticos hacían sus fortunas cuando estaban en funciones públicas y que eso se convierte en enriquecimiento ilícito; pero en esta primera revisión no se incluyeron las declaraciones de ningún dirigente político del oficialismo o la oposición.
Los senadores y diputados consultados expresaron su predisposición a ser investigados porque en su criterio no existe ninguna irregularidad.
El diputado Alejandro Zapata, cuyo patrimonio se incrementó un 1.055% en cinco años, dijo que la evolución de sus ahorros puede ser investigada en cualquier momento. Zapata declaró el 4 de enero de 2010 un patrimonio neto de Bs 18.000 y el 31 de diciembre de 2014 esa suma se elevó a Bs 190.000 .
El senador Isaac Ávalos, cuyo patrimonio también creció un 267,7%, dijo que el incremento se debió a la revalorización de las tierras que tiene en el oriente. “Antes la hectárea podía costar 200 dólares, ahora es 3.000 o 4.000 mil dólares”, dijo y negó el aumento de sus propiedades pero sí el valor de esos terrenos.
Según los documentos de la Contraloría General del Estado (CGE), Ávalos tenía un patrimonio de Bs 417.650 en 2010 y la cifra subió a Bs 1.118.120.
Los casos
La reducción del patrimonio se presenta en contados casos como el del diputado Adrián Oliva (CN), cuyo patrimonio en 2010 era de 352.474 bolivianos y se redujo a 38.999, lo que significa que Oliva perdió 313.475 bolivianos y representa una pérdida de 903,8 por ciento de su patrimonio.
El diputado masista Edwin Tupa, quien fuera uno de los jefes de bancada del oficialismo, declaró en 2010 que tenía Bs 4.220.790 y se redujeron a Bs 2.019.252, lo que representa una pérdida del 52.1%. Tupa sufrió un robo de maquinaria de la empresa familiar que tiene en Montero, Santa Cruz, y dos incendios de depósitos.
Las sumas
El caso del ex jefe de la brigada de Santa Cruz Andrés Gallardo es curioso, porque este legislador declaró en 2010 que tenía saldo en contra de Bs 5.100 y terminó su gestión registrando Bs 158.804.
Gallardo explicó que este aumento se debe a una herencia que recibió de su madre, cuya situación está regularizando y que una vez acabe el proceso, los bienes serán redistribuidos entre sus hijos, por lo que la cifra volverá a bajar. También admitió que en su última declaración incluyó un auto de $us 32.000, cuyo crédito sigue pagando.
La diputada Adriana Gil incrementó su patrimonio en Bs 3.500 porque en 2010 tenía en bienes Bs 2.597.000 y en 2014 alcanzó 2.600.500, eso significa que su patrimonio creció en apenas 0.13%. Según los diputados entrevistados, los casos sospechosos deberían ser investigados para despejar las dudas que existen. Ávalos sugirió crear una comisión del Ministerio de Transparencia para que investigue todas las declaraciones.
Recordó las palabras del presidente, Evo Morales, quien en varias ocasiones dijo que hoy la política dejó de ser un negocio y se convirtió en servicio.
El exdiputado Javier Zabaleta declaró que todos los datos de los legisladores están en manos del Estado y que podrían verificar sus fortunas. La ministra Suxo afirmó que muchas veces los sindicados declaran a nombre de sus familiares los bienes que tienen, por lo que se deben “cruzar” los datos con otras instancias del Estado
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