La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, consideró que los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) involucrados en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, debieran ser destituidos y procesados.
"Si yo veo que aquí hay algo en mi ministerio, por supuesto (que) lo destituyo, no sólo lo destituyo (sino) le abro proceso, eso depende de cada (ministerio)”, dijo Suxo, al ser consultada sobre los altos ejecutivos de YPFB que son investigados por enriquecimiento ilícito y que aún permanecen en sus cargos.
En febrero del año pasado, Página Siete informó que la Fiscalía de Santa Cruz abrió investigación contra Marcelo Canseco, director jurídico; Edwin Aldunate, gerente nacional de Administración y Finanzas, y Gerson Rojas, exgerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos, en base a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
El caso fue trasladado a la Fiscalía Departamental de La Paz a solicitud de Canseco y Aldunate.
De acuerdo con los documentos a los que accedió este diario, la UIF también investigó a Mario Salazar Gonzales, actualmente gerente general de Proyectos y Plantas de YPFB, por legitimación de ganancias ilícitas.
La UIF estableció que este funcionario omitió declarar cuatro cuentas bancarias y sus movimientos financieros los realizó en 12 cuentas; además, registró cuatro bienes inmuebles e igual número de vehículos y realizó movimientos bancarios importantes sin explicación.
Los ingresos de Salazar oscilaban entre 15.382 bolivianos y 16.592, además de 400 dólares por el alquiler de un bien inmueble, según el informe.
Consultada sobre si estas personas forman parte de la verificación de las declaraciones juradas enviadas por su ministerio a la Fiscalía, la ministra Suxo sostuvo: "No”. "Eso tiene que ver con otro tema, tiene que ver con enriquecimiento ilícito que lo presentó la UIF, eso está en el Ministerio Público”, sostuvo.
Tras la publicación del informe de la UIF en este matutino el año pasado, ambos funcionarios en conferencia de prensa manifestaron que conocían "extraoficialmente” de la existencia de un informe de la UIF sobre "legitimación de ganancias ilícitas”.
"Es un informe (de la UIF) totalmente unilateral, hasta discrecional diría yo. De lo poco que he podido observar, hace mención a movimientos de cuentas, pero para nada se refiere a mi patrimonio”, afirmó Edwin Aldunate en esa ocasión.
En relación a este caso, el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, sostuvo que los funcionarios mencionados sólo serían suspendidos de sus funciones con imputación fiscal.
"Tomaré decisiones cuando la comisión de fiscales impute a los ejecutivos de YPFB, y si hay imputación, inmediatamente yo inicio un proceso administrativo interno. Segundo, pido la renuncia de los imputados”.
Suxo se refirió ayer al tema de Yacimientos tras denunciar enriquecimiento ilícito y omisión en las declaraciones juradas de funcionarios vinculados a las unidades de transparencia de la Policía, Fiscalía y juzgados.
Recientemente, YPFB denunció la existencia de una presunta red de extorsión y corrupción en su unidad de comunicación. Varias personas fueron detenidas, entre ellas Selva Camacho.
Ministra pide mayor celeridad
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, pidió al Ministerio Público que "acelere” la investigación de los cinco casos de funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuyas declaraciones juradas no coincidían con sus ingresos.
Lamentó que la Fiscalía devolviera los folders por "absurdas” observaciones. "Nos han devuelto bajo el argumento que la carátula estaba de color amarillo en vez de ser roja, así han sido las (observaciones). Les hemos vuelto a remitir, hemos cambiado la carátula. Eran observaciones totalmente absurdas”, criticó.
El 8 de febrero de 2014, la ministra dijo sobre este caso: "Hemos podido detectar que hay cuatro personas cuyos ingresos no están de acuerdo con lo percibido (...). Hay un incremento que no es sostenible con los ingresos que han tenido”.
Ni el ministerio ni la Fiscalía General quisieron dar, en ese entonces, más detalles sobre las observaciones en la verificación de las declaraciones juradas de los altos ejecutivos.
Ante la insistencia de información de Página Siete, Suxo acusó a este medio de "amedrentar” a su equipo de comunicación.
"Hemos remitido de cinco altos funcionarios de YPFB. Esa ha sido una de las razones también por las cuáles hemos hablado con el fiscal general”, informó. Página Siete buscó la contraparte de la Fiscalía, aunque dijeron que responderían, no lo hicieron hasta ahora.
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