La Fiscalía General del Estado designó a dos fiscales más, uno de Sucre y otro de La Paz, para reforzar el juicio por supuesto terrorismo que debe reiniciarse el lunes en la capital cruceña. Sin embargo, esa designación fue calificada por la defensa de los procesados como una acción de desconfianza de los fiscales antiguos como Sergio Céspedes, Marco Antonio Rodríguez e Iván Ortiz.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó de que fueron incorporados de manera oficial los fiscales Óscar Vera, de Chuquisaca; y Javier Monasterios, de La Paz, para llevar adelante un caso considerado complejo.
“Hemos tomado la decisión de reforzar nuestra comisión de fiscales que ahora está conformada por cinco miembros. Ellos asistirán a las audiencias de este juicio que se reinicia este lunes después de más de dos meses de paralización del proceso, debido a una recusación dilatoria planteada por uno de los acusados en contra del Tribunal de Sentencia. Estamos en condiciones de demostrar con pruebas lo planteado, por lo que se les acusa a las 39 personas involucradas”, manifestó Guerrero.
Enfatizó que se pedirá a la justicia que las audiencias del juicio tengan una continuidad de por lo menos dos semanas de trabajo al mes.
Por su parte, Gary Prado, abogado defensor de los procesados, aseguró que los nuevos fiscales seguramente pilotarán el caso porque las mismas autoridades del Ministerio Público ya no confían en Céspedes, ni en Ortiz ni en Rodríguez.
Para el jurista Otto Ritter, la incorporación de más fiscales significa que la Fiscalía General le ha quitado la confianza a Céspedes y a Rodríguez “porque no nos olvidemos de que son amigos del exfiscal Marcelo Soza, compartieron cumpleaños y fiestas”.
Demanda por carta de Soza
Los abogados Gary Prado y Otto Ritter viajaron a La Paz y acudieron a la Cancillería para exigir que se legalice la carta escrita por el exfiscal Marcelo Soza con el rótulo Al pueblo de Bolivia. Los juristas expresaron que desde el 21 de abril la Cancillería tiene en su poder la carta y no da respuesta, por lo que creen que se trata de otra grave intromisión para no dar curso a la legalización del documento, en el que Soza dijo que fue obligado a fabricar pruebas para incriminar a líderes cruceños en el caso terrorismo.
Anunciaron que preparan una demanda constitucional contra la Cancillería, que de forma arbitraria no legaliza la carta y más bien cuestiona el contenido
El juicio y los jueces
1. El reinicio del juicio está marcado para el lunes 2 de junio a las 15:30 en Santa Cruz. El tribunal será el mismo, presidido por Sixto Fernández y las juezas ciudadanas Anastasia Calizaya y Sonia Mamani, que fueron recusadas por aceptar que tienen familiares trabajando para el Gobierno.
2. La conformación del mismo tribunal fue cuestionada por los abogados de los procesados, que aseguran que es ilegal.
viernes, 30 de mayo de 2014
jueves, 29 de mayo de 2014
Auditorías por “malversación” en Enabol duraron cuatro años
Las auditorías del Ministerio de Defensa para determinar responsabilidades por la malversación de más de 1,6 millones de dólares en la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) duraron cuatro años y hasta la fecha aún no se notificó a los implicados en el caso.
Las auditorías tampoco llegaron al Ministerio Público.
El ministerio realizó dos auditorías -en 2009 y en 2012- de un hecho que conoció en 2008.
La última auditoría concluyó en 2013 y hasta la fecha los implicados -el exgerente general Enzo Confessori y el exdirector administrativo Fidel Gamboa- no fueron notificados, según confirmó el Ministerio de Defensa.
El titular de esta cartera de Estado, Rubén Saavedra, informó ayer que los resultados de la auditoría están en "curso de notificación a los involucrados”.
Una vez "concluido ese proceso, el Ministerio de Defensa presentará una denuncia en el Ministerio Público para que estas personas sean sancionadas en la vía penal, pero también se logre la recuperación y el resarcimiento del daño económico que se ha ocasionado al Estado”, dijo.
Página Siete supo que Confessori ya está jubilado y pasó a la reserva pasiva y vive en el oriente. Gamboa tiene detención domiciliaria por el caso barcazas.
Según un documento "confidencial” al que Página Siete tuvo acceso, el hecho ocurrió en 2006. Sin embargo, Saavedra informó que fue en 2004 cuando Enabol depositó 1,2 millones de euros (1,63 millones de dólares) a plazo fijo en el Stanford Internacional Bank , presuntamente para ganar intereses altos.
"Está prohibido que cualquier institución pública realice depósitos en el extranjero. Es el primer acto ilegal”, afirmó Saavedra, quien agregó que las personas que asumieron esas decisiones tendrán que responder a la justicia por sus actos. Su despacho dijo que se trata de "otra malversación realizada por militares”.
Página Siete insistió en conocer detalles de las auditorías y solicitó información a Enabol sobre el destino de los intereses que obtuvo esa empresa estatal hasta 2009, año en que quebró el banco, y si el directorio conocía y autorizó dicho depósito, entre otros temas. Aún no hay respuesta.
Extraoficialmente se conoció que el directorio de la empresa conocía de los depósitos.
Este caso fue revelado este lunes por Página Siete, y ese día el Ministerio de Defensa hizo conocer que se asumieron acciones por esas irregularidades.
Enabol tiene encima otro escándalo financiero. Se trata de la estafa en 2010 en la compra de 16 barcazas y dos empujadores, por los que pagó casi 30 millones de dólares a una empresa china. Hoy, las barcazas están a punto de ser rematadas en China.
Arce insiste en librar de culpa a Defensa
El procurador general del Estado, Héctor Arce, reiteró ayer que el Ministerio de Defensa y su despacho están libres de responsabilidad en el caso de la estafa en la compra de las 16 barcazas y dos empujadores.
Señaló como principal responsable de este hecho a la Empresa Naviera Boliviana (Enabol). "No es responsabilidad de la Procuraduría ni del Ministerio de Defensa. Aquí hubo un proceso de contratación... (a cargo de) una empresa (Enabol) que tiene toda la autonomía de gestión y de manejo económico”, argumentó la autoridad en declaraciones a la prensa.
Las 16 barcazas tienen orden de remate en la República de China.
Con relación a los dos empujadores, aún no fueron concluidos y también existe otro conflicto legal.
Ambos productos costaron al Estado casi 30 millones de dólares. La Enabol pagó todo al contado y por adelantando, pese a que las normas lo prohibían.
Por este caso fueron detenidos exfuncionarios de la Enabol. Su exgerente Freddy Ballesteros aseguró que el directorio y el ministro conocían todas las determinaciones asumidas.
Ministerio de Defensa anuncia juicio a 2 militares
El Ministerio de Defensa denunciará ante la Fiscalía Departamental de Justicia a los militares Edson Confessori y Fidel Gamboa, implicados en el desfalco de recursos de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), anunció ayer el ministro Rubén Saavedra.
"Estos oficiales están implicados con los cuatro depósitos que se hizo a nombre de Enabol a Stanford International Bank en las Bahamas y asciende a 1,6 millones de dólares”, precisó el ministro de Defensa en declaraciones a los periodistas.
Informó que por ese hecho el Ministerio de Defensa ordenó una auditoría a la administración de Enabol en 2009, proceso que concluyó en 2013 y que estableció responsabilidades por daño económico.
"Por ello, está en curso la notificación a los implicados y una vez que concluya el procedimiento y cuidando que se cumpla el debido proceso, el uso del derecho de defensa y la presunción de inocencia, concluido el proceso, se presentará la denuncia ante el Ministerio Público”, advirtió.
Saavedra recordó que en 2004 los administradores de Enabol de ese entonces Miguel Ángel Romero y Juan Edwin Velasco depositaron cerca de 1,6 millones de dólares en ese banco internacional.
En 2007 el entonces gerente de Enabol Edson Confessori y Fidel Gamboa renovaron esos depósitos por ese monto, agregó.
"En 2009 ese banco fue declarado en quiebra, fue intervenida la institución financiera y comunicó a sus acreedores, entre ellos a Enabol, que no está en condiciones de recibir más depósitos; pero lo más grave, que tampoco podía atender solicitudes de retiro de fondo”, explicó el ministro Saavedra.
Las auditorías tampoco llegaron al Ministerio Público.
El ministerio realizó dos auditorías -en 2009 y en 2012- de un hecho que conoció en 2008.
La última auditoría concluyó en 2013 y hasta la fecha los implicados -el exgerente general Enzo Confessori y el exdirector administrativo Fidel Gamboa- no fueron notificados, según confirmó el Ministerio de Defensa.
El titular de esta cartera de Estado, Rubén Saavedra, informó ayer que los resultados de la auditoría están en "curso de notificación a los involucrados”.
Una vez "concluido ese proceso, el Ministerio de Defensa presentará una denuncia en el Ministerio Público para que estas personas sean sancionadas en la vía penal, pero también se logre la recuperación y el resarcimiento del daño económico que se ha ocasionado al Estado”, dijo.
Página Siete supo que Confessori ya está jubilado y pasó a la reserva pasiva y vive en el oriente. Gamboa tiene detención domiciliaria por el caso barcazas.
Según un documento "confidencial” al que Página Siete tuvo acceso, el hecho ocurrió en 2006. Sin embargo, Saavedra informó que fue en 2004 cuando Enabol depositó 1,2 millones de euros (1,63 millones de dólares) a plazo fijo en el Stanford Internacional Bank , presuntamente para ganar intereses altos.
"Está prohibido que cualquier institución pública realice depósitos en el extranjero. Es el primer acto ilegal”, afirmó Saavedra, quien agregó que las personas que asumieron esas decisiones tendrán que responder a la justicia por sus actos. Su despacho dijo que se trata de "otra malversación realizada por militares”.
Página Siete insistió en conocer detalles de las auditorías y solicitó información a Enabol sobre el destino de los intereses que obtuvo esa empresa estatal hasta 2009, año en que quebró el banco, y si el directorio conocía y autorizó dicho depósito, entre otros temas. Aún no hay respuesta.
Extraoficialmente se conoció que el directorio de la empresa conocía de los depósitos.
Este caso fue revelado este lunes por Página Siete, y ese día el Ministerio de Defensa hizo conocer que se asumieron acciones por esas irregularidades.
Enabol tiene encima otro escándalo financiero. Se trata de la estafa en 2010 en la compra de 16 barcazas y dos empujadores, por los que pagó casi 30 millones de dólares a una empresa china. Hoy, las barcazas están a punto de ser rematadas en China.
Arce insiste en librar de culpa a Defensa
El procurador general del Estado, Héctor Arce, reiteró ayer que el Ministerio de Defensa y su despacho están libres de responsabilidad en el caso de la estafa en la compra de las 16 barcazas y dos empujadores.
Señaló como principal responsable de este hecho a la Empresa Naviera Boliviana (Enabol). "No es responsabilidad de la Procuraduría ni del Ministerio de Defensa. Aquí hubo un proceso de contratación... (a cargo de) una empresa (Enabol) que tiene toda la autonomía de gestión y de manejo económico”, argumentó la autoridad en declaraciones a la prensa.
Las 16 barcazas tienen orden de remate en la República de China.
Con relación a los dos empujadores, aún no fueron concluidos y también existe otro conflicto legal.
Ambos productos costaron al Estado casi 30 millones de dólares. La Enabol pagó todo al contado y por adelantando, pese a que las normas lo prohibían.
Por este caso fueron detenidos exfuncionarios de la Enabol. Su exgerente Freddy Ballesteros aseguró que el directorio y el ministro conocían todas las determinaciones asumidas.
Ministerio de Defensa anuncia juicio a 2 militares
El Ministerio de Defensa denunciará ante la Fiscalía Departamental de Justicia a los militares Edson Confessori y Fidel Gamboa, implicados en el desfalco de recursos de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), anunció ayer el ministro Rubén Saavedra.
"Estos oficiales están implicados con los cuatro depósitos que se hizo a nombre de Enabol a Stanford International Bank en las Bahamas y asciende a 1,6 millones de dólares”, precisó el ministro de Defensa en declaraciones a los periodistas.
Informó que por ese hecho el Ministerio de Defensa ordenó una auditoría a la administración de Enabol en 2009, proceso que concluyó en 2013 y que estableció responsabilidades por daño económico.
"Por ello, está en curso la notificación a los implicados y una vez que concluya el procedimiento y cuidando que se cumpla el debido proceso, el uso del derecho de defensa y la presunción de inocencia, concluido el proceso, se presentará la denuncia ante el Ministerio Público”, advirtió.
Saavedra recordó que en 2004 los administradores de Enabol de ese entonces Miguel Ángel Romero y Juan Edwin Velasco depositaron cerca de 1,6 millones de dólares en ese banco internacional.
En 2007 el entonces gerente de Enabol Edson Confessori y Fidel Gamboa renovaron esos depósitos por ese monto, agregó.
"En 2009 ese banco fue declarado en quiebra, fue intervenida la institución financiera y comunicó a sus acreedores, entre ellos a Enabol, que no está en condiciones de recibir más depósitos; pero lo más grave, que tampoco podía atender solicitudes de retiro de fondo”, explicó el ministro Saavedra.
Kudelka señala que Soza le “obligó” a incriminar a Branko
Juan Kudelka Zalles, acusado en los casos terrorismo I y II, denunció que en 2010, cuando prestó su declaración informativa ante el exfiscal Marcelo Soza, éste lo obligó a incriminar al excívico Branko Marinkovic con el presunto grupo separatista liderado por Eduardo Rózsa Flores.
"Soza me obligó a incriminar a Branko. Me insistió que reconozca un número de celular que presuntamente pertenecía a Branko, del que yo habría recibido una llamada”, informó Kudelka en declaraciones a Página Siete.
Otra de las personas que lo presionó para incriminar a Marinkovic -dijo Kudelka- fue el policía Pérez (Página Siete guarda en reserva el nombre de este policía), quien lo escoltó a su audiencia cautelar. "Pérez se detuvo y me dijo ‘ésta es tu última oportunidad. Si colaboras te vas a tu casa esta noche o, si no, irás preso’. No acepté negociar mi libertad a cambio de incriminar a Branko Marinkovic”, dijo.
Antes de Soza y Pérez, Luis Clavijo, el fallecido Carlos Núñez del Prado y el hijo de éste lo habrían secuestrado y sometido a tortura psicológica para involucrar a Branko Marinkovic, quien fue su jefe en la empresa Industrias Oleaginosas (IOL).
Kudelka relata que en 2010 decidió retornar de EEUU a Bolivia para decir su verdad y que Luis Clavijo se contactó con él para pedirle que no llegara directo a La Paz, porque había gente que no quería que declarara y que por esa situación cambió su arribo a Buenos Aires, Argentina.
"Llegué la madrugada del 9 de marzo de 2010 a Buenos Aires, me fui directo al hotel Avenida como me ordenó Clavijo. Por la mañana, Clavijo me citó a la cafetería del hotel, ahí me interrogó y luego volví a mi habitación. Por la tarde me citó a su cuarto (en el hotel), donde estuvieron Leo Benito, Carlos Núñez del Prado y su hijo”, relató.
Según Kudelka, los cuatro sujetos le pidieron grabar un video, en el que debía informar que retornaba a Bolivia por su propia voluntad. "Me explicaron que el video iba a ser enviado a su jefe para que autorice nuestro retorno. Luego de varias horas, me comunicaron que mi retorno a Bolivia estaba autorizado”.
Su llegada a Bolivia -dice Kudelka- fue en compañía de los cuatro sujetos y por tierra, por Bermejo. Una vez en La Paz, lo secuestraron por tres días y sin comida, porque se negaba a firmar una declaración. Dijo que no aguantó más el maltrato y aceptó firmar la declaración que involucraba a Branko, y "fue validada por Soza”.
Tras ese hecho, dice que estuvo libre por cuatro meses, y una noche en Santa Cruz, Núñez del Prado, Clavijo, Soza y el mayor Aguilera lo sacaron de una reunión para pedirle que declare contra algunos empresarios cruceños.
"Me rehusé. Después de cuatro días recibí una citación para ir a La Paz para una segunda declaración, y desde esa oportunidad me encuentro en la cárcel de San Pedro”, relató Kudelka.
Lo que Soza dijo
Presidente Soza dice que en una ocasión el Mandatario lo llamó para preguntarle sobre "la súbita” llegada de Kudelka a Bolivia de Buenos Aires.
Informe Luego de esa reunión, Soza dice que fue convocado por Llorenti, quien le informó que el objetivo del retorno de Kudelka era incriminar a Branko Marinkovic y a otros.
Libertad "(Llorenti) me dijo que el acuerdo con Kudelka era ponerlo en libertad irrestricta, y que él se declararía culpable, con delito de pena menor, y con esta prueba se consolidarían los objetivos políticos”, relató el exfiscal ante el Conare.
Juicio por terrorismo se reanudará el 2 de junio
ABI / La Paz
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, informó que el juicio oral en el caso terrorismo I se reanudará el próximo lunes 2 de junio en la ciudad de Santa Cruz, con la toma de declaración de Gelafio Santiesteban, uno de los 39 acusados.
Informó que realizará una reprogramación de las fechas para la continuidad del juicio oral y contradictorio, que se encuentra en la etapa de las declaraciones.
La autoridad judicial manifestó que se espera que todas las partes implicadas en el proceso se presenten para reinstalar la audiencia de juicio, que encara el tribunal de sentencia integrado por dos jueces técnicos y los ciudadanos.
Sixto Fernández señaló que para no dilatar más el juicio, resolverá varios incidentes que presentaron los coimputados. Entre ésos citó a Zvonko Matkovic Rivera, que planteó la cesación a la detención preventiva, además de otros planteados por el boliviano croata Mario Francisco Tadic y Alberto Melgar, que buscan modificar sus medidas cautelares a la detención preventiva.
Son 39 los acusados por terrorismo y alzamiento armado, de los cuales 17 fueron declarados rebeldes, 22 están en el país, de los cuales nueve están recluidos en los penales de San Pedro de La Paz, de Palmasola en Santa Cruz y de Mocovi en Beni.
"Soza me obligó a incriminar a Branko. Me insistió que reconozca un número de celular que presuntamente pertenecía a Branko, del que yo habría recibido una llamada”, informó Kudelka en declaraciones a Página Siete.
Otra de las personas que lo presionó para incriminar a Marinkovic -dijo Kudelka- fue el policía Pérez (Página Siete guarda en reserva el nombre de este policía), quien lo escoltó a su audiencia cautelar. "Pérez se detuvo y me dijo ‘ésta es tu última oportunidad. Si colaboras te vas a tu casa esta noche o, si no, irás preso’. No acepté negociar mi libertad a cambio de incriminar a Branko Marinkovic”, dijo.
Antes de Soza y Pérez, Luis Clavijo, el fallecido Carlos Núñez del Prado y el hijo de éste lo habrían secuestrado y sometido a tortura psicológica para involucrar a Branko Marinkovic, quien fue su jefe en la empresa Industrias Oleaginosas (IOL).
Kudelka relata que en 2010 decidió retornar de EEUU a Bolivia para decir su verdad y que Luis Clavijo se contactó con él para pedirle que no llegara directo a La Paz, porque había gente que no quería que declarara y que por esa situación cambió su arribo a Buenos Aires, Argentina.
"Llegué la madrugada del 9 de marzo de 2010 a Buenos Aires, me fui directo al hotel Avenida como me ordenó Clavijo. Por la mañana, Clavijo me citó a la cafetería del hotel, ahí me interrogó y luego volví a mi habitación. Por la tarde me citó a su cuarto (en el hotel), donde estuvieron Leo Benito, Carlos Núñez del Prado y su hijo”, relató.
Según Kudelka, los cuatro sujetos le pidieron grabar un video, en el que debía informar que retornaba a Bolivia por su propia voluntad. "Me explicaron que el video iba a ser enviado a su jefe para que autorice nuestro retorno. Luego de varias horas, me comunicaron que mi retorno a Bolivia estaba autorizado”.
Su llegada a Bolivia -dice Kudelka- fue en compañía de los cuatro sujetos y por tierra, por Bermejo. Una vez en La Paz, lo secuestraron por tres días y sin comida, porque se negaba a firmar una declaración. Dijo que no aguantó más el maltrato y aceptó firmar la declaración que involucraba a Branko, y "fue validada por Soza”.
Tras ese hecho, dice que estuvo libre por cuatro meses, y una noche en Santa Cruz, Núñez del Prado, Clavijo, Soza y el mayor Aguilera lo sacaron de una reunión para pedirle que declare contra algunos empresarios cruceños.
"Me rehusé. Después de cuatro días recibí una citación para ir a La Paz para una segunda declaración, y desde esa oportunidad me encuentro en la cárcel de San Pedro”, relató Kudelka.
Lo que Soza dijo
Presidente Soza dice que en una ocasión el Mandatario lo llamó para preguntarle sobre "la súbita” llegada de Kudelka a Bolivia de Buenos Aires.
Informe Luego de esa reunión, Soza dice que fue convocado por Llorenti, quien le informó que el objetivo del retorno de Kudelka era incriminar a Branko Marinkovic y a otros.
Libertad "(Llorenti) me dijo que el acuerdo con Kudelka era ponerlo en libertad irrestricta, y que él se declararía culpable, con delito de pena menor, y con esta prueba se consolidarían los objetivos políticos”, relató el exfiscal ante el Conare.
Juicio por terrorismo se reanudará el 2 de junio
ABI / La Paz
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, informó que el juicio oral en el caso terrorismo I se reanudará el próximo lunes 2 de junio en la ciudad de Santa Cruz, con la toma de declaración de Gelafio Santiesteban, uno de los 39 acusados.
Informó que realizará una reprogramación de las fechas para la continuidad del juicio oral y contradictorio, que se encuentra en la etapa de las declaraciones.
La autoridad judicial manifestó que se espera que todas las partes implicadas en el proceso se presenten para reinstalar la audiencia de juicio, que encara el tribunal de sentencia integrado por dos jueces técnicos y los ciudadanos.
Sixto Fernández señaló que para no dilatar más el juicio, resolverá varios incidentes que presentaron los coimputados. Entre ésos citó a Zvonko Matkovic Rivera, que planteó la cesación a la detención preventiva, además de otros planteados por el boliviano croata Mario Francisco Tadic y Alberto Melgar, que buscan modificar sus medidas cautelares a la detención preventiva.
Son 39 los acusados por terrorismo y alzamiento armado, de los cuales 17 fueron declarados rebeldes, 22 están en el país, de los cuales nueve están recluidos en los penales de San Pedro de La Paz, de Palmasola en Santa Cruz y de Mocovi en Beni.
miércoles, 28 de mayo de 2014
Romero dice que dedicatoria de Evo a exfiscal Soza en libro no prueba nada
El exfiscal Marcelo Soza presentó ante el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, un libro autografiado por el presidente Evo Morales como una prueba de sus reuniones con él para abordar el caso Terrorismo. Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tal hecho no significa nada y no prueba que Soza se haya reunido con el Jefe de Estado.
Luego de una reunión en la Vicepresidencia, ayer, el ministro Romero reiteró que el exfiscal nunca solicitó tener una audiencia con el presidente Evo Morales o el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Eso no significa nada, yo no sé si será válida la dedicatoria en un libro, porque bueno uno puede dedicar un libro a cualquiera, se acerca una persona y uno le hace una dedicatoria y le pone al ilustre ciudadano, a quien le ofrezco mis servicios, le firma un libro, eso no significa nada”, afirmó Romero.
Respecto a quién debe hacer la representación ante el Brasil para pedir la extradición del exfiscal, Romero dijo que esta labor corresponde al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, considerando que Soza tiene cuentas con la justicia y no es un perseguido político. Desde Brasil el exfiscal del caso Terrorismo dio detalles de una reunión que sostuvo con el presidente Morales, encuentro en el que el mandatario le habría obsequiado un libro autografiado, en reconocimiento a su labor en defensa de la patria.
El libro
En el texto se lee: “Para el Dr. Marcelo Soza con profundo respeto y admiración por su defensa a la Patria”, seguido de la firma del Jefe de Estado, sin fecha, escrita sobre las primeras páginas de un libro titulado “Constituyendo y Conduciendo un Nuevo País”, que describe la marcha por la nueva Constitución Política del Estado.
El documento forma parte de las pruebas entregadas por Soza al Conare el 28 de abril pasado. Según Soza el encuentro se realizó en la calle 20 de Octubre en el departamento que se utiliza para reuniones reservadas. “Le informé al primer mandatario sobre el estado del proceso.
Le manifesté que era necesario que se haga una investigación exhaustiva del operativo en el hotel Las Américas porque consideraba que las muertes de tres ciudadanos europeos fueron innecesarias y que podía haberse evitado”, señala su declaración.
Son mentiras del exfiscal
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que sorprende la capacidad de mentir del exfiscal del denominado caso Terrorismo, Marcelo Soza, que aseguró que se reunió con personeros del Gobierno y con los jueces ciudadanos del caso separatismo. “Me sorprende la capacidad de mentir de mucha gente, se dice que el Ministro de reunió con los jueces ciudadanos, con los del Tribunal y con los abogados que están presos en Palmasola, que en ese momento eran, se dice, funcionarios del Ministerio de Gobierno y que no les habría dicho que tienen que agilizar la sentencia en ese proceso del separatismo”, justificó.
Romero también negó las denuncias de la senadora Carmen Eva Gonzales, quien mostró fotografìas sobre una supuesta reunión entre funcionarios de Gobierno e implicados en caso separtismo. Dijo que fue una conferencia de prensa.
Luego de una reunión en la Vicepresidencia, ayer, el ministro Romero reiteró que el exfiscal nunca solicitó tener una audiencia con el presidente Evo Morales o el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Eso no significa nada, yo no sé si será válida la dedicatoria en un libro, porque bueno uno puede dedicar un libro a cualquiera, se acerca una persona y uno le hace una dedicatoria y le pone al ilustre ciudadano, a quien le ofrezco mis servicios, le firma un libro, eso no significa nada”, afirmó Romero.
Respecto a quién debe hacer la representación ante el Brasil para pedir la extradición del exfiscal, Romero dijo que esta labor corresponde al fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, considerando que Soza tiene cuentas con la justicia y no es un perseguido político. Desde Brasil el exfiscal del caso Terrorismo dio detalles de una reunión que sostuvo con el presidente Morales, encuentro en el que el mandatario le habría obsequiado un libro autografiado, en reconocimiento a su labor en defensa de la patria.
El libro
En el texto se lee: “Para el Dr. Marcelo Soza con profundo respeto y admiración por su defensa a la Patria”, seguido de la firma del Jefe de Estado, sin fecha, escrita sobre las primeras páginas de un libro titulado “Constituyendo y Conduciendo un Nuevo País”, que describe la marcha por la nueva Constitución Política del Estado.
El documento forma parte de las pruebas entregadas por Soza al Conare el 28 de abril pasado. Según Soza el encuentro se realizó en la calle 20 de Octubre en el departamento que se utiliza para reuniones reservadas. “Le informé al primer mandatario sobre el estado del proceso.
Le manifesté que era necesario que se haga una investigación exhaustiva del operativo en el hotel Las Américas porque consideraba que las muertes de tres ciudadanos europeos fueron innecesarias y que podía haberse evitado”, señala su declaración.
Son mentiras del exfiscal
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que sorprende la capacidad de mentir del exfiscal del denominado caso Terrorismo, Marcelo Soza, que aseguró que se reunió con personeros del Gobierno y con los jueces ciudadanos del caso separatismo. “Me sorprende la capacidad de mentir de mucha gente, se dice que el Ministro de reunió con los jueces ciudadanos, con los del Tribunal y con los abogados que están presos en Palmasola, que en ese momento eran, se dice, funcionarios del Ministerio de Gobierno y que no les habría dicho que tienen que agilizar la sentencia en ese proceso del separatismo”, justificó.
Romero también negó las denuncias de la senadora Carmen Eva Gonzales, quien mostró fotografìas sobre una supuesta reunión entre funcionarios de Gobierno e implicados en caso separtismo. Dijo que fue una conferencia de prensa.
Dirección de Enabol pidió a Evo al menos $us 21 millones
Un informe reservado enviado en diciembre de 2013 por el director de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Nelson Ustáriz, al presidente Evo Morales, sugería al Gobierno emplear “el poder económico del país” para solucionar el caso de la compra de 16 barcazas y dos empujadores retenidos en China con el aporte de más de $us 21,5 millones.
El documento, al que tuvo acceso este medio, tiene dos conclusiones: “La falta de liquidez en Enabol impide que la gerencia general tenga capacidad de ejercer su poder legal y lograr una solución eficaz a los problemas,” y “el traspaso de la responsabilidad de solución de los problemas previamente expuestos al Órgano Ejecutivo permitirá el empleo irrestricto del poder económico del país, de forma directa o indirecta, en la resolución”.
Situación económica
El informe expresa que hay que cubrir varios costos. Primero, un pago a la empresa DSSC, por la construcción y el almacenamiento. El monto total por el almacenamiento, construcción de las 16 barcazas y los intereses acumulados, sobrepasan los $us 4,5 millones.
Cifras adicionales, señala, para su alije y transporte marítimo “son necesarios añadir a esa cifra que dependerá de las negociaciones que realicen con las navieras, del tipo de transporte que se decida usar, de cómo se efectuará el transporte por partes o de manera total. Simplemente como referencia, un transporte semisumergible se alquila entero por $us 6 millones.
Los dos empujadores deben ser trasladados por la Landheng por $us 3,5 millones.
Las ocho barcazas de Lansheng cuestan $us 6,5 millones. Se prevé que el alije y desalije de los empujadores y barcazas, unos $us 1,6 millones. El costo en Buenos Aires, del registro y traslado de dos convoys hasta los puertos para el transporte de mineral para el que fueron construidos, demandará un millón. “Los dos empujes, 16 barcazas y las ocho adicionales alcanzará la cifra de $us 21,5 millones. El monto puede aumentar”, dice el documento
El documento, al que tuvo acceso este medio, tiene dos conclusiones: “La falta de liquidez en Enabol impide que la gerencia general tenga capacidad de ejercer su poder legal y lograr una solución eficaz a los problemas,” y “el traspaso de la responsabilidad de solución de los problemas previamente expuestos al Órgano Ejecutivo permitirá el empleo irrestricto del poder económico del país, de forma directa o indirecta, en la resolución”.
Situación económica
El informe expresa que hay que cubrir varios costos. Primero, un pago a la empresa DSSC, por la construcción y el almacenamiento. El monto total por el almacenamiento, construcción de las 16 barcazas y los intereses acumulados, sobrepasan los $us 4,5 millones.
Cifras adicionales, señala, para su alije y transporte marítimo “son necesarios añadir a esa cifra que dependerá de las negociaciones que realicen con las navieras, del tipo de transporte que se decida usar, de cómo se efectuará el transporte por partes o de manera total. Simplemente como referencia, un transporte semisumergible se alquila entero por $us 6 millones.
Los dos empujadores deben ser trasladados por la Landheng por $us 3,5 millones.
Las ocho barcazas de Lansheng cuestan $us 6,5 millones. Se prevé que el alije y desalije de los empujadores y barcazas, unos $us 1,6 millones. El costo en Buenos Aires, del registro y traslado de dos convoys hasta los puertos para el transporte de mineral para el que fueron construidos, demandará un millón. “Los dos empujes, 16 barcazas y las ocho adicionales alcanzará la cifra de $us 21,5 millones. El monto puede aumentar”, dice el documento
martes, 27 de mayo de 2014
Soza da detalles de su reunión con Evo y muestra un libro autografiado
El ex fiscal del caso terrorismo Marcelo Soza brindó ante el Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil detalles de una reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales, donde, según dijo, el Jefe de Estado le habría obsequiado un libro autografiado, en reconocimiento a su labor en defensa de la patria
En el texto se lee: “Para el Dr. Marcelo Soza con profundo respeto y admiración por su defensa a la Patria”, seguido de la firma del Jefe de Estado, sin fecha, escrita sobre las primeras páginas de un libro titulado “Constituyendo y Conduciendo un Nuevo País” que describe a marcha por la nueva Constitución Política del Estado
El documento forma parte de las pruebas entregadas al Conare de Brasil, Soza relata que esta declaración entregada el 28 de abril pasado al organismo de refugiados que: “En una de las reuniones que sostuvimos con el Presidente del Estado en la calle 20 de Octubre en el departamento que se utiliza para reuniones reservadas, le informé al primer mandatario sobre el estado del proceso. Le manifesté que era necesario que se haga una investigación exhaustiva del operativo en el hotel Las Américas porque consideraba que las muertes de tres ciudadanos europeos fueron innecesarias y que podía haberse evitado”
“En esa oportunidad me regaló un libro de su gobierno en el que me dedicaba en ese ejemplar con mucho cariño por mi trabajo y el gran aporte que realizaba al proceso de cambio. Este libro lo entrego a ustedes para que vean el trato que me dispensaba el Presidente”, señala el ex fiscal en ese documento, ahora con refugio temporal en Brasil, aduciendo persecución política de parte del actual gobierno
El ex representante del Ministerio Público sospechó que el presidente no era muy bien informado sobre este caso por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno y que en muchas oportunidades levantaban su nombre para decidir la liberación o detención de los imputados. “También en una oportunidad me dio todo su respaldo y dijo que sentía admiración por mi trabajo como profesional de derecho”, señala Soza en la declaración entregada al Conare.
NUNCA HA TENIDO REUNIONES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo este lunes que el presidente Evo Morales y el ex fiscal Marcelo Soza “nunca” tuvieron una reunión para abordar el caso Terrorismo, tal como afirmó éste último en su carta entregada al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil
“Precisamente yo esta mañana conversaba con el presidente y dice que nunca ha tenido reuniones con este señor Soza. En el Ministerio de la Presidencia no conocen, por lo menos el ministro (Juan Ramón) Quintana decía no conocen ninguna gestión formal para que el señor Soza haya tenido una audiencia con el presidente o el vicepresidente y no hay fiscales que tengan contacto con el presidente”, manifestó Romero. El ministro añadió que lo que busca el ex fiscal con estas declaraciones es “justificar” su situación en Brasil para conseguir, de parte del Conare, el estatus de refugiado político, por lo que calificó esta situación como una “canallada”.
MAS REVELACIONES
No obstante, el ex fiscal Marcelo Soza Álvarez entregó al Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil una declaración firmada donde detalla que fue convocado “en varias oportunidades” por el presidente Evo Morales para tratar exclusivamente el caso terrorismo I y manifestó que el vicepresidente Álvaro García Linera “conocía a detalle” el proceso “profundamente controlado por el Ministerio de Gobierno” a la cabeza de Sacha Llorenti
Soza explicó al organismo de refugiados, que al principio le llama la atención de que fuera el propio presidente del Estado Plurinacional, el que “me convocara a estas reuniones para tratar exclusivamente el caso Terrorismo I” y dijo que en una oportunidad Morales le preguntó sobre la súbita llegada de Juan Kudelka a Bolivia
“Me preguntó sobre la relación de Kudelka con Sacha Llorenti. En esa oportunidad yo le manifesté que tenía entendido que el que ordenó todo el operativo era el propio ministro, el que incluso acompañó personalmente el operativo desde el momento en que Juan Kudelka había aterrizado en la ciudad de Buenos Aires”, relató el ex fiscal en la declaración escrita y entregada al Conare el 28 de abril pasado al que tuvo acceso la ANF, donde anticipa la entrega de 118 pruebas entre documentos, audios y fotografías.
En el texto se lee: “Para el Dr. Marcelo Soza con profundo respeto y admiración por su defensa a la Patria”, seguido de la firma del Jefe de Estado, sin fecha, escrita sobre las primeras páginas de un libro titulado “Constituyendo y Conduciendo un Nuevo País” que describe a marcha por la nueva Constitución Política del Estado
El documento forma parte de las pruebas entregadas al Conare de Brasil, Soza relata que esta declaración entregada el 28 de abril pasado al organismo de refugiados que: “En una de las reuniones que sostuvimos con el Presidente del Estado en la calle 20 de Octubre en el departamento que se utiliza para reuniones reservadas, le informé al primer mandatario sobre el estado del proceso. Le manifesté que era necesario que se haga una investigación exhaustiva del operativo en el hotel Las Américas porque consideraba que las muertes de tres ciudadanos europeos fueron innecesarias y que podía haberse evitado”
“En esa oportunidad me regaló un libro de su gobierno en el que me dedicaba en ese ejemplar con mucho cariño por mi trabajo y el gran aporte que realizaba al proceso de cambio. Este libro lo entrego a ustedes para que vean el trato que me dispensaba el Presidente”, señala el ex fiscal en ese documento, ahora con refugio temporal en Brasil, aduciendo persecución política de parte del actual gobierno
El ex representante del Ministerio Público sospechó que el presidente no era muy bien informado sobre este caso por parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno y que en muchas oportunidades levantaban su nombre para decidir la liberación o detención de los imputados. “También en una oportunidad me dio todo su respaldo y dijo que sentía admiración por mi trabajo como profesional de derecho”, señala Soza en la declaración entregada al Conare.
NUNCA HA TENIDO REUNIONES
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo este lunes que el presidente Evo Morales y el ex fiscal Marcelo Soza “nunca” tuvieron una reunión para abordar el caso Terrorismo, tal como afirmó éste último en su carta entregada al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil
“Precisamente yo esta mañana conversaba con el presidente y dice que nunca ha tenido reuniones con este señor Soza. En el Ministerio de la Presidencia no conocen, por lo menos el ministro (Juan Ramón) Quintana decía no conocen ninguna gestión formal para que el señor Soza haya tenido una audiencia con el presidente o el vicepresidente y no hay fiscales que tengan contacto con el presidente”, manifestó Romero. El ministro añadió que lo que busca el ex fiscal con estas declaraciones es “justificar” su situación en Brasil para conseguir, de parte del Conare, el estatus de refugiado político, por lo que calificó esta situación como una “canallada”.
MAS REVELACIONES
No obstante, el ex fiscal Marcelo Soza Álvarez entregó al Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil una declaración firmada donde detalla que fue convocado “en varias oportunidades” por el presidente Evo Morales para tratar exclusivamente el caso terrorismo I y manifestó que el vicepresidente Álvaro García Linera “conocía a detalle” el proceso “profundamente controlado por el Ministerio de Gobierno” a la cabeza de Sacha Llorenti
Soza explicó al organismo de refugiados, que al principio le llama la atención de que fuera el propio presidente del Estado Plurinacional, el que “me convocara a estas reuniones para tratar exclusivamente el caso Terrorismo I” y dijo que en una oportunidad Morales le preguntó sobre la súbita llegada de Juan Kudelka a Bolivia
“Me preguntó sobre la relación de Kudelka con Sacha Llorenti. En esa oportunidad yo le manifesté que tenía entendido que el que ordenó todo el operativo era el propio ministro, el que incluso acompañó personalmente el operativo desde el momento en que Juan Kudelka había aterrizado en la ciudad de Buenos Aires”, relató el ex fiscal en la declaración escrita y entregada al Conare el 28 de abril pasado al que tuvo acceso la ANF, donde anticipa la entrega de 118 pruebas entre documentos, audios y fotografías.
Senadora Añez exige presencia de exfiscal para aclarar Terrorismo I
La senadora opositora Yanine Añez afirmó ayer que Marcelo Soza debe presentarse ante la Ley boliviana para aclarar pormenores respecto al caso Terrorismo I, después de haberse hecho públicas revelaciones efectuadas por el exfiscal respecto a que Evo Morales lo convocó “en varias oportunidades” cuando se investigaban los acontecimientos del hotel Las Américas en septiembre de 2009.
Al respecto, tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como los legisladores partidarios del Movimiento Al Socialismo, Carlos Aparicio y Flora Aguilar, calificaron de “chantaje de la derecha, las denuncias realizadas por Soza ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) del Brasil y difundidas en el país desde el pasado fin de semana”.
“INCOMODA AL GOBIERNO”
Añez declaró que “la presencia de Soza en Bolivia incomoda al Gobierno y por eso es preferible tenerlo lejos del país”.
Además, dijo que el Gobierno pretende descalificar al exfiscal porque no le conviene que hable., “antes Soza era el súper fiscal ahora es un delincuente”, puntualizó.
Dijo que Soza goza hasta el momento de preferencias del Gobierno que no quiere conformar una Comisión Especial como lo hizo con el caso de Róger Pinto.
“Ese es un ejemplo de la actuación del Ejecutivo al que le conviene que el exfiscal esté fuera del país”, reiteró la parlamentaria.
Por otra parte y en la misma línea la senadora Carmen Eva Gonzales advirtió que Soza tiene mucho que decir y será el Gobierno quien tendrá que dar explicaciones en su momento.
Consultada sobre los anuncios de hacer públicas más “revelaciones” en contra del Gobierno, la senadora dijo que esperará que el exfiscal diga todo lo que tenga que decir y si no lo hace, ella denunciará todo lo que sabe y advirtió que la documentación con que cuenta es vasta, empero, el pueblo tiene que conocer la verdad sobre el caso Terrorismo I.
OFICIALISMO SE DEFIENDE
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo ayer que el presidente Evo Morales y el exfiscal Marcelo Soza “nunca” tuvieron una reunión para abordar el caso Terrorismo, tal como afirmó este último en su carta entregada al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil.
En el documento entregado el pasado 28 de abril al Conare y al que tuvo acceso la ANF, Soza detalla que fue convocado “en varias oportunidades” por el presidente Evo Morales para tratar exclusivamente el caso Terrorismo I, además que el vicepresidente Álvaro García Linera “conocía a detalle” el proceso “profundamente controlado por el Ministerio de Gobierno”.
“Precisamente yo esta mañana conversaba con el Presidente y dice que nunca ha tenido reuniones con este señor Soza. En el Ministerio de la Presidencia no conocen, por lo menos el ministro (Juan Ramón) Quintana decía no conocen ninguna gestión formal para que el señor Soza haya tenido una audiencia con el presidente o el vicepresidente y no hay fiscales que tengan contacto con el presidente”, manifestó Romero.
El ministro añadió que lo que busca el exfiscal con estas declaraciones es “justificar” su situación en Brasil para conseguir, de parte del Conare, el estatus de refugiado político, por lo que calificó su accionar como una “canallada”.
“Ahora intenta politizar este caso, primero para favorecer a quienes le han contratado, le han pagado y segundo para justificar su solicitud de refugio ante el Conare, porque el Conare no puede otorgar refugio a un delincuente que fuga de la justicia boliviana”, sostuvo Romero.
El exfiscal salió del país para buscar refugio en Brasil el pasado 11 de marzo, denunciando que su vida estaba en riesgo por una persecución de parte del Gobierno y los acusados del caso Terrorismo, del cual estaba a cargo.
Las declaraciones de Romero se registraron al finalizar un evento llevado a cabo en las afueras de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), donde se entregó el proyecto de creación de un centro de innovación para el desarrollo integral de los Yungas de La Paz.
LEGISLADORES OFICIALISTAS
La diputada Flora Aguilar, presidenta de la bancada oficialista en la Cámara Baja, declaró que estas y otras denuncias no son más que una seguidilla de “chantajes” que inventa la derecha para desprestigiar a Evo Morales y al vicepresidente García.
Carlos Aparicio, de la misma bancada, desafió a Soza que “venga a Bolivia y que no sea cobarde”. “La voz de Soza no tiene ninguna validez si es que no lo hace ante la justicia boliviana”.
RELACIONES CON BRASIL
“Brasil no está conforme en su relación diplomática con Bolivia, y el hecho de no tener hasta ahora un embajador es síntoma de roce que interfiere las relaciones normales de ambos países”, declaró el senador Marcelo Antezana.
“Los brasileños tienen una línea de conducta de respeto a los convenios internacionales en cuanto a los asilos” por lo tanto “cualquier decisión del país vecino será en base a pruebas fundamentadas más allá del elemento político que pueda interferir en los caso pendientes que existen entre nuestras regiones”, agregó.
Al respecto, tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como los legisladores partidarios del Movimiento Al Socialismo, Carlos Aparicio y Flora Aguilar, calificaron de “chantaje de la derecha, las denuncias realizadas por Soza ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) del Brasil y difundidas en el país desde el pasado fin de semana”.
“INCOMODA AL GOBIERNO”
Añez declaró que “la presencia de Soza en Bolivia incomoda al Gobierno y por eso es preferible tenerlo lejos del país”.
Además, dijo que el Gobierno pretende descalificar al exfiscal porque no le conviene que hable., “antes Soza era el súper fiscal ahora es un delincuente”, puntualizó.
Dijo que Soza goza hasta el momento de preferencias del Gobierno que no quiere conformar una Comisión Especial como lo hizo con el caso de Róger Pinto.
“Ese es un ejemplo de la actuación del Ejecutivo al que le conviene que el exfiscal esté fuera del país”, reiteró la parlamentaria.
Por otra parte y en la misma línea la senadora Carmen Eva Gonzales advirtió que Soza tiene mucho que decir y será el Gobierno quien tendrá que dar explicaciones en su momento.
Consultada sobre los anuncios de hacer públicas más “revelaciones” en contra del Gobierno, la senadora dijo que esperará que el exfiscal diga todo lo que tenga que decir y si no lo hace, ella denunciará todo lo que sabe y advirtió que la documentación con que cuenta es vasta, empero, el pueblo tiene que conocer la verdad sobre el caso Terrorismo I.
OFICIALISMO SE DEFIENDE
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo ayer que el presidente Evo Morales y el exfiscal Marcelo Soza “nunca” tuvieron una reunión para abordar el caso Terrorismo, tal como afirmó este último en su carta entregada al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil.
En el documento entregado el pasado 28 de abril al Conare y al que tuvo acceso la ANF, Soza detalla que fue convocado “en varias oportunidades” por el presidente Evo Morales para tratar exclusivamente el caso Terrorismo I, además que el vicepresidente Álvaro García Linera “conocía a detalle” el proceso “profundamente controlado por el Ministerio de Gobierno”.
“Precisamente yo esta mañana conversaba con el Presidente y dice que nunca ha tenido reuniones con este señor Soza. En el Ministerio de la Presidencia no conocen, por lo menos el ministro (Juan Ramón) Quintana decía no conocen ninguna gestión formal para que el señor Soza haya tenido una audiencia con el presidente o el vicepresidente y no hay fiscales que tengan contacto con el presidente”, manifestó Romero.
El ministro añadió que lo que busca el exfiscal con estas declaraciones es “justificar” su situación en Brasil para conseguir, de parte del Conare, el estatus de refugiado político, por lo que calificó su accionar como una “canallada”.
“Ahora intenta politizar este caso, primero para favorecer a quienes le han contratado, le han pagado y segundo para justificar su solicitud de refugio ante el Conare, porque el Conare no puede otorgar refugio a un delincuente que fuga de la justicia boliviana”, sostuvo Romero.
El exfiscal salió del país para buscar refugio en Brasil el pasado 11 de marzo, denunciando que su vida estaba en riesgo por una persecución de parte del Gobierno y los acusados del caso Terrorismo, del cual estaba a cargo.
Las declaraciones de Romero se registraron al finalizar un evento llevado a cabo en las afueras de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), donde se entregó el proyecto de creación de un centro de innovación para el desarrollo integral de los Yungas de La Paz.
LEGISLADORES OFICIALISTAS
La diputada Flora Aguilar, presidenta de la bancada oficialista en la Cámara Baja, declaró que estas y otras denuncias no son más que una seguidilla de “chantajes” que inventa la derecha para desprestigiar a Evo Morales y al vicepresidente García.
Carlos Aparicio, de la misma bancada, desafió a Soza que “venga a Bolivia y que no sea cobarde”. “La voz de Soza no tiene ninguna validez si es que no lo hace ante la justicia boliviana”.
RELACIONES CON BRASIL
“Brasil no está conforme en su relación diplomática con Bolivia, y el hecho de no tener hasta ahora un embajador es síntoma de roce que interfiere las relaciones normales de ambos países”, declaró el senador Marcelo Antezana.
“Los brasileños tienen una línea de conducta de respeto a los convenios internacionales en cuanto a los asilos” por lo tanto “cualquier decisión del país vecino será en base a pruebas fundamentadas más allá del elemento político que pueda interferir en los caso pendientes que existen entre nuestras regiones”, agregó.
El ministerio ordenó dos auditorías en Enabol: en 2008 y en 2012 Defensa supo del depósito un año antes de quiebra de banco
El Ministerio de Defensa conoció en 2008 que la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) depositó 1,6 millones de dólares en el Stanford International Bank, un año antes de que esta entidad bancaria entre en bancarrota.
"De acuerdo a los antecedentes que cursan en los archivos del Ministerio de Defensa (se) tomó conocimiento de esos depósitos el año 2008”, manifestó ese despacho en respuesta a las consultas de Página Siete.
El Ministerio de Defensa, que tiene tuición sobre la Enabol, ordenó una auditoría sobre ese depósito en 2009, el año que el Stanford (con sede en Antigua Barbudas) quebró. Hasta ahora la empresa estatal no pudo recuperar ni un centavo de ese dinero.
De acuerdo al informe del Ministerio de Defensa, la primera auditoría identificó "responsabilidades administrativas” y una segunda auditoría de 2012 se realizó para "determinar las responsabilidades por el daño económico al Estado”.
En 2006, la Enabol depositó en una cuenta a plazo fijo 1,2 millones de euros, equivalentes a 1,63 millones de dólares (recursos del Estado) en un banco internacional, presuntamente porque los intereses eran más altos.
Para el Ministerio de Defensa se trata de un caso de "malversación” de recursos económicos porque "los depósitos deben hacerse en cuentas fiscales y no en bancos fuera del país”. En 2006, cuando se realizó la gestión para el depósito de los recursos, el gerente general de la empresa estatal era el capitán de navío Enzo Confessori. Cuando quebró la entidad bancaria, al frente de la empresa se encontraba el almirante Freddy Ballesteros.
Ocho años después de ese depósito recién se conoció este segundo escándalo económico de la empresa naviera boliviana.
Enabol también está involucrada en la irregular compra de 16 barcazas y dos empujadores, por casi 30 millones de dólares, dinero que está a punto de ser perdido. Enabol pagó por estos bienes por adelantado y al contado, y hasta la fecha ninguno de ellos llegó al país.
También Enabol pagó por concepto de transporte de las barcazas y empujadores -alrededor de tres millones de dólares-, pero no fue transportado nada.
Economista cuestiona depósitos fuera del país
Un economista y un senador del MAS advirtieron que ninguna institución del Estado, como es el caso de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), puede realizar depósitos de recursos públicos en bancos extranjeros.
El exsuperintendente de Empresas y economista Rolando Morales se mostró sorprendido sobre este hecho.
"No puede ser que una institución del sector público haga depósitos fuera de Bolivia... sólo el BCB puede hacer depósitos fuera del país”, afirmó; a no ser que exista una norma expresa para las Fuerzas Armadas en este sentido, comentó Morales.
El senador David Sánchez (MAS) manifestó que no está permitido que las instituciones del Estado, a pesar de ser autárquicas, puedan hacer depósitos fuera del país.
"Como cuentas fiscales, sólo se puede manejar a nivel de las finanzas nacionales y con el Banco Central de Bolivia (BCB), pero nunca se podría hacer con los bancos de fuera”, manifestó el legislador Sánchez.
Afirmó que era necesario conocer a profundidad la constitución de la Enabol, aunque en términos generales ninguna empresa autárquica tiene la posibilidad de hacer esos depósitos, más allá de pretender un rédito económico mayor.
El Ministerio de Defensa realizó dos auditorías.
Una en el año 2009 y otra en 2012 para identificar responsabilidades y el daño económico, porque hasta ahora (ocho años) esos 1,63 millones de dólares están perdidos.
"De acuerdo a los antecedentes que cursan en los archivos del Ministerio de Defensa (se) tomó conocimiento de esos depósitos el año 2008”, manifestó ese despacho en respuesta a las consultas de Página Siete.
El Ministerio de Defensa, que tiene tuición sobre la Enabol, ordenó una auditoría sobre ese depósito en 2009, el año que el Stanford (con sede en Antigua Barbudas) quebró. Hasta ahora la empresa estatal no pudo recuperar ni un centavo de ese dinero.
De acuerdo al informe del Ministerio de Defensa, la primera auditoría identificó "responsabilidades administrativas” y una segunda auditoría de 2012 se realizó para "determinar las responsabilidades por el daño económico al Estado”.
En 2006, la Enabol depositó en una cuenta a plazo fijo 1,2 millones de euros, equivalentes a 1,63 millones de dólares (recursos del Estado) en un banco internacional, presuntamente porque los intereses eran más altos.
Para el Ministerio de Defensa se trata de un caso de "malversación” de recursos económicos porque "los depósitos deben hacerse en cuentas fiscales y no en bancos fuera del país”. En 2006, cuando se realizó la gestión para el depósito de los recursos, el gerente general de la empresa estatal era el capitán de navío Enzo Confessori. Cuando quebró la entidad bancaria, al frente de la empresa se encontraba el almirante Freddy Ballesteros.
Ocho años después de ese depósito recién se conoció este segundo escándalo económico de la empresa naviera boliviana.
Enabol también está involucrada en la irregular compra de 16 barcazas y dos empujadores, por casi 30 millones de dólares, dinero que está a punto de ser perdido. Enabol pagó por estos bienes por adelantado y al contado, y hasta la fecha ninguno de ellos llegó al país.
También Enabol pagó por concepto de transporte de las barcazas y empujadores -alrededor de tres millones de dólares-, pero no fue transportado nada.
Economista cuestiona depósitos fuera del país
Un economista y un senador del MAS advirtieron que ninguna institución del Estado, como es el caso de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), puede realizar depósitos de recursos públicos en bancos extranjeros.
El exsuperintendente de Empresas y economista Rolando Morales se mostró sorprendido sobre este hecho.
"No puede ser que una institución del sector público haga depósitos fuera de Bolivia... sólo el BCB puede hacer depósitos fuera del país”, afirmó; a no ser que exista una norma expresa para las Fuerzas Armadas en este sentido, comentó Morales.
El senador David Sánchez (MAS) manifestó que no está permitido que las instituciones del Estado, a pesar de ser autárquicas, puedan hacer depósitos fuera del país.
"Como cuentas fiscales, sólo se puede manejar a nivel de las finanzas nacionales y con el Banco Central de Bolivia (BCB), pero nunca se podría hacer con los bancos de fuera”, manifestó el legislador Sánchez.
Afirmó que era necesario conocer a profundidad la constitución de la Enabol, aunque en términos generales ninguna empresa autárquica tiene la posibilidad de hacer esos depósitos, más allá de pretender un rédito económico mayor.
El Ministerio de Defensa realizó dos auditorías.
Una en el año 2009 y otra en 2012 para identificar responsabilidades y el daño económico, porque hasta ahora (ocho años) esos 1,63 millones de dólares están perdidos.
lunes, 26 de mayo de 2014
Soza dice que en la Vicepresidencia fue recibido por Raúl García Linera
"Fui convocado a la Vicepresidencia por Álvaro García Linera. En una oportunidad, al llegar a la Vicepresidencia, fui recibido por el hermano del vicepresidente Raúl García Linera. En esta reunión, él me explicó que en la Cámara de Diputados se había conformado una comisión que investigaba los hechos del hotel Las Américas”, informa el exfiscal Marcelo Soza al Conare
En esa oportunidad –según Soza– le explicaron que era necesario ayudar a dicha comisión, que era presidida por el entonces diputado César Navarro, en la elaboración de su informe
"Ese informe fue trabajado en base a los documentos e informes de la Fiscalía, conjuntamente el señor Raúl García Linera y dos asesores del Ministerio de la Presidencia, en la casa de la jefa de Gabinete del Vicepresidente, Varinia Costas. Ése fue el informe que la comisión investigadora entregó al pleno de la Cámara de Diputados”, afirma Soza en el documento al que Página Siete tuvo acceso en Brasilia
El rol de la comisión investigadora consistía –explica Soza– en que los diputados tomaran declaraciones a los implicados en el caso terrorismo y con esos antecedentes debían realizar informes parciales, que "nos los traían y nos eran entregados para que los organicemos y les demos una coherencia general al informe”, dice
Soza afirma en el documento que el vicepresidente Álvaro García Linera conocía a detalle sobre el proceso de investigación del caso terrorismo I porque su hermano Raúl le informaba
"En el transcurso de la investigación y las frecuentes reuniones que sostuve con Raúl García Linera confirmaron los informes que recibía de los investigadores en sentido de que tanto la organización de esta investigación, el proceso de infiltración el grupo irregular de Rózsa, el atentado a la casa del cardenal y el propio operativo en el hotel Las Américas, fue coordinado por el hermano del Vicepresidente”, asevera Soza en el capítulo 11 de su declaración al Conare.
El MAS rechaza
Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron este domingo las nuevas revelaciones de Soza en la declaración escrita y firmada que entregó al Conare de Brasil.
ANF recogió las opiniones de los diputados oficialistas Jorge Medina, Rodolfo Calle y Lucio Marca, quienes desvirtuaron el documento y descalificaron la labor hecha por el exfiscal Marcelo Soza, a quién acusaron de pretender beneficiar a los "separatistas” y desvirtuar el caso terrorismo con el principal objetivo de dañar la imagen del presidente Evo Morales ante la cercanía de las elecciones.
"Esas versiones no son nada creíbles y lo que busca es el exilio. Él tenía toda la oportunidad para decir su verdad, pero prefirió huir del país”, sostuvo Calle.
En esa oportunidad –según Soza– le explicaron que era necesario ayudar a dicha comisión, que era presidida por el entonces diputado César Navarro, en la elaboración de su informe
"Ese informe fue trabajado en base a los documentos e informes de la Fiscalía, conjuntamente el señor Raúl García Linera y dos asesores del Ministerio de la Presidencia, en la casa de la jefa de Gabinete del Vicepresidente, Varinia Costas. Ése fue el informe que la comisión investigadora entregó al pleno de la Cámara de Diputados”, afirma Soza en el documento al que Página Siete tuvo acceso en Brasilia
El rol de la comisión investigadora consistía –explica Soza– en que los diputados tomaran declaraciones a los implicados en el caso terrorismo y con esos antecedentes debían realizar informes parciales, que "nos los traían y nos eran entregados para que los organicemos y les demos una coherencia general al informe”, dice
Soza afirma en el documento que el vicepresidente Álvaro García Linera conocía a detalle sobre el proceso de investigación del caso terrorismo I porque su hermano Raúl le informaba
"En el transcurso de la investigación y las frecuentes reuniones que sostuve con Raúl García Linera confirmaron los informes que recibía de los investigadores en sentido de que tanto la organización de esta investigación, el proceso de infiltración el grupo irregular de Rózsa, el atentado a la casa del cardenal y el propio operativo en el hotel Las Américas, fue coordinado por el hermano del Vicepresidente”, asevera Soza en el capítulo 11 de su declaración al Conare.
El MAS rechaza
Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron este domingo las nuevas revelaciones de Soza en la declaración escrita y firmada que entregó al Conare de Brasil.
ANF recogió las opiniones de los diputados oficialistas Jorge Medina, Rodolfo Calle y Lucio Marca, quienes desvirtuaron el documento y descalificaron la labor hecha por el exfiscal Marcelo Soza, a quién acusaron de pretender beneficiar a los "separatistas” y desvirtuar el caso terrorismo con el principal objetivo de dañar la imagen del presidente Evo Morales ante la cercanía de las elecciones.
"Esas versiones no son nada creíbles y lo que busca es el exilio. Él tenía toda la oportunidad para decir su verdad, pero prefirió huir del país”, sostuvo Calle.
Enabol depositó $us 1,6 millones en banco que entró en quiebra
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) depositó 1,6 millones de dólares en 2006 en el Stanford International Bank, entidad que quebró el año 2009. Hasta la fecha no recuperó ni un solo centavo y no se realizan gestiones para recuperar esos recursos económicos.
Página Siete accedió a un informe "confidencial” de diciembre de 2013, que Enabol envió al presidente Evo Morales, en el que relata los pormenores de los problemas con las 16 barcazas y los dos empujadores, además de la quiebra del banco donde depositaron ese dinero.
En el informe se hace referencia a la falta de recursos económicos para la contratación de abogados que defiendan este caso "relacionado con los fondos depositados en la Stanford International Bank que quebró y fue intervenido, quedando atrapada esa cuenta de 1,2 millones de euros (más de 1,6 millones de dólares) y que no se pudo hacer nada efectivo para recuperarlos”, señala el documento.
Supuestamente, la empresa estatal colocó en 2006 ese monto en una cuenta a plazo fijo en dicho banco internacional que tiene sede en Antigua y Barbuda, porque los intereses eran mayores. Sin embargo, en 2009 esa entidad financiera internacional quebró y hasta la fecha no hizo devoluciones del dinero depositado por sus clientes.
"El problema de los depósitos atrapados en Texas por la quiebra de la Stanford International Bank es otro de los problemas que la gerencia general de Enabol no puede resolver, porque no cuenta con los recursos económicos para hacerlo”, cita el documento.
De acuerdo con las informaciones, con la bancarrota de la Stanford International Bank, 133 países quedaron afectados.
El informe al que accedió este medio de comunicación está firmado por el gerente Nelson Ustariz el 26 de diciembre de 2013.
No es el único escándalo en el que está envuelta la empresa Enabol y sus exadministradores. El mismo año en que este banco quebró, Enabol realizó las gestiones con empresas coreanas y chinas para la compra de 16 barcazas y dos empujadores que tienen problemas legales.
En este caso, las investigaciones avanzaron poco y el Estado está a punto de perder unos 30 millones de dólares, porque existe un fallo que dispone el remate de parte de estos bienes.
El Ministerio de Defensa ordenó una auditoría sobre el caso
El Ministerio de Defensa, que tiene tuición sobre la Enabol, ordenó una auditoría a la anterior administración de esa empresa por realizar el depósito de 1,6 millones de dólares en un banco extranjero.
"El Ministerio de Defensa ordenó una auditoría porque los depósitos deben hacerse en cuentas fiscales y no en bancos fuera del país. La auditoría determinará las responsabilidades y es otra malversación realizada por militares”, respondió ese despacho a las consultas que realizó Página Siete vía correo electrónico.
En 2006, la Enabol depositó 1,2 millones de euros -que equivalen a 1,63 millones de dólares- en el Stanford International Bank, con sede en Antigua y Barbuda.
Con el informe preliminar de auditoría son notificados los involucrados, según el ministerio.
La actual gerencia de la empresa advierte que el costo para contratar abogados que se hagan cargo puede ser mayor que el depósito realizado en el banco internacional, por lo que sugieren esperar decisiones de la interventora.
Página Siete accedió a un informe "confidencial” de diciembre de 2013, que Enabol envió al presidente Evo Morales, en el que relata los pormenores de los problemas con las 16 barcazas y los dos empujadores, además de la quiebra del banco donde depositaron ese dinero.
En el informe se hace referencia a la falta de recursos económicos para la contratación de abogados que defiendan este caso "relacionado con los fondos depositados en la Stanford International Bank que quebró y fue intervenido, quedando atrapada esa cuenta de 1,2 millones de euros (más de 1,6 millones de dólares) y que no se pudo hacer nada efectivo para recuperarlos”, señala el documento.
Supuestamente, la empresa estatal colocó en 2006 ese monto en una cuenta a plazo fijo en dicho banco internacional que tiene sede en Antigua y Barbuda, porque los intereses eran mayores. Sin embargo, en 2009 esa entidad financiera internacional quebró y hasta la fecha no hizo devoluciones del dinero depositado por sus clientes.
"El problema de los depósitos atrapados en Texas por la quiebra de la Stanford International Bank es otro de los problemas que la gerencia general de Enabol no puede resolver, porque no cuenta con los recursos económicos para hacerlo”, cita el documento.
De acuerdo con las informaciones, con la bancarrota de la Stanford International Bank, 133 países quedaron afectados.
El informe al que accedió este medio de comunicación está firmado por el gerente Nelson Ustariz el 26 de diciembre de 2013.
No es el único escándalo en el que está envuelta la empresa Enabol y sus exadministradores. El mismo año en que este banco quebró, Enabol realizó las gestiones con empresas coreanas y chinas para la compra de 16 barcazas y dos empujadores que tienen problemas legales.
En este caso, las investigaciones avanzaron poco y el Estado está a punto de perder unos 30 millones de dólares, porque existe un fallo que dispone el remate de parte de estos bienes.
El Ministerio de Defensa ordenó una auditoría sobre el caso
El Ministerio de Defensa, que tiene tuición sobre la Enabol, ordenó una auditoría a la anterior administración de esa empresa por realizar el depósito de 1,6 millones de dólares en un banco extranjero.
"El Ministerio de Defensa ordenó una auditoría porque los depósitos deben hacerse en cuentas fiscales y no en bancos fuera del país. La auditoría determinará las responsabilidades y es otra malversación realizada por militares”, respondió ese despacho a las consultas que realizó Página Siete vía correo electrónico.
En 2006, la Enabol depositó 1,2 millones de euros -que equivalen a 1,63 millones de dólares- en el Stanford International Bank, con sede en Antigua y Barbuda.
Con el informe preliminar de auditoría son notificados los involucrados, según el ministerio.
La actual gerencia de la empresa advierte que el costo para contratar abogados que se hagan cargo puede ser mayor que el depósito realizado en el banco internacional, por lo que sugieren esperar decisiones de la interventora.
Jacob Ostreicher: “Perdí mis negocios y mi matrimonio”
Sentado en un café a las 6:00 en pleno centro de Manhattan, en Nueva York, mientras esperaba que el galardonado actor Sean Penn salga de un famoso hotel, el empresario estadounidense Jacob Ostreicher decidió hablar con EL DEBER, a pocos más de cinco meses de salir de Bolivia.
“La vida es muy difícil, yo perdí todo en Bolivia, también perdí mis negocios en Estados Unidos por el tiempo en que estuve preso en la cárcel de Palmasola. Mis negocios y mi matrimonio se derrumbaron, vivo de la ayuda de Sean Penn y de otras personas, pero estoy tratando de reconstruir mi vida”, dijo Ostreicher.
Contó que en principio su esposa lo ayudó, incluso viajó a Santa Cruz cuando él estaba preso, pero que después dio un paso al costado y lo abandonó, al parecer, cansada de la injusticia. El diálogo transcurrió minutos antes de que él partiera de viaje hacia Haití junto con Sean Penn, donde el actor dirige un campamento de unos 400 trabajadores en una obra solidaria que impulsa a favor de las víctimas del terremoto de 2010.
Era el lunes 19 de este mes y la primera vez que Jacob regresaba a Nueva York donde siempre vivió y donde tiene arraigada a su familia luego de tres años de permanecer en Bolivia donde fue encarcelado, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal.
El 5 de diciembre de 2013 Ostreicher huyó de Bolivia para regresar a su país, llegó a Los Ángeles y no así a su hogar de siempre en Brooklyn, uno de los condados más importantes de Nueva York.
Cómo salió de Bolivia
Cuando se le preguntó cómo salió del país y las rutas que tomó, el empresario hizo un alto, suspiró y respondió: “Eso todavía no puedo contarle, pero lo haré conocer a su tiempo”.
Sin embargo, dijo que salió de Santa Cruz sin cargar consigo ni su ropa ni otros bienes que actualmente están al cuidado de sus exfuncionarias en Bolivia.
Su primera prueba fue llegar hasta el aeropuerto de El Alto, de donde se embarcó en una nave para viajar hasta Perú y de allí a Los Ángeles.
¿Alguna autoridad de Bolivia lo ayudó a salir?, se le consultó. Ostreicher señaló que aún no es prudente referirse a ese tema y que lo más importante ahora es ir adelante y reconstruir su vida.
No obstante, dijo una y otra vez que Sean Penn le salvó la vida. En la charla con EL DEBER también se pudo percibir que Ostreicher aún guarda temor y que prefiere no confrontarse con las autoridades bolivianas.
La solidaridad judía
Desde que salió de Bolivia en medio de duros cuestionamientos, no se sabía con certeza en qué ciudad estaba Ostreicher; lo más lógico era pensar que volvería a su casa en Brooklyn. Sin embargo, eso no ocurrió.
Fue Sean Penn quien lo recibió primero en Los Ángeles, lo alojó en un hotel de cinco estrellas y después en su casa.
Según cuenta, la solidaridad de la comunidad judía también fue efectiva en los momentos en que lo necesitaba.
Es por eso que desde su llegada vive una semana en la casa de un judío, la siguiente en la de otro de sus compatriotas y así sucesivamente.
Su hija, Chaya Wimberger, y su hermano, Ari Ostreicher, son dos de sus familiares que siempre lo acompañan y están pendientes para prestarle ayuda
“La vida es muy difícil, yo perdí todo en Bolivia, también perdí mis negocios en Estados Unidos por el tiempo en que estuve preso en la cárcel de Palmasola. Mis negocios y mi matrimonio se derrumbaron, vivo de la ayuda de Sean Penn y de otras personas, pero estoy tratando de reconstruir mi vida”, dijo Ostreicher.
Contó que en principio su esposa lo ayudó, incluso viajó a Santa Cruz cuando él estaba preso, pero que después dio un paso al costado y lo abandonó, al parecer, cansada de la injusticia. El diálogo transcurrió minutos antes de que él partiera de viaje hacia Haití junto con Sean Penn, donde el actor dirige un campamento de unos 400 trabajadores en una obra solidaria que impulsa a favor de las víctimas del terremoto de 2010.
Era el lunes 19 de este mes y la primera vez que Jacob regresaba a Nueva York donde siempre vivió y donde tiene arraigada a su familia luego de tres años de permanecer en Bolivia donde fue encarcelado, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal.
El 5 de diciembre de 2013 Ostreicher huyó de Bolivia para regresar a su país, llegó a Los Ángeles y no así a su hogar de siempre en Brooklyn, uno de los condados más importantes de Nueva York.
Cómo salió de Bolivia
Cuando se le preguntó cómo salió del país y las rutas que tomó, el empresario hizo un alto, suspiró y respondió: “Eso todavía no puedo contarle, pero lo haré conocer a su tiempo”.
Sin embargo, dijo que salió de Santa Cruz sin cargar consigo ni su ropa ni otros bienes que actualmente están al cuidado de sus exfuncionarias en Bolivia.
Su primera prueba fue llegar hasta el aeropuerto de El Alto, de donde se embarcó en una nave para viajar hasta Perú y de allí a Los Ángeles.
¿Alguna autoridad de Bolivia lo ayudó a salir?, se le consultó. Ostreicher señaló que aún no es prudente referirse a ese tema y que lo más importante ahora es ir adelante y reconstruir su vida.
No obstante, dijo una y otra vez que Sean Penn le salvó la vida. En la charla con EL DEBER también se pudo percibir que Ostreicher aún guarda temor y que prefiere no confrontarse con las autoridades bolivianas.
La solidaridad judía
Desde que salió de Bolivia en medio de duros cuestionamientos, no se sabía con certeza en qué ciudad estaba Ostreicher; lo más lógico era pensar que volvería a su casa en Brooklyn. Sin embargo, eso no ocurrió.
Fue Sean Penn quien lo recibió primero en Los Ángeles, lo alojó en un hotel de cinco estrellas y después en su casa.
Según cuenta, la solidaridad de la comunidad judía también fue efectiva en los momentos en que lo necesitaba.
Es por eso que desde su llegada vive una semana en la casa de un judío, la siguiente en la de otro de sus compatriotas y así sucesivamente.
Su hija, Chaya Wimberger, y su hermano, Ari Ostreicher, son dos de sus familiares que siempre lo acompañan y están pendientes para prestarle ayuda
Jacob Ostreicher - Empresario “La gente de Bolivia fue mi familia y debe luchar firme por la justicia”
Con un vaso de café en una de sus manos y un cigarrillo en la otra, en una calle del centro de Manhattan, Ostreicher recordaba lo que vivió en Bolivia. “A veces no tengo ganas de aprender a hablar el español por lo que me pasó, pero estoy agradecido con la gente de Bolivia”.
¿Ahora qué piensa de la justicia boliviana?
Estoy agradecido con el pueblo de Bolivia y por todo el apoyo de la gente. Por ese apoyo encontré la manera de seguir adelante. La gente boliviana fue mi familia y estoy agradecido pero debe luchar firme por la justicia. La gente tiene que mantenerse fuerte porque es la única que puede marcar la diferencia para cambiar el sistema judicial en Bolivia. Yo tenía que regresar a mi hogar en Estados Unidos de la misma manera en que entré a Bolivia. No era mi deseo regresar como lo hice pero todo fue por la realidad del sistema judicial, que no es justo.
¿Qué sabe del proceso que se sigue en Bolivia en torno a la red de extorsión?
Tengo conocimiento que de las personas detenidas cuatro ya se declararon culpables y eso quiere decir que fui víctima de la más grande injusticia. Sin embargo, creo que falta todavía procesar a otros fiscales antidrogas y policías que investigaron el caso y siguen sin que nadie les haga nada. A mis abogados Yimy Montaño y Jerjes Justiniano les agradezco por todo lo que hicieron. Siempre fueron leales y siguen firmes. También agradezco a muchas personas que me ayudaron en los momentos más difíciles en Palmasola
¿Ahora qué piensa de la justicia boliviana?
Estoy agradecido con el pueblo de Bolivia y por todo el apoyo de la gente. Por ese apoyo encontré la manera de seguir adelante. La gente boliviana fue mi familia y estoy agradecido pero debe luchar firme por la justicia. La gente tiene que mantenerse fuerte porque es la única que puede marcar la diferencia para cambiar el sistema judicial en Bolivia. Yo tenía que regresar a mi hogar en Estados Unidos de la misma manera en que entré a Bolivia. No era mi deseo regresar como lo hice pero todo fue por la realidad del sistema judicial, que no es justo.
¿Qué sabe del proceso que se sigue en Bolivia en torno a la red de extorsión?
Tengo conocimiento que de las personas detenidas cuatro ya se declararon culpables y eso quiere decir que fui víctima de la más grande injusticia. Sin embargo, creo que falta todavía procesar a otros fiscales antidrogas y policías que investigaron el caso y siguen sin que nadie les haga nada. A mis abogados Yimy Montaño y Jerjes Justiniano les agradezco por todo lo que hicieron. Siempre fueron leales y siguen firmes. También agradezco a muchas personas que me ayudaron en los momentos más difíciles en Palmasola
Soza asegura en Brasil que Evo estaba informado del caso terrorismo I
El exfiscal Marcelo Soza Álvarez entregó al Consejo Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil una declaración firmada en la que detalla que fue convocado "en varias oportunidades" por el presidente Evo Morales para tratar exclusivamente el caso terrorismo I y manifestó que el vicepresidente Álvaro García Linera "conocía a detalle" el proceso, "profundamente controlado por el Ministerio de Gobierno", a la cabeza de Sacha Llorenti.
Las nuevas revelaciones fueron rechazadas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que considera que el exfiscal, con sus revelaciones, demuestra sus claros vínculos con los separatistas.
Soza explicó al Conare que al principio le llamó la atención que fuera el presidente el que "me convocara a estas reuniones para tratar el caso Terrorismo I" y dijo que en una oportunidad Morales le preguntó sobre la súbita llegada de Juan Kudelka a Bolivia.
Involucra a Sacha Llorenti
"Me preguntó sobre la relación de Kudelka con Sacha Llorenti. Yo le manifesté que tenía entendido que el que ordenó todo el operativo era el ministro, el que incluso acompañó personalmente el operativo desde el momento en que Juan Kudelka había aterrizado en Buenos Aires", relató Soza, en la declaración escrita y entregada al Conare el 28 de abril, al que accedió la ANF, donde anticipa la entrega de 118 pruebas entre documentos, audios y fotografías. "Yo le informé al presidente Morales que no formé parte de la negociación con Juan Kudelka, y que este operativo fue exclusivamente dirigido por el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, y este no me informó de nada del mismo. Posteriormente me convocó a su despacho el ministro de Gobierno, y en esta oportunidad recién me explicó del operativo de retorno de Kudelka a Bolivia y que el objetivo principal de este acuerdo era el de incriminar a Branko Marinkovic y su familia, entre otros empresarios", detalla Soza en el documento.
Para el abogado Gary Prado, que defiende a procesados del caso terrorismo “Es peligrosísima la figura de que el presidente Morales hubiese tenido semejante injerencia en el Ministerio Público. No es que lo dice hoy. Para el Ministerio de Gobierno eso lo dijo hace un año, en un audio que se conoció”.
El MAS rechaza la versión
El ministro Carlos Romero sostiene que Soza recurre al mismo argumento de otros prófugos de la justicia para ejecutar una campaña de desprestigio en contra del Gobierno. Asimismo que es prófugo de la justicia acusado de delitos comunes y no es un perseguido político, y que trabaja para los separatistas y para Branko Marinkovic.
Por su parte los diputados Jorge Medina, Rodolfo Calle y Lucio Marca del MAS coincidieron en desvirtuar el documento y descalificaron la labor del exfiscal Soza, a quien acusaron de pretender beneficiar a los ‘separatistas’ y desvirtuar el caso terrorismo. Calificaron de irresponsables las revelaciones
Las nuevas revelaciones fueron rechazadas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que considera que el exfiscal, con sus revelaciones, demuestra sus claros vínculos con los separatistas.
Soza explicó al Conare que al principio le llamó la atención que fuera el presidente el que "me convocara a estas reuniones para tratar el caso Terrorismo I" y dijo que en una oportunidad Morales le preguntó sobre la súbita llegada de Juan Kudelka a Bolivia.
Involucra a Sacha Llorenti
"Me preguntó sobre la relación de Kudelka con Sacha Llorenti. Yo le manifesté que tenía entendido que el que ordenó todo el operativo era el ministro, el que incluso acompañó personalmente el operativo desde el momento en que Juan Kudelka había aterrizado en Buenos Aires", relató Soza, en la declaración escrita y entregada al Conare el 28 de abril, al que accedió la ANF, donde anticipa la entrega de 118 pruebas entre documentos, audios y fotografías. "Yo le informé al presidente Morales que no formé parte de la negociación con Juan Kudelka, y que este operativo fue exclusivamente dirigido por el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, y este no me informó de nada del mismo. Posteriormente me convocó a su despacho el ministro de Gobierno, y en esta oportunidad recién me explicó del operativo de retorno de Kudelka a Bolivia y que el objetivo principal de este acuerdo era el de incriminar a Branko Marinkovic y su familia, entre otros empresarios", detalla Soza en el documento.
Para el abogado Gary Prado, que defiende a procesados del caso terrorismo “Es peligrosísima la figura de que el presidente Morales hubiese tenido semejante injerencia en el Ministerio Público. No es que lo dice hoy. Para el Ministerio de Gobierno eso lo dijo hace un año, en un audio que se conoció”.
El MAS rechaza la versión
El ministro Carlos Romero sostiene que Soza recurre al mismo argumento de otros prófugos de la justicia para ejecutar una campaña de desprestigio en contra del Gobierno. Asimismo que es prófugo de la justicia acusado de delitos comunes y no es un perseguido político, y que trabaja para los separatistas y para Branko Marinkovic.
Por su parte los diputados Jorge Medina, Rodolfo Calle y Lucio Marca del MAS coincidieron en desvirtuar el documento y descalificaron la labor del exfiscal Soza, a quien acusaron de pretender beneficiar a los ‘separatistas’ y desvirtuar el caso terrorismo. Calificaron de irresponsables las revelaciones
Venezuela no ayudó en la fuga de Ostreicher
Venezuela no ayudó a huir del país al ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, aclaró la embajada de esa nación a través de un comunicado.Sobre la base de un reporte del diario The Algemeiner,
La Razón publicó el 23 de mayo la nota Jacob Ostreicher agradece por su huida a Venezuela. Allí se cuentan detalles de su fuga (diciembre de 2013) y se recuperan algunas de sus palabras, pronunciadas el domingo 18 de mayo en ocasión de la entrega del Premio al valor por la defensa de la justicia judía, que recibió el actor Sean Penn. El evento se realizó en Nueva York.
Apoyo. El ciudadano norteamericano y judío ortodoxo, procesado legalmente en el país por los delitos vinculados con el narcotráfico, dijo en ese evento público: “Si no hubiera sido por el Gobierno de Venezuela, yo no estaría parado aquí esta noche”, una frase que se empleó “de forma errada” para justificar la nota del 23.
“Este periódico de circulación nacional (...) pretende hacer creer a sus lectores que el país caribeño está vinculado a la fuga del empresario norteamericano, lo cual es absolutamente falso puesto que toda la participación que tuvo Venezuela en este caso judicial fue emprendida de mutuo acuerdo con el gobierno del Estado Plurinacional”, refiere el comunicado de Venezuela.
Ostreicher valoró el apoyo de Penn, a quien le agradeció por la asistencia humanitaria y las gestiones que hizo para que deje la cárcel de Palmasola. El estadounidense se declaró inocente de los cargos presentados contra él en Bolivia.
sábado, 24 de mayo de 2014
Humberto Roca tendría sentencia en tres semanas
El juicio en contra el expresidente de la quebrada empresa AeroSur, Humberto Roca Leigue, acusado por legitimación de ganancias ilícitas por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en 2010, culminaría en tres semanas aproximadamente, cuando el tribunal Quinto de Sentencia en lo Penal emitiría la sentencia condenatoria.
La fiscal a cargo, Magali Gonzales, informó ayer que el Ministerio Público tiene suficientes pruebas que respaldan las acusaciones contra Roca, donde se demostraría que sus ganancias fueron obtenidas de forma ilegal.
“Vamos a solicitar la sentencia condenatoria (...) y reitero que las pruebas son obtenidas de forma legal, se ha hecho una investigación conforme a procedimiento”, manifestó.
La defensa de Roca presentó un recurso de exclusión probatoria pero el Ministerio Público adelantó que se rechazará.
La fiscal a cargo, Magali Gonzales, informó ayer que el Ministerio Público tiene suficientes pruebas que respaldan las acusaciones contra Roca, donde se demostraría que sus ganancias fueron obtenidas de forma ilegal.
“Vamos a solicitar la sentencia condenatoria (...) y reitero que las pruebas son obtenidas de forma legal, se ha hecho una investigación conforme a procedimiento”, manifestó.
La defensa de Roca presentó un recurso de exclusión probatoria pero el Ministerio Público adelantó que se rechazará.
Caso Rózsa Rechazan recusaciones a las jueces ciudadanas
El presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, dijo que ya se extendió una resolución que rechaza las recusaciones presentadas por la defensa de Ignacio Villa Vargas contra las dos jueces ciudadanas del caso Rózsa, Anastasia Calisaya y Sonia Mamani.
“Por consecuencia se va a resolver con las notificaciones correspondientes, para que de esta manera se prosiga con el juicio oral”, indicó Fernández, quien junto con Julia Gemio son los dos jueces técnicos del proceso.
Argumentó que en cumplimiento a lo que resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia, le faculta rechazar la recusación, planteada por el abogado Guido Colque, de Villa Vargas. “Ahora lo que falta es señalar nueva audiencia en Santa Cruz”, señaló Fernández a la red Gigavisión.
“Por consecuencia se va a resolver con las notificaciones correspondientes, para que de esta manera se prosiga con el juicio oral”, indicó Fernández, quien junto con Julia Gemio son los dos jueces técnicos del proceso.
Argumentó que en cumplimiento a lo que resolvió el Tribunal Segundo de Sentencia, le faculta rechazar la recusación, planteada por el abogado Guido Colque, de Villa Vargas. “Ahora lo que falta es señalar nueva audiencia en Santa Cruz”, señaló Fernández a la red Gigavisión.
Fabricio Ormachea recibe una condena de 6 años en EEUU
Agencias y Página Siete / Miami y La Paz
El exmayor de la Policía Boliviana y exinvestigador anticorrupción de la fuerza anticrimen Fabricio Ormachea recibió ayer una condena de seis años, luego de que un tribunal de Miami, en Estados Unidos, lo encontrara culpable de extorsionar al empresario Humberto Roca, en 2013.
El fallo judicial implica que el expolicía deberá estar recluido en la cárcel tres años y los otros tres podrá acceder a una libertad condicional, sin dejar de ser vigilado por las autoridades, informó ayer Jorge Valda, el abogado de Roca en Bolivia.
La reclusión de Ormachea se cuenta desde agosto de 2013, por lo que le faltan dos años y dos meses para salir de la cárcel, aunque deberá permanecer otros tres años en Estados Unidos.
La jueza Robin S. Rosenbaum reveló la sentencia de 37 meses de prisión para Ormachea en una audiencia que se cumplió ayer en los tribunales federales de Fort Lauderdale, al noreste de Miami.
Tras escuchar la sentencia, Fabricio Ormachea aseguró ante la jueza que nunca tuvo intención de dañar a Humberto Roca y que cometió un error del que se arrepentirá "hasta el último día” de su vida, según informó el diario Miami Herald.
La condena fue pronunciada dos meses después de que un jurado hallara culpable al exmayor por haber pedido al exdueño de la empresa AeroSur 30.000 dólares a cambio de quitarle cargos que afrontaba en Bolivia.
El expolicía fue detenido por la Oficina Federal de Investigación (FBI) el 31 de agosto de 2013, tras un encuentro en la casa de Roca, donde éste le pagó 5.000 dólares como un adelanto del dinero.
En el juicio llevado a cabo en marzo de este año, la Fiscalía pidió 25 años de condena para Ormachea; no obstante, ayer no anunció ninguna apelación ante el fallo del tribunal judicial.
"Esto nos ayuda a sostener con claridad que el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con el señor Ormachea, pero nosotros (como defensa de Roca) estamos completamente satisfechos porque el expolicía reconoció que fue a extorsionar a una persona inocente y reconoció que es culpable”, señaló a Página Siete el abogado Valda.
De acuerdo con las leyes estadounidenses, un ciudadano extranjero debe ser deportado una vez que cumpla su condena. "La jueza dijo ayer que no es una persona que deba adaptarse a su sociedad porque no es norteamericano”, comentó el jurista.
El exmayor Ormachea tiene 42 años de edad. En septiembre del año pasado se declaró inocente y hace pocos meses aseguró a una cadena televisiva boliviana que viajó a Estados Unidos para ver a su padre e intentar traerlo a Bolivia porque estaba enfermo.
Afirmó, en aquella oportunidad, que su esposa y sus hijos eran amedrentados y que tuvieron que abandonar su domicilio. Asimismo, denunció a diferentes autoridades de Gobierno sobre hechos que se investigan en el país, como el caso terrorismo.
Caso Sanabria: el primer antecedente
El general retirado René Sanabria Oropeza, exjefe de la lucha antinarcóticos de Bolivia, fue condenado en septiembre de 2011 a 14 años de cárcel por un tribunal de Miami, Estados Unidos, por conspirar para importar cocaína a ese país.
El exjefe policial y Marcelo Foronda, ambos bolivianos, fueron detenidos por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en Panamá el 23 de febrero de 2011 y luego deportados a Estados Unidos.
Se les acusó de enviar 144 kilos de cocaína boliviana a Estados Unidos, vía Chile. Ambos se declararon culpables el 23 de junio de ese año. El entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó que en territorio nacional otros tres policías fueron detenidos por pertenecer a aquella red.
Después de formar parte del Alto Mando policial, Sanabria fue nombrado director de una unidad de élite de casos de narcotráfico, que pertenecía al Ministerio de Gobierno, por lo que contaba con información exclusiva de casos de narcotráfico y otros ilícitos. Este año cumplirá su tercer año de condena.
El video que causó el final del expolicía boliviano
El 29 de agosto de 2013, Fabricio Ormachea viajó a Miami, Estados Unidos, para reunirse con el empresario Humberto Roca. Un día después llegó a la casa del exdueño de AeroSur para comprometerse en dejarlo al margen de los procesos que se le siguen en Bolivia a cambio de 30.000 dólares; sin embargo, no contó con que cámaras de la Oficina de Investigación Federal (FBI) le estaban grabando.
Cuando el expolicía regresó al domicilio de Roca, el 31 de agosto, para recoger los primeros 5.000 dólares del total acordado, fue sorprendido por agentes del FBI, quienes lo detuvieron.
Según medios estadounidenses, el exmayor contaba el dinero fuera de la casa del empresario cuando fue sorprendido.
Días después de su aprehensión, Ormachea aseguró que era inocente y que viajó a Estados Unidos por razones personales.
En Bolivia, el entonces comandante de la Policía, Alberto Aracena, estaba fuera del país durante los días que estalló el escándalo del exmayor.
No obstante, el Comando emitió un informe en el que se informaba que se daba de baja a Ormachea una vez que se conoció que no regresó a su fuente laboral tras terminarse sus vacaciones. Antes de viajar formaba parte de la Unidad de Lucha Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
El exmayor de la Policía Boliviana y exinvestigador anticorrupción de la fuerza anticrimen Fabricio Ormachea recibió ayer una condena de seis años, luego de que un tribunal de Miami, en Estados Unidos, lo encontrara culpable de extorsionar al empresario Humberto Roca, en 2013.
El fallo judicial implica que el expolicía deberá estar recluido en la cárcel tres años y los otros tres podrá acceder a una libertad condicional, sin dejar de ser vigilado por las autoridades, informó ayer Jorge Valda, el abogado de Roca en Bolivia.
La reclusión de Ormachea se cuenta desde agosto de 2013, por lo que le faltan dos años y dos meses para salir de la cárcel, aunque deberá permanecer otros tres años en Estados Unidos.
La jueza Robin S. Rosenbaum reveló la sentencia de 37 meses de prisión para Ormachea en una audiencia que se cumplió ayer en los tribunales federales de Fort Lauderdale, al noreste de Miami.
Tras escuchar la sentencia, Fabricio Ormachea aseguró ante la jueza que nunca tuvo intención de dañar a Humberto Roca y que cometió un error del que se arrepentirá "hasta el último día” de su vida, según informó el diario Miami Herald.
La condena fue pronunciada dos meses después de que un jurado hallara culpable al exmayor por haber pedido al exdueño de la empresa AeroSur 30.000 dólares a cambio de quitarle cargos que afrontaba en Bolivia.
El expolicía fue detenido por la Oficina Federal de Investigación (FBI) el 31 de agosto de 2013, tras un encuentro en la casa de Roca, donde éste le pagó 5.000 dólares como un adelanto del dinero.
En el juicio llevado a cabo en marzo de este año, la Fiscalía pidió 25 años de condena para Ormachea; no obstante, ayer no anunció ninguna apelación ante el fallo del tribunal judicial.
"Esto nos ayuda a sostener con claridad que el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con el señor Ormachea, pero nosotros (como defensa de Roca) estamos completamente satisfechos porque el expolicía reconoció que fue a extorsionar a una persona inocente y reconoció que es culpable”, señaló a Página Siete el abogado Valda.
De acuerdo con las leyes estadounidenses, un ciudadano extranjero debe ser deportado una vez que cumpla su condena. "La jueza dijo ayer que no es una persona que deba adaptarse a su sociedad porque no es norteamericano”, comentó el jurista.
El exmayor Ormachea tiene 42 años de edad. En septiembre del año pasado se declaró inocente y hace pocos meses aseguró a una cadena televisiva boliviana que viajó a Estados Unidos para ver a su padre e intentar traerlo a Bolivia porque estaba enfermo.
Afirmó, en aquella oportunidad, que su esposa y sus hijos eran amedrentados y que tuvieron que abandonar su domicilio. Asimismo, denunció a diferentes autoridades de Gobierno sobre hechos que se investigan en el país, como el caso terrorismo.
Caso Sanabria: el primer antecedente
El general retirado René Sanabria Oropeza, exjefe de la lucha antinarcóticos de Bolivia, fue condenado en septiembre de 2011 a 14 años de cárcel por un tribunal de Miami, Estados Unidos, por conspirar para importar cocaína a ese país.
El exjefe policial y Marcelo Foronda, ambos bolivianos, fueron detenidos por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en Panamá el 23 de febrero de 2011 y luego deportados a Estados Unidos.
Se les acusó de enviar 144 kilos de cocaína boliviana a Estados Unidos, vía Chile. Ambos se declararon culpables el 23 de junio de ese año. El entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó que en territorio nacional otros tres policías fueron detenidos por pertenecer a aquella red.
Después de formar parte del Alto Mando policial, Sanabria fue nombrado director de una unidad de élite de casos de narcotráfico, que pertenecía al Ministerio de Gobierno, por lo que contaba con información exclusiva de casos de narcotráfico y otros ilícitos. Este año cumplirá su tercer año de condena.
El video que causó el final del expolicía boliviano
El 29 de agosto de 2013, Fabricio Ormachea viajó a Miami, Estados Unidos, para reunirse con el empresario Humberto Roca. Un día después llegó a la casa del exdueño de AeroSur para comprometerse en dejarlo al margen de los procesos que se le siguen en Bolivia a cambio de 30.000 dólares; sin embargo, no contó con que cámaras de la Oficina de Investigación Federal (FBI) le estaban grabando.
Cuando el expolicía regresó al domicilio de Roca, el 31 de agosto, para recoger los primeros 5.000 dólares del total acordado, fue sorprendido por agentes del FBI, quienes lo detuvieron.
Según medios estadounidenses, el exmayor contaba el dinero fuera de la casa del empresario cuando fue sorprendido.
Días después de su aprehensión, Ormachea aseguró que era inocente y que viajó a Estados Unidos por razones personales.
En Bolivia, el entonces comandante de la Policía, Alberto Aracena, estaba fuera del país durante los días que estalló el escándalo del exmayor.
No obstante, el Comando emitió un informe en el que se informaba que se daba de baja a Ormachea una vez que se conoció que no regresó a su fuente laboral tras terminarse sus vacaciones. Antes de viajar formaba parte de la Unidad de Lucha Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
viernes, 23 de mayo de 2014
Justicia de EEUU solo impone tres años de cárcel a Ormachea
Según informaron fuentes judiciales, la jueza Robin Rosenbaum consideró probado en su sentencia que Ormaechea viajó en agosto pasado a Miami con la intención de chantajear a Roca.
El expolicía boliviano había sido declarado culpable el pasado mes de marzo en el juicio celebrado en un tribunal de Fort Lauderlale, al norte de Miami.
Las grabaciones realizadas en su día por el Buró Federal de Información (FBI) acreditaron que Ormaechea se reunió con el empresario y le pidió $us 30.000 a cambio de eliminar las causas judiciales que tiene pendientes en Bolivia.
Roca llegó a realizar una primera entrega de $us 5.000 al expolicía, en una reunión que fue grabada en vídeo por detectives del FBI.
Tras escuchar la sentencia, Fabricio Ormaechea aseguró ante el juez que nunca tuvo intención de dañar a Humberto Roca y que cometió un error del que se arrepentirá "hasta el último día" de su vida, según informó el diario Miami Herald.
Humberto Roca, que reside en la actualidad en Estados Unidos, huyó de Bolivia en 2011 tras ser acusado de "enriquecimiento ilícito" y quiebra fraudulenta por la gestión de Aerosur.
El expolicía boliviano había sido declarado culpable el pasado mes de marzo en el juicio celebrado en un tribunal de Fort Lauderlale, al norte de Miami.
Las grabaciones realizadas en su día por el Buró Federal de Información (FBI) acreditaron que Ormaechea se reunió con el empresario y le pidió $us 30.000 a cambio de eliminar las causas judiciales que tiene pendientes en Bolivia.
Roca llegó a realizar una primera entrega de $us 5.000 al expolicía, en una reunión que fue grabada en vídeo por detectives del FBI.
Tras escuchar la sentencia, Fabricio Ormaechea aseguró ante el juez que nunca tuvo intención de dañar a Humberto Roca y que cometió un error del que se arrepentirá "hasta el último día" de su vida, según informó el diario Miami Herald.
Humberto Roca, que reside en la actualidad en Estados Unidos, huyó de Bolivia en 2011 tras ser acusado de "enriquecimiento ilícito" y quiebra fraudulenta por la gestión de Aerosur.
Descontentos filtran datos de corrupción del Gobierno
Personas insatisfechas por el abuso de poder al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) proporcionaron documentación a la oposición sobre denuncias de supuestos actos de corrupción de altos dignatarios de Estado y los privilegios de su entorno familiar, afirmó el diputado opositor Alex Orozco, jefe de la Bancada de Convergencia Nacional (CN).
En los últimos días, los diputados Alex Orozco y Felipe Dorado denunciaron que Eduardo Carlos Joaquín Linera, primo hermano del Vicepresidente, y sus dos sobrinos, Mary Carmen Velasco García y Sergio Velasco García, compraron de manera ilegal el año 2007 la concesión minera La Mil Millonaria sobre 7.500 hectáreas, en el departamento de Santa Cruz, por un monto irrisorio de 10.000 bolivianos, cuando el costo real oscilaría en 20 millones de dólares. El 2006 una sentencia constitucional prohibía la compra y venta de concesiones para la explotación de recursos naturales.
Descartan que sea campaña de desprestigio. "La oposición está dando a conocer los privilegios de los que gozan algunos familiares de altos miembros del Gobierno, es una tarea constitucional que nos faculta ejercer fiscalización”, dijo Orozco.
“Si estos documentos hubiesen llegado a nuestras manos hace uno, dos o tres años tenga por seguro que lo hubiésemos difundido, no es que tengamos los documentos y nos lo guardamos para la recta final, están saliendo miles y miles de documentos de gente insatisfecha al interior del MAS, de gente que está siendo abusada por el poder del MAS”, aseguró.
¿Se cura en salud el 'vice'? García Linera dijo que la concesión minera fue un emprendimiento pequeño de 3.000 dólares el cual fracasó, y por tanto quedó su licencia caduca el año 2010, y anticipó que vendrían más acusaciones en su contra.
“El Vicepresidente intentó curarse en sano; dijo: todavía van a venir muchas cosas más. Anunció al país que hay cola de paja, hay más negocios, ¿qué sabe el Vicepresidente que los bolivianos no sabemos”, cuestionó.
Admite descontento. El descontento en el MAS no es reciente, y data del año 2006, cuando mucha gente se desmarcó del partido porque en realidad eran infiltrados, pero también surge de los masistas que no obtuvieron los cargos que exigían en la administración pública, dijo el diputado Rodolfo Calle.
En los últimos días, los diputados Alex Orozco y Felipe Dorado denunciaron que Eduardo Carlos Joaquín Linera, primo hermano del Vicepresidente, y sus dos sobrinos, Mary Carmen Velasco García y Sergio Velasco García, compraron de manera ilegal el año 2007 la concesión minera La Mil Millonaria sobre 7.500 hectáreas, en el departamento de Santa Cruz, por un monto irrisorio de 10.000 bolivianos, cuando el costo real oscilaría en 20 millones de dólares. El 2006 una sentencia constitucional prohibía la compra y venta de concesiones para la explotación de recursos naturales.
Descartan que sea campaña de desprestigio. "La oposición está dando a conocer los privilegios de los que gozan algunos familiares de altos miembros del Gobierno, es una tarea constitucional que nos faculta ejercer fiscalización”, dijo Orozco.
“Si estos documentos hubiesen llegado a nuestras manos hace uno, dos o tres años tenga por seguro que lo hubiésemos difundido, no es que tengamos los documentos y nos lo guardamos para la recta final, están saliendo miles y miles de documentos de gente insatisfecha al interior del MAS, de gente que está siendo abusada por el poder del MAS”, aseguró.
¿Se cura en salud el 'vice'? García Linera dijo que la concesión minera fue un emprendimiento pequeño de 3.000 dólares el cual fracasó, y por tanto quedó su licencia caduca el año 2010, y anticipó que vendrían más acusaciones en su contra.
“El Vicepresidente intentó curarse en sano; dijo: todavía van a venir muchas cosas más. Anunció al país que hay cola de paja, hay más negocios, ¿qué sabe el Vicepresidente que los bolivianos no sabemos”, cuestionó.
Admite descontento. El descontento en el MAS no es reciente, y data del año 2006, cuando mucha gente se desmarcó del partido porque en realidad eran infiltrados, pero también surge de los masistas que no obtuvieron los cargos que exigían en la administración pública, dijo el diputado Rodolfo Calle.
Ormachea escucha hoy su sentencia en caso extorsión
Jorge Valda, abogado del empresario de Aerosur, Humberto Roca, en el caso de extorsión del policía Fabricio Ormachea, informó que el imputado será sentenciado hoy en un tribunal de Estados Unidos, estimándose que podrían darle una condena de hasta 25 años de presidio.
Extorsión y fraude migratorio son los delitos que pesan en contra del exmayor de Policía, Fabrico Ormachea, quien hoy, en el Estado de Florida de EEUU, oirá la condena que el juez le impondrá.
Según la información proporcionada a EL DIARIO por Valda, hoy en la tarde, Ormachea será trasladado, desde la prisión estatal del Estado de Florida, hasta el tribunal de Ford Loberden, donde además de la cantidad de años, se decidirá si cumple su condena en una prisión de máxima o de mediana seguridad.
“Dentro de los delitos del que es acusado, según el sistema acumulativo que tiene Norteamérica, la pena puede ascender hasta 25 años de cárcel, a menos que el juez encuentre elementos que permitan atenuar la condena, pero eso lo determinará el juez y entonces conoceremos cuál será la sentencia que se le imponga al señor Fabricio Ormachea”, afirmó Valda.
Recordó que en el mes de febrero, la Corte Federal de Fort Lauderdale de Florida declaró culpable a Ormachea por el delito de extorsión, tras verse filmado en un video del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, recibiendo 5.000 dólares de los 30.000 que pidió a Roca para favorecerle con la revocación de cargos en la justicia boliviana.
“El juez federal dictaminará la pena que se le imponga al señor Fabricio Ormachea el día de mañana (viernes) 23 de mayo, el cual se dará en sesión pública. Se dará lectura a la condena que se le impondrá, que puede ser hasta 25 años de cárcel y también determinará dónde será cumplida la condena”, dijo.
Relató que una vez se conozca la condena del expolicía, se pondrá el proceso a consideración de las autoridades nacionales y solicitar una evaluación de “cuánta veracidad” tienen las investigaciones realizadas por el exjefe de anticorrupción de la Policía Boliviana.
Extorsión y fraude migratorio son los delitos que pesan en contra del exmayor de Policía, Fabrico Ormachea, quien hoy, en el Estado de Florida de EEUU, oirá la condena que el juez le impondrá.
Según la información proporcionada a EL DIARIO por Valda, hoy en la tarde, Ormachea será trasladado, desde la prisión estatal del Estado de Florida, hasta el tribunal de Ford Loberden, donde además de la cantidad de años, se decidirá si cumple su condena en una prisión de máxima o de mediana seguridad.
“Dentro de los delitos del que es acusado, según el sistema acumulativo que tiene Norteamérica, la pena puede ascender hasta 25 años de cárcel, a menos que el juez encuentre elementos que permitan atenuar la condena, pero eso lo determinará el juez y entonces conoceremos cuál será la sentencia que se le imponga al señor Fabricio Ormachea”, afirmó Valda.
Recordó que en el mes de febrero, la Corte Federal de Fort Lauderdale de Florida declaró culpable a Ormachea por el delito de extorsión, tras verse filmado en un video del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, recibiendo 5.000 dólares de los 30.000 que pidió a Roca para favorecerle con la revocación de cargos en la justicia boliviana.
“El juez federal dictaminará la pena que se le imponga al señor Fabricio Ormachea el día de mañana (viernes) 23 de mayo, el cual se dará en sesión pública. Se dará lectura a la condena que se le impondrá, que puede ser hasta 25 años de cárcel y también determinará dónde será cumplida la condena”, dijo.
Relató que una vez se conozca la condena del expolicía, se pondrá el proceso a consideración de las autoridades nacionales y solicitar una evaluación de “cuánta veracidad” tienen las investigaciones realizadas por el exjefe de anticorrupción de la Policía Boliviana.
Jacob Ostreicher agradece por su huida a Venezuela
Durante la segunda gala anual de los premios Campeones de los Valores Internacionales Judios, realizada el domingo en Nueva York, Estados Unidos, Jacob Ostreicher agradeció al Gobierno de Venezuela por haberle ayudado a huir de Bolivia.
Ostreicher, quien estuvo detenido preventivamente en Bolivia por más de dos años, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, y en diciembre huyó a Estados Unidos, asistió al citado evento en el que el actor estadounidense Sean Penn recibió el premio de Campeón de la Justicia Judía, por ayudar a conseguir la libertad de este empresario.
En su discurso, ante aproximadamente 700 personas, Ostreicher aseguró que Venezuela proporcionó asistencia y le dio las gracias. “Lo que realmente puedo describir como una demostración heroica de bikur cholim (visitando al enfermo), si no hubiera sido por el Gobierno de Venezuela, yo no estaría parado aquí esta noche”, reflejó el diario digital The Algemeiner.
También agradeció a personas que lo rescataron de su cautiverio; al rabino Zvi Boyarsky, del instituto Alef, quien fue fundamental en su rescate; al congresista Chris Smith; a abogados y a las personas “que estuvieron orando por mí y trabajando por mi libertad”, según reportó el diario digital JPUpdates. Ostreicher habló sobre la ayuda que le dio Sean Penn, ambos evitaron dar detalles del escape.
JPUpdates rescata que el empresario no solo era el único estadounidense en Palmasola, sino el único judio. “No hablaba ni una palabra de español, todas mis posesiones (haciendas, máquinas y ganado) fueron robadas. Estaba en prisión por un crimen que no cometí y lo peor de todo, estaba lejos de mi familia y mis seres queridos”, dijo.
miércoles, 21 de mayo de 2014
Soza confirma autenticidad del audio difundido por senadora y culpa a Romero
El exfiscal Marcelo Soza, refugiado en Brasil, confirmó que es su voz la que se escucha en el audio presentado por la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales (CN), en marzo de 2013.
Precisó que personal que trabajó con él -durante el proceso de investigación del caso terrorismo I- fue el que grabó sus conversaciones "por instrucción” del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
"El ministro de Gobierno mandó a uno de sus agentes que trabajaba conmigo, (fue) quien grabó mis conversaciones de evaluación del caso (terrorismo I) que hacíamos con él”, declaró Soza ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil, el pasado 25 de abril, para que le otorgue refugio indefinido.
"Yo conocía, por mis funciones (de fiscal), que el Ministerio de Gobierno disponía de equipos y gente entrenada para grabar conversaciones de políticos de la oposición y también del propio Gobierno incluido el presidente de Estado, y conocía cómo funcionaba ese procedimiento. Este equipo es dirigido por el viceministro Jorge Pérez”, afirma Soza en el documento dirigido al Conare, al que Página Siete tuvo acceso en Brasilia.
En marzo de 2013, la senadora Gonzales presentó un audio de alrededor de 20 minutos, en el que se escucha al exfiscal Soza -quien era fiscal del caso- implicar a varias autoridades del Órgano Ejecutivo en actos de corrupción y extorsión, y varias irregularidades en el caso Rózsa.
En el audio se escucha conversar a Soza con otra persona a quien le detalla aspectos que involucran al vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl García Linera.
"Le van a joder al Raúl. Se va a destapar... lo van a hacer bajar al Vicepresidente”, afirmó Soza y aseguró que "si se cae este caso (terrorismo I), se cae el Evo”.
Después de que la senadora Gonzales hiciera público el audio, el exfiscal Soza afirmó que el audio "fue un montaje” y que la senadora de oposición pretendía restar credibilidad a la investigación del caso terrorismo I.
Ante esa reacción, la senadora presentó una demanda contra Soza y mediante memorial pidió al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que envíe el audio a peritos internacionales, lo que finalmente no ocurrió.
El fiscal José Villarroel, asignado al caso audio, informó -en una anterior oportunidad- que mientras no se resuelva la recusación que planteó Soza, antes de huir del país, la investigación quedaría paralizada porque no existe "control jurisdiccional”.
Varias afirmaciones de Soza en el audio difundido en marzo de 2013 coinciden con parte del documento que presentó ante el Conare de Brasil.
En el audio se escucha decir a Soza que Luis Clavijo agarraba los mandamientos (de aprehensión) "y los iba a mostrar diciendo que tenía control sobre el fiscal y ha empezado a extorsionar gente”.
En la declaración que presentó al Conare, Soza dice que "Clavijo, Raúl García Linera, Carlos Subirana y otros abogados inescrupulosos se apropiaron del proceso para su beneficio”.
Precisó que personal que trabajó con él -durante el proceso de investigación del caso terrorismo I- fue el que grabó sus conversaciones "por instrucción” del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
"El ministro de Gobierno mandó a uno de sus agentes que trabajaba conmigo, (fue) quien grabó mis conversaciones de evaluación del caso (terrorismo I) que hacíamos con él”, declaró Soza ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil, el pasado 25 de abril, para que le otorgue refugio indefinido.
"Yo conocía, por mis funciones (de fiscal), que el Ministerio de Gobierno disponía de equipos y gente entrenada para grabar conversaciones de políticos de la oposición y también del propio Gobierno incluido el presidente de Estado, y conocía cómo funcionaba ese procedimiento. Este equipo es dirigido por el viceministro Jorge Pérez”, afirma Soza en el documento dirigido al Conare, al que Página Siete tuvo acceso en Brasilia.
En marzo de 2013, la senadora Gonzales presentó un audio de alrededor de 20 minutos, en el que se escucha al exfiscal Soza -quien era fiscal del caso- implicar a varias autoridades del Órgano Ejecutivo en actos de corrupción y extorsión, y varias irregularidades en el caso Rózsa.
En el audio se escucha conversar a Soza con otra persona a quien le detalla aspectos que involucran al vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl García Linera.
"Le van a joder al Raúl. Se va a destapar... lo van a hacer bajar al Vicepresidente”, afirmó Soza y aseguró que "si se cae este caso (terrorismo I), se cae el Evo”.
Después de que la senadora Gonzales hiciera público el audio, el exfiscal Soza afirmó que el audio "fue un montaje” y que la senadora de oposición pretendía restar credibilidad a la investigación del caso terrorismo I.
Ante esa reacción, la senadora presentó una demanda contra Soza y mediante memorial pidió al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que envíe el audio a peritos internacionales, lo que finalmente no ocurrió.
El fiscal José Villarroel, asignado al caso audio, informó -en una anterior oportunidad- que mientras no se resuelva la recusación que planteó Soza, antes de huir del país, la investigación quedaría paralizada porque no existe "control jurisdiccional”.
Varias afirmaciones de Soza en el audio difundido en marzo de 2013 coinciden con parte del documento que presentó ante el Conare de Brasil.
En el audio se escucha decir a Soza que Luis Clavijo agarraba los mandamientos (de aprehensión) "y los iba a mostrar diciendo que tenía control sobre el fiscal y ha empezado a extorsionar gente”.
En la declaración que presentó al Conare, Soza dice que "Clavijo, Raúl García Linera, Carlos Subirana y otros abogados inescrupulosos se apropiaron del proceso para su beneficio”.
martes, 20 de mayo de 2014
Soza revela 'pacto' para sacar a Rubén Costas del caso Rózsa
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, figura en los antecedentes del caso Rózsa, pero nunca fue convocado a declarar "por decisiones políticas que tomaba el Gobierno", reveló Marcelo Soza, exfiscal de dicho proceso.
En su declaración al Conare de Brasil, a la que tuvo acceso la Agencia de Noticias Fides (ANF), Soza aseguró que en varias oportunidades intentó citar a declarar al gobernador cruceño, pero que el Gobierno se lo impidió.
"En un claro acto de protección al gobernador por las más altas autoridades de gobierno. Como fiscal tenía la atribución legal para convocarlo, pero nunca me dejaron ejercer libremente mi trabajo, creando fricción entre mi persona y el Gobierno", precisó Soza al Conare.
Reuniones con Clavijo. En abril del 2013 el gobernador Rubén Costas fue entrevistado por el periodista Carlos Valverde y reveló que días después del operativo en el hotel Las Américas se reunió con dos personas (Francisco Cirbián y Ronald Castedo) enviadas por Luis Clavijo, quien participó del operativo en Las Américas como funcionario del gobierno.
En el encuentro de tres horas en un condominio le comunicaron la presunta propuesta de Clavijo de dejar fuera del caso a Costas a cambio de que implique a cuatro líderes cruceños. Costas le dijo entonces a Valverde que rechazó la solicitud. En entrevista con El Día realizada el 23 de febrero pasado, Guido Náyar, uno de los 39 imputados en el caso Rózsa, indicó que en una declaración realizada en enero del 2013 ante la Felcc Ronald Castedo "declaró que se reunieron con Rubén Costas, Cirbián, Clavijo y Subirana en otras dos oportunidades en la casa de Roly Aguilera".
El efecto de la declaración de Soza. Para el analista Carlos Cordero, estas declaraciones podrían perjudicar a Costas. "Muchas personas descontentas con el actual Gobierno y que veían a Rubén Costas como un nuevo líder del país, ahora podrían verlo como un aliado del Gobierno y sin duda le restará apoyo, porque la gente ya no quiere esto", dijo.
Germán Antelo, del Frente Amplio, prefirió no dar opinión sobre la alusión a Costas en el caso Rózsa y ratificó su posición referente al proceso en sí. "Esto ha sido montado por el Gobierno, el caso Terrorismo no existió. Este hombre (Soza) hizo mucho daño y no sé si creer en su veracidad porque lamentablemente ya perdió credibilidad", dijo.
La respuesta de Costas. A su regreso de Oruro, Costas respondió a las acusaciones desde el aeropuerto Viru Viru y negó haber estado involucrado en el polémico caso. Aseguró que el Gobierno siempre estuvo tras de él, cuestionó que durante 5 años de investigación, recién lo quieran citar. "El Gobierno hizo un experimento perverso como Frankenstein con Marcelo Soza. Habrá que preguntarle quién es el que le paga ahora a Soza", dijo. Considera que las declaraciones en su contra intentan inhabilitarlo para los comicios próximos.
El embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, criticó a Soza por no denunciar antes la supuesta presión gubernamental en el caso Rózsa. "Ese señor es abogado, él tiene la facultad de investigar la denuncia y ahora denuncia que no lo dejaban investigar, esa denuncia es extemporánea", dijo Justiniano.
En vez de la 'novela' de Soza
Fiscal Céspedes prefiere ver 'Al fondo hay sitio'
Diferencias. Los fiscales asignados a la comisión que investiga el caso Rózsa, Sergio Céspedes y Marco Antonio Rodríguez, negaron que exista cierta presión del Gobierno en el proceso.
A propósito de las últimas declaraciones de Soza, Céspedes, criticó al exfiscal e indicó que ya está dos años asignado al proceso y que no ha recibido presiones. "En lo absoluto. La verdad que prefiero ver la novela 'Al fondo hay sitio', es más distraída que la novela de Soza", fueron sus palabras.
A su turno, Rodríguez considera que Soza, "tiene la intención de querer engañar al Conare de Brasil para que le den su refugio. No hay que confundirnos, él incumplió con sus deberes". Soza anfirmó ante el Conare de Soza declaró que el operativo realizado el 16 de abril en el hotel Las Américas fue ilegal, porque se realizó sin control jurisdiccional de la Fiscalía asignada al caso.
En su declaración al Conare de Brasil, a la que tuvo acceso la Agencia de Noticias Fides (ANF), Soza aseguró que en varias oportunidades intentó citar a declarar al gobernador cruceño, pero que el Gobierno se lo impidió.
"En un claro acto de protección al gobernador por las más altas autoridades de gobierno. Como fiscal tenía la atribución legal para convocarlo, pero nunca me dejaron ejercer libremente mi trabajo, creando fricción entre mi persona y el Gobierno", precisó Soza al Conare.
Reuniones con Clavijo. En abril del 2013 el gobernador Rubén Costas fue entrevistado por el periodista Carlos Valverde y reveló que días después del operativo en el hotel Las Américas se reunió con dos personas (Francisco Cirbián y Ronald Castedo) enviadas por Luis Clavijo, quien participó del operativo en Las Américas como funcionario del gobierno.
En el encuentro de tres horas en un condominio le comunicaron la presunta propuesta de Clavijo de dejar fuera del caso a Costas a cambio de que implique a cuatro líderes cruceños. Costas le dijo entonces a Valverde que rechazó la solicitud. En entrevista con El Día realizada el 23 de febrero pasado, Guido Náyar, uno de los 39 imputados en el caso Rózsa, indicó que en una declaración realizada en enero del 2013 ante la Felcc Ronald Castedo "declaró que se reunieron con Rubén Costas, Cirbián, Clavijo y Subirana en otras dos oportunidades en la casa de Roly Aguilera".
El efecto de la declaración de Soza. Para el analista Carlos Cordero, estas declaraciones podrían perjudicar a Costas. "Muchas personas descontentas con el actual Gobierno y que veían a Rubén Costas como un nuevo líder del país, ahora podrían verlo como un aliado del Gobierno y sin duda le restará apoyo, porque la gente ya no quiere esto", dijo.
Germán Antelo, del Frente Amplio, prefirió no dar opinión sobre la alusión a Costas en el caso Rózsa y ratificó su posición referente al proceso en sí. "Esto ha sido montado por el Gobierno, el caso Terrorismo no existió. Este hombre (Soza) hizo mucho daño y no sé si creer en su veracidad porque lamentablemente ya perdió credibilidad", dijo.
La respuesta de Costas. A su regreso de Oruro, Costas respondió a las acusaciones desde el aeropuerto Viru Viru y negó haber estado involucrado en el polémico caso. Aseguró que el Gobierno siempre estuvo tras de él, cuestionó que durante 5 años de investigación, recién lo quieran citar. "El Gobierno hizo un experimento perverso como Frankenstein con Marcelo Soza. Habrá que preguntarle quién es el que le paga ahora a Soza", dijo. Considera que las declaraciones en su contra intentan inhabilitarlo para los comicios próximos.
El embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, criticó a Soza por no denunciar antes la supuesta presión gubernamental en el caso Rózsa. "Ese señor es abogado, él tiene la facultad de investigar la denuncia y ahora denuncia que no lo dejaban investigar, esa denuncia es extemporánea", dijo Justiniano.
En vez de la 'novela' de Soza
Fiscal Céspedes prefiere ver 'Al fondo hay sitio'
Diferencias. Los fiscales asignados a la comisión que investiga el caso Rózsa, Sergio Céspedes y Marco Antonio Rodríguez, negaron que exista cierta presión del Gobierno en el proceso.
A propósito de las últimas declaraciones de Soza, Céspedes, criticó al exfiscal e indicó que ya está dos años asignado al proceso y que no ha recibido presiones. "En lo absoluto. La verdad que prefiero ver la novela 'Al fondo hay sitio', es más distraída que la novela de Soza", fueron sus palabras.
A su turno, Rodríguez considera que Soza, "tiene la intención de querer engañar al Conare de Brasil para que le den su refugio. No hay que confundirnos, él incumplió con sus deberes". Soza anfirmó ante el Conare de Soza declaró que el operativo realizado el 16 de abril en el hotel Las Américas fue ilegal, porque se realizó sin control jurisdiccional de la Fiscalía asignada al caso.
Presidente del TSJ: ‘Lo que diga Soza no interesa’
Luego de que el exfiscal Marcelo Soza dijo que la intervención al hotel Las Américas fue preparada por el Gobierno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, señaló que “lo que diga Soza no interesa porque él no va a manejar más el juicio”.
“Él manejaba el proceso a través del Ministerio Público durante la investigación, ahora no lo dejemos maniobrar más por principio de legalidad porque no lo va a hacer desde afuera, aquí tienen que existir decisiones reales”, indicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a La Razón.
Soza, según un reporte de la agencia ANF, declaró ante el Consejo Nacional de Refugiados (Conare-Brasil) cómo se preparó la intervención al céntrico hotel cruceño, en abril de 2009, donde se abatió a tiros a Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Mientras que Mario Tadic y Elód Tóásó fueron aprehendidos. Ellos son acusados por el Gobierno de ser parte de un grupo que intentó separar a Bolivia. El exfiscal tramita refugio en Brasil tras denunciar, a través de una carta, irregularidades en el juicio de este caso.
Según Von Borries, el proceso ya está en la etapa de juicio oral y debería concluirse de manera rápida y con la voluntad de todos los que forman parte del caso, para que los que no tengan culpa salgan por la puerta grande de la Justicia y se queden responsables del hecho ilegal que se indaga.
“En el marco de la definición judicial, un proceso de cinco años no puede quedar en nada y sin saber qué fue lo que ocurrió, dejando un vacío al pueblo boliviano, entonces hay que concluir el juicio”, manifestó el titular del TSJ.
La declaración de Soza fue cuestionada por el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano. “Al hacer declaración de prensa, ha violado el derecho a refugio que tenía, él ha brindado al Conare (Consejo Nacional de Refugiados) algunas declaraciones”, declaró a la Red Uno.
Carta. Para el abogado de Gary Prado Salmón, Gary Prado (hijo), las declaraciones de Soza como un hecho periodístico puede que no tengan un impacto jurídico, pero la carta que él dirigió al pueblo de Bolivia y dejó ante un notario de Brasil tiene un efecto jurídico porque es un documento público.
“La carta está desde hace más de un mes en el despacho del embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, y él no quiere legalizar la firma del funcionario de Itamarati, convirtiéndose en un obstáculo para la protocolización del documento”, indicó Prado.
El asesor jurídico de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, sostuvo que hay una intencionalidad de involucrar al gobernador cruceño Rubén Costas. “Cada vez queda demostrado que fue un montaje y en su momento denunciamos que esta vendetta era para descabezar a la oposición política”, aseguró el jurista.
Sindican de mentir al Conare
Engaño
Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, las recientes declaraciones del “prófugo de la justicia” y exfiscal Marcelo Soza, respecto al caso Terrorismo, solo buscan engañar a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare-Brasil) para conseguir su estatus de refugiado en Brasil, país que lo acogió temporalmente.
Proceso
En el comunicado se agrega que las acusaciones de Soza fueron planteadas en reiteradas oportunidades por la defensa de los acusados en el caso Separatismo, empero éstas fueron rebatidas con pruebas idóneas.
Costas niega acusación
I. C.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, invalidó las acusaciones del exfiscal Marcelo Soza, que se encuentra refugiado en Brasil, quien le mencionó y dijo que no fue incluido en el caso Terrorismo por decisión política del Gobierno, pese a que habían pruebas que lo vinculaban con el grupo acusado de separatista.
Costas, que realizaba actos de proselitismo en Oruro, dijo no sentirse extrañado por las acusaciones que hace el ahora prófugo de la justicia boliviana (Soza), ya que desde un principio sostuvo que este caso fue un montaje del Gobierno para perseguir a los opositores y extorsionar a los cruceños.
“El Gobierno creó un monstruo servil y delincuencial para chantajear a la dirigencia cruceña, no olvidemos que Soza era el fiscal intachable en ese momento”, sostuvo el Gobernador de Santa Cruz.
Según Costas, fue el primero en pedir que se lo investigue y que en cinco años jamás se logró incluirlo en el proceso. Acusó a Soza de trabajar ahora para la extrema derecha y de ser un “pagado de otros personeros” para tratar de involucrarlo desde Brasil en el caso. “¿Quién fabricó a este monstruo?”, dijo.
Fiscalía dará informe del exfiscal al Conare
Williams Farfán
El fiscal Departamental de La Paz, José Ponce, anunció ayer que la Fiscalía General del Estado enviará al Consejo Nacional de Refugiado (Conare-Brasil) un informe referido a los procesos en contra del exfiscal Marcelo Soza, para demostrar que no existe una persecución política en contra del acusado en Bolivia.
Se refirió al tema luego de que Soza remitió un documento de Declaración al Conare-Brasil, el 25 de abril, en el que dio detalles de cómo fue preparado el operativo policial en el hotel cruceño Las Américas, el 16 de abril de 2009, en el que se desarticuló un grupo acusado de separatista. La agencia ANF publicó detalles de ese documento, en el que reiteró que la operación policial fue ilegal porque se realizó sin presencia de fiscal y fue manipulado por el Gobierno.
“La Fiscalía enviará la información de los casos en contra del exfiscal Soza para demostrar de que él no es parte de una persecución política. Lo más lógico es establecer de que si él se fue de Bolivia, fue para evadir la acción penal en esos dos procesos que tenía instaurados”, informó Ponce. Soza tiene instaurados dos procesos penales en su contra, uno por extorsión en la ciudad de Santa Cruz y el otro por incumplimiento de deberes, en Sucre
Agregó que la información la remitirá la Fiscalía General, aunque todavía no hay una fecha definida. Ponce descalificó las últimas declaraciones de Soza en la que denuncia de injerencia política del Gobierno en la Justicia y, sobre todo, en el caso Terrorismo, ya que en su momento el exfiscal debería haber denunciado los supuestos actos irregulares.
domingo, 18 de mayo de 2014
Soza revela que el Gobierno llevó el caso Rózsa a La Paz
Ante las nuevas revelaciones del fiscal Marcelo Soza, mediante un informe presentado ante el Consejo Nacional de Refugiados (CONARE) en Brasil, en el que menciona la sistemática injerencia del Gobierno, vía el "gabinete jurídico" que ordenó la radicatoria del caso Rózsa en la ciudad de La Paz y no así en Santa Cruz, es considerada por la defensa de los acusados como un hecho de manipulación flagrante de la justicia. "Lo que denunciaba la senadora Carmen Eva Gonzales, ahora ha sido plenamente corroborado por el denunciado (Fiscal Soza). Él tenía a su cargo este proceso, es el que más conoce este caso, entonces no se puede restar su credibilidad", señaló William Vilar, abogado de la senadora del CN.
Un hecho denunciado. El exjuez Luis Hernando Tapia Pachi, en su momento fue quien encaró al Gobierno que el caso debería ser conocido en el lugar donde ocurrieron los hechos. Por esa situación el citado juez fue procesado."Ahora puedo entender las razones del por qué este caso radica en la ciudad de La Paz sin ningún control, sometiendo de esa manera a toda posibilidad de tener una verdad de los hechos tal como el derecho manda", dijo hace poco en contacto con El Día.
Respuesta del Gobierno. El Ministro de Gobierno descalificó las aseveraciones de Soza, mencionando que solo busca confundir al Conare para lograr su condición de refugiado político. En respuesta e ello, Vilar señaló que el Gobierno debería aclarar esas afirmaciones. "De lo contrario harán que Soza logre su refugio", apuntó.
Un hecho denunciado. El exjuez Luis Hernando Tapia Pachi, en su momento fue quien encaró al Gobierno que el caso debería ser conocido en el lugar donde ocurrieron los hechos. Por esa situación el citado juez fue procesado."Ahora puedo entender las razones del por qué este caso radica en la ciudad de La Paz sin ningún control, sometiendo de esa manera a toda posibilidad de tener una verdad de los hechos tal como el derecho manda", dijo hace poco en contacto con El Día.
Respuesta del Gobierno. El Ministro de Gobierno descalificó las aseveraciones de Soza, mencionando que solo busca confundir al Conare para lograr su condición de refugiado político. En respuesta e ello, Vilar señaló que el Gobierno debería aclarar esas afirmaciones. "De lo contrario harán que Soza logre su refugio", apuntó.
sábado, 17 de mayo de 2014
Condenan a exalcalde de Copacabana a 4 años
El Tribunal de Sentencia de Copacabana de la Provincia Manco Kapac de La Paz emitió una sentencia en contra de Juan Armando Callisaya, exalcalde del municipio de Copacabana, condenándolo a cuatro años de reclusión en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, informó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
La exautoridad fue acusada y procesada por los delitos de Falsedad Material e Incumplimiento de Deberes, delitos previstos y sancionados en los artículos 198 y 154 del Código Penal, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Transparencia.
De acuerdo con un boletín de prensa de esta cartera de Estado, la exautoridad edil autorizó, mediante una inexistente Ordenanza de Patentes, el cobro de ingreso de movilidades y personas de nacionalidad peruana a la feria Binacional Peruano Boliviana, realizada en el Santuario de Municipio de Copacabana, cobros que fueron realizados en moneda extranjera (Soles), sin respaldo legal, incumpliendo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Armando Callisaya fue alcalde de Copacabana en la gestión 2006.
La exautoridad fue acusada y procesada por los delitos de Falsedad Material e Incumplimiento de Deberes, delitos previstos y sancionados en los artículos 198 y 154 del Código Penal, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Transparencia.
De acuerdo con un boletín de prensa de esta cartera de Estado, la exautoridad edil autorizó, mediante una inexistente Ordenanza de Patentes, el cobro de ingreso de movilidades y personas de nacionalidad peruana a la feria Binacional Peruano Boliviana, realizada en el Santuario de Municipio de Copacabana, cobros que fueron realizados en moneda extranjera (Soles), sin respaldo legal, incumpliendo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Armando Callisaya fue alcalde de Copacabana en la gestión 2006.
Romero descalifica declaraciones de Soza y lo llama “delincuente”
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó como un "delincuente" al ex fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, por escapar del sistema de justicia de Bolivia al viajar a Brasil y evitar los procesos que tenía pendientes en el país.
En ese sentido indicó que las declaraciones que haga desde la vecina nación no pueden tener validez alguna. "Soza es una persona que ha escapado de la justicia. Para nosotros es un delincuente, debería estar acá rindiendo cuentas. Ese es Soza y lo que vaya a decir Soza proviene de un delincuente y un delincuente no puede ser una palabra autorizada", indicó Romero.
El titular de esta cartera de Estado sostuvo que las declaraciones que vertió Soza sobre el caso terrorismo fueron sólo un montaje que buscan beneficiar a los acusados del caso.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) logró una entrevista en Brasil con el ex fiscal Soza, quien dio a conocer que declaró ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de ese país que fue ilícito el operativo realizado el 16 de abril de 2009 por la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) de la Policía en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que derivó en el denominado caso terrorismo, debido a que no contó con el control jurisdiccional de la Fiscalía asignada al caso.
Asimismo, Soza analizó todas las pruebas para llegar a la conclusión de que el operativo en el hotel Las Américas fue planificado "cuidadosamente" por el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana. Además, indicó que pidió que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera declaren para liberarse del proceso, pero tampoco fue concedido por las autoridades.
Soza fugó hacia Brasil en marzo pasado, producto de una serie de presiones y persecuciones que sufrió de parte de los acusados del caso terrorismo y autoridades del Gobierno. En su carta presentada ante el Conare de Brasil, el exfiscal señaló que en el caso terrorismo corrió sobornos y compra de testigos para afectar a líderes de la oposición política en Santa Cruz.
En ese sentido indicó que las declaraciones que haga desde la vecina nación no pueden tener validez alguna. "Soza es una persona que ha escapado de la justicia. Para nosotros es un delincuente, debería estar acá rindiendo cuentas. Ese es Soza y lo que vaya a decir Soza proviene de un delincuente y un delincuente no puede ser una palabra autorizada", indicó Romero.
El titular de esta cartera de Estado sostuvo que las declaraciones que vertió Soza sobre el caso terrorismo fueron sólo un montaje que buscan beneficiar a los acusados del caso.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) logró una entrevista en Brasil con el ex fiscal Soza, quien dio a conocer que declaró ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de ese país que fue ilícito el operativo realizado el 16 de abril de 2009 por la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) de la Policía en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que derivó en el denominado caso terrorismo, debido a que no contó con el control jurisdiccional de la Fiscalía asignada al caso.
Asimismo, Soza analizó todas las pruebas para llegar a la conclusión de que el operativo en el hotel Las Américas fue planificado "cuidadosamente" por el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana. Además, indicó que pidió que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera declaren para liberarse del proceso, pero tampoco fue concedido por las autoridades.
Soza fugó hacia Brasil en marzo pasado, producto de una serie de presiones y persecuciones que sufrió de parte de los acusados del caso terrorismo y autoridades del Gobierno. En su carta presentada ante el Conare de Brasil, el exfiscal señaló que en el caso terrorismo corrió sobornos y compra de testigos para afectar a líderes de la oposición política en Santa Cruz.
viernes, 16 de mayo de 2014
Soza reveló quiénes financiaron a Rózsa
Las declaraciones del exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, ante el Conare del Brasil, siguen sacando ronchas, al revelar los nombres de los supuestos financiadores.
Indicó que el primer acto de planificación fue la denuncia presentada en La Paz el 14 de abril de 2009, por el Ministerio de Gobierno en contra del grupo irregular. Esa misma fecha, asegura Soza, haber sido designado fiscal del caso Rózsa.
Informó que curiosamente ese día, Eduardo Rózsa y su grupo que se encontraban alojados en el hotel Asturias, fueron trasladados al hotel Las Américas.
Mientras los principales organizadores y financiadores huyeron horas antes a Estados Unidos y Uruguay. Este es el caso de Luis Orlando Justiniano, Humberto Costas, hermano del Gobernador de Santa Cruz, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Juan Carlos Velarde, presidente de Cotas.
Defensa de Melgar rechazó las acusaciones. Orlando Reyes, abogado defensor de Alejandro Melgar, rechazó las acusaciones contra su cliente, al señalar que la única verdad es que el caso Rózsa fue armado por el Gobierno de Evo Morales.
"Mi cliente jamás financió ningún grupo terrorista, él al igual que los otros acusados, son víctimas de un plan gubernamental para destruir a la oposición y por lo tanto, ese juicio debe anularse y absolver a los imputados", indicó.
El jurista mencionó que este plan es denominado desde Orinoco (Venezuela) a Orinoca (Bolivia) con fines siniestros con asesoría venezolana. Mientras que el titular de Cotas, Juan Carlos Velarde, no quiso dar su criterio y pidió contactar a su abogado, Rolando Aróstegui; sin embargo, este colegiado tampoco fue hallado.
Acusa al hermano del 'Vice' y a Clavijo. Asimismo Soza ante el Consejo Nacional de Refugiados (Conare-Brasil)", del que tuvo acceso ANF y Página Siete, acusó al hermano del vicepresidente del Estado, Raúl García Linera y al exfuncionario Luis Nolberto Clavijo de planificar el complot.
Además del desaparecido Carlos Núñez del Prado, sindicado de ser el que entregó el dinero a Ignacio Villa Vargas "El Viejo", en el conocido "videosoborno".
"Fui conminado a continuar la investigación en nuevos hechos que estratégicamente planeaban Luis Clavijo y Raúl García Linera", dijo Soza al Conare.
Enriquecimiento ilícito. El polémico exfiscal sindicó también de enriquecimiento ilícito y extorsión a Clavijo, Raúl García Linera y el abogado Carlos Subirana.
Dijo que esa situación afectó a fondo el desarrollo de la investigación del proceso de supuesto terrorismo. Ante estas revelaciones, el periodista Carlos Valverde, sostiene que el pasado lunes Subirana se habría trasladado hacia la Argentina y Clavijo estaría en la clandestinidad. El Día trató de ubicar telefónicamente a Subirana; sin embargo, informaron en su oficina que estaría en el interior del país, aunque su celular estaba apagado.
Cívico pidió anular el proceso. Por otro lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, pidió anular el proceso del caso Rózsa. "Se debe identificar al autor intelectual de la artimaña montada", aseveró.
Exfuncionario
Clavijo prefirió callar ante las acusaciones
Respuesta. El exdirector de Régimen Interior, Luis Nolberto Clavijo, prefirió callar en un contacto escueto que tuvo El Día con su persona.
"Como dije anteriormente, no quiero dar ninguna declaración, ya no soy un hombre público y las acusaciones en mi contra las tomo de quien viene", expresó. Clavijo mencionó que si desea más adelante pronunciarse llamará a los medios de comunicación. Antes, Ignacio Villa "El Viejo", dijo que fue contratado por Clavijo como chofer, durante la infiltración gubernamental en el grupo de Eduardo Rózsa. Ahora Soza sindica a Clavijo de ser parte de los que armaron el complot.
Indicó que el primer acto de planificación fue la denuncia presentada en La Paz el 14 de abril de 2009, por el Ministerio de Gobierno en contra del grupo irregular. Esa misma fecha, asegura Soza, haber sido designado fiscal del caso Rózsa.
Informó que curiosamente ese día, Eduardo Rózsa y su grupo que se encontraban alojados en el hotel Asturias, fueron trasladados al hotel Las Américas.
Mientras los principales organizadores y financiadores huyeron horas antes a Estados Unidos y Uruguay. Este es el caso de Luis Orlando Justiniano, Humberto Costas, hermano del Gobernador de Santa Cruz, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Juan Carlos Velarde, presidente de Cotas.
Defensa de Melgar rechazó las acusaciones. Orlando Reyes, abogado defensor de Alejandro Melgar, rechazó las acusaciones contra su cliente, al señalar que la única verdad es que el caso Rózsa fue armado por el Gobierno de Evo Morales.
"Mi cliente jamás financió ningún grupo terrorista, él al igual que los otros acusados, son víctimas de un plan gubernamental para destruir a la oposición y por lo tanto, ese juicio debe anularse y absolver a los imputados", indicó.
El jurista mencionó que este plan es denominado desde Orinoco (Venezuela) a Orinoca (Bolivia) con fines siniestros con asesoría venezolana. Mientras que el titular de Cotas, Juan Carlos Velarde, no quiso dar su criterio y pidió contactar a su abogado, Rolando Aróstegui; sin embargo, este colegiado tampoco fue hallado.
Acusa al hermano del 'Vice' y a Clavijo. Asimismo Soza ante el Consejo Nacional de Refugiados (Conare-Brasil)", del que tuvo acceso ANF y Página Siete, acusó al hermano del vicepresidente del Estado, Raúl García Linera y al exfuncionario Luis Nolberto Clavijo de planificar el complot.
Además del desaparecido Carlos Núñez del Prado, sindicado de ser el que entregó el dinero a Ignacio Villa Vargas "El Viejo", en el conocido "videosoborno".
"Fui conminado a continuar la investigación en nuevos hechos que estratégicamente planeaban Luis Clavijo y Raúl García Linera", dijo Soza al Conare.
Enriquecimiento ilícito. El polémico exfiscal sindicó también de enriquecimiento ilícito y extorsión a Clavijo, Raúl García Linera y el abogado Carlos Subirana.
Dijo que esa situación afectó a fondo el desarrollo de la investigación del proceso de supuesto terrorismo. Ante estas revelaciones, el periodista Carlos Valverde, sostiene que el pasado lunes Subirana se habría trasladado hacia la Argentina y Clavijo estaría en la clandestinidad. El Día trató de ubicar telefónicamente a Subirana; sin embargo, informaron en su oficina que estaría en el interior del país, aunque su celular estaba apagado.
Cívico pidió anular el proceso. Por otro lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, pidió anular el proceso del caso Rózsa. "Se debe identificar al autor intelectual de la artimaña montada", aseveró.
Exfuncionario
Clavijo prefirió callar ante las acusaciones
Respuesta. El exdirector de Régimen Interior, Luis Nolberto Clavijo, prefirió callar en un contacto escueto que tuvo El Día con su persona.
"Como dije anteriormente, no quiero dar ninguna declaración, ya no soy un hombre público y las acusaciones en mi contra las tomo de quien viene", expresó. Clavijo mencionó que si desea más adelante pronunciarse llamará a los medios de comunicación. Antes, Ignacio Villa "El Viejo", dijo que fue contratado por Clavijo como chofer, durante la infiltración gubernamental en el grupo de Eduardo Rózsa. Ahora Soza sindica a Clavijo de ser parte de los que armaron el complot.
La Fiscalía decide blindar a Raúl García Linera y a Clavijo
El fiscal asignado al caso terrorismo, Sergio Céspedes, descartó cualquier posibilidad de procesar o de incluir en el juicio a Raúl García Linera, hermano del vicepresidente del Estado, o a Luis Clavijo, ambos aludidos por el exfiscal Marcelo Soza en la carta que dirigió al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, cuando solicitó refugio en ese país.
“Legalmente no se puede incorporar a ninguna otra persona en el juicio porque se estarían violando los derechos de esa persona al debido proceso, ellos no fueron investigados y cualquier juicio tiene etapas que se cumplen; ahora bien, si cree conveniente el que denuncia puede presentar su querella, pero en este caso específico ya no se puede incluir a nadie”, dijo el fiscal.
Su colega, Marco Antonio Rodríguez, afirmó que de ser ciertas las afirmaciones que realiza Soza en su carta, coloca en un puesto delicado a su excolega porque estaría contradiciendo su propio trabajo y recordó que Marcelo Soza fue el principal investigador del caso.
“Eso es desdecir lo que él afirmó en su momento; él fue la autoridad que había presentado una acusación, la ha sostenido ante la autoridad competente, ha exigido y solicitado el procesamiento de 39 personas; si ahora dice que está mal, seguro que tendrá sus razones; sin embargo, el proceso debe continuar hasta que se emita una resolución que se denomina sentencia”, afirmó.
Soza y su carta
En un abundante documento de datos, el 25 de abril, cuando solicitó refugio político a Brasil, Soza enumeró los detalles de cómo Raúl García Linera, Luis Clavijo y el fallecido Carlos Núñez del Prado planificaron el proceso, desde la denuncia que realizaron ante la Fiscalía el 14 de abril, para tener control jurisdiccional, hasta el operativo en el hotel Las Américas y la posterior investigación. Según su declaración, a lo largo de todo ese tiempo hubo intervención directa de las autoridades desde el Ejecutivo.
Según el exfiscal, el 14 de abril, el día de la denuncia en La Paz, Rózsa y su grupo, que estaban alojados en el hotel Asturias, se fueron a Las Américas. Mientras, de forma paralela los principales financiadores del grupo huyeron a EEUU y a Uruguay. El exfiscal cita a Luis Orlando Justiniano, Humberto Costas, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Juan Carlos Velarde de ser parte de ese grupo.
Buscados
EL DEBER buscó a Luis Clavijo y al abogado Carlos Subirana (también citado en la carta y acusado de sacar provecho de este caso), quienes tienen domicilio en Santa Cruz, pero no fue posible lograr una versión de los mismos; es más, se conoció extraoficialmente que Subirana está de viaje.
Los fiscales Céspedes y Rodríguez, por separado, recordaron la posición oficial del Ministerio Público, que fue expresada por su principal autoridad, Ramiro Guerrero. Dicha autoridad restó legalidad a los documentos presentados por Soza en Brasil y dijo que cualquier denuncia debía ser personal
“Legalmente no se puede incorporar a ninguna otra persona en el juicio porque se estarían violando los derechos de esa persona al debido proceso, ellos no fueron investigados y cualquier juicio tiene etapas que se cumplen; ahora bien, si cree conveniente el que denuncia puede presentar su querella, pero en este caso específico ya no se puede incluir a nadie”, dijo el fiscal.
Su colega, Marco Antonio Rodríguez, afirmó que de ser ciertas las afirmaciones que realiza Soza en su carta, coloca en un puesto delicado a su excolega porque estaría contradiciendo su propio trabajo y recordó que Marcelo Soza fue el principal investigador del caso.
“Eso es desdecir lo que él afirmó en su momento; él fue la autoridad que había presentado una acusación, la ha sostenido ante la autoridad competente, ha exigido y solicitado el procesamiento de 39 personas; si ahora dice que está mal, seguro que tendrá sus razones; sin embargo, el proceso debe continuar hasta que se emita una resolución que se denomina sentencia”, afirmó.
Soza y su carta
En un abundante documento de datos, el 25 de abril, cuando solicitó refugio político a Brasil, Soza enumeró los detalles de cómo Raúl García Linera, Luis Clavijo y el fallecido Carlos Núñez del Prado planificaron el proceso, desde la denuncia que realizaron ante la Fiscalía el 14 de abril, para tener control jurisdiccional, hasta el operativo en el hotel Las Américas y la posterior investigación. Según su declaración, a lo largo de todo ese tiempo hubo intervención directa de las autoridades desde el Ejecutivo.
Según el exfiscal, el 14 de abril, el día de la denuncia en La Paz, Rózsa y su grupo, que estaban alojados en el hotel Asturias, se fueron a Las Américas. Mientras, de forma paralela los principales financiadores del grupo huyeron a EEUU y a Uruguay. El exfiscal cita a Luis Orlando Justiniano, Humberto Costas, Hugo Achá, Alejandro Melgar y Juan Carlos Velarde de ser parte de ese grupo.
Buscados
EL DEBER buscó a Luis Clavijo y al abogado Carlos Subirana (también citado en la carta y acusado de sacar provecho de este caso), quienes tienen domicilio en Santa Cruz, pero no fue posible lograr una versión de los mismos; es más, se conoció extraoficialmente que Subirana está de viaje.
Los fiscales Céspedes y Rodríguez, por separado, recordaron la posición oficial del Ministerio Público, que fue expresada por su principal autoridad, Ramiro Guerrero. Dicha autoridad restó legalidad a los documentos presentados por Soza en Brasil y dijo que cualquier denuncia debía ser personal
Marcelo Soza: “El operativo en Las Américas fue ilegal”
En su declaración ante el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, el exfiscal Marcelo Soza declaró que el operativo realizado el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas fue ilegal, porque se realizó sin control jurisdiccional de la Fiscalía asignada al caso terrorismo, extremo que fue advertido a las autoridades.
Soza insistió ante el Conare que Luis Clavijo y Raúl García Linera tomaban las decisiones políticas y estratégicas, y "ellos tenían la última palabra sin dejarme ejercer libremente mi función de representante del Ministerio Público".
Señaló que desde un principio advirtió que el operativo de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) de la Policía había sido excesivo y que era innecesario matar gente para garantizar el proceso
"Me enteré que el Fiscal General, Mario Uribe Melendres, también había ordenado al jefe del Instituto Forense de Chuquisaca, Dr. Torres Balanza, que se traslade a Santa Cruz para realizar las autopsias. "He advertido, sobre todo al Ministerio de Gobierno, que la no intervención del Ministerio Público en la investigación daría lugar para que la defensa de los imputados pida la nulidad de estos actos por no haberse realizado con control jurisdiccional ni la participación directa del fiscal. Estos hechos darán lugar a que se invalide toda esta prueba y se la tache de ilícita", acotó.
Militares venezolanos
En su relato, aseguró que "pudo establecer que en el hotel Las Américas se encontraban cuatro militares venezolanos adscritos a la Casa Militar de Palacio de Gobierno y el propio piloto del presidente Evo Morales, hecho que se encuentra en el informe del hotel Las Américas".
Manifestó que solicitó con insistencia tomar declaraciones de estas personas para averiguar qué papel han jugado en el operativo de la Utarc para la toma del grupo liderado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores; sin embargo, esa petición fue negada por el Ministerio de Gobierno y la Policía boliviana, porque los venezolanos gozaban de inmunidad diplomática y la presencia del piloto fue "simple coincidencia" en el lugar de los hechos.
En duda las hipótesis
Aseguró que durante la investigación se descubría una serie de hechos que cuestionaba la teoría de la Policía en sentido de que se trataría de un enfrentamiento armado con fuego cruzado y explosivos.
"Pude establecer que el informe balístico es insuficiente para sustentar la hipótesis de un enfrentamiento que se hubiera prolongado por aproximadamente 30 minutos y por ese motivo se solicitó ampliación del informe, algo que nunca se complementó", manifestó el exfiscal.
Indicó que la teoría del atentado contra la vida del presidente Evo Morales y de altos dignatarios también quedó en el olvido "porque nunca se pudo conseguir nada que lo sustente"
Reacciones
Carlos Aparicio Vedia
Diputado del MAS
“Inventa historietas”
“El exfiscal Soza sale con historietas, son cuentos de un delincuente acusado de extorsión. Los mismos acusados del caso terrorismo, divisionistas, lo han sindicado como su extorsionador, pero ahora coordina con ellos para atacar al Gobierno, para intentar tumbar el caso en busca de impunidad de aquellos que en su momento generaron la historia negra de nuestra patria”.
Jaime Navarro Tardío
Diputado de Unidad Nacional
“Ya llegará el momento”
Soza vincula a Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, eso es lo más grave y delicado porque lo dice el fiscal al que el Gobierno le dio todo el poder. Esperemos cambiar el Gobierno para pedir rendición de cuentas a los que han manejado la justicia, porque hoy profundizar en las investigaciones es imposible, pero ya llegará el momento.
Germán Antelo Vaca
Senador y líder de NPC
“Confirma sospechas”
La denuncia que hace el exfiscal, que fue hombre de confianza máxima del Gobierno, es grave. En un país democrático la historia del caso del supuesto terrorismo daría la vuelta y tendría que comprometer al Gobierno. Esto confirma las sospechas de que todo ha sido montado para perseguir a líderes cruceños y compromete al hermano del vicepresidente.
Jeanine Áñez
Senadora de Beni
“Eso lo venimos denunciando”
Lo que dice Soza no es nada novedoso, porque lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ahora el Gobierno intenta descalificar a su funcionario estrella. Como oposición hemos solicitado que se haga seguimiento de parte de organismos internacionales, porque ya no podemos creer en la justicia boliviana.
Samuel Doria Medina
Jefe de Unidad Nacional
“Hubo montaje”
“Cada vez se ve más claro que el caso terrorismo fue un montaje con el objetivo de descabezar a la oposición y a líderes empresariales en Santa Cruz, cada vez hay más elementos que muestran esa hipótesis, el propio fiscal Soza dice aquello". Considera que, a pesar de las revelaciones, la investigación no prosperará. Desconfía de la justicia.
Soza insistió ante el Conare que Luis Clavijo y Raúl García Linera tomaban las decisiones políticas y estratégicas, y "ellos tenían la última palabra sin dejarme ejercer libremente mi función de representante del Ministerio Público".
Señaló que desde un principio advirtió que el operativo de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (Utarc) de la Policía había sido excesivo y que era innecesario matar gente para garantizar el proceso
"Me enteré que el Fiscal General, Mario Uribe Melendres, también había ordenado al jefe del Instituto Forense de Chuquisaca, Dr. Torres Balanza, que se traslade a Santa Cruz para realizar las autopsias. "He advertido, sobre todo al Ministerio de Gobierno, que la no intervención del Ministerio Público en la investigación daría lugar para que la defensa de los imputados pida la nulidad de estos actos por no haberse realizado con control jurisdiccional ni la participación directa del fiscal. Estos hechos darán lugar a que se invalide toda esta prueba y se la tache de ilícita", acotó.
Militares venezolanos
En su relato, aseguró que "pudo establecer que en el hotel Las Américas se encontraban cuatro militares venezolanos adscritos a la Casa Militar de Palacio de Gobierno y el propio piloto del presidente Evo Morales, hecho que se encuentra en el informe del hotel Las Américas".
Manifestó que solicitó con insistencia tomar declaraciones de estas personas para averiguar qué papel han jugado en el operativo de la Utarc para la toma del grupo liderado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores; sin embargo, esa petición fue negada por el Ministerio de Gobierno y la Policía boliviana, porque los venezolanos gozaban de inmunidad diplomática y la presencia del piloto fue "simple coincidencia" en el lugar de los hechos.
En duda las hipótesis
Aseguró que durante la investigación se descubría una serie de hechos que cuestionaba la teoría de la Policía en sentido de que se trataría de un enfrentamiento armado con fuego cruzado y explosivos.
"Pude establecer que el informe balístico es insuficiente para sustentar la hipótesis de un enfrentamiento que se hubiera prolongado por aproximadamente 30 minutos y por ese motivo se solicitó ampliación del informe, algo que nunca se complementó", manifestó el exfiscal.
Indicó que la teoría del atentado contra la vida del presidente Evo Morales y de altos dignatarios también quedó en el olvido "porque nunca se pudo conseguir nada que lo sustente"
Reacciones
Carlos Aparicio Vedia
Diputado del MAS
“Inventa historietas”
“El exfiscal Soza sale con historietas, son cuentos de un delincuente acusado de extorsión. Los mismos acusados del caso terrorismo, divisionistas, lo han sindicado como su extorsionador, pero ahora coordina con ellos para atacar al Gobierno, para intentar tumbar el caso en busca de impunidad de aquellos que en su momento generaron la historia negra de nuestra patria”.
Jaime Navarro Tardío
Diputado de Unidad Nacional
“Ya llegará el momento”
Soza vincula a Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, eso es lo más grave y delicado porque lo dice el fiscal al que el Gobierno le dio todo el poder. Esperemos cambiar el Gobierno para pedir rendición de cuentas a los que han manejado la justicia, porque hoy profundizar en las investigaciones es imposible, pero ya llegará el momento.
Germán Antelo Vaca
Senador y líder de NPC
“Confirma sospechas”
La denuncia que hace el exfiscal, que fue hombre de confianza máxima del Gobierno, es grave. En un país democrático la historia del caso del supuesto terrorismo daría la vuelta y tendría que comprometer al Gobierno. Esto confirma las sospechas de que todo ha sido montado para perseguir a líderes cruceños y compromete al hermano del vicepresidente.
Jeanine Áñez
Senadora de Beni
“Eso lo venimos denunciando”
Lo que dice Soza no es nada novedoso, porque lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ahora el Gobierno intenta descalificar a su funcionario estrella. Como oposición hemos solicitado que se haga seguimiento de parte de organismos internacionales, porque ya no podemos creer en la justicia boliviana.
Samuel Doria Medina
Jefe de Unidad Nacional
“Hubo montaje”
“Cada vez se ve más claro que el caso terrorismo fue un montaje con el objetivo de descabezar a la oposición y a líderes empresariales en Santa Cruz, cada vez hay más elementos que muestran esa hipótesis, el propio fiscal Soza dice aquello". Considera que, a pesar de las revelaciones, la investigación no prosperará. Desconfía de la justicia.
Fiscalía le pide a Soza dar la cara e iniciar un proceso
El Ministerio Público pidió al exfiscal Marcelo Soza, que tiene refugio temporal en Brasil, dar la cara en el país e iniciar un nuevo proceso judicial, por las irregularidades que asegura que existieron durante la investigación del caso Terrorismo.
El exfiscal que llevó adelante las investigaciones del caso separatista desde 2009 fugó del país a Brasil entre el 11 de marzo de 2014. A través de las redes sociales se dio a conocer una carta atribuida a él en la que denunció irregularidades y otros en el proceso de indagación del caso Terrorismo.
El miércoles se dio a conocer el documento de Declaración al Consejo Nacional de Refugiado (Conare-Brasil) presentado por Soza el 25 de abril, en el que dio detalles de cómo fue preparado el operativo en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, donde fue desarticulado un grupo acusado de separatista. Ayer la agencia ANF publicó detalles de ese documento, en el que reiteró que la operación policial fue ilegal porque se llevó a cabo sin el control jurisdiccional de la Fiscalía correspondiente.
“A mí me comunicaron una vez que este operativo ya se había realizado con un trágico saldo de tres vidas humanas”, indicó Soza.
Ante esa versión, Sergio Céspedes, fiscal que lleva adelante el juicio oral del caso, descalificó la declaración porque “carece de legitimidad” y no afectaría al proceso jurídico por separatismo y alzamiento armado.
“Lo que tendría que hacer Soza es dar la cara y venir a denunciar a las personas que menciona y también debe explicar cómo son las cosas, porque lo que hace desde afuera (Brasil) no tiene validez y debería venir acá (Bolivia) para asumir su defensa y denunciar el hecho para iniciar los procesos correspondientes en la Justicia del país”, sugirió Céspedes.
El miércoles, Soza afirmó que el operativo estaba preparado por parte de un equipo del Ministerio de Gobierno de entonces, que estaba alojado en el mismo hotel esperando a que llegue el grupo irregular. La coordinación del operativo estaba a cargo de Luis Clavijo, Raúl García y Carlos Núñez del Prado.
Proceso. Céspedes afirmó que legalmente ya no se puede incorporar a ninguna otra persona en el juicio por Terrorismo porque se violaría el derecho del sujeto, al no hacer ningún procedimiento previo, esto ante la consulta de los periodistas si se podría incluir al proceso a los citados por Soza.
El otro fiscal asignado al caso, Marco Antonio Rodríguez, señaló que la misiva y las declaraciones de Soza son solo versiones periodísticas que no tienen valor legal y no pueden ser consideradas como una prueba en el juicio. “A la fecha Soza tiene dos imputaciones y está siendo buscado, por lo que debería asumir su defensa, ya que con su declaración solo admite que es un delincuente”, agregó.
Procesos en contra del exfiscal
Imputación
El exfiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza, con refugio en Brasil, tiene dos procesos, uno en la ciudad de Santa Cruz, por el delito de extorsión, y otro, en Sucre, por incumplimiento de deberes, tras abandonar el proceso del caso Terrorismo.
Tribunal 1˚ retoma el caso Terrorismo
Tras ratificar el rechazo a la recusación contra los jueces técnicos del Tribunal 1° de Sentencia de La Paz, el Tribunal 2° ordenó retomar el caso Terrorismo y resolver la recusación contra las dos juezas ciudadanas.
“Este caso, por la recusación de Ignacio Villa Vargas (El Viejo), fue remitido al Tribunal 2°, que resolvió rechazar la recusación planteada a los jueces técnicos, a la vez nos piden resolver la recusación de las juezas ciudadanas, por cuanto todo lo que existe en obrados fue remitido ayer (miércoles) a está instancia judicial”, dijo el titular del Tribunal 1°, Sixto Fernández. Agregó que este lunes se podría convocar a audiencia para resolver las observaciones.
Desde hace dos meses el juicio oral por Terrorismo se encuentra paralizado, debido a las recusaciones presentadas por Villa Vargas. Según el fiscal Sergio Céspedes, que atiende el juicio, el proceso podría volver a desarrollarse en al menos dos semanas.
Sobre la carta y declaraciones del exfiscal Marcelo Soza, Fernández aseveró que, por el momento, no se pronunciará en el tema. “Primero debemos cumplir lo que nos instruyó el tribunal de recusación, que es resolver la observación a las juezas ciudadanas, posteriormente se dará a conocer las decisiones o criterios del caso Marcelo Soza”, dijo el juez. Agregó que todos los elementos se verán en la etapa probatoria y los aspectos del exfiscal se atenderán en la producción de pruebas testificales del juicio.
La defensa solicita anular el juicio
Iván Condori
Tras la última declaración del exfiscal Marcelo Sosa, en sentido de que el operativo en el hotel Las Américas fue planeado antes del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, la defensa de los acusados del caso Terrorismo pidió una auditoría jurídica y la anulación de este juicio iniciado en 2009.
El abogado del acusado Ronald Castedo, David Hoffman, planteó la auditoría jurídica para detectar las causales de nulidades en el proceso, el mismo que es descalificado por el investigador del caso.
“Se debe realizar una revisión al proceso, a fin de corroborar fallas en los actuados”, dijo el jurista, tras conocer el documento que presentó Soza ante el Consejo Nacional de Refugiado de Brasil para pedir refugio.
El acusado Ignacio Villa Vargas (El Viejo), a través de su abogado Guido Colque, pidió que el proceso sea archivado. “Por moral debían cerrar este proceso, olvidar esta página negra en la historia de Bolivia y tratar de limpiar su imagen”, sostuvo.
El abogado de Alejandro Melgar y David Cejas (ambos prófugos), Orlando Reyes, dijo que siempre indicaron que el caso fue armado. “Es un plan copiado que le dio Hugo Chávez a Evo Morales para perseguir y destruir a una oposición”, declaró.
El jurista Gary Prado Aráuz, defensor de su padre Gary Prado Salmón, manifestó que Soza corrobora lo que se denunció en el inicio de este caso. Agregó que espera que la Cancillería legalice la carta del exfiscal publicada en marzo para que sea prueba. El presidente del Comité Cívico, Fernando Castedo, pidió liberar a los detenidos y amnistía para perseguidos por terrorismo.
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