De acuerdo con la declaración ampliatoria del exgerente de Perforación Corporativa, David Pérez (detenido en Santa Cruz), el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, prosiguió con la firma de contrato con la empresa italiana Drillmec, ignorando las advertencias de Edmundo Novillo, director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.
Según los documentos a los que tuvo acceso EL DIARIO, el 14 de diciembre del año pasado, en YPFB se realizó una de las reuniones que marcó el rumbo del caso taladros, en la que se suscitó un incidente entre Novillo y Achá, el cual fue descrito en la varias declaraciones de los implicados, también presentes en la reunión.
Pérez detalla que al término de la misma, Novillo “preguntó al licenciado Guillermo Achá, delante de todos los colegas del comité de licitación en su conjunto que ¿cuándo se firmaba el contrato (con Drillemec)?, notándose una indignación del señor Novillo cuando escucho del licenciado Achá que el contrato ya se había firmado (el 7 de diciembre)”, relató ante el fiscal Rudy Terrazas.
Luego de esa repuesta, continúa Pérez, Novillo cuestiona a Achá “¿cómo, si habíamos acordado revisar el proceso antes de firmar el contrato?, a lo cual respondió el licenciado Achá que no habían llegado a ningún acuerdo”, afirmó Pérez.
Aclaró que hasta esa fecha no tenía conocimiento de ninguna denuncia o proceso en su contra y tampoco que entre Novillo y Achá se había tratado las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación de contrato a favor de la italiana Drillemec, para la compra de los tres taladros por monto de 148,8 millones de dólares.
ORDENÓ CONTINUAR
Pero Pérez realiza otra aclaración más y señala que al terminar la reunión, donde en su criterio se absolvieron todas las dudas en el aspecto técnico, se acercó a Achá y le preguntó si debía continuar con el cronograma y emitir “la orden de proceder, obteniendo la respuesta del licenciado Achá de proceder según lo programando”, afirma en su declaración.
La consulta de Pérez, asegura, se la realizó debido a que ya se tenía fecha límite para cumplir con los montos de inversión proyectados para la gestión 2016, estando a la fecha límite por ser diciembre.
ACHÁ SE NIEGA
Pese a todos estos antecedentes, el 19 de junio, en la declaración informativa ante la comisión de fiscales, Achá lo negó todo.
Los fiscales preguntan al exgerente de YPFB, si en efecto se acordó con Novillo, revisar los documentos de Drillmec SPA antes de la firma de contrato, a lo que Achá responde que si bien se reunieron, solo en dos ocasiones, no tuvo conocimiento “a detalle” de las observaciones hasta el 14 de diciembre.
Asimismo, Achá también entró en contradicción con Pérez, sobre la “orden de proceder” con la ejecución de contrato, “en ningún caso yo puedo instruir que alguna persona emita la orden de proceder, porque está establecido que la administración de ese contrato se debe realizar por parte de la unidad solicitante (…) en ningún momento David Pérez, sobre el tema específico o sobre otro tema, me consulta”, aseveró.
Según la documentación revisada, la declaración ampliatoria de Pérez, la hace el 31 de mayo, un día después de ser aprehendido y una jornada antes de la audiencia cautelar, en la que pese a esto, se determinó la detención preventiva para él, el director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos, Gizel Siles y Julio Kjari.
Pérez amplía su declaración ante el fiscal Rudy Terrazas e indicó varias observaciones al proceso sumario que se le había seguido, donde afirma que se manipuló la investigación para inculparlo, con el fin encubrir supuestas irregularidades que en su criterio no se dieron en el área técnica o la Unidad Solicitante para la licitación de compra de los taladros.
Pese a todos estos descargos, Pérez fue destituido y aún queda pendiente la audiencia de apelación.
Pérez asegura en sus declaraciones que la gerente legal corporativa Claudia Lenz como Achá ejercieron presión sobre la autoridad sumariante, quienes afirma tenían “conocimiento pormenorizado de todo el trabajo” realizado para el proceso de la compra de los taladros, pero ahora lo desconocían “forzando a una culpabilidad estando el comité técnico en calidad de chivo expiatorio por librar de culpa a alguien, si es que hubo algo irregular en este proceso de contratación”, afirmó ante el fiscal.
Más tarde, de acuerdo con ANF, el contralor general del Estado, Henry Ara, indicó que, luego de un informe realizado, encontró responsabilidad penal en 19 funcionarios de YPFB, quienes habrían participado en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la adquisición de taladros.
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