Claudia Verónica Lenz Ardaya, sobrina de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, sería jefa de la Unidad Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a su cargo estaría la fiscalización de las empresas de transporte contratadas por la estatal petrolera y que en el último mes se han visto envueltas en denuncias de narcotráfico.
El diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterios lanzó la denuncia después que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el Ministerio de Gobierno y YPFB pactaron mediante un convenio interinstitucional la realización de escáner a los carros cisternas que transportan combustible a otros países, en el marco la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
“Claudia Verónica Lenz Ardaya (es) Jefa de la Unidad Legal de YPFB quien está a cargo de la fiscalización de las empresas que prestan servicio de transporte a la petrolera estatal”, dijo a la ANF el diputado Monasterios, al lamentar que la Aduana recién se preocupe por hacer controles mediante escáner.
Las empresas de transporte Corporación Regional de Transporte Asociados (CRETA SRL) y la Vartra-Boliq que tenían contratos con YPFB están presuntamente vinculadas a ilícitos del transporte de droga en particular a la Argentina. Tras las denuncias la estatal petrolera rescindió contratos.
En aproximadamente un mes, dos denuncias vincularon a las empresas transportadoras de combustible de YPFB con el narcotráfico. Monasterio, denunció que el empresario José Luis Sejas Rosales, propietario de la Creta SRL era el máximo prestador de servicios en el transporte de diésel, GLP e insumos de YPFB a través de una empresa que tiene 90 camiones y cisternas y otras compañías que figuran a nombre de familiares y terceros.
Se presume que Sejas Rosales usaba su red de camiones y cisternas para traficar con droga. Uno de los contratos fue firmado con una empresa de propiedad de su hija. Varios camiones de esta flota han sido requisados por agentes antidroga, que encontraron en ellos cocaína y marihuana. Los hallazgos se produjeron en la Argentina y no en Bolivia, porque hasta ese tiempo las cisternas no eran sometidas a controles en territorio nacional.
El asambleísta en ese momento también reprochó que YPFB realizara contratos de adjudicación directa y que además la empresa de Sejas tuviera el monopolio del transporte. “Todo da a pensar que este señor goza de cierta protección y complicidad del que fuera gerente comercial de YPFB, Guillermo Achá (actual presidente) y del actual gerente del área, Mauricio Marañón, porque de otra forma no se puede comprender cómo desde el año 2011, José Luis Sejas Rosales goza del monopolio de los contratos con YPFB a pesar de estar implicado de manera indirecta y directa en nueve casos de tráfico de drogas y sustancias controladas”, afirmó. Pocos días después Marañon renunció al cargo.
El 20 de julio se conoció que la Policía argentina secuestró 135 kg de cocaína, por un valor de $us 2 millones, ocultos en un cisterna de la empresa Vartra-Boliq que se trasladaba de Bolivia a ese país. Monasterio presentó el contrato YPFB/DLG N° 000055, del 26 de enero de 2015, en el que YPFB contrata los servicios de Vartra-Boliq y Asociados para el “servicio de transporte internacional y logística de diésel e insumos y aditivos”.
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