De los 80 líderes de organizaciones sociales que tomaron decisiones sobre proyectos y recursos del Fondo Indígena desde el 2008, solo Adolfo Chávez y Damián Condori, disidentes del MAS, están siendo procesados. Así analiza el caso el diario Página Siete.
En febrero de este año, la Contraloría reveló un daño económico de Bs 71 millones por 150 proyectos no ejecutados. Es por esto que el Ministerio Público investiga. La Fiscalía convocó a declarar a Chávez, ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en tres oportunidades, todas ellas suspendidas, informó Página Siete. Chávez encabezó la VIII y IX marchas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), lo cual lo distanció del Gobierno.
El Ministerio Público también convocó también a Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quien no se presentó. El fiscal Anghelo Saravia ya tenía previsto ordenar su aprehensión. Luego, Condori acudió a la convocatoria, pero no le tomaron su declaración.
En las pasadas elecciones del 29 de marzo, Condori fue candidato de la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST) y estuvo a punto de competir por la Gobernación en una segunda vuelta, pero el Tribunal Departamental Electoral (TSE) tomó una decisión administrativa que ayudó a proclamar a su rival Esteban Urquizu.
Por otra parte los dirigentes afines al MAS como Juanita Ancieta, ejecutiva de las mujeres campesinas Bartolina Sisa; Melva Hurtado, dirigente de la CIDOB; Gustavo Aliaga, líder de los interculturales, y otros dirigentes que también recibieron recursos del Fondo Indígena no tienen procesos judiciales de ninguna índole.
Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD), lamentó que la Fiscalía no investigue a los dirigentes pese a existir pruebas. Eduardo León, abogado de Quispe, sostuvo que el Ministerio Público agiliza las investigaciones contra Condori y Chávez porque ahora son opositores. "La Fiscalía no mide igual a la señora Melva Hurtado que se ha llevado 22 millones de bolivianos a su cuenta", señaló.
Hurtado dijo que desde 2012, cuando asumió la dirigencia de la confederación de los indígenas de tierras bajas, se ejecutaron todos los proyectos como establecen las normas. Por este caso están detenidos, los exdirectores del Fondo Indígena, Marco Aramayo y Julia Parra, mientras que Daniel Zapata está prófugo. Según informe hasta el 20 de julio devolvieron 13.747.303 bolivianos de 124 proyectos.
Además la interventora presentó al menos 20 denuncias contra funcionarios del Fondo Indígena y representantes legales de proyectos por delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, entre otros. Están detenidas nueve personas.
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