Procuraduría rescinde contrato con empresa que construía su sede en El Alto por "contubernio" y corruptela"

El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó el miércoles que se "rescindió" contrato con la empresa Suárez que construía el edificio de la Procuraduría, en la ciudad de El Alto, porque se detectó "contubernio y corruptela" con la empresa supervisora Sarmiento.

"En el proceso de construcción del edificio se advirtió que hubo una complicidad, contubernio entre la constructora y la supervisora, aparentemente, según se investiga, Suárez encargaba a Sarmiento realizar ciertos trabajos como planos y demás situaciones que le generaban una relación económica entre partes, algo inaceptable", denunció en conferencia de prensa.

Explicó que a raíz del hecho, "se decidió romper el contrato con Suárez y se contratará otra empresa para seguir con la edificación de la infraestructura de la Procuraduría General del Estado, creada por la Ley 064.

Indicó que resultado de una investigación se descubrió un retraso en las obras hecho que no denunció la fiscalizadora, en una construcción que tiene la inversión de 30 millones de bolivianos.

En este caso, indicó que se originó un daño en el tiempo de construcción de una obra que demanda mucho esfuerzo y sacrificio y acorde a las necesidades de la única institución nacional que tiene su sede la ciudad de El Alto.

Advertidos de hecho ilegal, dijo que la PGE realizó la denuncia penal ante la Fiscalía Departamental, que imputó al propietario de la empresa Sarmiento, sobre quien ahora pesa un arresto domiciliario ordenado por la autoridad jurisdiccional.

En el caso del representante de la supervisora Sarmiento, acotó, que también fue imputado penalmente por el Ministerio Público que desarrolla una amplia investigación.

Advirtió que "no se tolerará ni el más mínimo acto de corrupción que se pueda dar al interior de la Procuraduría General del Estado como en ninguna institución del Estado".

Tras esa experiencia, anunció que la PGE trabaja en una propuesta para el funcionamiento de la administración pública, de cómo deben operar las instituciones cuando se advierte este tipo de contubernios o actos de corrupción entre las constructoras y las supervisoras o las empresas fiscalizadoras.