lunes, 27 de marzo de 2017

Fiscal General admite que no se investigan muertes de caso Rózsa

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, admitió que el Ministerio Público no investiga la muerte de los tres extranjeros durante la incursión policial al Hotel Las Américas, en abril de 2009, en Santa Cruz.

Esa afirmación la realizó durante una petición de informe oral, a solicitud de la senadora Carmen Eva González, a propósito de la afirmación del Fiscal General, en sentido de que el caso de la muerte del ciudadano irlandés Michael Dwyer es una investigación cerrada.

La indagación surgió después de que el parlamentario irlandés Alan Kelly acusó al Gobierno de Bolivia de “ejecutar” y “asesinar” a su conciudadano Dwywer, quien formaba parte del grupo de Eduardo Rózsa.

González mostró los informes periciales de técnicos forenses que establecen que Dwyer, Rózsa y Arpad Magyarosi fueron sumariamente ejecutados por fuerzas policiales en el Hotel Las Américas, en un operativo supuestamente contra un grupo irregular armado que impulsaba la división territorial de Bolivia.

El Fiscal dijo que no se toman en cuenta otros informes que se hubieran presentado o existido de otros países por “principio de licitud de la obtención de la prueba. Es la pertinencia en el momento en el cual deben presentarse estas pruebas”.

Afirmó que “en el cuaderno de investigación (...) no se encuentra ese informe ni las fotografías que nos mostraba la senadora González, por lo tanto, toda la investigación, los exámenes y los informes periciales que se han realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses, tienen licitud, sirven como prueba y es parte de la acusación y la demostración que realiza el Ministerio Público”.

Como parte de las 16 preguntas del acto de fiscalización, se indagó a Guerrero si se hacía responsable del trabajo realizado en este caso por el Ministerio Público. Deslindó asumir responsabilidad por lo que hicieron otros fiscales, señalando que en su momento hubo una comisión conformada por instrucción del exfiscal Mario Uribe y del Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, que encomendaron la tarea al exfiscal Marcelo Soza.

Aseguró además que los protocolos de autopsia de los tres fallecidos, a los que dio lectura en sesión pública, establecen las causas de la muerte. “Eso es lo que existe en el cuaderno y eso lleva a los fiscales a desarrollar las acusaciones sobre delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía” del Estado”, remarcó.



SIN RESPUESTAS

En torno a los motivos por los cuales se trasladó a la Unidad Táctica de Reacción Inmediata (Utarc), Guerrero tampoco ofreció respuesta y remitió a la senadora peticionante, a consultar al Comandante General de la Policía de ese entonces, para que precise cuántos efectivos fueron desplazados, para qué y por orden de quién.

Del por qué se trasladó el caso a La Paz cuando el hecho sucedió en Santa Cruz, Guerrero dijo que se debe a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que reconoció la tutela solicitada por la jurisdicción paceña. El Fiscal se limitó a responder de manera general al cuestionario formulado por la senadora Gonzales.

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