En sólo cuatro días de audiencia, el juicio por legitimación de ganancias ilícitas, abierto contra Gabriela Zapata, Cristina Choque y otros cuatro acusados avanza de manera apresurada y ayer pasó a la cuarta etapa, de producción de prueba testifical.
CUARTA ETAPA
Según la explicación de Martha Requena, abogada de Choque, primero se dio con la apertura de juicio donde se dio lectura de la acusación del Ministerio Público y la de los cuatro acusadores particulares, como son el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia y Transparencia, la UMSA y el Segip.
Luego continuó con la presentación de incidentes, donde sólo Ricardo Alegría Sequeiros hizo uso del mismo, señalando que se le imputaba por cargos que sólo son atribuibles a un funcionario público, pero le fue denegado en razón de que la Fiscalía señala que solo se lo sindica como cómplice.
La tercera etapa fue la declaración del imputado y presentación del fundamento de la defensa técnica.
En esa etapa, el tercer día del juicio, Cristina Choque, Ricardo Alegría y Marvin Ramírez dieron su versión de los hechos negando todos los cargos, mientras que el exresponsable de almacenes de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Jimmy Morales se abstuvo.
Luego de cada testimonio, la parte acusadora realizó preguntas que fueron absueltas por los acusados.
En este sentido, ayer se inició con la cuarta etapa del juicio oral y se presentaron a declarar tres testigos de cargo de la Fiscalía.
TRES TESTIGOS
Los subtenientes de la Policía, Ramiro Troche Blanco, y Marco Antonio Solíz, además de Daniela Carvajal, excuñada de Zapata, quien señaló que al momento del divorcio con su hermano, estos realizaron la división y partición, donde Zapata se quedó con unos terrenos.
Pero Carvajal también señaló que Zapata se les presentó como abogada.
En el caso de los investigadores, Troche señaló que sólo participó en el operativo de la aprehensión de Zapata en febrero de 2016, y que en relación a Choque no realizó ninguna investigación.
Por su lado, el subteniente Soliz afirmó que fue quien recolectó los cinco libros de registros de ingresos y los entregó al IDIF, desconociendo su contenido, sin señalar cuál el criterio de importancia de la prueba recolectada.
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