El juez Sexto de Instrucción Cautelar, Fernando Rivadeneira, rechazó ayer la cesación de la detención preventiva al abogado Eduardo León y dictaminó su permanencia en la cárcel de San Pedro.
La audiencia se cumplió luego de que dos tribunales se declararan incompetentes y se negaran a dar apertura al juicio oral contra León por el supuesto delito de falsificación de su libreta de servicio militar para obtener su título profesional, alegando que primero debían resolverse los incidentes jurídicos planteados por el acusado.
Durante la audiencia, la defensa del abogado demandó el cumplimiento de la sentencia constitucional 1214 del Tribunal Constitucional Plurinacional que establece que no concurre riesgo procesal en este caso, pero el juez Rivadeneira incorporó dos riesgos procesales –obstaculización de la investigación y riesgo de fuga– como argumentó para dictar una resolución en contra de la solicitud de libertad del imputado.
En declaraciones a ANF, el abogado de la defensa, Jorge Quiroz, acusó al juez Rivadeneira de cometer prevaricato y vulnerar el derecho al debido proceso y dijo que espera que en la audiencia de excepción de prescripción, señalada para el próximo 4 de abril, el juez actué con objetividad y valore las pruebas y descargos de su defendido.
Por su parte, el abogado León dijo a la ANF que el juez falló “respondiendo a una instructiva política” y aseguró que “la resolución demuestra que en Bolivia la política ha prostituido a la justicia, han convertido a la justicia en una ramera de la política, pero mi decisión de seguir luchando por mi libertad y demostrar mi inocencia es firme”.
Recordó que la sentencia constitucional 1214 establece que no concurre riesgo procesal y lamentó que la resolución que le niega la cesación de detención se haya basado en el argumento: “No tengo arraigo natural, cuando el juez ha establecido que cuento con trabajo, domicilio, familia y que, el informe del flujo migratorio certifica que nunca he salido del país, no puedo fugar”.
Dijo que su pedido de libertad ya debía resolverse en noviembre de 2016, pero “está claro el Juzgado Sexto de Instrucción Cautelar procede según lo que dicta el Gobierno, sus resoluciones tienen un carácter político”.
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