La Fiscalía del Distrito presentó el 7 de marzo acusación formal dentro del proceso que el Gobierno abrió contra el abogado que reveló el escándalo del Fondo Indígena, Eduardo León, por la supuesta falsificación de su libreta militar, según confirmó a EL DIARIO, el juez sexto de materia en lo penal, Fernando Rivadeneira.
Graciela Mendoza, esposa de León, calificó de arbitraria la presentación de esta acusación por parte de la Fiscalía, que procedió de esa manera pese a que se había presentado, hace nueve meses, el incidente por la prescripción de todos los delitos de los que se acusa a su esposo.
Sin embargo, el juez Rivadeneira aseguró que ante la acusación presentada, el caso fue ya remitido a un tribunal de sentencia, que será la instancia que defina sí este incidente es o no procedente, o “sí el tribunal de sentencia considera que mi autoridad tiene que resolver estos elementos, va devolverme los antecedentes”, afirmó Rivadeneira.
León, quien también representó a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue procesado por cuatro ministerios: Defensa, Justicia, Educación y Transparencia, por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.
Esto en función de que una “denuncia anónima”, difundida por Transparencia, que señalaba que León había presentado una libreta militar falsificada para tramitar el título en provisión nacional de Derecho y acceder al cargo de asesor jurídico en la Alcaldía de El Alto, en la gestión de José Luis Paredes.
La denuncia, de manera coincidente, se la hizo justo unos días después que León fuera detenido por el caso de la supuesta suplantación del hijo de Morales.
En su defensa, León ha descalificado el trabajo oficioso que la Fiscalía realiza con los procesos en función de los intereses del Gobierno, por lo que se ha declarado “preso político”.
Sobre el caso asegura que en su contra solamente se ha presentado una “fotocopia” y su defensa técnica ha señalado la prescripción de esos presuntos delitos.
9 MESES SIN AUDIENCIA
Según los documentos a los que tuvo acceso EL DIARIO, la excepción por estos delitos, que se presume se cometieron hace 31 años, fue presentada en mayo de 2016, es decir hace algo más de nueve meses, ante la juez 13vo de materia en lo penal, Melina Lima.
DENUNCIA ANTE OEA
Pero, de acuerdo con la segunda denuncia que León presentó el 14 de marzo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Lima no respondió más de tres solicitudes, pese a que estaba obligada a cumplir con la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) número 1214/2016-S3, que señalaba que debía resolverse este tema.
Lima continuó en el cargo hasta el 31 de octubre de 2016, cuando su juzgado fue transformado al 4to Anticorrupción, remitiendo las causas ordinarias, entre ellas el caso de León, al juez Sexto de Materia en lo Penal, Rivadeneira, a quien desde esa fecha se le han hecho al menos dos solicitudes para que lleve adelante la audiencia.
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