Jimmy Montaño, abogado defensor del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, anunció ayer que solicitará al Ministerio Público la extinción de cargos en contra de su cliente, debido a la retardación de justicia.
Ostreicher se encuentra con detención domiciliaria bajo acusaciones de lavado de dinero provenientes de ganancias ilícitas y narcotráfico.
Montaño apuntó tres argumentos para solicitar la extinción: el Estado no pudo probar las acusaciones de narcotráfico, el estadounidense está detenido desde hace 18 meses y sin proceso instaurado en su contra y “se demostró” que el empresario fue víctima “de una banda de extorsionadores”.
“Si el Estado boliviano tiene pruebas contra Ostreicher tendría que acusarlo, pero como no existen pruebas nosotros necesitamos que se pronuncie un requerimiento conclusivo de sobreseimiento, porque Ostreicher no puede estar eternamente procesado”, dijo Montaño a la red televisiva ATB.
El abogado del estadounidense afirmó que en el caso de su defendido “sí hay una retardación de justicia” y “un incumplimiento de plazos procesales”.
“Ninguna investigación puede durar más de 18 meses y en este caso estamos llegando a 25 meses”, recordó.
“El caso de extorsión existió, producto de ello es que hay personas detenidas”, y agregó que su defendido fue “víctima” de una red de extorsionadores.
El 27 de noviembre de 2012, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló la existencia de una supuesta red de extorsión formada por los ahora ex funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, de la Dirección de Bienes Incautados, jueces y fiscales.
Los presuntos cabecillas son los ex asesores legales del despacho de Gobierno Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi; el ex abogado de la cartera de la Presidencia José Antezana y el ex director de Régimen Interior Boris Villegas. Todos están detenidos en Palmasola junto a otras ocho personas.
Jacob Ostreicher, quien durante 18 meses permaneció encarcelado en Palmasola, denunció que la red le habría pedido un pago de 50.000 dólares para dejar que un juez cautelar determine su salida de la cárcel, lo que ocurrió tras la desarticulación de la banda.
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