La persecución judicial se agrava en Bolivia

La persecución judicial por motivaciones políticas muestra una tendencia creciente en Bolivia. Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la fundación Nueva Democracia, realizado entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, revela que de nueve casos registrados al inicio del estudio se pasó a 51 en el lapso de un año.
Según el coordinador del Observatorio, Rubén Darío Cuéllar, el aumento obedece, en gran medida, a que subsisten casos como el del juicio a los miembros del Comité Interinstitucional de Chuquisaca (alzamiento armado), el caso del senador Róger Pinto y del exprefecto Leopoldo Fernández, pero también porque la persecución judicial involucra a muchas autoridades electas “que son perseguidas por el Estado por expresar opiniones o posiciones diferentes a las asumidas por las autoridades de Gobierno”.

Detenidos y heridos
El Reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia también da cuenta de que en el mes de septiembre de 2011 es cuando se produce la mayor cantidad de privaciones de libertad, con un total de 540 indígenas marchistas detenidos en Beni, en el caso conocido como la represión policial de Chaparina.
En el informe también se señala que en el lapso del estudio se registraron al menos 682 heridos como consecuencia de la conflictividad política, aunque no todos como resultado de enfrentamientos con los organismos de seguridad, sino también por pugnas entre grupos afines al Gobierno. De ese número, 540 se produjeron durante la marcha indígena por el Tipnis.
Entre otros datos, también se señala que en el espacio de tiempo mencionado se generaron 14 muertes atribuibles a la represión de los organismos de seguridad del Estado

Cifra

540
Indígenas marchistas
Es el mayor número de víctimas de privaciones de libertad reportados en el estudio durante la represión policial en Chaparina.