Contratos de consultoría y, en algunos casos, ítemes de designación es lo que tienen los familiares de varias autoridades, que lograron cupos laborales en la administración del Estado. Las autoridades denunciadas defienden estas contrataciones y contraatacan a sus detractores que son los políticos opositores.
En las últimas semanas, al menos dos ministros y varias congresistas del oficialismo se han visto cuestionados por el amplio listado de familiares que también trabajan para el Estado. La concordancia de apellidos saltó en consultas de las declaraciones juradas que los funcionarios públicos presentan ante la Contraloría General del Estado, pero, según otros empleados estatales, la lista es mucho más larga, ya que varios parientes de autoridades son empleados a través de las consultorías por producto o en línea. Explican que estas garantizan un salario superior a los Bs 10.000 por al menos seis meses sin necesidad de pasar por la ventanilla de trámites de la Contraloría. De esta forma, se evita dejar ese rastro.
Los consultados aseguraron que se toman el cuidado de no contratar a un familiar en la misma repartición pública en que desempeña sus labores el pariente poderoso. Así por ejemplo, un diputado no podrá meter a su consanguíneo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, así le encuentre pega en el Senado. La modalidad es recomendarlo para otra entidad. De esta forma se evita caer en la figura legal del nepotismo.
La diputada Valeria Silva (MAS), confirmó que sus familiares laboran en el Estado y defendió su contratación. Dijo que en muchos casos están mejor preparados y recordó que sus padres prestan servicios para el Gobierno desde hace más de 10 años.
Su papá es Óscar Silva, fue viceministro de Comunicación y hoy realiza consultorías para el Gobierno. Su hermana, Lucía Silva, de acuerdo con su declaración jurada, trabaja en el estatal Banco Unión; su otra hermana, Gabriela Silva, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para la diputada, sus familiares tienen todo el derecho de trabajar, como manifestó el Presidente Evo Morales, en cualquier entidad que requiera de sus servicios y negó que se hubiera realizado alguna gestión para que sean contratados.
Algunas familias
Existen denuncias de familias enteras que trabajan en el Estado y las autoridades las defienden afirmando que ya desempeñaban su labor antes de que ellos se empoderaran. El ministro de Justicia, Héctor Arce, que fue denunciado de tener a nueve familiares suyos trabajando en distintas reparticiones, desafió a que los denunciantes presenten sus casos ante una autoridad competente.
“No me voy a referir más a esos temas. El que tenga alguna denuncia que la presente ante las instancias y autoridades que correspondan. Nosotros hemos aclarado con suficiencia, hay un uso indiscriminado y canalla en las redes sociales, una serie de mentiras que no vamos a entrar a contestar”, dijo cuando fue consultado por la denuncia.
Según la denuncia y confirmada por la información de la CGE, Rosario Peñaloza, es su exesposa y trabaja en la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes; Alejandra Vera, fue su segunda esposa y labora en la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT); Luz Arce, es hija suya y se desempeña en el Ministerio de Economía; su yerno Rory Calderón, tiene declaración jurada y trabaja en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales; Jacqueline Arce, es su hermana y trabaja en YPFB; Marco Cuba, es su excuñado y es el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip); y Claudia Asturizaga, que es cuñada suya y también presta funciones en el ARIT.
En otro Órgano del Estado, el denunciado fue el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costa Sitic, cuyos familiares -una de sus hijas y el yerno- trabajan para dos entidades gubernamentales; pero el vocal dijo que se trata de una cobardía tratar de vincularlo con un presunto tráfico de influencias.
“Esas personas piensan que los bolivianos que tienen meritos no tienen derecho a trabajar en el Estado. Que me demuestren que estoy haciendo tráfico de influencias”, protestó.
Según la denuncia, Felipe Virreira es yerno de Costas y es funcionario en el Ministerio de Justicia. Costa dijo que fue invitado por su capacidad y es permanentemente evaluado su desempeño. También admitió que su hija Milka Costas, trabaja en la Procuraduría General del Estado que se sumó a esa repartición desde hace cuatro años por concurso de méritos.
Otro caso es el de Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo, cuyo hijo es funcionario del mismo ministerio, pero ingresó antes que él.
El jueves estalló el enfrentamiento entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y el senador Arturo Murillo. Este la acuso de tener a su esposo, Fabián Restivo, como empleado del Ministerio de Desarrollo Productivo. Montaño contraatacó revelando que la hermana de Murillo trabaja en la Alcaldía de Cochabamba.
Antes del MAS, los políticos recurrían a llamadas o tarjetas para sus familias
Dos dirigentes políticos que formaron parte de gobiernos antes del Movimiento Al Socialismo (MAS), relataron que las llamadas telefónicas y las tarjetas personales eran el conducto más utilizado para acomodar a los parientes en distintas entidades gubernamentales.
Admitieron que en ese entonces, ‘el aparato’ estatal era muy pequeño y las posibilidades no eran muchas, por eso a veces se recurría a la creación de entidades que puedan absorber mano de obra de los militantes y parientes. Recordaron el caso Jaime Paz Zamora, que hizo a sus hijos Rodrigo y Jaime, diputados en 1997.
La familia Banzer no fue la excepción. Recortes de prensa de 1998 dan cuenta de que hubo un escándalo cuando se encontró a un jefe de la Aduana informando de aportes a la exprimera dama Yolanda Prada. Ademas, el sobrino del general Banzer, Ramón Prada, fue prefecto en Santa Cruz; su yerno, Chito Valle, prefecto en La Paz y su hija Patricia era su secretaria privada. Gonzalo Sánchez de Lozada tenía hermano contralor, un sobrino director de la Aduana y otro prefecto.
De tres normas, solo el estatuto del funcionario regula parentesco familiar
El Estado boliviano cuenta con tres normas que regulan el trabajo de los funcionarios públicos: la Ley 1178 o Ley Safco, vigente desde 1990; la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, promulgada en marzo de 2010; y finalmente, el Estatuto del Funcionario Público de octubre de 1999. Es precisamente esta última norma la única que sanciona los actos de nepotismo en una institución.
El artículo 11 del referido estatutos señala, “los funcionarios de carrera no podrán ejercer funciones en la misma entidad, cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad conforme al cómputo establecido por el Código de Familia”.
Según algunos funcionarios consultados por EL DEBER, al momento de realizar su declaratoria jurada de bienes, existe una pregunta sobre si existe algún parentesco de consanguinidad o afinidad con las autoridades donde trabajan para deslindar cualquier responsabilidad adminsitrativa.
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