El exResponsable Nacional de Operaciones de Dircabi-Santa Cruz Gabriel Moreno – hoy en busca de asilo político fuera del país – aseguró que las recientes denuncias formuladas en su contra por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, busca tapar la corrupción que implica a cercanos colaboradores de esa autoridad, en el extravío del arroz y los bienes confiscados al norteamericano Jacobs Ostreicher por 22 millones de dólares, centenares de motos nuevas incautadas, vehículos y la desaparición de maquinaria pesada.
Moreno fue acusado de ser cabecilla de una red de corrupción que operaba en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Santa Cruz, pero él cree que esa es una represalia producto de una sospecha equivocada del ministro Romero por considerarlo autor de unos memes que dieron pistas sobre redes de corrupción que, en criterio de Moreno, existe dentro el Ministerio de Gobierno.
“Definitivamente no soy cabeza ni articulador de red de corrupción ni mucho menos, más al contrario he estado denunciando los actos de corrupción que se suscitaban en la dirección distrital Santa Cruz con la gente de Carlos Romero y de Jorge Pérez, ex ministro de Gobierno, por la desaparición de bienes y devolución de vehículos ilegales que se suscitaban”, declaró a Erbol.
Este medio consultó el criterio del ministro Romero quien de manera contundente dijo: “No debato con delincuentes” y no dio más opciones para formular otras consultas.
LOS BIENES DE OSTREICHER
Dijo que desde el decomiso del arroz, varios directores en distintas gestiones de Dircabi intentaron monetizar el ganado, maquinaria, vehículos, tierras y arroz, éste último almacenado en tinglados en una hacienda en Guarayos y los ingenios San Pablo y Los Tucanes en Santa Cruz. Todos iniciaron procesos de venta, pero cuando tenían todo listo fueron cambiados y el siguiente no dio continuidad.
Explicó que con motivo de una inspección a otros bienes incautados, pudo llegar de casualidad al depósito de San Pablo, donde observó que las grandes cantidades de arroz, con las que se podía llenar el coliseo de La Paz, habían desaparecido en un 90 % y el resto se encontraba en estado de descomposición y en las afueras, la maquinaria se veía desmantelada.
“Hice el informe a través de eso empieza a persecución contra mi persona. Es un tema delicadísimo, quieren ocultar esos casos que son grandes”, manifestó Moreno al dar cuenta que el caso del arroz de Ostreicher está registrado con el código SC-X-518/11. El norteamericano estuvo preso casi 2 años acusado por delitos vinculados al narcotráfico y tras salir de Palmasola huyó a Estados Unidos, abandonando sus inversiones realizadas en Santa Cruz.
Dijo que Dircabi-Santa Cruz es una entidad con supuesta independencia técnica, legal y administrativa, bajo tuición del Ministerio de Gobierno. Maneja el 70% de los incautados a nivel nacional pero que lamentablemente no tiene un inventario de los bienes en custodia y transfiere los mismos por instrucciones del despacho del Ministro de Gobierno con o sin autorización judicial, indicó.
En diciembre de 2012, se conoció que Dircabi confiscó 13.254 toneladas de arroz de la hacienda de Ostreicher, de las que 5.613 toneladas se vendieron y 120 toneladas habrían sido enviadas a Cuba que enfrentaba las consecuencias de un huracán. El resto fue depositado en tres ingenios donde se echó a perder.
La orden de venta salió del juez cautelar Fernando Orellana, pero la sospecha hasta ahora no aclarada es que los dineros de la monetización no llegaron a las arcas de Dircabi y fueron repartidos entre los funcionarios componentes de la red de extorsión de 2012. La Fiscalía abrió una investigación sin difundir sus resultados.
MOTOS DOTADAS A LA POLICIA SIN ORDEN JUDICIAL
Aseguró que el Ministerio de Gobierno cayó en la discrecionalidad en 2012, al disponer la transferencia en dotación de centenares de motos nuevas a la Policía Boliviana, de las cuales la mayor parte fue a parar a la entidad policial, pero una cantidad menor se extravío en el camino. Lo lamentable es que estos bienes al estar en litigio, no podían ser dispuestos sin orden judicial, indicó el exfuncionario.
Una cantidad pertenece a la Abdalá Cuellar y la otra a la familia Jiménez. El abogado de ésta última Otto Ritter confirmó que la familia Jiménez fue objeto de una confiscación de 70 unidades nuevas. Existe una sentencia ejecutoriada para su devolución pero Dircabi evade su cumplimiento. Según Moreno esta situación puso en apuros al ministro Romero y por eso intentó introducir un artículo en la nueva Ley de Sustancias Controladas para validar esa entrega de 2012.
Sin embargo, considera que será difícil que Dircabi pueda recuperar las motos porque la mayor parte ya no sirven, están desmanteladas, otras quemadas, y tendrían que pedir a cada policía la devolución en las mismas condiciones que recibió.
DIRCABI, GARAJE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
Moreno trabajó desde 2013 en Dircabi y recordó que incluso antes, los bienes incautados al narcotráfico fueron entregados en actos públicos a municipios, organizaciones sociales y otros utilizados en la campaña electoral.
“El Ministerio de Gobierno cree que la Dircabi es un garaje que tiene que estar dotando de estos vehículos, utilizarlos hasta que se funda el motor para pedir otro. No tienen contratos provisionales ni en comodato. Pasan dos a tres años recién entregan los bienes a Dircabi, muchos están chatarra y otros en mal estado”, manifestó.
“Desde que entré, empecé a tocar a gente que había sido de Romero y de Pérez. Tenía documentos e informes y por mi seguridad familiar, personal y mi libertad personal, he tenido que huir”, declaró al recordar que Pérez aún sin ser autoridad pública, continuaba colaborando con Romero en el Ministerio y en el club Sport Boys.
“SOY UN MUCHACO DE 32 AÑOS, SIN DINERO Y BUSCO ASILO”
Gabriel Moreno admite que huyó tras una alerta que recibió de la exdirectora Mirtha Jiménez sobre una orden de aprehensión que pudo llevarlo a la cárcel de Palmasola, pero dice estar en la clandestinidad, aunque el Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo tener pistas que se encuentra en Perú y gestionan su expulsión.
“Yo no confío en la justicia boliviana porque se manipula y por temor a las represalias voy a buscar el refugio político. Sé que me lo van a dar, me van a conceder”, dijo en contacto telefónico.
Se declaró militante del MAS que hizo campaña siendo dirigente universitario en Oruro, donde se sumó al actual partido de gobierno. Ingresó a Dircabi en 2013 como Coordinador de la Dirección General, luego ascendido Responsable Nacional de Operaciones en 2015. Tenía un sueldo inicial de Bs 6.800 y desde el año pasado, pasó a ganar Bs 11.700.
“Soy un muchacho de 32 años, acabo de cumplir años de la manera más atroz que he podido pasar en mi vida, involucrarme en esto. No tengo ni dinero, ni recursos. Por hacer denuncias ahora soy el denunciado”, dijo Moreno en la extensa conversación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario