Familiares de al menos una decena de autoridades del Ejecutivo ocupan cargos públicos. "No creo que sea delito o pecado que nuestros familiares trabajen”, justificó el presidente Evo Morales ante los últimos casos revelados que involucran a parientes de los ministros de Justicia, Economía, Presidencia, Desarrollo Productivo y otros altos cargos. Aunque no ha probado nepotismo, la oposición denuncia "falta de ética” y tráfico de influencias.
Tres hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez Callahuanca, trabajan en reparticiones estatales: Juan Adhemar, en Insumos Bolivia; Nelson Eddy, en YPFB y José Luis, en la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. El cuarto hermano Sandro Martínez Callahuanca, trabajó en la Alcaldía de Sucre hasta el año pasado.
En su defensa, el ministro Martínez, quien fue diputado y senador del MAS entre 2006 y 2015, aseguró que sus hermanos son servidores públicos "mucho antes” que él asuma su actual cargo. El diputado opositor Amilcar Barral, quien reveló el dato, pidió una investigación.
"Toda una familia está trabajando en entidades estatales. No hay nepotismo, es verdad, pero va por el lado de que pueda haber uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. Lo que más nos preocupa es que no haya ética ni moral, tomando en cuenta que muchos profesionales no tienen una fuente laboral”, increpó Barral.
Fue la primera de una seguidilla de revelaciones. La oposición también cuestionó que la hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, trabaje en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y que su excuñado Marco Cuba sea director del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
Al respecto, el titular de Justicia aclaró que su hermana cumple funciones en la administración pública desde hace 22 años. Recalcó que ella no participó en la firma del contrato de taladros con la empresa Drillmec, que se encuentra en investigación. Arce aseguró que su hermana está divorciada de Marco Cuba "hace muchos años” por lo que -dijo- no hay "ningún vínculo” con el director del SEGIP.
Otra denuncia reveló que el hijo del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, trabaja en una institución descentralizada que depende de esa cartera. La autoridad admitió que Rafael Rojas Tallacagua es jefe de Sistemas en Promueve Bolivia pero negó nepotismo. "Dicen que Rafael Rojas ha sido contratado por el mismo ministro. Mentira. Mi hijo trabajó con 1.000 bolivianos contratado eventualmente en 2011, yo no (lo) contraté, luego (lo) contrataron con 2.500 bolivianos el 2013 como auxiliar”, dijo.
Dos hijos del ministro de Finanzas y Economía, Luis Arce Catacora, son funcionarios públicos. Rafael Ernesto Arce Mosqueira trabaja en la ANH y Luis Marcelo Arce Mosqueira, en YPFB, según el Sistema Declaraciones juradas de la Contraloría General del Estado (CGE). Además, la esposa de la autoridad, Lourdes Durán Romero, ocupa una gerencia en el Banco Unión, dependiente del Estado.
De acuerdo a los datos de la Contraloría, tres sobrinos de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, ocupan cargos públicos: Claudia Verónica Lenz Ardaya es jefa de la Unidad Legal de YPFB, Freddy Augusto Lenz Ardaya trabaja en ASFI y Daniela Alejandra Lenz Ardaya, en el SEGIP.
Otro de los apellidos recurrentes es Ramos. El exrector de la UMSA, Juan Pablo Ramos es presidente del Banco Central de Bolivia (BCB). Su hija, Ana Verónica Ramos Morales, fue ministra de Planificación y ahora es directora de la nueva Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OTFEP). Su hijo, Juan Pablo Ramos Morales, fue viceministro de Medio Ambiente y renunció a ese cargo en julio de 2010. La sobrina del presidente del BCB, María Luisa Ramos Urzagaste, es embajadora de Bolivia en España.
Evo: Ni pecado ni delito
Ante las últimas revelaciones de parientes de autoridades en el aparato estatal, el presidente Morales exigió a la oposición que demuestre si hay nepotismo. "Sería importante que quienes cuestionan demuestren ese nepotismo, traté de averiguar algunos casos de ministros… (pero) no creo que sea delito o pecado que nuestros familiares trabajen”, afirmó el jefe de Estado.
Se considera nepotismo, "la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos”, define el Diccionario de Derecho de Manuel Ossorio. "Bajo ese entendido se debe considerar que el nepotismo es un acto de corrupción, donde un servidor público favorece a un familiar, otorgándole un cargo público en desmedro del Estado”, explica el abogado Rodrigo Maidana Uria, experto en legislación laboral.
El experto recalca que para que se cometa este ilícito deben concurrir algunos elementos, como ser: a) Que el que nombra a un familiar, tenga tal potestad. b) Que el nombramiento sea solo por ser un familiar, es decir vulnerando los procedimientos de contratación de personal, y dejando de lado el profesionalismo o aptitudes del beneficiado. c) Que lo haga con la única intención de favorecer a un familiar consanguíneo o por afinidad.
Si familiares de autoridades trabajan en otras áreas del aparato público, no hay ilícitos, concluye el abogado pero aconseja revisar los procesos de contratación para descartar uso de indebido de influencias o nombramientos ilegales.
"El momento en que se demuestre que hay nepotismo, por supuesto (que estarán) fuera, pero si trabajan desde antes o concurso, yo no veo nepotismo”, dijo el Presidente.
Aspectos legales para la contratación de personal
Uso indebido de influencias Art. 146: "La servidora o el servidor público autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días”.
Nombramientos ilegales Art. 157: "Será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años y multa de treinta a cien días, la servidora o el servicio público que propusiese en terna o nombrare para un cargo público a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño”.
Normas La Ley 2027 del Funcionario Público y el Código Penal prohiben que puede existir parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad en la institución pública.
Punto de Vista
Rodrigo Maidana Uria, experto en legislación laboral
Hay que descartar uso de influencias
Nuestra normativa es clara al limitar las designaciones de familiares consanguíneos hasta el cuarto grado y segundo de afinidad, en las mismas reparticiones del Estado.
Sólo los funcionarios de carrera y los interinos se encuentran dentro de las incompatibilidades señaladas en el Artículo 11 de la Ley 2027, es decir que no pueden ejercer funciones en la misma entidad cuando exista vínculo matrimonial o grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Por otro lado las designaciones de familiares o amistades podrían no sólo darse en la misma repartición de Estado, utilizando tal vez favores políticos, o la influencia que puede tener una autoridad respecto a otras autoridades, por lo que estos actos están previstos y tipificados en el código penal.
Se ha visto que hay familiares trabajando en el Estado, pero en diferentes áreas, esto no es ilegal. Sí, considero que se debería revisar los procesos de contratación de estos funcionarios públicos, a fin de dar certeza a la población de que no existe uso indebido de influencias o nombramientos ilegales.
No olvidemos que los funcionarios públicos deben responder ante la sociedad, nosotros somos quienes los contratamos para tener un Estado que cumpla con nuestros requerimientos.
Lamentablemente a los servidores públicos se les olvida que son nombrados para servir al pueblo y no para servirse del pueblo.
Las autoridades no deben molestarse ante las denuncias que se hicieron recientemente por parte de la población, más bien deben estar atentas a las mismas para así cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, tal cual como juraron hacerlo al momento de asumir sus cargos.
Abya Yala Tv, la casa de los que se van del Gobierno
Abya Yala Televisión, desde su creación, ha acogido a varias exautoridades y allegados a altos cargos del Ejecutivo. Tal es el caso de los exministros Pablo Groux y Amanda Dávila que hasta hace poco trabajaron en ese medio que, según denuncias, recibe apoyo del Gobierno.
Hasta hace poco el exministro de Culturas Pablo Groux fue gerente de la televisora Abya Yala. Groux es concuñado del vicepresidente Alvaro García Linera.
En Abya Yala Televisión también trabaja la exministra de Comunicación Amanda Dávila.
Actualmente en ese medio tiene un programa Andrés Salari, autor del audiovisual denominado El cartel de la mentira.
El año pasado, el senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo denunció que el canal de televisión Abya Yala y la Fundación que lo dirige se benefician con "tráfico de influencias” y publicidad del Gobierno.
El entonces gerente del medio, Pablo Groux, negó las acusaciones. "El presidente Evo Morales no es miembro de la fundación, no forma parte del directorio, no tiene ningún tipo de participación en la Fundación Abya Yala”, dijo aunque admitió que inicialmente el Primer Mandatario había tenido participación.
La Fundación Juan Evo Morales Ayma (JEMA) quedó "disuelta” hace dos años, precisamente a pedido del Primer Mandatario. "Esa fundación se disolvió. Entiendo que a requerimiento del Presidente que pidió que no se utilice su nombre”, sostuvo el ahora exgerente.
En agosto de 2016, el senador Arturo Murillo denunció que el Gobierno transfirió tres vehículos a la Fundación de Abya Yala.
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