El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que sería “mejor” que el fiscal Marcelo Soza sea alejado del caso terrorismo, frente a las acusaciones que hay en su contra, para que el proceso no se perjudique y el fiscal, a la vez, tenga la oportunidad de aclarar esas sindicaciones.
“Hay una comisión de fiscales y si el señor Soza tiene cuestionamientos, mejor tal vez que se lo aleje definitivamente del proceso y que aclare esos cuestionamientos y esas acusaciones que le están haciendo, y de esa manera no se contamina el proceso como tal”, dijo Romero a los medios estatales.
Romero lamentó que se pretenda “distorsionar” el caso terrorismo con ese tipo de acusaciones. Además dijo que si alguna autoridad, cualquiera que sea, hubiera extorsionado o chantajeado, eso debe esclarecerse.
“Pero esto no supone que el hecho del terrorismo separatismo pueda ser eliminado a partir de la supuesta inconducta de unos fiscales, o abogados o funcionarios que pueda haber existido”, subrayó la autoridad.
El ministro dijo que quien tenga una acusación en su contra, si ésta es “válida” y sustentada, debe asumir “su responsabilidad”.
No obstante, la autoridad aclaró que la responsabilidad jurídicamente es individual y, por tanto, no inherente al Ministerio Público y, además, ese tema no tiene nada que ver con el hecho de fondo: la indagación de la responsabilidad intelectual y material de quienes organizaron y promovieron al grupo de Eduardo Rózsa Flores, que tenía como aparente finalidad producir una acción separatista en el país.
Hoy debe reanudarse el juicio oral del caso terrorismo, en el que hay 39 acusados. En la actualidad el proceso se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz.
Romero informó que en los cuatro años del caso, más de 90 incidentes no permitieron ingresar en la fase probatoria.
Según la autoridad, los abogados de los imputados se dedicaron a desarrollar una estrategia dirigida a evitar que se discutan las pruebas en torno al caso.
“El proceso como tal no se ha iniciado porque el proceso judicial real se inicia cuando ya vamos a la etapa probatoria y en cuatro años se han discutido cuestiones procedimentales, cuestiones incidentales para precisamente impedir entrar al debate de las pruebas”, apuntó.
Entre las pruebas que hay en el proceso, Romero mencionó el arsenal de armas encontrado en el stand de COTAS; las comunicaciones entre el grupo de Rózsa y los operadores políticos de los sectores conservadores y separatistas de Santa Cruz y Beni; los mapas, planos y croquis encontrados, y el testimonio del propio Rózsa antes de dirigirse a Bolivia, entre otros.
Romero explicó que en el caso Terrorismo I están imputados quienes tienen alguna vinculación directa con los hechos, y que de los más de 30 imputados, casi la mitad está fuera del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario