Destituida, amenazada y sometida a presiones constantes terminó una médico anestesista del hospital Viedma que decidió denunciar a algunos de sus colegas por cobrar un porcentaje de dinero por la atención del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) utilizando los ambientes y equipos de este nosocomio.
La representación del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción llevó adelante el proceso y evidenció la falta de un mecanismo de carácter legal de protección para denunciantes y testigos.
Desde esta oficina se constató que una de las medidas inmediatas que asumen los denunciados es tratar de averiguar la identidad de testigos y denunciantes para tomar acciones de revancha contra ellos.
Los datos estadísticos demuestran que en la mayoría de los casos los denunciados son personas que están en cargos directivos y gerenciales, y los denunciantes son funcionarios de menor jerarquía, por lo que se pone en riesgo la tranquilidad, estabilidad laboral, profesional y familiar de estos últimos.
Ante esta situación se impulsa el “anteproyecto de Ley del Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes” que tiene el objetivo de fortalecer la lucha contra este delito en el país. A su vez busca incentivar y facilitar la denuncia para prevenir otros hechos similares.
Por recomendación del Encuentro Plurinacional, que se realizó en diciembre de 2011 en la ciudad de Cochabamba, se impulsa ésta y otras normativas.
La Aduana Nacional, por ejemplo, ofrece recompensas a personas particulares y municipios por denunciar actividades de contrabando. Estas personas reciben entre el 20 y 40 por ciento del valor de la mercancía incautada y los municipios un 10 por ciento adicional, además de la protección suficiente para evitar represalias, como el resguardo de su identidad.
OTRAS LEYES Si bien existe la protección de los testigos y denunciantes en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Código de Procedimiento Penal y la nueva ley del Ministerio Público, no son suficientes.
En la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se establece el sistema de protección de denunciantes y testigos que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
“El sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento”, dice la norma.
Asimismo, establece que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción guardará reserva de la identidad de las personas particulares o servidores públicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones.
En el Código de Procedimiento Penal se declara reserva del proceso cuando está de por medio la seguridad de las personas.
Por otro lado, en el Artículo 11 de la Ley del Ministerio Público se hace referencia a una coordinación con la Policía, Órganos del Estado e instituciones públicas para proteger a las personas que por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño.
“A tal efecto dispondrá de programas permanentes de protección a testigos, denunciantes, peritos, víctimas y a sus propias servidores”, señala el documento.
Asimismo, indica que la protección será especial en temas vinculados al crimen organizado, corrupción, narcotráfico, en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales.
SEGURIDAD El anteproyecto de Ley del Sistema de Protección de Testigos y Denunciantes está adecuado a normas internacionales. Establece principios y procedimientos y una serie de normas para proteger a las personas particulares, servidores públicos y el entorno familiar más cercano, entre otros.
Las medidas de protección serán de carácter familiar como también laboral. La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, reconoció en una entrevista anterior que el ciudadano de a pie y los servidores públicos actualmente se ven coartados en su derecho de hacer una denuncia.
Consideró que debe haber protección policial en el domicilio, darles alojamiento temporal, atención psicológica y utilizar tecnología de punta para ocultar la identidad de la persona, además de otras medidas de seguridad.
Apuntes.
Beneficios
En el anteproyecto de ley se propone otorgar beneficios económicos a los denunciantes y testigos cuando se haya permitido la imposición de sanciones de reparación pecuniarias o se identifique o localice recursos, derechos o bienes.
Represalias
Pueden ser de tipo laboral como el despido arbitrario, disminución de salario, movilización intempestiva del trabajo, cambios injustificados u otros.
El objetivo es intentar amedrentar o castigar a los denunciantes y testigos.
Estos actos también tendrán sanciones y podrá ser una agravante si la responsabilidad es de un superior.
Apoyo
Las medidas de protección se darán a través de asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia y la reserva de su identidad.
Si es funcionario público se protegerán sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo.
Modelo de la OEA para el país
El anteproyecto de ley propuesto desde el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se acomoda en algunos aspectos a la “ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” del departamento de Cooperación Jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El objetivo es no sólo la investigación sino también la sanción administrativa o penal.
Esta ley señala que toda persona que tiene conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes este hecho, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo.
También establece medidas administrativas para facilitar la denuncia de un acto de corrupción a través de la creación de cuentas de correo electrónico y asignación de números telefónicos específicos.
El objetivo, según el anteproyecto de ley, es que se presente la denuncia sin revelar la identidad.
Analizan dar resguardo a través del cambio de identidad, de residencia y protección policial
Para resguardar la identidad de las personas denunciantes o testigos, el representante del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Cochabamba, Jhonny Ledezma, explicó que se analiza la posibilidad de cambiar la identidad, la residencia, y brindar protección policial, entre otras medidas.
Asimismo, se prevé la toma de declaraciones por una sola vez para evitar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, no sólo de estas personas sino de su familia.
“El cambio de identidad y protección a la persona que será testigo o denunciante es necesario. Ponerla a buen recaudo en casas de retiro, hoteles o viviendas. Para esto requerimos recursos y garantizar su fuente laboral”, manifestó.
Dijo también que actualmente los que son denunciados se interesan más por conocer a la persona que delató un hecho de corrupción antes de saber de qué se trata el caso.
Para esta autoridad, los límites de violencia aún son soportables en comparación con otras ciudades donde hay ajuste de cuentas y sicarios que cometen delitos. Sin embargo, con esta nueva ley las personas que se sienten poderosas se darán cuenta que son vulnerables ante los ojos de las personas “comunes”.
“El hecho de tener testigos y denunciantes inmunes a cualquier acto de represalia hace a la prevención. Mucha gente al saber que hay una ley se abstendrá de cometer un hecho de corrupción”, acotó Ledezma.
Reconoció que la idea actual es que no hay protección y por eso evitan “meterse en problemas”.
“La mayoría de los denunciantes y testigos quedan solos pagando las consecuencias de atreverse a denunciar”, sostuvo.
Según Ledezma, con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz el nivel de confiabilidad que se ofrece es sólo para la reserva de la identidad. Es por eso que el nombre ni siquiera figura en el sistema de denuncias y sólo las máximas autoridades son quienes tienen toda la información.
Es una medida necesaria, pero que puede crear más violencia
Los funcionarios que denuncien actos de corrupción en la cosa pública, del Estado, deben ser protegidos.
Considero que está bien que haya una ley que proteja a los subalternos que se atreven a denunciar los actos de corrupción de los jerarcas de la administración pública, es decir a sus jefes.
Normalmente, los funcionarios sienten temor a represalias, a quedarse sin el cargo, y de ser perseguidos hasta judicialmente.
Sí, debería haber alguna ley específica que vaya a proteger a aquel funcionario público que se atreva a denunciar actos de corrupción de sus superiores, incluidos viceministros, ministros, directores nacionales, alcaldes, gobernadores y otros.
Algunos funcionarios se hacen de la vista gorda cuando conocen actos de corrupción, por temor, mientras los corruptos se siguen beneficiando con jugosas sumas de dinero en detrimento al Estado Boliviano.
CONTRABANDO Respecto al incentivo que se propone para que la gente denuncie actos de contrabando o de narcotráfico, considero que con esto se puede más bien incrementar la violencia.
Puede generarse represalias y vendettas contra las personas que denuncian por parte de los afectados.
Si bien se pretende con este proyecto de ley una lucha contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico, al mismo tiempo se está incentivando a que muchos bolivianos se dediquen a esta tarea.
Es decir, denunciar este tipo de actos y beneficiarse con recursos económicos que provengan de las incautaciones, y después cambiar su identidad, de residencia o ir a otro departamento.
Y este tipo de denuncias se deben hacer con mucha cautela, no de manera precipitada, porque a la larga puede ser contraproducente para el ejercicio de los derechos.
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