Una tormenta sacude al Palacio de Justicia de Santa Cruz. "Tormenta" es precisamente el nombre de un plan que tiene como lema "corrupción y retardación 0" que aplica el Consejo de la Magistratura, por el cual, este lunes destituirán a seis jueces cautelares en materia penal y han abierto procesos contra otros nueve magistrados de otras áreas.
La delegada distrital de esa institución disciplinaria, Roxana Orellana informó ayer que está acabando el proceso interno contra seis jueces penales y aseguró que estos "se irán a sus casas" mientras que han quedado "en capilla" los otros 9, que igual podrían quedar fuera de sus cargos.
Orellana dijo que el Plan Tormenta tiene un sistema de control interno que establece que con 15 denuncias por retardación o corrupción, un administrador de justicia queda en serios problemas, y peor si no presenta los descargos correspondientes.
Crisis en el Poder Judicial. El hecho provocará una crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz, pues los 15 jueces representan un 10% de los 15 magistrados que hay en el departamento cruceño.
Orellana indicó que a fin que los cambios no sean traumáticos habilitarán en sus lugares a nuevos jueces que aprobaron la convocatoria recientemente lanzada y que tienen la capacidad y la idoneidad para administrar justicia.
¿Persecución política?. Orellana negó que la destitución y procesos a los jueces forme parte de un plan para deshacerse de los jueces antiguos que no son afines ideológicos al actual régimen de gobierno.
En ese sentido, indicó que "el plan Tormenta" fue diseñado a nivel nacional y no tiene ninguna carga ideológica que no sea la de exigir el cumplimiento de la ley.
Faltan medidas de fondo. Sobre el tema, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, dijo que evidentemente la destitución o los procesos pueden ser paliativos, pero falta aplicar medidas estructurales al Poder Judicial para acabar con el mal endémico de la retardación de justicia y la corrupción.
Entre las medidas puede ser por ejemplo el aumento del número de jueces y fiscales, pues los que existen no son suficientes para administrar la carga procesal.
Hay inestabilidad. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno, Manfredo Menacho, señaló que la remoción de jueces genera inestabilidad en el Poder Judicial y pidió el funcionamiento de la escuela de jueces y la institucionalización de los cargos a fin de acabar con el manoseo.
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En todo el país son 134 jueces los que enfrentan cargos
A nivel nacional. El decano del Consejo de la Magistratura, Róger Triveño, informó que a través del órgano disciplinario de jueces, abrió al menos 134 causas contra jueces y funcionarios del área jurisdiccional. Esta determinación se puso en marcha tras la inspección y el control realizados a los diferentes juzgados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Retardación y corrupción. Las causas fueron abiertas tras detectarse faltas graves y gravísimas por retardación de justicia y por presuntos delitos de cohecho y beneficios en razón del cargo.
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