Observan que la red de extorsión tiene todo para seguir operando

Para el abogado de Jacob Ostreicher, Jimmy Montaño, la red de extorsión que operó desde Palacio de Gobierno y que supuestamente afectó a su defendido tiene todo para seguir operando. Asegura que en declaraciones hechas por los supuestos miembros hoy detenidos en Palmasola, esta red sigue vigente y lo único que ha cambiado son los nombres de los operadores.

“Hay una red que está aniquilando la administración de justicia, que decide quién va a detención preventiva, quién es culpable y quién es inocente. Tiene en sus niveles operativos a policías, fiscales, jueces y abogados”, señala.

Cuando a Montaño se le consulta quién está al mando, explica que en las investigaciones que se realizaron por allegados a Ostreicher se logró identificar que esta red era articulada desde el Ministerio de Gobierno, pero que fue purgada con la detención de los abogados Villegas, Rivera y Rodas. Sin embargo, aclara, eso no significa que haya otros ministerios que no sigan formando parte de ella.

Un funcionario de Gobierno explicó que para encontrar a los extorsionadores hay que buscar a quienes manejan a los fiscales y jueces desde La Paz. Sin dar nombres, aseguró que ese grupo no fue desarticulado, que la purga no llegó a ese nivel y que tiene todas las condiciones para seguir ‘trabajando’.

Otro funcionario, de mayor rango, aseguró que hay ‘gente de cristal’ que sigue a cargo de este tipo de extorsiones.

Montaño, por su parte, señala que desde diversas esferas del Gobierno se ha utilizado el derecho penal como un arma política. Apunta sus críticas hacia el Ministerio de Transparencia, que no investigó los actos de corrupción estatal es en el caso de Jacob Ostricher, pese a que algunos de los detenidos en Palmasola trabajaban en Palacio Quemado. “Ahí el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha brillado por su ausencia, cuando en realidad debió ser el principal interesado en recolectar pruebas”, reclama.

Montaño señala que el gabinete jurídico que se ocupaba de representar al Estado en los juicios políticos y de gran envergadura, era una forma de controlar la justicia. A través de las declaraciones de Boris Villegas, Denis Rodas, Fernando Rivera y otros detenidos, Montaño asegura que en los casos como La Calancha, Porvenir, los cívicos de Beni o de Tarija, ellos eran ‘operadores de decisiones superiores’.

“Ese Gabinete jurídico estaba conformado por gente de los ministerios de Transparencia y de Gobierno, además de personeros de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución. La gente que tiene formación jurídica dentro del Gobierno llegó a definir a quiénes procesar y a quiénes perseguir”, señala Montaño y recuerda que los fiscales y jueces también participaron de esta coordinación.