Caso de red de corrupción: envían a cárcel a exdirector

El presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz, Fernando Ganam, determinó ayer la detención preventiva del exdirector de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ever T., imputado por el caso de la red de corrupción.
El juzgado revocó la resolución judicial 40/2014 del 5 de diciembre, que favoreció al acusado con detención domiciliaria. Tras la decisión judicial, Ever T. dijo que colaborará en las investigaciones para desarticular la red que se conformó en el interior de la petrolera estatal.
Terán afirmó que confía en la justicia y anunció que coadyuvará con las investigaciones para establecer la verdad de los hechos. "Lo único es que confío en la justicia boliviana y voy a ejercer mi defensa, en las condiciones que se me está imponiendo. Yo voy a coadyuvar a las investigaciones”, afirmó.

La nueva resolución argumenta que se acreditaron los riesgos de fuga y de obstaculización del proceso.
"Con este razonamiento se dispone la detención preventiva del señor Ever T. en el penal de San Pedro”, afirmó Ganam.
El juez detectó los riesgos de fuga y obstaculización en la investigación por parte del acusado.
Más involucrados
Asimismo, el juez indicó que se debe llamar la atención a la jueza que brindó medidas sustitutivas al imputado "por haber omitido los riesgos procesales”. Terán se reservó comentarios al respecto.
El abogado de YPFB William Alave recordó que la Policía aún está buscando a otros implicados en la red de corrupción en la estatal petrolera para detenerlos. Entre ellos están la hermana del Selva C., Ana Belén, y Antonio A., quien supuestamente recibía pagos irregulares.
La abogada del acusado, Mónica Irusta, dijo que presentará un amparo constitucional por la determinación del juez para que su cliente se defienda en libertad de las acusaciones.
"Nos ha extrañado que nos eche la culpa supuestamente de que la jueza haya emitido una mala resolución, esa no es culpa nuestra. Es un hecho atribuible al poder judicial y se está vulnerando el artículo 6 de la Constitución Política del Estado, sustentó.