A continuación una amplia nota de la agencia Erbol, que precisa minuciosamente, el supuesto “cuoteo orgánico” de cargos distribuidos en reparto “igualitario” en base a un aval también orgánico; Ministerio de Desarrollo rural, aparentemente involucrado en el desembolso de recursos del Fondioc. La Contraloría detectó, tras una primera fase de auditoría, un daño económico al Estado de Bs 71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural que nunca llegaron a ejecutarse y otros ni se concluyeron, según Erbol.
DEFENSA LEGAL
El Ministerio de Desarrollo Rural aprobaba y autorizaba el desembolso de recursos económicos para los proyectos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesino (Fondioc), reveló la defensa de Elvira Parra imputada por los presuntos hechos de corrupción en esa entidad.
“Todos los informes iban al Ministerio (de Desarrollo Rural) para que proceda o no el desembolso de recursos económicos para los proyectos”, argumento el abogado de Parra, Alejandro Nogales. Parra y Marco Antonio Aramayo comparecieron este jueves a la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado 1 de Instrucción Anticorrupción. Frente a la juez Cinthia Delgadillo, Nogales manifestó que en el marco de los procedimientos de aprobación de los planes, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, era quien “autorizaba la transferencia de (recursos) públicos”.
La audiencia continúa a más de seis horas de su inicio, con dos cuartos intermedios, los imputados aguardan la decisión de la juez. Los abogados manifestaron que no corresponde la detención preventiva de Parra y Aramayo, porque no habrían riesgos procesales.
CUOTEO ORGÁNICO
Por su parte, dirigentes de las ocho organizaciones que conformaban el Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), cuotearon la entidad estatal, es decir, promovieron un reparto igualitario de los puestos de trabajo entre quienes contaban con el aval “orgánico”. Así lo informó la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Desde que esa instancia empezó a funcionar a partir de 2009, cada organización cuenta con 16 a 20 técnicos. Los representantes de cinco confederaciones, entre campesinas e indígenas, admitieron que pusieron a sus técnicos de “forma orgánica”, es decir, sus afiliadas les sugirieron los nombres pensando en que estén representantes de sus regiones. Aunque reconocen el procedimiento de reparto, aseguraron sin embargo que no se trata de un “cuoteo”.
El Ejecutivo de la Csutcb y exvicepresidente del Directorio del Fondo Indígena, Rodolfo Machaca, dijo: “No son cuotas (los técnicos), son orgánicamente enviados del sector Oriente, de los quechuas, de los aymaras para que también colaboren a sus regiones, porque por hay uno que no sabe no puede colaborar bien; pero ahora, en esta semana hemos instruido a los técnicos que pongan a disposición sus cargos para facilitar la investigación”, declaró el dirigente.
Además Machaca señaló que los técnicos puestos por su organización daban un aporte voluntario de Bs 100 hasta Bs 200, mensuales de los sueldos que percibían, con lo que se pagaban los servicios de agua potable, energía eléctrica, limpieza, entre otros, para el funcionamiento de la sede de esa organización, en la ciudad de La Paz.
Juanita Ancieta, su secretaria general indicó que la designación de técnicos de parte de las organizaciones es parte de la estructura del Fondo Indígena y desde antes que asumiera el cargo, en 2012, se trabajó así.
DATOS
La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), al igual que la Csutcb tiene asignados 18 técnicos.
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (Cnmciob-BS), posee 20 técnicos.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), tiene 16 técnicos.
El vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), afín al gobierno del presidente Evo Morales, Lucio Ayala, también dijo que cuentan con técnicos en el Fondo Indígenas, pero no recordó cuántos.
La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpemb), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), que integraban el Directorio del Fondioc, también pusieron a sus técnicos.
Según Erbol, la Contraloría detectó, tras una primera fase de auditoría, un daño económico al Estado de Bs71 millones en 153 proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural que nunca llegaron a ejecutarse y otros ni se concluyeron.
Por este caso el Ministerio Público inició una investigación, además trata el caso 26 de Julio, que consiste en un proyecto “fantasma” de un criadero de cerdos en el Beni, para el que se desembolsó Bs 600 mil y no se hizo nada, más que dos galpones de Bs 100 mil, presumiblemente.
Pero según la auditoría de la Contraloría, otros 100 proyectos recibieron Bs 74,6 millones, sin embargo, no cerraron de manera formal su labor y 169 proyectos no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100 por ciento de los recursos: Bs 132 millones. (ANF)
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