La juez Primero de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, envió ayer al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a la exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra, después de que la Contraloría General develó un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos no ejecutados o inconclusos de esa dependencia estatal.
Asimismo, Delgadillo dispuso el arraigo y la detención domiciliaria en Santa Cruz de Marco Antonio Aramayo, otro exejecutivo del Fondo Indígena, por el mismo caso denunciado por la Contraloría.
Ambas exautoridades fueron aprehendidas el pasado lunes, cerca de la media noche, y fueron sometidas, este jueves, a una audiencia que duró más de cinco horas, a la que asistieron representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y de las organizaciones sociales.
“En ningún momento la Contraloría y la Fiscalía han demostrado que un centavo ha ido a la cuenta de la señora Elvira (Parra). Este informe irresponsable pone en tela de juicio muchas acciones que podrían llevarse de buena fe. El Contralor se ha equivocado”, sostuvo Alejandro Nogales, abogado defensor de la implicada.
El fiscal Julio Cesar Guerrero dijo que la juez valoró todas las pruebas presentada por el Ministerio Público y dispuso la situación procesal de los implicados.
Parra es acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La decisión judicial para este implicado señala que Parra deberá seguir el proceso judicial desde el Centro de Orientación femenina de Obrajes, en la ciudad de La Paz, debido a que no se halla coincidencia entre el domicilio declarado en su cédula de identidad y el sitio en el que vive realmente.
Entre tanto, Aramayo, sindicado por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, deberá pagar una fianza de 55.000 bolivianos y comparecer cuántas veces sea convocado por el Ministerio Público, en lo que dura la investigación.
La audiencia cautelar de ambos implicados en el caso Fondo Indígena fue instalada a las 09:00 y terminó a las 16:00.
Alejandro Nogales, abogado de Parra, enfatizó que su clienta no tuvo acceso ni a un centavo del Fondo Indígena y tampoco ordenó los desembolsos de los recursos, porque por encima de ella estaba un directorio, compuesto por representantes de ocho organizaciones sociales.
Agregó que la presidenta de ese directorio es la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
“Del mismo modo, hemos establecido que el informe de la Contraloría no responde a la verdad histórica de los hechos”, manifestó.
El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, aseveró que la Contraloría actuó de manera irresponsable al emitir su informe sin ninguna prueba contundente sobre el supuesto daño económico de 71 millones de bolivianos.
El fiscal afirmó que la comisión encargada de la investigación del caso se reunirá en las próximas horas para valorar la posible convocatoria de otras personas involucradas.
Sin embargo, Guerrero no quiso referirse al caso concreto de la ministra Achacollo que fue mencionada de manera permanente en la audiencia cautelar.
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