La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó ayer que el exlegislador Roger Pinto tiene un proceso judicial por enriquecimiento ilícito, pues entre 2002 y 2006 habría aumentado su patrimonio personal en tres millones de bolivianos.
Montaño aseguró que Pinto no pudo haber aumentado su fortuna en esa suma por medios honestos y como fruto de su trabajo, porque durante ese tiempo era funcionario público. “Con su sueldo no pudo haber acumulado ese caudal”, afirmó a la radio Patria Nueva.
Montaño lamentó que este tipo de personas funja como una especie de vocero de prófugos judiciales en el exterior, aprovechando que fueron beneficiados por la figura del asilo político, cuando deberían estar en Bolivia rindiendo cuentas de sus actos.
Las denuncias
La presidenta de la Cámara Baja señaló que Pinto tiene sobre sí una denuncia por el desvío de ocho millones de bolivianos, que debían ser invertidos en la construcción de desembarcaderos en Pando, y responsabilidad por dos millones de dólares por manejo irregular de los fondos de avance.
Demandó a los organismos de integración, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aplicar las resoluciones firmadas por sus países miembros en las que se comprometen a no dar asilo político a personas que tienen cuentas pendientes ante la justicia de su país.
Montaño afirmó que sobre Pinto también pesa una sentencia ejecutoriada por el caso Zofra Cobija, además de denuncias por el caso del Bingo Bahiti, donde se presume que recibió por lo menos 500 dólares mensuales para proteger el funcionamiento de este negocio irregular.
Sólo escapan
Al respecto, la exministra de Transparencia, Nardi Suxo, lamentó que Pinto haya logrado escapar a la justicia en estos casos y que junto a Carlos Sánchez Berzaín, y otros prófugos de la justicia, apele a escudarse en el asilo político para escapar de los procesos judiciales que enfrenta.
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