ORDEN DE QUINTANA
Según denunció la exjefa de esa unidad, Cristina Choque, coimputada en este caso, sin una orden firmada, el pasado 22 de febrero, un día después de que el presidente Evo Morarles perdiera el referéndum constitucional que evita que sea reelegido, el ministro de la Presidencia, Juan Quintana, ordenó el secuestro de los libros de ingresos de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS), con el fin de encubrir a quienes realmente se reunían en esas oficinas.
“Ya lo he dicho en mi declaración (ante la Fiscalía), que el 22 de febrero, antes de las seis de la tarde, el ministro Quintana mandó a recoger (los registros de ingresos), con su gente de confianza (jefe de sistemas de Palacio de Gobierno) y su seguridad”, afirmó Choque ante la oposición de sus escoltas, que trataban de impedir que declare y la arrastraron hasta el vehículo.
Choque, junto a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata y Jimmy Morales Cuba, responsable de almacenes de la UAGS, son imputados por varios delitos relacionados al tráfico de influencias y ayer, todos fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) donde se procedió a la apertura de los sobres de pruebas.
Estos contienen documentación y equipos de computación, secuestrados por el fiscal de distrito, Edwin Blanco, el dos de marzo, tanto de la UAGS como de la casa de Zapata.
FOTOCOPIAS
“En cuanto a los libros de registros, están solo fotocopias y no los originales”, afirmó Sánchez, que detalló que solo hay un compendio de copias y no los más de 10 cuadernos que en su momento se afirmó fueron retenidos por Blanco.
El registro de ingresos fueron llenados, a mano, en cuadernos diarios por los policías de seguridad de la UAGS y la Fiscalía basa gran parte de la imputación en estos datos asegurando que Zapata hacía un uso abusivo de estas dependencias.
El ocho de marzo, el ministro Quintana aseguró que los libros estaban en manos del juez sumariante de este ministerio, Olker Cotjiri, quien tramitó la destitución de Choque y Morales Cuba del Ministerio.
Sin embargo, un mes después, Cotjiri, mediante una resolución, afirmó que “nunca tuvo en su poder” estos documentos, desmintiendo a Quintana.
Al inicio del proceso, se cuestionó la manipulación de los registros pues se había suprimido todos los otros nombres que deben figurar en los originales, haciendo imposible determinar si en los horarios en que Zapata ingresaba a la UAGS, también lo hacían empresarios y autoridades.
Hasta el momento, los documentos no aparecen en ninguna instancia. Lo cual pone en duda la imputación que señala que los registros fueron parte del análisis que el actual fiscal de distrito, Edwin Blanco, consideró para realizar la imputación.
Luego de haber sido promovido a la Fiscalía Departamental, Blanco delegó el caso a Daniel Ayala, quien afirmó “no tener idea” del paradero de estos registros y de lo que su antecesor precintó en los sobres.
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