El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció hoy que mañana presentará presuntas pruebas contra una ‘organización criminal’ encabezada supuestamente por Gabriela Zapata Montaño, la exnovia del presidente Evo Morales, y coadyuvada por la exjefa de la Unidad de Gestión Social de su despacho, Cristina Choque. Pero dejó en claro que no acusa a Zapata y Choque de suscribir contratos en oficinas de Gestión Social, dependiente de su despacho.
"Se presentarán evidencias que consideramos que son incontrastables, inobjetables a este caso que vincula a Zapata, a Choque, a un grupo de ciudadanos que constituyente la asociación delictuosa y la asociación criminal. Vamos a ampliar la querella y el Ministerio Público tendrá que evaluar si esta ampliación corresponde a la tipificación del tipo penal que es la organización criminal”, afirmó Quintana en entrevista con medios estatales.
"Mañana (este lunes), a las 10 de la mañana, vamos a sugerir líneas de investigación" al Ministerio Público, sobre la comisión de una figura poco frecuente en la historia criminal del país, dijo Quintana que habló de una investigación de tres meses por parte de su despacho, en momentos en que el denominado caso Zapata se empleaba para atacar, por medios de comunicación, al presidente Morales y a su autoridad.
Zapata, según Quintana, movía en 2013 medio millón de dólares para negocios de empoce inmediato, cuando en 2010 sus ingresos mensuales no superaban los 5.000 bolivianos (700 dólares). Se trata de un "delito complejo que se mueve en distintas esferas, estructuras y penetraciones. No es muy común este tipo de delitos y (menos) que lo lidere una mujer", en este caso Zapata, detenida hace dos meses por sospechas de enriquecimiento ilícito en La Paz, dijo Quintana.
Quintana dijo que presentará al Ministerio Público "algunas evidencias que tienen que ser confirmadas y ratificadas" por la pesquisa de la Fiscalía del Estado que, a su vez, deberá "discriminar" y "usar las más objetivas”.
El titular de la Presidencia afirmó que él no acusa a Zapata ni Choque por firmas de contrato en oficinas de Gestión Social. "No hemos dicho que se han suscrito contratos (en Gestión Social), no hemos hecho esa denuncia porque no tenemos ninguna evidencia de que ellas (Zapata y Choque) suscribieran contratos, lo que hemos señalado es que hay un modus operandi que permitía además de utilizar la Unidad de Gestión un relacionamiento informal que linda en el delito”, sostuvo.
Denuncia enriquecimiento
Quintan dijo que de un bloque de las pruebas recolectadas se infiere los cambios radicales de la situación económica de Zapata, de 29 años, y a quien se le conoce sólo un empleo, en 2015, en la empresa china CAMC como gerente comercial.
"Hay evidencias que son casi de sentido común. La más fuerte: cómo se explica que una ciudadana, como Gabriela Zapata, en los años 2006 al 2010 es una ciudadana que tiene un movimiento de cuentas que no pasan de 5.000 bolivianos, de ingresos modestos (que se desenvuelve) en el mundo de la austeridad" y pase, en cuestión de pocos años, "a ser una ciudadana que empieza a comprar departamentos en edificios de Cochabamba y La Paz (como también) terrenos, vehículos al contado” hacia 2013, dijo Quintana.
Según el ministro, Zapata que junto a Cristina Choque montó una organización que al margen de la legalidad se vinculó con empresas extranjeras hasta el punto de poder controlar casas de juego, lo que implica el "blanqueo de dinero", proveniente del narcotráfico, compraba automóviles por 100.000 dólares y los registraba a nombre de terceros.
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