Los jueces técnicos definirán en 48 horas la excusa de los ciudadanos para proseguir el proceso.
El Tribunal Segundo de Sentencia determinó el rechazo de la recusación presentada en contra de los jueces técnicos Sixto Fernández y Elena Jemio por la defensa de uno de los 39 acusados por el caso Rózsa.
El pasado viernes 14 de marzo, el abogado Guido Colque observó parcialidad de parte de las operadores de justicia en favor del Gobierno, lo que motivo la recusación.
El juez Bernardo Soria Cuevas, del Tribunal Segundo, afirmó que en audiencia pública desarrollada en Santa Cruz, el demandante no presento prueba alguna para fundamentar la recusación en contra de los jueces del Tribunal Primero, motivo por el que se declaró que el recurso fue improbado.
"Después de la audiencia, el Tribunal declaró improbada la recusación formulada. Con esa determinación, se está rechazando la recusa y los jueces del Tribunal Primero de Sentencia vuelven a reasumir el caso para continuar el juicio oral. Ahora son ellos los que deben resolver la situación de los jueces ciudadanos, por que así les facultan las normas".
Plazo de 48 horas. A su turno, el juez Sixto Fernández, quien fue habilitado para continuar al frente del proceso en cuestión, afirmó que en 48 horas, se conocerá si las jueces ciudadanas continúan o no en el proceso abierto en Tarija en 2012.
El juez afirmó que la excusa de las jueces ciudadanas Anastacia Calisaya y Sonia Mamani será analizada y en una reunión oficial se determinará si se acepta o no su excusa.
"Vamos a reunirnos a la brevedad posible para resolver al excusa presentada contra los jueces ciudadanos. El Tribunal Segundo nos ha devuelto las facultades jurídicas, pero no nos dio un plazo para resolver la excusa de los dos jueces ciudadanos, pero este incidente se lo resolverá en los plazos previstos por las normas legales en actual vigencia".
Acción de amparo. Por su parte, Carlos Mariaca, abogado de otros dos acusados, afirmó que sí hay paracialización de parte del Tribunal Primero de Sentencia a favor del Gobierno porque recibían pasajes de una de las partes para trasladarse a las ciudades en las que se desarrollaban diferentes actividades relacionadas con este proceso penal.
Mariaca afirmó que desconocía ayer la resolución de los jueces que analizan la recusación, pero de que en caso de declararse improbada, activará una acción de amparo para que el juicio sea ventilado ante otro tribunal, que garantice imparcialidad.
FAMILIARES DE LAS JUECES CIUDADANAS DENUNCIARON EN MARZO QUE HAY PRESIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO, DESPUÉS DE UN MES Y UNA SEMANA, SE QUEDARON CALLADOS Y SE DESCONOCE SUS PARADEROS.
miércoles, 30 de abril de 2014
domingo, 27 de abril de 2014
P0r el Caso 'Rózsa fase II' Abogado ve absurdo jurídico el reactivarlo
Ante el anuncio de los fiscales, del caso Rózsa II, de citar al menos 30 personas para ampliar la investigación, uno de los abogados de los 22 imputados en denominado Rózsa I, Gary Prado, señaló que se trata de una actitud orientada a intimidar para fines represivos a los actualmente investigados.
Prado contextualizó que el caso se abrió a denuncia del Fiscal Marcelo Soza en septiembre 2010, el mismo que debió concluirse en marzo de 2012. "Aquí hay un absurdo jurídico. Los procesos de investigación tienen un plazo máximo, por la complejidad del caso, máximo como 18 meses. El exfiscal Soza, por su incapacidad de concluir con la investigación, abre la segunda fase sobre el mismo caso. Ahora estamos en abril 2014, pretenden seguir con un caso que tuvieron en la congeladora solo para fines represivos", señaló.
Acción desesperada. Víctor Hugo Velasco, presidente de la Asociación de Derechos Humanos, señaló que todas esas acciones forman parte de una campaña abierta a desprestigiar a los líderes cruceños.
Además, mencionó como muestra de ello el folleto bajo la mirada oficialista del caso Rózsa que fue distribuido en el evento de jóvenes del G-77. "Hay una desesperación absoluta del Gobierno tratando de sacar este tipo de informaciones y ahora con el anuncio que hacen los fiscales de citar a los cruceños. Eso es condenable, ya que de forma maliciosa con estas actitudes tratan de sembrar terror a los familiares", apuntó.
Dudas del caso. Según Prado, el anuncio de los fiscales Antonio Rodríguez, Sergio Céspedes y Javier Flores, sobre las citaciones a 30 personas, pone otra vez en incertidumbre a los familiares de los investigados del caso Rózsa I.
"Lo están utilizando para presionar sobre sus familias del caso uno y los empresarios cruceños. No se extrañe que dentro esos 30 esté Zvonko Matkovic o mi persona, para atemorizarnos", dijo.
Prado contextualizó que el caso se abrió a denuncia del Fiscal Marcelo Soza en septiembre 2010, el mismo que debió concluirse en marzo de 2012. "Aquí hay un absurdo jurídico. Los procesos de investigación tienen un plazo máximo, por la complejidad del caso, máximo como 18 meses. El exfiscal Soza, por su incapacidad de concluir con la investigación, abre la segunda fase sobre el mismo caso. Ahora estamos en abril 2014, pretenden seguir con un caso que tuvieron en la congeladora solo para fines represivos", señaló.
Acción desesperada. Víctor Hugo Velasco, presidente de la Asociación de Derechos Humanos, señaló que todas esas acciones forman parte de una campaña abierta a desprestigiar a los líderes cruceños.
Además, mencionó como muestra de ello el folleto bajo la mirada oficialista del caso Rózsa que fue distribuido en el evento de jóvenes del G-77. "Hay una desesperación absoluta del Gobierno tratando de sacar este tipo de informaciones y ahora con el anuncio que hacen los fiscales de citar a los cruceños. Eso es condenable, ya que de forma maliciosa con estas actitudes tratan de sembrar terror a los familiares", apuntó.
Dudas del caso. Según Prado, el anuncio de los fiscales Antonio Rodríguez, Sergio Céspedes y Javier Flores, sobre las citaciones a 30 personas, pone otra vez en incertidumbre a los familiares de los investigados del caso Rózsa I.
"Lo están utilizando para presionar sobre sus familias del caso uno y los empresarios cruceños. No se extrañe que dentro esos 30 esté Zvonko Matkovic o mi persona, para atemorizarnos", dijo.
sábado, 26 de abril de 2014
Citarán a unas 30 personas por el caso terrorismo II
La Fiscalía empezará a citar a unas 30 personas en el caso denominado terrorismo II. El proceso ha sido reactivado con la presentación de una imputación en contra de Juan Kudelka, exfuncionario de Branko Marinkovic que está preso en el penal de San Pedro, sindicado de alzamiento armado y terrorismo.
Kudelka es juzgado junto a otros 38 sindicados, porque supuestamente colaboró con la presunta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa Flores.
Marco Antonio Rodríguez, miembro de la comisión de fiscales que lleva adelante las pesquisas junto a Sergio Céspedes y Javier Flores, señaló que en este caso hay alrededor de 60 investigados, de los cuales cerca de la mitad ya prestaron su declaración informativa.
“No puedo revelar los nombres de los que serán citados, por una estrategia jurídica”, expresó Rodríguez y añadió que espera día y hora para defender la imputación contra Kudelka.
Si bien el fiscal evitó citar a los que serán convocados a dar su testimonio, se sabe que entre los acusados está el gobernador cruceño, Rubén Costas, y algunos líderes del empresariado local. Este proceso investiga a los presuntos financiadores del grupo donde estaba Rózsa.
Las pesquisas estaban lideradas por el fiscal Harry Suaznábar, que en agosto de 2012 se apartó del caso y salió del país. Lo sindican de haber extorsionado a los implicados.
Audiencia de recusación
Por otro lado, los jueces técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, Bernardo Soria y Jaime Arteaga, deberán entregar hasta el martes su decisión con respecto a la recusación planteada por el procesado Ignacio Villa Vargas, que denunció que Sixto Fernández y Elena Gemio (jueces técnicos del tribunal que lleva adelante el juicio por presunto terrorismo) eran favorecidos por el Ministerio de Gobierno con la compra de pasajes y el pago de viáticos.
Ayer se concluyó con la audiencia, en la que los juzgadores recibieron testimonios y pruebas del accionar ‘equivocado’ de Fernández y de Gemio, que pese a haber sido notificados, no asistieron a las dos audiencias que se llevaron adelante.
El fiscal Céspedes cuestionó el proceder de Soria y de Fernández y señaló que espera que la solicitud presentada por Villa Vargas sea rechazada, aunque admitió que si es aceptada el juicio deberá volver a instalarse.
Afirmó que la parte demandante en un proceso debe cubrir algunos gastos y no consideró esta acción como algo irregular.
De su lado el abogado de Villa Vargas, Alberto Morales, dijo que sus argumentos fueron confirmados por Boris Villegas (exasesor del Gobierno) y un informe elaborado y firmado por Fernando Rivera, exapoderado del Ministerio de Gobierno en el juicio de presunto terrorismo
VILLA VARGAS DENUNCIA AMENAZAS
Como lo indicaron los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Boris Villegas, que denunciaron que sus familias fueron intimidadas por funcionarios gubernamentales para que ellos no digan lo que saben del caso de presunto terrorismo, Ignacio Villa Vargas señaló ayer que fue amenazado de muerte.
“Me dijeron que si yo tumbaba a este tribunal matarían a mis hijos. Así como secuestraron al papá de Fernando Rivera, lo mismo quisieron hacer con uno de mis hijos”, denunció Villa Vargas, que antes era considerado por el Gobierno como su testigo clave y que fue grabado cuando recibía dinero de gente que trabajaba para el Poder Ejecutivo, por haber implicado en este proceso a líderes cruceños.
Por otra parte, el abogado de Juan Kudelka, Róger Martínez, formalizó ayer por la tarde una denuncia en contra de Luis Clavijo y otros exfuncionarios gubernamentales, a quienes se los sindica de haber secuestrado al exfuncionario de Branko Marinkovic cuando estaba en la capital cruceña.
Kudelka asegura que le exigían implicar a Marinkovic con Eduardo Rózsa y el supuesto grupo terrorista.
Kudelka es juzgado junto a otros 38 sindicados, porque supuestamente colaboró con la presunta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa Flores.
Marco Antonio Rodríguez, miembro de la comisión de fiscales que lleva adelante las pesquisas junto a Sergio Céspedes y Javier Flores, señaló que en este caso hay alrededor de 60 investigados, de los cuales cerca de la mitad ya prestaron su declaración informativa.
“No puedo revelar los nombres de los que serán citados, por una estrategia jurídica”, expresó Rodríguez y añadió que espera día y hora para defender la imputación contra Kudelka.
Si bien el fiscal evitó citar a los que serán convocados a dar su testimonio, se sabe que entre los acusados está el gobernador cruceño, Rubén Costas, y algunos líderes del empresariado local. Este proceso investiga a los presuntos financiadores del grupo donde estaba Rózsa.
Las pesquisas estaban lideradas por el fiscal Harry Suaznábar, que en agosto de 2012 se apartó del caso y salió del país. Lo sindican de haber extorsionado a los implicados.
Audiencia de recusación
Por otro lado, los jueces técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, Bernardo Soria y Jaime Arteaga, deberán entregar hasta el martes su decisión con respecto a la recusación planteada por el procesado Ignacio Villa Vargas, que denunció que Sixto Fernández y Elena Gemio (jueces técnicos del tribunal que lleva adelante el juicio por presunto terrorismo) eran favorecidos por el Ministerio de Gobierno con la compra de pasajes y el pago de viáticos.
Ayer se concluyó con la audiencia, en la que los juzgadores recibieron testimonios y pruebas del accionar ‘equivocado’ de Fernández y de Gemio, que pese a haber sido notificados, no asistieron a las dos audiencias que se llevaron adelante.
El fiscal Céspedes cuestionó el proceder de Soria y de Fernández y señaló que espera que la solicitud presentada por Villa Vargas sea rechazada, aunque admitió que si es aceptada el juicio deberá volver a instalarse.
Afirmó que la parte demandante en un proceso debe cubrir algunos gastos y no consideró esta acción como algo irregular.
De su lado el abogado de Villa Vargas, Alberto Morales, dijo que sus argumentos fueron confirmados por Boris Villegas (exasesor del Gobierno) y un informe elaborado y firmado por Fernando Rivera, exapoderado del Ministerio de Gobierno en el juicio de presunto terrorismo
VILLA VARGAS DENUNCIA AMENAZAS
Como lo indicaron los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Boris Villegas, que denunciaron que sus familias fueron intimidadas por funcionarios gubernamentales para que ellos no digan lo que saben del caso de presunto terrorismo, Ignacio Villa Vargas señaló ayer que fue amenazado de muerte.
“Me dijeron que si yo tumbaba a este tribunal matarían a mis hijos. Así como secuestraron al papá de Fernando Rivera, lo mismo quisieron hacer con uno de mis hijos”, denunció Villa Vargas, que antes era considerado por el Gobierno como su testigo clave y que fue grabado cuando recibía dinero de gente que trabajaba para el Poder Ejecutivo, por haber implicado en este proceso a líderes cruceños.
Por otra parte, el abogado de Juan Kudelka, Róger Martínez, formalizó ayer por la tarde una denuncia en contra de Luis Clavijo y otros exfuncionarios gubernamentales, a quienes se los sindica de haber secuestrado al exfuncionario de Branko Marinkovic cuando estaba en la capital cruceña.
Kudelka asegura que le exigían implicar a Marinkovic con Eduardo Rózsa y el supuesto grupo terrorista.
viernes, 25 de abril de 2014
Caso BoA y otros El MAS culpa a 'infiltrados' de los hechos de corrupción que sacuden al Gobierno
Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Antonio Molina y Jorge Medina, coincidieron por separado en afirmar que en la estructura del Gobierno existen personas infiltradas, quienes en la mayoría de los casos estarían brindando información de supuestos actos de corrupción a la oposición, con la finalidad de desgastar la imagen del Gobierno del presidente Evo Morales.
El diputado Molina cree que esta actitud se da más en los ministerios, donde, según su criterio, se designaron asesores con mentalidad colonial y poco comprometidos con el "proceso de cambio".
"Pueden haber personas infiltradas (…) y estamos seguros que existen en los ministerios, creemos que hay personas que todavía pueden ser dudosas dentro del mismo criterio de los sectores sociales, que de la noche a la mañana han aparecido inclusive como asesores o representativos en los cargos ministeriales", afirmó Molina.
Entre algunos casos de corrupción que son de conocimiento público y que fueron dados a conocer por la oposición se encuentran la contratación directa de la empresa Air Catering para la provisión de alimentos a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). La firma era de propiedad de Silvana Castillo, cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera.
Asimismo, la denuncia de UN sobre el supuesto "clan familiar" de Ronald Casso, gerente de BoA, que tiene a su hermano Winston Casso trabajando como jefe de seguridad de la Vicepresidencia y a su esposa, Isabel Echalar, trabajando en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Otros casos involucran, por ejemplo, al diputado del MAS Justino Leaño (prófugo de la justicia), que fue acusado y sentenciado a la cárcel por haber abusado sexualmente de su hija. Está también la denuncia contra el diputado, también oficialista, Luis Gallego, acusado de no cumplir una orden judicial que ordenó su detención desde el año 2009 por agredir a una persona y dejarla paralítica.
Al respecto el diputado Jorge Medina (MAS) dijo que estos infiltrados que facilitan información a los opositores deberían ser procesados porque no realizan su denuncia a través de los conductos regulares y optan por pasar información a asambleístas y dirigentes de oposición para que los denuncien.
"Es probable que haya infiltrados que estén sacando información, además distorsionada para querer desgastar al Gobierno (…). Si ellos saben que hay alguna anomalía lo primero es que deberían denunciar ante la opinión pública y no estar pasando estos informes tergiversados a la oposición, para que la oposición haga fiesta de esto", señaló.
El diputado Molina cree que esta actitud se da más en los ministerios, donde, según su criterio, se designaron asesores con mentalidad colonial y poco comprometidos con el "proceso de cambio".
"Pueden haber personas infiltradas (…) y estamos seguros que existen en los ministerios, creemos que hay personas que todavía pueden ser dudosas dentro del mismo criterio de los sectores sociales, que de la noche a la mañana han aparecido inclusive como asesores o representativos en los cargos ministeriales", afirmó Molina.
Entre algunos casos de corrupción que son de conocimiento público y que fueron dados a conocer por la oposición se encuentran la contratación directa de la empresa Air Catering para la provisión de alimentos a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). La firma era de propiedad de Silvana Castillo, cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera.
Asimismo, la denuncia de UN sobre el supuesto "clan familiar" de Ronald Casso, gerente de BoA, que tiene a su hermano Winston Casso trabajando como jefe de seguridad de la Vicepresidencia y a su esposa, Isabel Echalar, trabajando en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Otros casos involucran, por ejemplo, al diputado del MAS Justino Leaño (prófugo de la justicia), que fue acusado y sentenciado a la cárcel por haber abusado sexualmente de su hija. Está también la denuncia contra el diputado, también oficialista, Luis Gallego, acusado de no cumplir una orden judicial que ordenó su detención desde el año 2009 por agredir a una persona y dejarla paralítica.
Al respecto el diputado Jorge Medina (MAS) dijo que estos infiltrados que facilitan información a los opositores deberían ser procesados porque no realizan su denuncia a través de los conductos regulares y optan por pasar información a asambleístas y dirigentes de oposición para que los denuncien.
"Es probable que haya infiltrados que estén sacando información, además distorsionada para querer desgastar al Gobierno (…). Si ellos saben que hay alguna anomalía lo primero es que deberían denunciar ante la opinión pública y no estar pasando estos informes tergiversados a la oposición, para que la oposición haga fiesta de esto", señaló.
Boris Villegas denuncia que Ministerio de Gobierno pagó viáticos de jueces y fiscales
El exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, reveló que el Ministerio de Gobierno canceló los pasajes y viáticos de los jueces y fiscales del Caso Rózsa.
Dijo desconocer el mecanismo de pago de pasajes, pero reconfirmó que los jueces, fiscales y policías asignados al polémico caso, fueron los beneficiados con esta acción.
Boris Villegas indicó que el exfiscal Marcelo Soza y Sergio Céspedes, actual investigador del caso, formaban parte de la comisión, cuando las audiencias se realizaban en el departamento de Cochabamba.
Explicó que él, desde el año 2009 al 2010 participó como representante del Ministerio de Gobierno en el cargo de jefe de gestión jurídica, pero que después al ser ascendido a director de Régimen Interior, minimizó su participación y presencia en las audiencias del caso Rózsa.
Villegas participó como testigo en la audiencia de recusación a todo el tribunal del denominado Caso Rózsa, interpuesto por Ignacio Villa Vargas "El Viejo", quien presentó esta acción argumentando cierta relación y vinculación de sus integrantes, con autoridades del Gobierno central.
Además, Boris Villegas también solicitó la presencia como testigos de Fernando Rivera, exasesor del Ministerio de Gobierno, y los juristas Gary Prado Araúz y Otto Ritter.
Rivera, actualmente detenido por extorsión en Palmasola, fue más escueto y justificó su proceder señalando la falta de garantías para su declaración. Al ser consultado por los pagos de pasajes, se acogió a su derecho al silencio, argumentando que era apoderado del Ministerio de Gobierno y que no le competían aspectos administrativos.
Los juristas Prado y Ritter, defensa de algunos de los imputados por el caso Rózsa, enumeraron acciones del Tribunal Primero de Sentencia, en las que presuntamente se evidencia su parcialidad con las autoridades gubernamentales. Prado recordó cuando el tribunal se rehusó a aprobar el traslado de la audiencia a Santa Cruz, pese al delicado estado de salud y las incapacidades que posee su papá, el general Gary Prado Salmón.
Finalmente la audiencia fue suspendida, debido a problemas de salud que presentó "El Viejo". Hoy a las 9 de la mañana continuará el proceso con la presentación de pruebas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz conformado por los jueces técnicos Bernardo Soria y Jaime Arteaga definirá si compete o no la recusación contra el Tribunal Primero.
Dijo desconocer el mecanismo de pago de pasajes, pero reconfirmó que los jueces, fiscales y policías asignados al polémico caso, fueron los beneficiados con esta acción.
Boris Villegas indicó que el exfiscal Marcelo Soza y Sergio Céspedes, actual investigador del caso, formaban parte de la comisión, cuando las audiencias se realizaban en el departamento de Cochabamba.
Explicó que él, desde el año 2009 al 2010 participó como representante del Ministerio de Gobierno en el cargo de jefe de gestión jurídica, pero que después al ser ascendido a director de Régimen Interior, minimizó su participación y presencia en las audiencias del caso Rózsa.
Villegas participó como testigo en la audiencia de recusación a todo el tribunal del denominado Caso Rózsa, interpuesto por Ignacio Villa Vargas "El Viejo", quien presentó esta acción argumentando cierta relación y vinculación de sus integrantes, con autoridades del Gobierno central.
Además, Boris Villegas también solicitó la presencia como testigos de Fernando Rivera, exasesor del Ministerio de Gobierno, y los juristas Gary Prado Araúz y Otto Ritter.
Rivera, actualmente detenido por extorsión en Palmasola, fue más escueto y justificó su proceder señalando la falta de garantías para su declaración. Al ser consultado por los pagos de pasajes, se acogió a su derecho al silencio, argumentando que era apoderado del Ministerio de Gobierno y que no le competían aspectos administrativos.
Los juristas Prado y Ritter, defensa de algunos de los imputados por el caso Rózsa, enumeraron acciones del Tribunal Primero de Sentencia, en las que presuntamente se evidencia su parcialidad con las autoridades gubernamentales. Prado recordó cuando el tribunal se rehusó a aprobar el traslado de la audiencia a Santa Cruz, pese al delicado estado de salud y las incapacidades que posee su papá, el general Gary Prado Salmón.
Finalmente la audiencia fue suspendida, debido a problemas de salud que presentó "El Viejo". Hoy a las 9 de la mañana continuará el proceso con la presentación de pruebas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz conformado por los jueces técnicos Bernardo Soria y Jaime Arteaga definirá si compete o no la recusación contra el Tribunal Primero.
jueves, 24 de abril de 2014
Alta funcionaria de la Fiscalía General y ex candidata del MAS aprehendidas por corrupción
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendieron anoche en Sucre a la directora Departamental de Educación de Chuquisaca, Ana María Quinteros, y a la ex asesora jurídica del Servicio Departamental de Educación, Rocío Gutiérrez, actualmente directora Nacional de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado.
Quinteros fue candidata a alcaldesa de Sucre por el Movimiento al Socialismo en las elecciones municipales de 2010, tras ser derrotada asumió la Dirección del Seduca. Chuquisaca
Ambas son acusadas de vender diplomas y certificados de asistencia a cursos auspiciados por el Ministerio de Educación a profesores para que estos mejoren su hoja de vida y de esta manera puedan optar a ítems en la ciudad capital o localidades cercanas a Sucre.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero se pronunció a propósito del caso y aseguró que la aprehensión de ambas autoridades, una de ellas parte del propio Ministerio Público, demuestra que se está luchando contra la corrupción sin importar de quién se trate o en qué cargo esté.
“Lo hemos dicho, lo sostenemos y ratificamos, este nuevo hecho, es la muestra clara de resultados de nuestra frontal lucha contra la corrupción. El Ministerio Público investiga delitos sin ver caras, sin ver cargos y sin ver colores políticos, porque nosotros nos debemos a la sociedad y por eso estamos aquí, para trasparentar este tipo de hechos que va en contra de la sociedad y tienen que ser investigados y sancionados, caiga quien caiga”, dijo Guerrero.
Según un reporte de radio La Plata en Sucre, Rocío Gutiérrez ya renunció al cargo que ostentaba en el Ministerio Público tras su detención policial.
La jefa Nacional de Bancada del MAS, Flora Aguilar, en declaraciones a la misma emisora, coincidió con Guerrero en que no se encubrirá a nadie que esté entrometido en actos de corrupción.
"No importa haya sido candidata a la alcaldía, no encubriremos a nadie", aseguró, en referencia a Quinteros, y descartó que este caso tenga efectos negativos en la imagen de su partido ya que "las faltas y los delitos son personales".
Quinteros fue candidata a alcaldesa de Sucre por el Movimiento al Socialismo en las elecciones municipales de 2010, tras ser derrotada asumió la Dirección del Seduca. Chuquisaca
Ambas son acusadas de vender diplomas y certificados de asistencia a cursos auspiciados por el Ministerio de Educación a profesores para que estos mejoren su hoja de vida y de esta manera puedan optar a ítems en la ciudad capital o localidades cercanas a Sucre.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero se pronunció a propósito del caso y aseguró que la aprehensión de ambas autoridades, una de ellas parte del propio Ministerio Público, demuestra que se está luchando contra la corrupción sin importar de quién se trate o en qué cargo esté.
“Lo hemos dicho, lo sostenemos y ratificamos, este nuevo hecho, es la muestra clara de resultados de nuestra frontal lucha contra la corrupción. El Ministerio Público investiga delitos sin ver caras, sin ver cargos y sin ver colores políticos, porque nosotros nos debemos a la sociedad y por eso estamos aquí, para trasparentar este tipo de hechos que va en contra de la sociedad y tienen que ser investigados y sancionados, caiga quien caiga”, dijo Guerrero.
Según un reporte de radio La Plata en Sucre, Rocío Gutiérrez ya renunció al cargo que ostentaba en el Ministerio Público tras su detención policial.
La jefa Nacional de Bancada del MAS, Flora Aguilar, en declaraciones a la misma emisora, coincidió con Guerrero en que no se encubrirá a nadie que esté entrometido en actos de corrupción.
"No importa haya sido candidata a la alcaldía, no encubriremos a nadie", aseguró, en referencia a Quinteros, y descartó que este caso tenga efectos negativos en la imagen de su partido ya que "las faltas y los delitos son personales".
CASO TERRORISMO II Comisión presenta una imputación formal contra Juan Kudelka
La comisión de fiscales del caso Terrorismo II presentó la primera semana de abril la imputación formal en contra de Juan Kudelka por los presuntos delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó que esta imputación se presentó ante la Juez cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Margot Pérez, en la cual se solicita la detención preventiva de Kudelka en el penal de San Pedro de La Paz.
"Conforme a procedimiento se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva", manifestó el fiscal Rodríguez.
El ex hombre de confianza de Branko Marinkovic y acusado por el caso Terrorismo, Juan Kudelka, es el primer imputado dentro el caso Terrorismo II.
Kudelka fue vinculado con una organización denominada La Torre, que habría recaudado al menos 40 millones de dólares que habrían servido para sustentar a los supuestos mercenarios reclutados en defensa de Santa Cruz y complotar contra el Gobierno de Evo Morales.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó que esta imputación se presentó ante la Juez cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Margot Pérez, en la cual se solicita la detención preventiva de Kudelka en el penal de San Pedro de La Paz.
"Conforme a procedimiento se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva", manifestó el fiscal Rodríguez.
El ex hombre de confianza de Branko Marinkovic y acusado por el caso Terrorismo, Juan Kudelka, es el primer imputado dentro el caso Terrorismo II.
Kudelka fue vinculado con una organización denominada La Torre, que habría recaudado al menos 40 millones de dólares que habrían servido para sustentar a los supuestos mercenarios reclutados en defensa de Santa Cruz y complotar contra el Gobierno de Evo Morales.
miércoles, 23 de abril de 2014
Mañana se define la suerte del juicio por terrorismo
La suerte del juicio por el caso de presunto terrorismo se definirá mañana. Los jueces técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia, de La Paz, instalarán una audiencia en el Palacio de Justicia cruceño, donde se debe decidir si se acepta o no la recusación planteada por el procesado Ignacio Villa Vargas en contra de las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calizaya, a las que acusa de tener relación con el Poder Ejecutivo.
Las mujeres decidieron, debido a esta recusación, renunciar a su condición de juezas del Tribunal Primero de Sentencia, situación que provocó que el juicio sea paralizado desde mediados de marzo.
Esta situación puede cambiar hoy al finalizar la audiencia, que se debe instalar a partir de las 15:30, porque si los jueces aceptan al menos una renuncia de las dos juezas ciudadanas, el tribunal que hasta ahora llevó adelante el juicio quedará sin la cantidad mínima de juzgadores y el caso deberá pasar a conocimiento de un nuevo tribunal, que tendrá que reiniciar las audiencias desde la instalación del proceso.
Los testigos
Para la audiencia de mañana, Villa Vargas presentará a los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas (presos por la acusación de Jacob Ostreicher), como los testigos de la presunta injerencia del Gobierno en las esferas judiciales.
Se conoció ayer que los tres abogados ya fueron puestos en conocimiento de esta situación y de las órdenes de traslado que hay para que sean llevados de Palmasola al Palacio de Justicia y puedan responder a las interrogantes de los involucrados en esta acción jurídica. En la cita deben estar presentes las dos juezas ciudadanas y los dos jueces técnicos del tribunal Sixto Fernández y Elena Gemio
Las mujeres decidieron, debido a esta recusación, renunciar a su condición de juezas del Tribunal Primero de Sentencia, situación que provocó que el juicio sea paralizado desde mediados de marzo.
Esta situación puede cambiar hoy al finalizar la audiencia, que se debe instalar a partir de las 15:30, porque si los jueces aceptan al menos una renuncia de las dos juezas ciudadanas, el tribunal que hasta ahora llevó adelante el juicio quedará sin la cantidad mínima de juzgadores y el caso deberá pasar a conocimiento de un nuevo tribunal, que tendrá que reiniciar las audiencias desde la instalación del proceso.
Los testigos
Para la audiencia de mañana, Villa Vargas presentará a los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas (presos por la acusación de Jacob Ostreicher), como los testigos de la presunta injerencia del Gobierno en las esferas judiciales.
Se conoció ayer que los tres abogados ya fueron puestos en conocimiento de esta situación y de las órdenes de traslado que hay para que sean llevados de Palmasola al Palacio de Justicia y puedan responder a las interrogantes de los involucrados en esta acción jurídica. En la cita deben estar presentes las dos juezas ciudadanas y los dos jueces técnicos del tribunal Sixto Fernández y Elena Gemio
Procuraduría dice que caso barcazas es “preocupante”
El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó ayer que los informes preliminares sobre la situación de las 16 barcazas que están embargadas por el Tribunal de Justicia de Quindao, en China, "son bastante preocupantes”.
"Los informes preliminares son bastante preocupantes. Sin embargo, estamos todavía en una etapa de análisis (de la situación)”, declaró Arce, tras firmar un convenio con el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y ratificó la defensa de los intereses del Estado.
El pasado mes, el Tribunal de Quindao dictó un fallo irrevocable para el remate de las 16 barcazas que están embargadas porque la empresa MSR le adeuda al astillero DSSC más de tres millones de dólares por concepto de almacenaje.
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 14,5 millones de dólares a la empresa coreana General Marine Business (GMB) por las 16 barcazas que fueron construidas en China. Ese monto correspondía a la totalidad del pago. Además, Enabol lo hizo por adelantado.
La Procuraduría del Estado asumió conjuntamente con el Ministerio de Defensa medidas legales; sin embargo, ellas no fueron exitosas. Es más, el equipo de abogados contratados en China recomendó la "conciliación” e hizo conocer que su labor había concluido con la decisión del tribunal.
Según Arce, una vez que asumió sus funciones dispuso una participación más activa en el caso y, en consecuencia, se pidió a los "abogados internacionales” -que tienen una oficina en Pekín- que tomen contacto con los profesionales contratados por el Ministerio de Defensa "para que vean qué es lo que se puede hacer” en el marco del derecho internacional.
Una de las tareas de la Procuraduría es la defensa de los intereses del Estado en arbitrajes y procesos en el extranjero.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró a Página Siete que el Estado no pagará ni un centavo más por las barcazas, porque el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, desembolsó 30 millones de dólares para la adquisición de las barcazas y dos empujadores. Enabol, además, pagó de forma irregular tres millones de dólares por concepto de transporte.
Pago fue por adelantado
Enabol pagó a la empresa GMB 30 millones de dólares al contado por 16 barcazas, dos empujadores y por el transporte de los productos, servicio que no se cumplió.
Actualmente los empujadores son trasladados de un astillero a otro para que se termine su construcción. Este hecho era desconocido por Enabol, que además no tiene recursos económicos para la conclusión de los empujadores y tampoco para recuperar las barcazas, si es que se va a una posible conciliación.
"Los informes preliminares son bastante preocupantes. Sin embargo, estamos todavía en una etapa de análisis (de la situación)”, declaró Arce, tras firmar un convenio con el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y ratificó la defensa de los intereses del Estado.
El pasado mes, el Tribunal de Quindao dictó un fallo irrevocable para el remate de las 16 barcazas que están embargadas porque la empresa MSR le adeuda al astillero DSSC más de tres millones de dólares por concepto de almacenaje.
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) pagó 14,5 millones de dólares a la empresa coreana General Marine Business (GMB) por las 16 barcazas que fueron construidas en China. Ese monto correspondía a la totalidad del pago. Además, Enabol lo hizo por adelantado.
La Procuraduría del Estado asumió conjuntamente con el Ministerio de Defensa medidas legales; sin embargo, ellas no fueron exitosas. Es más, el equipo de abogados contratados en China recomendó la "conciliación” e hizo conocer que su labor había concluido con la decisión del tribunal.
Según Arce, una vez que asumió sus funciones dispuso una participación más activa en el caso y, en consecuencia, se pidió a los "abogados internacionales” -que tienen una oficina en Pekín- que tomen contacto con los profesionales contratados por el Ministerio de Defensa "para que vean qué es lo que se puede hacer” en el marco del derecho internacional.
Una de las tareas de la Procuraduría es la defensa de los intereses del Estado en arbitrajes y procesos en el extranjero.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró a Página Siete que el Estado no pagará ni un centavo más por las barcazas, porque el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, desembolsó 30 millones de dólares para la adquisición de las barcazas y dos empujadores. Enabol, además, pagó de forma irregular tres millones de dólares por concepto de transporte.
Pago fue por adelantado
Enabol pagó a la empresa GMB 30 millones de dólares al contado por 16 barcazas, dos empujadores y por el transporte de los productos, servicio que no se cumplió.
Actualmente los empujadores son trasladados de un astillero a otro para que se termine su construcción. Este hecho era desconocido por Enabol, que además no tiene recursos económicos para la conclusión de los empujadores y tampoco para recuperar las barcazas, si es que se va a una posible conciliación.
martes, 22 de abril de 2014
Transparencia recibió 13.293 denuncias de corrupción; sólo 88 tienen sentencia
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó ayer que desde el año 2007 recibió 13.293 denuncias de corrupción en la administración pública, de las cuales sólo 88 lograron tener sentencia ejecutoriada debido a la retardación de justicia originada en el Ministerio Público. Suxo dijo que este retraso se debe a un problema administrativo en el Órgano Judicial, por ejemplo mencionó que hubo casos que debieron ser resueltos en 60 días y llevan más de mil días sin ninguna respuesta.
“Tenemos que señalar que en el Ministerio hemos atendido 13.293 denuncias, porque ahora sí la gente sabe que puede hacer una denuncia y que tendrá una respuesta (…). Pese a toda la dificultad que tenemos con el Ministerio Público, con el Órgano Judicial, tenemos 88 sentencias, es algo que antes nunca se había logrado. Son sentencias importantes de más de 12 años, muy fuertes que ya se están ejecutoriando”, apuntó Suxo.
Explicó que su Ministerio logró recuperar 894 millones de bolivianos dentro de estos casos, ya sea por boletas de garantía, anotación preventiva de bienes inmuebles y muebles, entre otros, cuyo dinero está en el Tesoro General del Estado (TGN).
Al respecto, el jefe de bancada de Convergencia Nacional (CN) en Diputados, Alex Orozco, criticó que hasta la fecha sólo se hayan resuelto 88 casos de más de 13 mil denuncias, lo que demuestra el “silencio cómplice” de este Ministerio en denuncias que afectan a autoridades del Gobierno o del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El Ministerio de Transparencia no cumple con su responsabilidad por el que ha sido creado, mucho menos la Fiscalía que ha demostrado su ineficiencia al rechazar casos concretos de denuncias por corrupción en este Gobierno como el que presentamos del caso del expolicía Fabricio Ormachea”, señaló.
“Tenemos que señalar que en el Ministerio hemos atendido 13.293 denuncias, porque ahora sí la gente sabe que puede hacer una denuncia y que tendrá una respuesta (…). Pese a toda la dificultad que tenemos con el Ministerio Público, con el Órgano Judicial, tenemos 88 sentencias, es algo que antes nunca se había logrado. Son sentencias importantes de más de 12 años, muy fuertes que ya se están ejecutoriando”, apuntó Suxo.
Explicó que su Ministerio logró recuperar 894 millones de bolivianos dentro de estos casos, ya sea por boletas de garantía, anotación preventiva de bienes inmuebles y muebles, entre otros, cuyo dinero está en el Tesoro General del Estado (TGN).
Al respecto, el jefe de bancada de Convergencia Nacional (CN) en Diputados, Alex Orozco, criticó que hasta la fecha sólo se hayan resuelto 88 casos de más de 13 mil denuncias, lo que demuestra el “silencio cómplice” de este Ministerio en denuncias que afectan a autoridades del Gobierno o del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El Ministerio de Transparencia no cumple con su responsabilidad por el que ha sido creado, mucho menos la Fiscalía que ha demostrado su ineficiencia al rechazar casos concretos de denuncias por corrupción en este Gobierno como el que presentamos del caso del expolicía Fabricio Ormachea”, señaló.
CHITO VALLE PIDE ARRESTO DOMICILIARIO
El exprefecto de La Paz, Luis Alberto Valle, denunció este lunes a la Dirección de Régimen Penitenciario por entrabar su petición de detención domiciliaria, la cual, según señaló, le corresponde de acuerdo a la norma vigente. Chito Valle cumple una condena de ocho años en el penal de San Roque de Sucre.
lunes, 21 de abril de 2014
Rózsa quería asaltar Banco Unión y secuestrar a hijos de empresarios
ENCARGO Un empresario cruceño pretendía hacer estallar con un misil la avioneta del ministro Quintana.
Redacción central / Cambio
Eduardo Rózsa fue abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril del año 2009.
El líder de la supuesta célula terrorista que se había conformado en Santa Cruz, Eduardo Rózsa Flores, abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, estuvo a punto de perpetrar un atraco a una sucursal del Banco Unión.
El testigo clave del caso de supuesto terrorismo y hombre cercano al húngaro-boliviano, Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘el Viejo’, confesó al matutino La Estrella del Oriente que Rózsa ya tenía todo planificado para robar una millonaria suma del banco y que solo estaba esperando que depositen la remesa para dar el golpe.
“El robo iba a ser dos días después de que lo mataron. Ya estaba todo bien planificado, recibimos la ayuda de un funcionario del banco que nos dio los planos”, relató.
EL OBJETIVO
Dijo que el objetivo era asaltar la sucursal que está cerca de la plaza principal, para ello ya habían tomado contacto con un trabajador de la institución que era encargado de la bóveda, quien les mostró el lugar, les dio los planos del edificio, indicando los lugares donde estaban el dinero, los guardias, el equipo de seguridad y el subterráneo.
‘El Viejo’ señala que en el grupo que asaltaría la institución financiera estaban Alcides Mendoza y un diputado de la agrupación Podemos, además de Árpad Magyarosi y Michael Dwyer.
Manifestó que Eduardo Rózsa estaba sin dinero y por eso había planificado el robo, además de que ya quería irse de Bolivia porque las personas que lo estaban financiando ya no le enviaban más dinero. Resaltó que Rózsa protestaba contra Hugo Achá, a quien le decían ‘Superman’, porque ya no le entregaba los fondos que necesitaba el grupo.
“Ellos (el grupo de Rózsa) necesitaban plata, creo que para irse del país; hablaban de millones. Hasta el croquis habían hecho y lo tenían pensado hacer tres o cuatro días después de poner la bomba en la casa del cardenal”, sostuvo.
SECUESTROS
El chofer de Eduardo Rózsa declaró además que el líder de la supuesta célula terrorista tenía proyectado secuestrar a los hijos de los empresarios cruceños. “Iba a secuestrar a los hijos de los empresarios para pedir dinero por su rescate porque ya no le enviaban plata, pero antes me había dicho que iba a matar a unos dos o tres para que entren en pánico y puedan soltar el dinero”, dijo Villa Vargas.
Destacó que Rózsa, a quien llamaba ‘Germán’, tenía una lista con los nombres de las personas más ricas de la región que además habían aportado a la ‘causa’, pero que al final se echaron para atrás.
“Eduardo ya sospechaba que lo seguían, y como ya no había financiamiento, él ya se quería ir del país con sus amigos, pero para eso necesitaba harto dinero. A mí me prometió regalarme un millón de dólares antes de su partida”, dijo ‘El Viejo’.
MISIL PARA QUINTANA
Villa Vargas aseguró que un conocido empresario cruceño, con las iniciales A.D., había conversado con Eduardo Rózsa para que asesine al ministro Juan Ramón Quintana haciendo estallar su avioneta con un misil. “Un señor A.D., dueño de la terminal nueva, tenía problemas por una deuda con el Gobierno de muchos millones, y quien le puso atajos y se hizo su enemigo fue Juan Ramón Quintana, por eso querían conseguir a toda costa un misil para bajarlo de un avión o avioneta cuando él esté en Beni. Este señor iba a poner como $us 120.000 para la compra del misil”, manifestó.
Eduardo Rózsa Flores
húngaro
Eduardo Rózsa Flores (victimado) alcanzó el grado de coronel del Ejército croata por sus acciones orientadas a impulsar el separatismo en ese territorio europeo, lo cual ocasionó más de 100 mil personas civiles muertas.
Michael Dwyer
irlandés
El irlandés Michael Dwyer (28), victimado durante el operativo, fue parte de un grupo contratado por los líderes de la oposición para asesinar al presidente Morales y fomentar la violenta secesión del departamento de Santa Cruz.
Mario Tádic
boliviano-croata
Mario Tádic, con grado de teniente de las Fuerzas Armadas croatas, participó en las guerras de Yugoslavia. Recibió entrenamiento en artes bélicas y participó en combates armados de separatismo en los que se perdieron vidas.
Elöd Tóásó
húngaro-rumano
Elöd Tóásó tiene publicados más de una veintena de tuits, entre ellos algunos en respuesta a contenidos del abogado Alejandro Brown Ibáñez (@AlejBrown), uno de los 16 prófugos del caso separatismo. Sobrevivió al igual que Mario Tádic.
Ignacio Villa Vargas
‘el Viejo’, principal testigo
Identificado como informante a sueldo por los servicios de Inteligencia del Ministerio de Gobierno. El exfiscal Marcelo Soza basó su investigación en el soborno de $us 31.500 que recibió Núñez del Prado dentro de un vehículo para que se vaya del país.
Redacción central / Cambio
Eduardo Rózsa fue abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril del año 2009.
El líder de la supuesta célula terrorista que se había conformado en Santa Cruz, Eduardo Rózsa Flores, abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, estuvo a punto de perpetrar un atraco a una sucursal del Banco Unión.
El testigo clave del caso de supuesto terrorismo y hombre cercano al húngaro-boliviano, Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘el Viejo’, confesó al matutino La Estrella del Oriente que Rózsa ya tenía todo planificado para robar una millonaria suma del banco y que solo estaba esperando que depositen la remesa para dar el golpe.
“El robo iba a ser dos días después de que lo mataron. Ya estaba todo bien planificado, recibimos la ayuda de un funcionario del banco que nos dio los planos”, relató.
EL OBJETIVO
Dijo que el objetivo era asaltar la sucursal que está cerca de la plaza principal, para ello ya habían tomado contacto con un trabajador de la institución que era encargado de la bóveda, quien les mostró el lugar, les dio los planos del edificio, indicando los lugares donde estaban el dinero, los guardias, el equipo de seguridad y el subterráneo.
‘El Viejo’ señala que en el grupo que asaltaría la institución financiera estaban Alcides Mendoza y un diputado de la agrupación Podemos, además de Árpad Magyarosi y Michael Dwyer.
Manifestó que Eduardo Rózsa estaba sin dinero y por eso había planificado el robo, además de que ya quería irse de Bolivia porque las personas que lo estaban financiando ya no le enviaban más dinero. Resaltó que Rózsa protestaba contra Hugo Achá, a quien le decían ‘Superman’, porque ya no le entregaba los fondos que necesitaba el grupo.
“Ellos (el grupo de Rózsa) necesitaban plata, creo que para irse del país; hablaban de millones. Hasta el croquis habían hecho y lo tenían pensado hacer tres o cuatro días después de poner la bomba en la casa del cardenal”, sostuvo.
SECUESTROS
El chofer de Eduardo Rózsa declaró además que el líder de la supuesta célula terrorista tenía proyectado secuestrar a los hijos de los empresarios cruceños. “Iba a secuestrar a los hijos de los empresarios para pedir dinero por su rescate porque ya no le enviaban plata, pero antes me había dicho que iba a matar a unos dos o tres para que entren en pánico y puedan soltar el dinero”, dijo Villa Vargas.
Destacó que Rózsa, a quien llamaba ‘Germán’, tenía una lista con los nombres de las personas más ricas de la región que además habían aportado a la ‘causa’, pero que al final se echaron para atrás.
“Eduardo ya sospechaba que lo seguían, y como ya no había financiamiento, él ya se quería ir del país con sus amigos, pero para eso necesitaba harto dinero. A mí me prometió regalarme un millón de dólares antes de su partida”, dijo ‘El Viejo’.
MISIL PARA QUINTANA
Villa Vargas aseguró que un conocido empresario cruceño, con las iniciales A.D., había conversado con Eduardo Rózsa para que asesine al ministro Juan Ramón Quintana haciendo estallar su avioneta con un misil. “Un señor A.D., dueño de la terminal nueva, tenía problemas por una deuda con el Gobierno de muchos millones, y quien le puso atajos y se hizo su enemigo fue Juan Ramón Quintana, por eso querían conseguir a toda costa un misil para bajarlo de un avión o avioneta cuando él esté en Beni. Este señor iba a poner como $us 120.000 para la compra del misil”, manifestó.
Eduardo Rózsa Flores
húngaro
Eduardo Rózsa Flores (victimado) alcanzó el grado de coronel del Ejército croata por sus acciones orientadas a impulsar el separatismo en ese territorio europeo, lo cual ocasionó más de 100 mil personas civiles muertas.
Michael Dwyer
irlandés
El irlandés Michael Dwyer (28), victimado durante el operativo, fue parte de un grupo contratado por los líderes de la oposición para asesinar al presidente Morales y fomentar la violenta secesión del departamento de Santa Cruz.
Mario Tádic
boliviano-croata
Mario Tádic, con grado de teniente de las Fuerzas Armadas croatas, participó en las guerras de Yugoslavia. Recibió entrenamiento en artes bélicas y participó en combates armados de separatismo en los que se perdieron vidas.
Elöd Tóásó
húngaro-rumano
Elöd Tóásó tiene publicados más de una veintena de tuits, entre ellos algunos en respuesta a contenidos del abogado Alejandro Brown Ibáñez (@AlejBrown), uno de los 16 prófugos del caso separatismo. Sobrevivió al igual que Mario Tádic.
Ignacio Villa Vargas
‘el Viejo’, principal testigo
Identificado como informante a sueldo por los servicios de Inteligencia del Ministerio de Gobierno. El exfiscal Marcelo Soza basó su investigación en el soborno de $us 31.500 que recibió Núñez del Prado dentro de un vehículo para que se vaya del país.
Abogado de Roca usa autos de su cliente
El Ministerio de Transparencia publicó una circular con esa denuncia.
Informa que la monetización de esos autos está paralizada por culpa del Tribunal de Sentencia.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a través de un boletín de prensa, denunció el jueves que Jorge Valda Daza, abogado del ex propietario de la línea aérea desaparecida AeroSur, Humberto Roca, conduce el vehículo de su cliente, con lo que ocasiona el “devalúo” de ese motorizado.
“Llama la atención que los bienes del proceso destinados a la reparación del daño ocasionado al Estado estén siendo utilizados para otros fines, es así que en fecha 29 de agosto de 2013 el Ministerio de Transparencia Institucional hizo constar en el acta de audiencia de juicio oral que el vehículo con placa 2121-GDH Porche Cayenne de propiedad de la familia Roca, sobre el cual pesa anotación preventiva estaba siendo conducido por Valda, depreciando con el uso irregular del vehículo el valor del mismo”, establece el boletín.
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Roca, prófugo de la justicia, es acusado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado de más de 550 millones de bolivianos.
En el boletín, esa repartición del Estado establece que, en el proceso penal seguido contra Roca, el Ministerio Público procedió a anotar preventivamente los bienes muebles e inmuebles del procesado.
Los 38 vehículos de la familia del empresario Roca fueron incautados el 14 de diciembre de 2010 por el Ministerio Público, en estricta aplicación del artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, según la nota.
Informa que la monetización de esos autos está paralizada por culpa del Tribunal de Sentencia.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a través de un boletín de prensa, denunció el jueves que Jorge Valda Daza, abogado del ex propietario de la línea aérea desaparecida AeroSur, Humberto Roca, conduce el vehículo de su cliente, con lo que ocasiona el “devalúo” de ese motorizado.
“Llama la atención que los bienes del proceso destinados a la reparación del daño ocasionado al Estado estén siendo utilizados para otros fines, es así que en fecha 29 de agosto de 2013 el Ministerio de Transparencia Institucional hizo constar en el acta de audiencia de juicio oral que el vehículo con placa 2121-GDH Porche Cayenne de propiedad de la familia Roca, sobre el cual pesa anotación preventiva estaba siendo conducido por Valda, depreciando con el uso irregular del vehículo el valor del mismo”, establece el boletín.
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Roca, prófugo de la justicia, es acusado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado de más de 550 millones de bolivianos.
En el boletín, esa repartición del Estado establece que, en el proceso penal seguido contra Roca, el Ministerio Público procedió a anotar preventivamente los bienes muebles e inmuebles del procesado.
Los 38 vehículos de la familia del empresario Roca fueron incautados el 14 de diciembre de 2010 por el Ministerio Público, en estricta aplicación del artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, según la nota.
Denuncian que la esposa del gerente de BoA trabaja en YPFB
El líder de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amílcar Barral, denunció este lunes que Isabel Echalar, esposa del gerente General de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, trabajaría como jefa de Recursos Humanos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hecho que calificó como un "clan familiar" que operaría desde reparticiones del Estado.
Barral mostró un documento de una partida de matrimonio entre Ronald Casso e Isabel Echalar, quienes contrajeron matrimonio civil el año 1992. El dirigente político dijo que esta nueva denuncia se suma a las anteriores presentadas por Unidad Nacional (UN) por la venta de servicios de refrigerio entre BoA y la empresa Air Catering, de la que es propietaria Silvana del Castillo, cuñada del vicepresidente Álvaro García.
"Hoy denunciamos ante el país una nueva muestra de que en este Gobierno, que dice ser ético y limpio, se evidencia cómo funciona el clan familiar del señor Casso, que operaría en BoA, la Vicepresidencia y ahora YPFB. Ahora que salga el vicepresidente o mejor el señor Carlos Villegas (presidente de YPFB) a desmentir algo que es tan obvio y sucio", manifestó Barral.
Y es que, además de esta denuncia, se confirmó que el hermano de Ronald Casso: Winston Fabián Casso Casso, trabaja en el cuerpo de seguridad de la Vicepresidencia, empero se sostiene que ese cargo lo ocupa por "mérito propio".
Barral dijo que si este Gobierno no se aprovecha del Estado, como dijo el vicepresidente, las autoridades correspondientes deberían exigir la renuncia del gerente de la empresa aérea o de su esposa.
La ANF se comunicó con la Unidad de Comunicación de YPFB para constatar si Isabel Echalar continua trabajando como jefa de Recursos Humanos. Los funcionarios de esta repartición dijeron a este medio que no podrían dar esa información en tanto no tengan todo el contexto de la denuncia.
Asimismo, la ANF intentó comunicarse con Ronald Casso, pero este no contestó su teléfono celular ante las reiteradas llamadas.
Barral mostró un documento de una partida de matrimonio entre Ronald Casso e Isabel Echalar, quienes contrajeron matrimonio civil el año 1992. El dirigente político dijo que esta nueva denuncia se suma a las anteriores presentadas por Unidad Nacional (UN) por la venta de servicios de refrigerio entre BoA y la empresa Air Catering, de la que es propietaria Silvana del Castillo, cuñada del vicepresidente Álvaro García.
"Hoy denunciamos ante el país una nueva muestra de que en este Gobierno, que dice ser ético y limpio, se evidencia cómo funciona el clan familiar del señor Casso, que operaría en BoA, la Vicepresidencia y ahora YPFB. Ahora que salga el vicepresidente o mejor el señor Carlos Villegas (presidente de YPFB) a desmentir algo que es tan obvio y sucio", manifestó Barral.
Y es que, además de esta denuncia, se confirmó que el hermano de Ronald Casso: Winston Fabián Casso Casso, trabaja en el cuerpo de seguridad de la Vicepresidencia, empero se sostiene que ese cargo lo ocupa por "mérito propio".
Barral dijo que si este Gobierno no se aprovecha del Estado, como dijo el vicepresidente, las autoridades correspondientes deberían exigir la renuncia del gerente de la empresa aérea o de su esposa.
La ANF se comunicó con la Unidad de Comunicación de YPFB para constatar si Isabel Echalar continua trabajando como jefa de Recursos Humanos. Los funcionarios de esta repartición dijeron a este medio que no podrían dar esa información en tanto no tengan todo el contexto de la denuncia.
Asimismo, la ANF intentó comunicarse con Ronald Casso, pero este no contestó su teléfono celular ante las reiteradas llamadas.
Ministra Suxo dice que el informe de corrupción fue distorsionado
La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, se refirió este lunes al informe presentado la semana pasada por el Barómetro de las Américas, en el que señalaba a Bolivia como el segundo país más corrupto de la región, después de Haití. La autoridad dijo que tras conversar con la persona que elaboró el estudio, reveló que dicho informe fue distorsionado.
“Luego de una conversación con la persona encargada de este estudio, el licenciado Daniel Moreno Morales, nos aclaró que estaba sorprendido por la distorsión de su informe. El tema de corrupción era un tema de simple referencia, que no se había tocado en profundidad”, indicó la ministra Suxo.
La autoridad añadió que el estudio fue elaborado en 2012, y denunció que existen intereses políticos tras la difusión que busca echar por tierra todos los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción.
La ministra Suxo aprovechó la oportunidad para brindar un informe improvisado en cuanto a los resultados que ha conseguido desde la implementación de su cartera en la gestión del presidente Morales.
“Hemos atendido 13.293 denuncias, hay más denuncias, ahora no se encubre, ahora se procesa y se llega hasta el Ministerio Público; existen 88 sentencias, es algo que antes nunca se había logrado. También con el apoyo del programa, que tiene que ver con el Banco Mundial, hemos logrado recuperar Bs 894 millones, monto que se encuentra en cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN)”, concluyó.
“Luego de una conversación con la persona encargada de este estudio, el licenciado Daniel Moreno Morales, nos aclaró que estaba sorprendido por la distorsión de su informe. El tema de corrupción era un tema de simple referencia, que no se había tocado en profundidad”, indicó la ministra Suxo.
La autoridad añadió que el estudio fue elaborado en 2012, y denunció que existen intereses políticos tras la difusión que busca echar por tierra todos los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción.
La ministra Suxo aprovechó la oportunidad para brindar un informe improvisado en cuanto a los resultados que ha conseguido desde la implementación de su cartera en la gestión del presidente Morales.
“Hemos atendido 13.293 denuncias, hay más denuncias, ahora no se encubre, ahora se procesa y se llega hasta el Ministerio Público; existen 88 sentencias, es algo que antes nunca se había logrado. También con el apoyo del programa, que tiene que ver con el Banco Mundial, hemos logrado recuperar Bs 894 millones, monto que se encuentra en cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN)”, concluyó.
jueves, 17 de abril de 2014
Vehículos embargados por el caso AeroSur se deterioran
Noticia publicada el Lo que otrora era uno de los orgullos de Humberto Roca, expresidente de la quebrada aerolínea AeroSur, su colección de autos, hoy, por el paso del tiempo, es un conjunto de motorizados deteriorados llenos de tierra y abandonados a los tiempos de la justicia.
En el kilómetro siete, detrás del barrio El Carmen, de la zona norte de la ciudad, en dos galpones hay una treintena de motorizados embargados por la Fiscalía -en el marco del denominado caso AeroSur- que de acuerdo con los cuidadores no tienen ningún tipo de mantenimiento.
La situación
Fuera de los galpones cinco motorizados se ‘derrumban’.
Un Mustang GT, placa 1436 TES, tiene las ruedas bajas y partidas; otro Mustang Challenger RT, placa 422 PGX, tiene su carrocería oxidada; un BMW amarillo, placa 885 YUH, que en la parte trasera en letra cursiva lleva el nombre de su dueño, cuenta con los asientos de cuero podridos por la humedad.
Otro BMW 8.5.OI rojo, placa 1744 SDS, a simple vista muestra el efecto de la humedad en su caja de cambio.
Un Ford Bronco, placa 307 NXG, presenta los aros oxidados y sus ruedas desinfladas.
En uno de los galpones un Cadillac, placa 204 PND, se encuentra lleno de tierra al igual que un Mercedes Benz placa 187 KPX.
El marco legal
Jorge Valda, abogado de Roca, explicó que en varias oportunidades pidieron al Ministerio Público se les permita realizar el mantenimiento rutinario de los motorizados, pero nunca les autorizó.
Valda explicó que la colección de Roca estaba valorada en unos $us 10 millones y que en la actual situación de los vehículos, a los que consideró ‘chatarra’, su valor no supera los $us 50.000.
El abogado precisó que su defendido fue imputado por un supuesto enriquecimiento ilícito, pues para la Fiscalía no pudo demostrar de dónde sacó los recursos para tener esa cantidad de autos.
“Fue imputado por esa causa y no por la de deuda impositiva, ni por el daño que se causó a los pasajeros una vez que la empresa dejó de operar”, dijo.
Cabe recordar que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) indicó que la deuda impositiva de la aerolínea en el periodo 2004-2007 llegó a la suma de Bs 1.338 millones.
En esa oportunidad (2012), el SIN definió empezar con el cobro de 2004 mediante la retención de los importes de la venta de pasajes que realizó la empresa. El fisco calculó que por ese concepto se debían Bs 108 millones
El silencio de los motores
60
Vehículos de colección
Es lo que Roca declaró tener. Luego que dejó el país, sus motorizados pasaron a manos de la justicia en calidad de embargo.
En el kilómetro siete, detrás del barrio El Carmen, de la zona norte de la ciudad, en dos galpones hay una treintena de motorizados embargados por la Fiscalía -en el marco del denominado caso AeroSur- que de acuerdo con los cuidadores no tienen ningún tipo de mantenimiento.
La situación
Fuera de los galpones cinco motorizados se ‘derrumban’.
Un Mustang GT, placa 1436 TES, tiene las ruedas bajas y partidas; otro Mustang Challenger RT, placa 422 PGX, tiene su carrocería oxidada; un BMW amarillo, placa 885 YUH, que en la parte trasera en letra cursiva lleva el nombre de su dueño, cuenta con los asientos de cuero podridos por la humedad.
Otro BMW 8.5.OI rojo, placa 1744 SDS, a simple vista muestra el efecto de la humedad en su caja de cambio.
Un Ford Bronco, placa 307 NXG, presenta los aros oxidados y sus ruedas desinfladas.
En uno de los galpones un Cadillac, placa 204 PND, se encuentra lleno de tierra al igual que un Mercedes Benz placa 187 KPX.
El marco legal
Jorge Valda, abogado de Roca, explicó que en varias oportunidades pidieron al Ministerio Público se les permita realizar el mantenimiento rutinario de los motorizados, pero nunca les autorizó.
Valda explicó que la colección de Roca estaba valorada en unos $us 10 millones y que en la actual situación de los vehículos, a los que consideró ‘chatarra’, su valor no supera los $us 50.000.
El abogado precisó que su defendido fue imputado por un supuesto enriquecimiento ilícito, pues para la Fiscalía no pudo demostrar de dónde sacó los recursos para tener esa cantidad de autos.
“Fue imputado por esa causa y no por la de deuda impositiva, ni por el daño que se causó a los pasajeros una vez que la empresa dejó de operar”, dijo.
Cabe recordar que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) indicó que la deuda impositiva de la aerolínea en el periodo 2004-2007 llegó a la suma de Bs 1.338 millones.
En esa oportunidad (2012), el SIN definió empezar con el cobro de 2004 mediante la retención de los importes de la venta de pasajes que realizó la empresa. El fisco calculó que por ese concepto se debían Bs 108 millones
El silencio de los motores
60
Vehículos de colección
Es lo que Roca declaró tener. Luego que dejó el país, sus motorizados pasaron a manos de la justicia en calidad de embargo.
Tribunal 2° debe dirimir una recusa en caso Terrorismo
El Tribunal 2° de Sentencia de La Paz fue ratificado para resolver la recusación al pleno del Tribunal 1° que administraba el juicio por Terrorismo. La instancia jurídica debe emitir una resolución en un plazo de 48 horas.
El 12 de marzo, Ignacio Villa, El Viejo, uno de los 39 acusados de pertenecer a un grupo separatista, recusó al tribunal en pleno que administraba el proceso. Por esta demanda el proceso está paralizado un mes y cinco días. A esta mora también se sumó el hecho de que el juez del Tribunal 2°, Bernardo Soria, se excusó del proceso, pero éste fue rechazado ayer.
“Recién se constituyó el Tribunal 2° para resolver la recusación del Tribunal 1°, pese a que ya debería resolverse esto hace tiempo, porque está prohibido y es ilegal recusar al pleno de un tribunal (lo que se hizo), ya que no se puede tramitar ni resolver una recusación improcedente como ésta”, sostuvo el fiscal Sergio Céspedes, que atiende el caso Terrorismo.
Ilícito. Agregó que la recusación presentada solo tuvo el objetivo de dilatar el proceso, lo cual se consiguió; pero, a pesar de ello, ahora el futuro del juicio deberá resolverse en 48 horas como máximo, de acuerdo a la ley vigente.
“Entiendo que el juez Bernardo Soria, por tener algún grado de parentesco espiritual con uno de los abogados, (se excusó), pero también entendemos que el jurista (citado) no es el recusante, no es quien recusó al tribunal y no tiene relación con Soria. Sin embargo, por eso se rechazó esa excusa planteada por Soria, pese a que pidió complementación, que también fue rechazado”, dijo el representante de la Fiscalía.
Céspedes informó que el Tribunal 2° también deberá resolver la petición de la defensa del acusado Villa, que solicitó se introduzca como una prueba una carta del exfiscal Marcelo Soza, además de dos testigos.
El 11 de marzo, Soza, que atendió este proceso, huyó a Brasil, donde tiene refugio temporal de 180 días, hasta que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de ese país responda a su pedido de asilo. Luego se difundió una carta atribuida a él en la que se denuncia irregularidades en la investigación del caso Terrorismo.
Imputan a Juan Kudelka
Sergio Céspedes, fiscal del caso separatismo, informó ayer que se imputó y notificó formalmente por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas al exgerente de aceite Rico Juan Kudelka, en el caso Terrorismo II.
El empresario cruceño, considerado brazo derecho del expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branko Marinkovic, ya fue aprehendido en 2010 y liberado en 2011 por el caso Terrorismo I, ya que se consideró que estaba vinculado al grupo de Eduardo Rózsa, acusado de separatista.
“Estudiamos el caso y se procedió a la imputación de Juan Kudelka y se lo notificó por legitimación de ganancias ilícitas. Ahora el juez tiene que realizar una audiencia en los próximos días y la Fiscalía pedirá su detención preventiva”, dijo Céspedes.
Agregó que la próxima semana se empezarán a tomar declaraciones a otras personas, aunque no precisó el número, que estarían involucradas en este proceso, en el que investiga a los supuestos financiadores de la célula separatista desarticulada en abril de 2009.
miércoles, 16 de abril de 2014
Cuestionan defensores de Tadic, Tóásó y 'El Viejo' Abogados aseguran que las pruebas son ilegales
La carta de Marcelo Soza, en la que revela que no estuvo la noche del operativo en Las Américas y las denuncias del sembrado de evidencias en el hotel, demuestran que las pruebas están contaminadas y son ilegales. Esa es la posición de dos abogados defensores de tres acusados en el caso Rózsa.
El proceso, según dichos juristas, genera mayor incertidumbre y carece de sustento legal por su connotación política.
Vicios procesales desde un inicio. Gianny Prado, jurista patrocinante de los acusados Elöd Tóásó y Mario Tadic, afirmó que desde el 2009 a la fecha, se observó vicios procesales del caso. "El hacer el operativo junto con policías sin la presencia de un fiscal, abrir las habitaciones, abatir a los que estaban durmiendo y limpiar los elementos del lugar, es una violación a los derechos constitucionales", afirmó Prado. Descartó la existencia de flagrancia en el hecho, según el argumento para justificar la ausencia de fiscal en el operativo, ya que el operativo donde se abatió a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, se lo preparó con anterioridad e incluso habían infiltrados hospedados en el hotel Las Américas.
Muestra de injusticia. Por su parte, Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, más conocido como "El Viejo", manifestó que el proceso es muestra clara de la injusticia en Bolivia y la retardación. Sostuvo que es una estrategia gubernamental utilizando medios coercitivos para neutralizar a la oposición. Aclaró también que aparte de haber armado pruebas, el juicio además está sustentado con una simulación de delitos.
El proceso, según dichos juristas, genera mayor incertidumbre y carece de sustento legal por su connotación política.
Vicios procesales desde un inicio. Gianny Prado, jurista patrocinante de los acusados Elöd Tóásó y Mario Tadic, afirmó que desde el 2009 a la fecha, se observó vicios procesales del caso. "El hacer el operativo junto con policías sin la presencia de un fiscal, abrir las habitaciones, abatir a los que estaban durmiendo y limpiar los elementos del lugar, es una violación a los derechos constitucionales", afirmó Prado. Descartó la existencia de flagrancia en el hecho, según el argumento para justificar la ausencia de fiscal en el operativo, ya que el operativo donde se abatió a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, se lo preparó con anterioridad e incluso habían infiltrados hospedados en el hotel Las Américas.
Muestra de injusticia. Por su parte, Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, más conocido como "El Viejo", manifestó que el proceso es muestra clara de la injusticia en Bolivia y la retardación. Sostuvo que es una estrategia gubernamental utilizando medios coercitivos para neutralizar a la oposición. Aclaró también que aparte de haber armado pruebas, el juicio además está sustentado con una simulación de delitos.
Soza confirma el montaje
Tres constitucionalistas coinciden que con la carta del exfiscal Marcelo Soza, se confirma el montaje armado del caso Rózsa.
Además de las violaciones al debido proceso y las presuntas ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron aclaradas por las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.
El mayor escándalo del Gobierno. El jurista Saúl Paniagua, considera que el caso Rózsa es el mayor escándalo de la administración gubernamental de Evo Morales.
"Se develó no solamente las violaciones de los derechos humanos, sino también el atentado al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia", remarcó. Paniagua expresó que ante todas esas irregularidades, es un caso que amerita la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas para restablecer la responsabilidad del Estado.
Se violentó la jurisdicción natural. Para la presidente del Colegio Departamental de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en el proceso de supuesto terrorismo y alzamiento armado se violentó la jurisdicción natural. Indicó que a los acusados los obligaron a peregrinar de ciudad en ciudad y se les impuso un tribunal paceño, cuando lo correcto es que los juzgadores sean de Santa Cruz, siendo esta la primera vulneración grave. Además de la ejecución extrajudicial en el hotel Las Américas y la manipulación de pruebas, en el transcurso del tiempo, dijo la exmagistrada del Tribunal Constitucional, se vieron cientos de violaciones a los derechos de los imputados. Por tal motivo, expresó que su persona junto con la Fundación Nueva Democracia, viajó a Washington en octubre del 2013 a denunciar las irregularidades del proceso ante la CIDH.
Un juicio político. Según Jorge Asbún, constitucionalista que llevó acciones tutelares en relación al proceso, comentó que se deja en evidencia después de 5 años, que las violaciones a los derechos constitucionales, están casi probadas. "Es un juicio político más que judicial y sirvió para descabezar a los liderazgos de la media luna y hay demasiadas pruebas en sentido de que hubo intromisión del Ejecutivo", resaltó.
Paniagua, Salame y Asbún coinciden que la misiva de Soza ratifica lo que siempre se afirmó: que es un caso armado por el servilismo de la Fiscalía y los jueces al Órgano Ejecutivo
Además de las violaciones al debido proceso y las presuntas ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron aclaradas por las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.
El mayor escándalo del Gobierno. El jurista Saúl Paniagua, considera que el caso Rózsa es el mayor escándalo de la administración gubernamental de Evo Morales.
"Se develó no solamente las violaciones de los derechos humanos, sino también el atentado al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia", remarcó. Paniagua expresó que ante todas esas irregularidades, es un caso que amerita la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas para restablecer la responsabilidad del Estado.
Se violentó la jurisdicción natural. Para la presidente del Colegio Departamental de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en el proceso de supuesto terrorismo y alzamiento armado se violentó la jurisdicción natural. Indicó que a los acusados los obligaron a peregrinar de ciudad en ciudad y se les impuso un tribunal paceño, cuando lo correcto es que los juzgadores sean de Santa Cruz, siendo esta la primera vulneración grave. Además de la ejecución extrajudicial en el hotel Las Américas y la manipulación de pruebas, en el transcurso del tiempo, dijo la exmagistrada del Tribunal Constitucional, se vieron cientos de violaciones a los derechos de los imputados. Por tal motivo, expresó que su persona junto con la Fundación Nueva Democracia, viajó a Washington en octubre del 2013 a denunciar las irregularidades del proceso ante la CIDH.
Un juicio político. Según Jorge Asbún, constitucionalista que llevó acciones tutelares en relación al proceso, comentó que se deja en evidencia después de 5 años, que las violaciones a los derechos constitucionales, están casi probadas. "Es un juicio político más que judicial y sirvió para descabezar a los liderazgos de la media luna y hay demasiadas pruebas en sentido de que hubo intromisión del Ejecutivo", resaltó.
Paniagua, Salame y Asbún coinciden que la misiva de Soza ratifica lo que siempre se afirmó: que es un caso armado por el servilismo de la Fiscalía y los jueces al Órgano Ejecutivo
Caso Rózsa: Cinco años de infamia e injusticia
La salida del país del exfiscal Marcelo Soza, quien en una carta pública reveló la manipulación de pruebas, compra de testigos y excesos durante el operativo en el hotel Las Américas, han sumido en el descrédito al caso Rózsa, cuando se cumplen hoy cinco años del operativo en el hotel Las Américas.
Aquella madrugada del 16 de abril del 2009 murieron en el hotel Las Américas los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Martín Dwyer, quedando como sobrevivientes Mario Tádic y Elöd Tóásó. Las tres víctimas fallecieron en un cruce de balas, según la versión policial, o en un ajusticiamiento, de acuerdo a sus familiares y estudios forenses extraoficiales.
A raíz del operativo, el Ministerio Público acusó a 39 personas, de los cuales 9 guardan detención preventiva, por supuesto terrorismo y alzamiento armado, mientras que otros tienen detención domiciliaria y algunos decidieron abandonar el país, ya que no habían garantías constitucionales.
Sin embargo, analistas políticos, organismos internacionales de Derechos Humanos, cívicos, abogados defensores y opositores, lo consideran un juicio infame e injusto, que tuvo como principal objetivo, la destrucción de la institucionalidad cruceña y la persecución política de los opositores.
Un caso que se desmorona. Aparte de las revelaciones de Soza, en este último año el caso se quedó
por la recusación al Tribunal Primero de Sentencia, debido a la incompatibilidad de una juez ciudadana por tener una hija trabajando en el Ministerio de Transparencia. Antes del estancamiento del proceso, los tres testigos que declararon en dicho tribunal denunciaron la infiltración del Gobierno, el sembrado de pruebas y los abusos contra los Derechos Humanos.
El futuro. Con estos y otros antecedentes, la defensa de los imputados y sectores de la oposición han pedido que el caso vuelva a fojas cero y se reconduzca por los senderos de la verdad. La ONU anunció que tres relatorías del organismo hacen seguimiento al proceso y pidió que se conozca la verdad histórica de los hechos. El magistrado Gualberto Cusi, del Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica del país, pidió a título personal que se anule el juicio por todas las irregularidades denunciadas.
Ante esta situación, el Gobierno insiste en que hubo un plan urdido desde Santa Cruz con afanes separatistas, una versión que cinco años después se ha vuelto difícil de sostener.
Aquella madrugada del 16 de abril del 2009 murieron en el hotel Las Américas los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Martín Dwyer, quedando como sobrevivientes Mario Tádic y Elöd Tóásó. Las tres víctimas fallecieron en un cruce de balas, según la versión policial, o en un ajusticiamiento, de acuerdo a sus familiares y estudios forenses extraoficiales.
A raíz del operativo, el Ministerio Público acusó a 39 personas, de los cuales 9 guardan detención preventiva, por supuesto terrorismo y alzamiento armado, mientras que otros tienen detención domiciliaria y algunos decidieron abandonar el país, ya que no habían garantías constitucionales.
Sin embargo, analistas políticos, organismos internacionales de Derechos Humanos, cívicos, abogados defensores y opositores, lo consideran un juicio infame e injusto, que tuvo como principal objetivo, la destrucción de la institucionalidad cruceña y la persecución política de los opositores.
Un caso que se desmorona. Aparte de las revelaciones de Soza, en este último año el caso se quedó
por la recusación al Tribunal Primero de Sentencia, debido a la incompatibilidad de una juez ciudadana por tener una hija trabajando en el Ministerio de Transparencia. Antes del estancamiento del proceso, los tres testigos que declararon en dicho tribunal denunciaron la infiltración del Gobierno, el sembrado de pruebas y los abusos contra los Derechos Humanos.
El futuro. Con estos y otros antecedentes, la defensa de los imputados y sectores de la oposición han pedido que el caso vuelva a fojas cero y se reconduzca por los senderos de la verdad. La ONU anunció que tres relatorías del organismo hacen seguimiento al proceso y pidió que se conozca la verdad histórica de los hechos. El magistrado Gualberto Cusi, del Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica del país, pidió a título personal que se anule el juicio por todas las irregularidades denunciadas.
Ante esta situación, el Gobierno insiste en que hubo un plan urdido desde Santa Cruz con afanes separatistas, una versión que cinco años después se ha vuelto difícil de sostener.
Juzgado de Sucre Declaran rebelde a Marcelo Soza y tramitarán orden de captura internacional
Noticia publicada elEl 16 de abril de 2009 el fiscal Marcelo Soza llegaba desde La Paz a Santa Cruz para encabezar la investigación sobre las actividades que había realizado el presunto grupo armado abatido esa madrugada en el Hotel Las Américas, hoy, cinco años después, prófugo de la justicia boliviana, se declaró su rebeldía y se activó una orden de captura internacional en su contra.
El juez cuarto en lo Penal de Chuquisaca, Hugo Michel, declaró este miércoles 'rebelde' a Marcelo Soza por no presentarse a declarar en el proceso penal que le sigue la Fiscalía General por el delito de incumplimiento de deberes.
La Fiscalía anunció que con esta declaratoria se tramitará de manera inmediata la orden de captura internacional, que requería de este trámite para ser registrada ante la Interpol.
Marcelo Soza huyó al Brasil el pasado mes de marzo y pidió en ese país el refugio político por considerarse un perseguido del Gobierno, además reveló en una carta, que fue certificada por autoridades brasileñas, que se montaron pruebas en el caso Rózsa y que fue víctima de presiones para implicar en el proceso a varios dirigentes cruceños.
El exfiscal actualmente goza de refugio provisional en el Brasil, lo que haría imposible que se ejecute la orden de captura en su contra. Su caso es analizado por el CONARE, que aún analiza los argumentos planteados por el exfiscal para conseguir el asilo.
El juez cuarto en lo Penal de Chuquisaca, Hugo Michel, declaró este miércoles 'rebelde' a Marcelo Soza por no presentarse a declarar en el proceso penal que le sigue la Fiscalía General por el delito de incumplimiento de deberes.
La Fiscalía anunció que con esta declaratoria se tramitará de manera inmediata la orden de captura internacional, que requería de este trámite para ser registrada ante la Interpol.
Marcelo Soza huyó al Brasil el pasado mes de marzo y pidió en ese país el refugio político por considerarse un perseguido del Gobierno, además reveló en una carta, que fue certificada por autoridades brasileñas, que se montaron pruebas en el caso Rózsa y que fue víctima de presiones para implicar en el proceso a varios dirigentes cruceños.
El exfiscal actualmente goza de refugio provisional en el Brasil, lo que haría imposible que se ejecute la orden de captura en su contra. Su caso es analizado por el CONARE, que aún analiza los argumentos planteados por el exfiscal para conseguir el asilo.
Silvia Rózsa Flores, la única hermana de Eduardo: “Sus restos deben quedar acá”
La verdadera patria es la infancia, decía Rainer Rilke. La delgada línea de un comienzo para entender el porqué de una vida agitada. Los Rózsa tuvieron una infancia ajetreada, rica, dinámica y movediza. Los hijos de Jorge Rózsa y Nelly Flores, nacieron en Santa Cruz de la Sierra.
Cuando Eduardo tenía 12 y Silvia 9 debieron irse a Chile por razones políticas. Los niños no entendían muy bien de qué se trataba, pero a la dictadura de Banzer no le importaba. Vivieron un año en Santiago, luego en Suecia, allí lo invitaron ir a Cuba, pero su padre no lo creyó conveniente y decidieron recalar en Hungría. Estos cambios afectan, marcan, sellan y cuando Silvia Rózsa posa sus ojos en el pasado mantiene frescos los recuerdos como si fuera ayer.
“Hubo momentos duros, porque uno de pronto no entendía situaciones, tenía que refugiarse en los papás, ir de aquí para allá, le guste o no le guste. Incluso me rebelé en Hungría, no quería estudiar el idioma. En Hungría no teníamos familiares, éramos los cuatro solos. Mi padre fue hijo único. Mi abuela murió acá, mi abuelo era judío y murió en la Segunda Guerra Mundial. Esas cosas no las quisiera volver a repetir. Regresé a Bolivia con la idea de estacionarme y echar raíces acá. Volví de Hungría sola en el 89 y después me fui a Honduras por siete años. Retorné a Santa Cruz definitivamente en el 2000”.
Tuvieron una infancia normal, recuerda las movidas artísticas, la cultura a flor de piel con la casa llena de gente que producía arte, personas que iban y venían. Entre reuniones, dramaturgia, arte y lecturas, la vida se mezclaba con la política. Mucha gente, una familia muy sociable.
- ¿Cuándo comenzaron a escribir poesía?
- Empecé a escribir en Hungría, desde los 13 años. Él también a esa edad, supongo. Él escribía y les hacía los dibujos.
- ¿Y la lectura?
- Desde chico Eduardo leía mucho. Nosotros descendemos del obispo, de los Santistevan, por parte de mi abuela materna. Él iba a la casa de mis tíos que tenían una gran biblioteca que la usaba mucho. Fue bueno criarse en los ambientes europeos por la educación. Nos hemos empapado de esos hábitos.
- ¿Entre hermanos, se peleaban seguido?
- Sí, éramos muy distintos, desde chicos, siempre tuvimos visiones del mundo diferentes, otros enfoques, maneras de ver el mundo, siempre fui más tranquila, más pacifista.
- ¿Qué heredó Eduardo del padre y qué de la madre?
- Mi padre era un ser muy sensible, cálido, generoso, nada mezquino, le gustaba enseñar, y mi hermano heredó la inquietud por la inclinación política. Mi madre era más apolítica. Ella sufrió mucho, pero seguía a mi padre, era más conservadora, católica. Para ella había que seguir al esposo. Incluso una tía le ofreció a ella irse a Panamá con nosotros (los hijos) y ella mantuvo la unidad familiar, a pesar de que tenía que hacerle frente a las persecuciones, a la Policía y hasta se quedó sola: mucha gente le dio la espalda. Con los años quedó en claro que las acusaciones contra mi padre eran falsas.
- Ser comunista en esa época no era fácil…
- Sí, inclusive ahora, se tergiversa mucho. Gracias a Dios viví en un país socialista y puedo tener una visión concreta y no tanto subjetiva. Pero no es como lo pintan, porque (el comunismo) ‘es el diablo en persona’. Me acuerdo que a mi primo le decía la empleada: ‘comé porque te va a llevar un comunista’. Y yo había escuchado que mi padre era comunista y yo decía, no, ¡si mi papá es bueno!, ¿por qué le dice eso esta señora al niño?
Mi hermano heredó el lado político de mi padre y quizás su sensibilidad artística con la escritura, y de mi madre la fortaleza para afrontar determinadas cosas. Ella era una persona buena y justa.
- ¿Eduardo fue inquieto y arriesgado desde chico?
- Siempre se jugaba, iba con el peligro, desde chiquito. Las ex vecinas me contaban que hacía cortocircuitos. Le gustaba dañinear, siempre estaba al borde del peligro, como que le gustaba estar desafiándolo. Era muy atrevido, osado, temerario. Un día, sin saber manejar agarró un jeep con otros tres adentro y lo tuvimos que parar.
- ¿Siempre fue cambiante?
- Él estaba en una búsqueda constante y no sé si la encontró. Algunos dicen que él buscaba la justicia….no sé. Yo no compartía muchas cosas de él. Por ejemplo, tenía en una época un busto de Stalin en su cuarto y mucha gente que vivió allá, que lo conoció, no entendía.
Después, en honor a mi abuelo judío, se hizo judío, dejando de lado el catolicismo. Iba con ellos a todas sus festividades. Yo honro mucho al pueblo judío, pero no sentía ese afán de convertirme en ese momento y ser judía. Esos cambios repentinos…años más tarde, me enteré por teléfono, a través de una señora mayor, que se había convertido musulmán. Yo no tenía contacto con él, pero cuando me enteré quedé aterrada porque lo vinculaba con otras cosas. ¡¿Por qué está en el Islam?!, me preguntaba.
Después de que deja de ser judío vuelve al catolicismo y comienza a tener mucha simpatía con el Opus Dei. O sea, otro extremo ¿verdad? Yo me entero por mi madre y quedé sorprendida, porque él era de izquierda y me preguntaba ¿qué le pasa? De pronto deja el Opus Dei, e ingresa a la guerra en Croacia y más tarde se convierte al islamismo.
- ¿Hablaron sobre ese tema?
No, cuando volvió a aparecer nos contactamos por messenger, pero no hablamos de eso. Volvimos a tener contacto por e-mail después de 20 años y de una manera muy tibia.
Un amigo de mi papá que radica en Santa Cruz viajó a Hungría y lo contactó y me comenta que mi hermano estaba arrepentido de haberse alejado de la familia y quería de nuevo establecer contacto. Incluso tenía la recomendación familiar de no tocar ciertos temas que podrían alejarlo y perder el contacto.
Bueno dije ya, veamos. Yo también le había criticado su ingreso a la guerra de Croacia, no tengo nada contra Croacia, pero no entendía por qué un boliviano, un húngaro en este caso, se metía en un conflicto de un tercer país. Como se ha comentado que era una persona idealista, uno puede pensar que por su idealismo y la búsqueda de algo lo hace. En el momento mi padre rechaza esa decisión.
- ¿Ése fue el rompimiento?
- Con mi padre sí y con nosotros también, ya nos habíamos separado mucho, porque nunca fuimos muy unidos como hermanos. En su película Chico no aparezco. No tiene hermana en la película.
A mis padres, en ese tiempo, los periodistas los tenían sin vida. Tenían que desconectar el teléfono, cuidarse a la salida de la casa, etc. porque los acosaban, así como me tienen a mí ahora.
-¿Por qué cree que se alejó Eduardo de su familia?
- Mi madre se preguntaba ¿qué le hice? ¿Por qué desapareció así? No estaba clara esa situación. El vino a Santa Cruz en el 95 para una fiesta de fin de año, yo no estaba acá. Pero de ahí desapareció, cortó el contacto con ellos. Mi padre falleció en el 97, yo ya estaba acá, lo llamamos y nunca contestó. Luego mi madre enfermó e intenté mandarle correos.
- ¿Dónde residía?
Creo que en Hungría, se compró un departamento, se supone que era su base. Incluso viajaban los húngaros que vivían acá y no lo encontraban. Siempre mi madre les encargaba que busquen a su hijo, pero nada. Mi madre se murió sin saber nada de él. Yo me enteré en Chile que había estado (por unos ex vecinos de la niñez) filmando su película Chico.
¿En qué condición vino a Bolivia en octubre?
Me dijo que posiblemente vendría a Chile a filmar la segunda parte de la película, pero no iba a actuar, la iba a producir. Era una película coproducida por Hungría y EEUU. Y estaban en eso, hasta me mandó un link con el reparto de actores. El protagonista era un norteamericano.
En este último tiempo se comunicaba más seguido?
- Él se seguía comunicando muy esporádicamente por Internet. Inclusive en enero pasado me dijo que estaba en Irán y que volvería a Chile a seguir filmando su película.
- Se sabe que pasaron Navidad juntos…
- Sí, pasamos Navidad y Año Nuevo juntos, en familia. Como estábamos en familia no tocamos temas políticos, más hablamos de anécdotas, recuerdos de infancia. En carnaval pasó por acá, lo vi por un segundo y con mis primos compartió un poco, carnavaleando.
- ¿Se veía con amigos de la escuela o de la infancia?
- Sí, siempre preguntaba por uno u otro, era medio nostálgico.
- ¿Por qué cree que vino?
- Lo que sé es lo que he leído. No sé, con su afán de aventurero. Siempre lo vi inquieto en su blog por determinadas situaciones políticas en el mundo. Había cinco países que lo tenían atento. Irak, Irán, Estados Unidos, Hungría y Bolivia. Andaba muy preocupado y muy identificado con esas problemáticas, lo llevaba muy en carne propia. No sé qué buscaba, tal vez nuevos desafíos, más riesgos. Un amigo de la infancia, chileno, que lo conocía más que yo, me dijo que vino por su sentido de justicia. Que él se había metido en la guerra de Croacia porque como periodista (trabajó en la BBC de Londres y en La Vanguardia de Barcelona) no podía ver las injusticias que se cometían contra los croatas de parte de los serbios; que se estaban cometiendo muchas atrocidades, por eso decidió luchar del lado de ellos. No sé cuánto de válido es eso, nunca hablé de eso con él. Puede ser que en esa sed de búsqueda de justicia, si hubo una propuesta de ese tipo, él aceptara, podría ser válida, no sé.
- ¿Había algo de nostalgia en su vuelta?
– Quizás sí, porque él decía que quería venir a visitar Santa Cruz. Él tampoco me tocaba el tema de qué había pasado con nuestros padres, ni cómo murieron, solo a veces le recordaba alguna fecha de nacimiento de mamá por ejemplo, como que le presentaba un recordatorio. A veces le enviaba fotografía de mi hija, porque él no la conocía, para aproximarlo. Yo sabía que su mundo estaba allá. Y él me hablaba que se iba a Sudán a ofrecer ayuda humanitaria. Él estaba en la comunidad islámica húngara. Vi fotos de él orando, inclusive. Ahí presentó un libro relacionado con el islamismo, Los versos Szufi. Estaba muy inmerso en esa comunidad. Me comentaron que los musulmanes querían reclamar su cuerpo, pero nadie se contactó conmigo.
- ¿Pero él se queda acá?
- Considero que debe estar cerca de los padres, de la familia, aquí nació. Allá no tiene familia.
Eduardo Rózsa, íntimo
- “Hablaba croata, español, inglés, húngaro y no sé si árabe, imagino que sí”, dice Silvia.
-Recuerdo que a veces cuando discutía con él, me decía ‘así somos los genios’. Se consideraba un poco superior, tenía esa actitud.
-A él siempre le gustó ser protagonista. Tenía afán de protagonismo, ser líder.
-Ingresó para ser Oficial en la carrera militar húngara, pero no aguantó por indisciplinado. Debió hacer un servicio militar obligatorio.
-Le gustaba mandar, pero que no lo manden.
-La corteja que más le duró fue una chica de origen ruso. Había dicho que fue el hombre de su vida. “En su relación era un poquito déspota”.
-“En su cumple, todos debían agasajarlo, pero si cumplía años la novia, si quería la llamaba sino no”.
Chico: un filme autobiográfico y premonitorio del joven Eduardo
Investigación. Eduardo Rózsa protagonizó una película sobre su propia vida. En ella se revelan detalles de su personalidad. Es obra de la reconocida directora húngara Ibolya Fekete
Cuando Eduardo tenía 12 y Silvia 9 debieron irse a Chile por razones políticas. Los niños no entendían muy bien de qué se trataba, pero a la dictadura de Banzer no le importaba. Vivieron un año en Santiago, luego en Suecia, allí lo invitaron ir a Cuba, pero su padre no lo creyó conveniente y decidieron recalar en Hungría. Estos cambios afectan, marcan, sellan y cuando Silvia Rózsa posa sus ojos en el pasado mantiene frescos los recuerdos como si fuera ayer.
“Hubo momentos duros, porque uno de pronto no entendía situaciones, tenía que refugiarse en los papás, ir de aquí para allá, le guste o no le guste. Incluso me rebelé en Hungría, no quería estudiar el idioma. En Hungría no teníamos familiares, éramos los cuatro solos. Mi padre fue hijo único. Mi abuela murió acá, mi abuelo era judío y murió en la Segunda Guerra Mundial. Esas cosas no las quisiera volver a repetir. Regresé a Bolivia con la idea de estacionarme y echar raíces acá. Volví de Hungría sola en el 89 y después me fui a Honduras por siete años. Retorné a Santa Cruz definitivamente en el 2000”.
Tuvieron una infancia normal, recuerda las movidas artísticas, la cultura a flor de piel con la casa llena de gente que producía arte, personas que iban y venían. Entre reuniones, dramaturgia, arte y lecturas, la vida se mezclaba con la política. Mucha gente, una familia muy sociable.
- ¿Cuándo comenzaron a escribir poesía?
- Empecé a escribir en Hungría, desde los 13 años. Él también a esa edad, supongo. Él escribía y les hacía los dibujos.
- ¿Y la lectura?
- Desde chico Eduardo leía mucho. Nosotros descendemos del obispo, de los Santistevan, por parte de mi abuela materna. Él iba a la casa de mis tíos que tenían una gran biblioteca que la usaba mucho. Fue bueno criarse en los ambientes europeos por la educación. Nos hemos empapado de esos hábitos.
- ¿Entre hermanos, se peleaban seguido?
- Sí, éramos muy distintos, desde chicos, siempre tuvimos visiones del mundo diferentes, otros enfoques, maneras de ver el mundo, siempre fui más tranquila, más pacifista.
- ¿Qué heredó Eduardo del padre y qué de la madre?
- Mi padre era un ser muy sensible, cálido, generoso, nada mezquino, le gustaba enseñar, y mi hermano heredó la inquietud por la inclinación política. Mi madre era más apolítica. Ella sufrió mucho, pero seguía a mi padre, era más conservadora, católica. Para ella había que seguir al esposo. Incluso una tía le ofreció a ella irse a Panamá con nosotros (los hijos) y ella mantuvo la unidad familiar, a pesar de que tenía que hacerle frente a las persecuciones, a la Policía y hasta se quedó sola: mucha gente le dio la espalda. Con los años quedó en claro que las acusaciones contra mi padre eran falsas.
- Ser comunista en esa época no era fácil…
- Sí, inclusive ahora, se tergiversa mucho. Gracias a Dios viví en un país socialista y puedo tener una visión concreta y no tanto subjetiva. Pero no es como lo pintan, porque (el comunismo) ‘es el diablo en persona’. Me acuerdo que a mi primo le decía la empleada: ‘comé porque te va a llevar un comunista’. Y yo había escuchado que mi padre era comunista y yo decía, no, ¡si mi papá es bueno!, ¿por qué le dice eso esta señora al niño?
Mi hermano heredó el lado político de mi padre y quizás su sensibilidad artística con la escritura, y de mi madre la fortaleza para afrontar determinadas cosas. Ella era una persona buena y justa.
- ¿Eduardo fue inquieto y arriesgado desde chico?
- Siempre se jugaba, iba con el peligro, desde chiquito. Las ex vecinas me contaban que hacía cortocircuitos. Le gustaba dañinear, siempre estaba al borde del peligro, como que le gustaba estar desafiándolo. Era muy atrevido, osado, temerario. Un día, sin saber manejar agarró un jeep con otros tres adentro y lo tuvimos que parar.
- ¿Siempre fue cambiante?
- Él estaba en una búsqueda constante y no sé si la encontró. Algunos dicen que él buscaba la justicia….no sé. Yo no compartía muchas cosas de él. Por ejemplo, tenía en una época un busto de Stalin en su cuarto y mucha gente que vivió allá, que lo conoció, no entendía.
Después, en honor a mi abuelo judío, se hizo judío, dejando de lado el catolicismo. Iba con ellos a todas sus festividades. Yo honro mucho al pueblo judío, pero no sentía ese afán de convertirme en ese momento y ser judía. Esos cambios repentinos…años más tarde, me enteré por teléfono, a través de una señora mayor, que se había convertido musulmán. Yo no tenía contacto con él, pero cuando me enteré quedé aterrada porque lo vinculaba con otras cosas. ¡¿Por qué está en el Islam?!, me preguntaba.
Después de que deja de ser judío vuelve al catolicismo y comienza a tener mucha simpatía con el Opus Dei. O sea, otro extremo ¿verdad? Yo me entero por mi madre y quedé sorprendida, porque él era de izquierda y me preguntaba ¿qué le pasa? De pronto deja el Opus Dei, e ingresa a la guerra en Croacia y más tarde se convierte al islamismo.
- ¿Hablaron sobre ese tema?
No, cuando volvió a aparecer nos contactamos por messenger, pero no hablamos de eso. Volvimos a tener contacto por e-mail después de 20 años y de una manera muy tibia.
Un amigo de mi papá que radica en Santa Cruz viajó a Hungría y lo contactó y me comenta que mi hermano estaba arrepentido de haberse alejado de la familia y quería de nuevo establecer contacto. Incluso tenía la recomendación familiar de no tocar ciertos temas que podrían alejarlo y perder el contacto.
Bueno dije ya, veamos. Yo también le había criticado su ingreso a la guerra de Croacia, no tengo nada contra Croacia, pero no entendía por qué un boliviano, un húngaro en este caso, se metía en un conflicto de un tercer país. Como se ha comentado que era una persona idealista, uno puede pensar que por su idealismo y la búsqueda de algo lo hace. En el momento mi padre rechaza esa decisión.
- ¿Ése fue el rompimiento?
- Con mi padre sí y con nosotros también, ya nos habíamos separado mucho, porque nunca fuimos muy unidos como hermanos. En su película Chico no aparezco. No tiene hermana en la película.
A mis padres, en ese tiempo, los periodistas los tenían sin vida. Tenían que desconectar el teléfono, cuidarse a la salida de la casa, etc. porque los acosaban, así como me tienen a mí ahora.
-¿Por qué cree que se alejó Eduardo de su familia?
- Mi madre se preguntaba ¿qué le hice? ¿Por qué desapareció así? No estaba clara esa situación. El vino a Santa Cruz en el 95 para una fiesta de fin de año, yo no estaba acá. Pero de ahí desapareció, cortó el contacto con ellos. Mi padre falleció en el 97, yo ya estaba acá, lo llamamos y nunca contestó. Luego mi madre enfermó e intenté mandarle correos.
- ¿Dónde residía?
Creo que en Hungría, se compró un departamento, se supone que era su base. Incluso viajaban los húngaros que vivían acá y no lo encontraban. Siempre mi madre les encargaba que busquen a su hijo, pero nada. Mi madre se murió sin saber nada de él. Yo me enteré en Chile que había estado (por unos ex vecinos de la niñez) filmando su película Chico.
¿En qué condición vino a Bolivia en octubre?
Me dijo que posiblemente vendría a Chile a filmar la segunda parte de la película, pero no iba a actuar, la iba a producir. Era una película coproducida por Hungría y EEUU. Y estaban en eso, hasta me mandó un link con el reparto de actores. El protagonista era un norteamericano.
En este último tiempo se comunicaba más seguido?
- Él se seguía comunicando muy esporádicamente por Internet. Inclusive en enero pasado me dijo que estaba en Irán y que volvería a Chile a seguir filmando su película.
- Se sabe que pasaron Navidad juntos…
- Sí, pasamos Navidad y Año Nuevo juntos, en familia. Como estábamos en familia no tocamos temas políticos, más hablamos de anécdotas, recuerdos de infancia. En carnaval pasó por acá, lo vi por un segundo y con mis primos compartió un poco, carnavaleando.
- ¿Se veía con amigos de la escuela o de la infancia?
- Sí, siempre preguntaba por uno u otro, era medio nostálgico.
- ¿Por qué cree que vino?
- Lo que sé es lo que he leído. No sé, con su afán de aventurero. Siempre lo vi inquieto en su blog por determinadas situaciones políticas en el mundo. Había cinco países que lo tenían atento. Irak, Irán, Estados Unidos, Hungría y Bolivia. Andaba muy preocupado y muy identificado con esas problemáticas, lo llevaba muy en carne propia. No sé qué buscaba, tal vez nuevos desafíos, más riesgos. Un amigo de la infancia, chileno, que lo conocía más que yo, me dijo que vino por su sentido de justicia. Que él se había metido en la guerra de Croacia porque como periodista (trabajó en la BBC de Londres y en La Vanguardia de Barcelona) no podía ver las injusticias que se cometían contra los croatas de parte de los serbios; que se estaban cometiendo muchas atrocidades, por eso decidió luchar del lado de ellos. No sé cuánto de válido es eso, nunca hablé de eso con él. Puede ser que en esa sed de búsqueda de justicia, si hubo una propuesta de ese tipo, él aceptara, podría ser válida, no sé.
- ¿Había algo de nostalgia en su vuelta?
– Quizás sí, porque él decía que quería venir a visitar Santa Cruz. Él tampoco me tocaba el tema de qué había pasado con nuestros padres, ni cómo murieron, solo a veces le recordaba alguna fecha de nacimiento de mamá por ejemplo, como que le presentaba un recordatorio. A veces le enviaba fotografía de mi hija, porque él no la conocía, para aproximarlo. Yo sabía que su mundo estaba allá. Y él me hablaba que se iba a Sudán a ofrecer ayuda humanitaria. Él estaba en la comunidad islámica húngara. Vi fotos de él orando, inclusive. Ahí presentó un libro relacionado con el islamismo, Los versos Szufi. Estaba muy inmerso en esa comunidad. Me comentaron que los musulmanes querían reclamar su cuerpo, pero nadie se contactó conmigo.
- ¿Pero él se queda acá?
- Considero que debe estar cerca de los padres, de la familia, aquí nació. Allá no tiene familia.
Eduardo Rózsa, íntimo
- “Hablaba croata, español, inglés, húngaro y no sé si árabe, imagino que sí”, dice Silvia.
-Recuerdo que a veces cuando discutía con él, me decía ‘así somos los genios’. Se consideraba un poco superior, tenía esa actitud.
-A él siempre le gustó ser protagonista. Tenía afán de protagonismo, ser líder.
-Ingresó para ser Oficial en la carrera militar húngara, pero no aguantó por indisciplinado. Debió hacer un servicio militar obligatorio.
-Le gustaba mandar, pero que no lo manden.
-La corteja que más le duró fue una chica de origen ruso. Había dicho que fue el hombre de su vida. “En su relación era un poquito déspota”.
-“En su cumple, todos debían agasajarlo, pero si cumplía años la novia, si quería la llamaba sino no”.
Chico: un filme autobiográfico y premonitorio del joven Eduardo
Investigación. Eduardo Rózsa protagonizó una película sobre su propia vida. En ella se revelan detalles de su personalidad. Es obra de la reconocida directora húngara Ibolya Fekete
El caso terrorismo está cada vez más devaluado
La madrugada del 16 de abril de 2009 el país se sacudió desde el cruce de las calles 21 de Mayo y Seoane. Aquella noche un operativo policial en el hotel Las Américas terminó con la vida de Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y se inició una historia política y judicial que hoy, a cinco años de ocurrida, no termina de cerrarse.
Los sobrevivientes de las acciones ejecutadas -sin apoyo fiscal ni orden judicial- Elöd Tóásó y Mario Tadic están, junto a otras 37 personas, procesados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. El juicio ha tenido varios ‘tropiezos’ y se han conocido versiones de lo sucedido en aquel entonces. Varias coinciden en que el proceso fue armado, que Rózsa fue asesinado junto a los otros dos extranjeros y que el Ejecutivo no quiere que la verdad se conozca. El Gobierno habla de terrorismo y separatismo.
Una nueva revelación fue lanzada por exautoridades del Ministerio de Gobierno que de una u otra manera se involucraron en este caso. EL DEBER conversó con estas personas que aseguran que el Gobierno no se infiltró en la supuesta célula terrorista, sino que el caso habría nacido a finales de 2008, supuestamente orquestada por algunos miembros del Ejecutivo. En ese tiempo, el nombre de Eduardo Rózsa comenzó a circular en los órganos de seguridad del Estado. No mencionan nombres, pero afirman que hubo una pirámide de mando que se hizo cargo de lo que luego ocurrió.
En palabras de estos exfuncionarios, la finalidad del caso fue desarticular el movimiento autonomista que había desbordado el control estatal (toma de instituciones y confrontaciones permanentes con la Policía). El poder estatal no era firme en Santa Cruz y a Evo Morales le costaba visitar esta tierra.
Consultado al respecto, el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta que el caso hubiera sido un montaje. Dice que él mismo fue víctima de los actos de este grupo con un atentado a su vivienda, que si no hubiera vivido en Santa Cruz tal vez creería la hipótesis y que eso le permitió conocer cómo funcionan los grupos de poder locales, lo que hace creíble la versión de separatismo.
Consultado sobre la posibilidad de que las acciones de Rózsa fueran conocidas desde 2008, Romero explica que no puede responder sobre esos hechos, ya que no era ministro de Gobierno en ese entonces (el ministro era Alfredo Rada). Sin embargo, sobre su experiencia en otros casos, Romero dice que es posible, ya que la Policía no siempre actúa de inmediato para desarticular bandas, sino que espera a que sus actos se desarrollen para conocer sus nexos con otras personas. Esta posibilidad ya había sido explorada en mayo de 2009 por la comisión de Diputados que investigaba los hechos. El entonces diputado César Navarro reconoció que Rózsa y su grupo fueron detectados desde que se registraron por primera vez en un hotel de Santa Cruz, en octubre o noviembre de 2008.
Los consultados por EL DEBER revelaron que la mañana del 15 de abril, los personeros que manejaban la información de lo que ocurriría en la capital cruceña les pidieron prepararse para todo, ya que algo grande sucedería en Santa Cruz y sus servicios serían necesarios. Solo comprendieron la verdad de lo que había pasado varios días después de los hechos, mientras muchos cruceños salían del país y otros, supuestamente, negociaban su libertad a cambio de dinero y colaboración. “La información era manejada por un grupo cerrado, porque temían que los datos se filtraran”, comentaron estas personas, que pidieron mantenerse en el anonimato.
Silencio por el hotel
EL DEBER, durante la corta conversación que sostuvo con estas exautoridades, trató de conocer la verdad que ellos dicen saber respecto a las muertes de Rózsa, Magyarosi y Dwyer. La versión oficial en el juicio de supuesto terrorismo señala que existió un cruce de fuego entre los extranjeros y el equipo policial especializado de la Utarc, lo que derivó en las tres muertes. Las exautoridades pidieron no hablar, ya que aseguraron que son muy pocas las personas que conocen datos sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella noche.
Otra versión que estos personajes decidieron mantener bajo reserva es cómo llegó al país Rózsa y quiénes se convirtieron en su grupo de apoyo. ¿Quién lo trajo?, ¿cómo y quién lo contactó?, ¿qué instrucciones le dieron? y ¿qué tipo de personas coordinaron su trabajo?, se les preguntó. Aseguran que las responderán a su debido tiempo. La versión del Ministerio de Gobierno es monolítica: hace cinco años se frustró una aventura separatista.
Los audios y la carta
Desde 2009 aparecieron videos y audios sobre lo que presuntamente sucedió. Para algunos estas afirmaciones son una prueba de que todo fue montado, mientras que para uno de los fiscales que sigue el juicio, Iván Ortiz, no dejan de ser “dimes y diretes”.
“Aún no hemos apegado nuestras narices en el corazón de las pruebas. El juicio recién está en su etapa inicial y se deben esperar los avances”, apuntó Ortiz y recordó que hay personas que se dedican a hacer campaña en contra del caso, afirmando que no existen pruebas.
Sin embargo, la carta del principal acusador de esta causa, el exfiscal Marcelo Soza, se convirtió en una piedra en el caso, ya que reveló que el poder político nacional le pidió ‘ayuda’ para ejecutar acciones en el proceso y acusó a gente del Ministerio de Gobierno de sembrar pruebas, de comprar testigos y de dirigir políticamente las sindicaciones.
El Gobierno ha asegurado que el supuesto grupo irregular sigue operando, ya que se habría construido alianzas con los legisladores de la oposición para desestabilizar la gestión del presidente Evo Morales. También ligan en el ‘complot’ al exprefecto Manfred Reyes Villa.
En lo formal, a cinco años del operativo en el hotel Las Américas, el juicio está paralizado, hay 16 refugiados en otros países, 10 personas presas y 13 enjuiciados que luchan a diario en los estrados judiciales para ser absueltos
Otros detalles
Acciones pendientes
Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas junto a Mario Tadic, está a la espera de que las demandas que presentó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sean aceptadas. De suceder este extremo, el Gobierno debe responder por las supuestas vulneraciones a los derechos humanos que reclaman Tóásó y Mario Tadic.
La verdad de David Sejas
El exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que está con asilo político en Brasil, dijo que dejó el país para evitar ser sometido y preso por gente del Gobierno y por grupos de intereses cruceños a los que incomodaba. Reconoció haber conocido a Eduardo Rózsa, pero como Luis Flores, del que dice lo entrevistó en dos oportunidades. Del juicio no espera nada y cree que todo seguirá su curso en los estrados judiciales.
La versión de Lorgio Balcázar
El hombre conocido por sus inversiones en el mundo de la radiodifusión cruceña dejó Santa Cruz cuatro días después del operativo en el hotel Las Américas. Lorgio Balcázar considera que el juicio debe extinguirse, ya que el tiempo de su definición se cumplió. También dijo haber tenido contacto con Rózsa, al que señala como un periodista de la BBC, con quien se entrevistó por más de dos horas.
Una ‘jugada’ jurídica frenó el avance del juicio terrorismo 1
La recusación en contra de las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calizaya, que formaban parte del tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio por el caso de supuesto terrorismo, dejó paralizado el proceso.
El acusador que se encargó de sindicar a estas mujeres fue el hombre considerado en su momento el testigo clave en el caso, Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘El Viejo’.
Los argumentos del procesado se centraron en la supuesta relación que tienen algunos familiares de las juezas con funcionarios del aparato estatal. Las juzgadoras aceptaron la recusación planteada, por lo que obligaron a que un tribunal nuevo conozca la causa, ya que los otros jueces técnicos no aceptaron el pedido de alejamiento de las autoridades ciudadanas, dejando el proceso de su aceptación o rechazo en manos de otro tribunal, que aún no ha fijado fecha para la audiencia donde se debe resolver esta situación.
Uno de los abogados procesados, Gary Prado, señaló que todavía no les han hecho conocer dónde y qué día se llevará adelante esta audiencia, en la cual Villa Vargas ofreció como testigos de lo que dice a los exasesores del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera.
Estos tres abogados, que durante el desarrollo de este proceso fueron representantes legales del Gobierno en las audiencias de instalación del juicio anunciaron en diferentes momentos y a través de algunos medios de comunicación, que dirán lo que saben de lo ocurrido en este proceso cuando sean presentados ante un juzgador, ya que consideran que en esta instancia tienen el resguardo legal de sus derechos y esperan no serán violentados por revelar lo que conocen.
Actualmente el juicio está en la etapa de la toma de las declaraciones y los interrogatorios a los procesados. Las personas que ya han hablado de los hechos son Mario Tadic, Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza (que se abstuvo de declarar) y Gelafio Santiesteban, que aún testifica.
ANÁLISIS
Santa Cruz fue derrotada militar y comercialmente
Yerko Ilijic - Cientista Jurídico
Considero que lo sucedido entre 2008 y 2014 ha sido la crisis de los tamaños, entre el Estado, las gobernaciones y las instituciones.
El Estado sobredimensionado está ganando esta crisis, que a lo largo de estos años tiene dos grandes momentos, en medio del uso de la denuncia y la violencia como único recurso para deslegitimar.
El primer momento ocurre entre 2008 y 2009. En medio de las instituciones ‘tóxicas’ se aplicó una estrategia militar en Santa Cruz para derrotar a un departamento antagonista muy fuerte, que en determinado momento manejó lo que se conoció como la medialuna.
Durante el segundo momento se generó la estrategia comercial negativa, que se lleva adelante entre 2010 y 2011, provocando las extorsiones, generando temor y desánimo y la pérdida de la intensidad de la rebeldía de los cruceños.
Finalmente sucede una etapa de protección de intereses y la explotación de los ricos, donde se utilizan a quienes fueron beneficiados, y el Estado, para demostrar que puede desechar lo que ejecutó, empieza a descartar a la gente que era cuasi política y que no fue usada para los fines de ese momento.
Santa Cruz fue derrotada militar y comercialmente. Es una gran masa deprimida
ANÁLISIS
Se tiene que respetar el debido proceso
José Antonio Rivera Santiváñez - Exmagistrado
En términos generales, los procesos judiciales en el país deben subordinarse a lo establecido en la Constitución Política del Estado, que establece el debido proceso. El mismo ejercicio de la potestad punitiva que tiene el Estado debe sujetarse al respeto y al resguardo de los derechos constitucionales de las partes.
El debido proceso se basa en un conjunto de garantías mínimas. La primera es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que un proceso no debe exceder los cinco años, aunque debe considerarse su complejidad y el comportamiento de las partes involucradas.
Un segundo elemento es que todo investigado tiene el derecho al juez natural, independiente, competente e imparcial. La definición de un juez competente debe aplicarse en razón del territorio donde sucedieron los hechos, el lugar de residencia de los procesados y el espacio físico donde están las pruebas. Si no se cumple con estos estándares mínimos, no se cumple el debido proceso.
El Estado no puede tratar a los procesados como delincuentes mientras son juzgados y se debe considerar que no se excedan los plazos. La detención preventiva, en el caso de la norma nacional, solo debe ser de 36 meses. Si en ese tiempo el sindicado no tiene sentencia, el juez debe ordenar su libertad con medidas de resguardo para someterlo a juicio.
Ninguna acción se debe ejecutar sin presencia fiscal ni orden judicial, siendo ilegales las pruebas obtenidas así.
Si un procesado siente que no se protegió el debido proceso, una vez que agote las vías internas de reclamo, está habilitado para hacer conocer su reclamo ante el sistema interamericano de los derechos humanos, instancia que puede dar lugar a una responsabilidad estatal
Los sobrevivientes de las acciones ejecutadas -sin apoyo fiscal ni orden judicial- Elöd Tóásó y Mario Tadic están, junto a otras 37 personas, procesados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. El juicio ha tenido varios ‘tropiezos’ y se han conocido versiones de lo sucedido en aquel entonces. Varias coinciden en que el proceso fue armado, que Rózsa fue asesinado junto a los otros dos extranjeros y que el Ejecutivo no quiere que la verdad se conozca. El Gobierno habla de terrorismo y separatismo.
Una nueva revelación fue lanzada por exautoridades del Ministerio de Gobierno que de una u otra manera se involucraron en este caso. EL DEBER conversó con estas personas que aseguran que el Gobierno no se infiltró en la supuesta célula terrorista, sino que el caso habría nacido a finales de 2008, supuestamente orquestada por algunos miembros del Ejecutivo. En ese tiempo, el nombre de Eduardo Rózsa comenzó a circular en los órganos de seguridad del Estado. No mencionan nombres, pero afirman que hubo una pirámide de mando que se hizo cargo de lo que luego ocurrió.
En palabras de estos exfuncionarios, la finalidad del caso fue desarticular el movimiento autonomista que había desbordado el control estatal (toma de instituciones y confrontaciones permanentes con la Policía). El poder estatal no era firme en Santa Cruz y a Evo Morales le costaba visitar esta tierra.
Consultado al respecto, el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta que el caso hubiera sido un montaje. Dice que él mismo fue víctima de los actos de este grupo con un atentado a su vivienda, que si no hubiera vivido en Santa Cruz tal vez creería la hipótesis y que eso le permitió conocer cómo funcionan los grupos de poder locales, lo que hace creíble la versión de separatismo.
Consultado sobre la posibilidad de que las acciones de Rózsa fueran conocidas desde 2008, Romero explica que no puede responder sobre esos hechos, ya que no era ministro de Gobierno en ese entonces (el ministro era Alfredo Rada). Sin embargo, sobre su experiencia en otros casos, Romero dice que es posible, ya que la Policía no siempre actúa de inmediato para desarticular bandas, sino que espera a que sus actos se desarrollen para conocer sus nexos con otras personas. Esta posibilidad ya había sido explorada en mayo de 2009 por la comisión de Diputados que investigaba los hechos. El entonces diputado César Navarro reconoció que Rózsa y su grupo fueron detectados desde que se registraron por primera vez en un hotel de Santa Cruz, en octubre o noviembre de 2008.
Los consultados por EL DEBER revelaron que la mañana del 15 de abril, los personeros que manejaban la información de lo que ocurriría en la capital cruceña les pidieron prepararse para todo, ya que algo grande sucedería en Santa Cruz y sus servicios serían necesarios. Solo comprendieron la verdad de lo que había pasado varios días después de los hechos, mientras muchos cruceños salían del país y otros, supuestamente, negociaban su libertad a cambio de dinero y colaboración. “La información era manejada por un grupo cerrado, porque temían que los datos se filtraran”, comentaron estas personas, que pidieron mantenerse en el anonimato.
Silencio por el hotel
EL DEBER, durante la corta conversación que sostuvo con estas exautoridades, trató de conocer la verdad que ellos dicen saber respecto a las muertes de Rózsa, Magyarosi y Dwyer. La versión oficial en el juicio de supuesto terrorismo señala que existió un cruce de fuego entre los extranjeros y el equipo policial especializado de la Utarc, lo que derivó en las tres muertes. Las exautoridades pidieron no hablar, ya que aseguraron que son muy pocas las personas que conocen datos sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella noche.
Otra versión que estos personajes decidieron mantener bajo reserva es cómo llegó al país Rózsa y quiénes se convirtieron en su grupo de apoyo. ¿Quién lo trajo?, ¿cómo y quién lo contactó?, ¿qué instrucciones le dieron? y ¿qué tipo de personas coordinaron su trabajo?, se les preguntó. Aseguran que las responderán a su debido tiempo. La versión del Ministerio de Gobierno es monolítica: hace cinco años se frustró una aventura separatista.
Los audios y la carta
Desde 2009 aparecieron videos y audios sobre lo que presuntamente sucedió. Para algunos estas afirmaciones son una prueba de que todo fue montado, mientras que para uno de los fiscales que sigue el juicio, Iván Ortiz, no dejan de ser “dimes y diretes”.
“Aún no hemos apegado nuestras narices en el corazón de las pruebas. El juicio recién está en su etapa inicial y se deben esperar los avances”, apuntó Ortiz y recordó que hay personas que se dedican a hacer campaña en contra del caso, afirmando que no existen pruebas.
Sin embargo, la carta del principal acusador de esta causa, el exfiscal Marcelo Soza, se convirtió en una piedra en el caso, ya que reveló que el poder político nacional le pidió ‘ayuda’ para ejecutar acciones en el proceso y acusó a gente del Ministerio de Gobierno de sembrar pruebas, de comprar testigos y de dirigir políticamente las sindicaciones.
El Gobierno ha asegurado que el supuesto grupo irregular sigue operando, ya que se habría construido alianzas con los legisladores de la oposición para desestabilizar la gestión del presidente Evo Morales. También ligan en el ‘complot’ al exprefecto Manfred Reyes Villa.
En lo formal, a cinco años del operativo en el hotel Las Américas, el juicio está paralizado, hay 16 refugiados en otros países, 10 personas presas y 13 enjuiciados que luchan a diario en los estrados judiciales para ser absueltos
Otros detalles
Acciones pendientes
Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas junto a Mario Tadic, está a la espera de que las demandas que presentó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sean aceptadas. De suceder este extremo, el Gobierno debe responder por las supuestas vulneraciones a los derechos humanos que reclaman Tóásó y Mario Tadic.
La verdad de David Sejas
El exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que está con asilo político en Brasil, dijo que dejó el país para evitar ser sometido y preso por gente del Gobierno y por grupos de intereses cruceños a los que incomodaba. Reconoció haber conocido a Eduardo Rózsa, pero como Luis Flores, del que dice lo entrevistó en dos oportunidades. Del juicio no espera nada y cree que todo seguirá su curso en los estrados judiciales.
La versión de Lorgio Balcázar
El hombre conocido por sus inversiones en el mundo de la radiodifusión cruceña dejó Santa Cruz cuatro días después del operativo en el hotel Las Américas. Lorgio Balcázar considera que el juicio debe extinguirse, ya que el tiempo de su definición se cumplió. También dijo haber tenido contacto con Rózsa, al que señala como un periodista de la BBC, con quien se entrevistó por más de dos horas.
Una ‘jugada’ jurídica frenó el avance del juicio terrorismo 1
La recusación en contra de las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calizaya, que formaban parte del tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio por el caso de supuesto terrorismo, dejó paralizado el proceso.
El acusador que se encargó de sindicar a estas mujeres fue el hombre considerado en su momento el testigo clave en el caso, Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘El Viejo’.
Los argumentos del procesado se centraron en la supuesta relación que tienen algunos familiares de las juezas con funcionarios del aparato estatal. Las juzgadoras aceptaron la recusación planteada, por lo que obligaron a que un tribunal nuevo conozca la causa, ya que los otros jueces técnicos no aceptaron el pedido de alejamiento de las autoridades ciudadanas, dejando el proceso de su aceptación o rechazo en manos de otro tribunal, que aún no ha fijado fecha para la audiencia donde se debe resolver esta situación.
Uno de los abogados procesados, Gary Prado, señaló que todavía no les han hecho conocer dónde y qué día se llevará adelante esta audiencia, en la cual Villa Vargas ofreció como testigos de lo que dice a los exasesores del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera.
Estos tres abogados, que durante el desarrollo de este proceso fueron representantes legales del Gobierno en las audiencias de instalación del juicio anunciaron en diferentes momentos y a través de algunos medios de comunicación, que dirán lo que saben de lo ocurrido en este proceso cuando sean presentados ante un juzgador, ya que consideran que en esta instancia tienen el resguardo legal de sus derechos y esperan no serán violentados por revelar lo que conocen.
Actualmente el juicio está en la etapa de la toma de las declaraciones y los interrogatorios a los procesados. Las personas que ya han hablado de los hechos son Mario Tadic, Elöd Tóásó, Ignacio Villa Vargas, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza (que se abstuvo de declarar) y Gelafio Santiesteban, que aún testifica.
ANÁLISIS
Santa Cruz fue derrotada militar y comercialmente
Yerko Ilijic - Cientista Jurídico
Considero que lo sucedido entre 2008 y 2014 ha sido la crisis de los tamaños, entre el Estado, las gobernaciones y las instituciones.
El Estado sobredimensionado está ganando esta crisis, que a lo largo de estos años tiene dos grandes momentos, en medio del uso de la denuncia y la violencia como único recurso para deslegitimar.
El primer momento ocurre entre 2008 y 2009. En medio de las instituciones ‘tóxicas’ se aplicó una estrategia militar en Santa Cruz para derrotar a un departamento antagonista muy fuerte, que en determinado momento manejó lo que se conoció como la medialuna.
Durante el segundo momento se generó la estrategia comercial negativa, que se lleva adelante entre 2010 y 2011, provocando las extorsiones, generando temor y desánimo y la pérdida de la intensidad de la rebeldía de los cruceños.
Finalmente sucede una etapa de protección de intereses y la explotación de los ricos, donde se utilizan a quienes fueron beneficiados, y el Estado, para demostrar que puede desechar lo que ejecutó, empieza a descartar a la gente que era cuasi política y que no fue usada para los fines de ese momento.
Santa Cruz fue derrotada militar y comercialmente. Es una gran masa deprimida
ANÁLISIS
Se tiene que respetar el debido proceso
José Antonio Rivera Santiváñez - Exmagistrado
En términos generales, los procesos judiciales en el país deben subordinarse a lo establecido en la Constitución Política del Estado, que establece el debido proceso. El mismo ejercicio de la potestad punitiva que tiene el Estado debe sujetarse al respeto y al resguardo de los derechos constitucionales de las partes.
El debido proceso se basa en un conjunto de garantías mínimas. La primera es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que un proceso no debe exceder los cinco años, aunque debe considerarse su complejidad y el comportamiento de las partes involucradas.
Un segundo elemento es que todo investigado tiene el derecho al juez natural, independiente, competente e imparcial. La definición de un juez competente debe aplicarse en razón del territorio donde sucedieron los hechos, el lugar de residencia de los procesados y el espacio físico donde están las pruebas. Si no se cumple con estos estándares mínimos, no se cumple el debido proceso.
El Estado no puede tratar a los procesados como delincuentes mientras son juzgados y se debe considerar que no se excedan los plazos. La detención preventiva, en el caso de la norma nacional, solo debe ser de 36 meses. Si en ese tiempo el sindicado no tiene sentencia, el juez debe ordenar su libertad con medidas de resguardo para someterlo a juicio.
Ninguna acción se debe ejecutar sin presencia fiscal ni orden judicial, siendo ilegales las pruebas obtenidas así.
Si un procesado siente que no se protegió el debido proceso, una vez que agote las vías internas de reclamo, está habilitado para hacer conocer su reclamo ante el sistema interamericano de los derechos humanos, instancia que puede dar lugar a una responsabilidad estatal
Una ‘noche con Rózsa’ desvela otra versión del operativo
"Un 'room service' por favor", pidió el hombre que ya no es de este mundo. De inmediato el camarero comunicó el pedido al recepcionista del restaurante, que lo miró con extrañeza y le dijo: “¿Dices que te pidieron servicio a la habitación 458?”. Ante la respuesta afirmativa se apresuró a comunicarle que eso era imposible, pues en el tercer piso del hotel no había registrado ni un solo huésped.
El camarero insistió que vio y escuchó al hombre que abrió la puerta de esa habitación y le dio la orden. Fue entonces que el recepcionista le mostró una foto y le preguntó: “¿Este fue?”. Y él dijo sí. “Él es Eduardo Rózsa, murió en la 458”, le explicó.
Historias como estas sobre supuestas apariciones de Rózsa en el hotel Las Américas son ‘normales’, según algunos testigos de aquella madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial acabó con la vida del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, del irlandés Michael Dwyer y del rumano-húngaro Árpád Magyarosi.
Ese mismo día, el vicepresidente Álvaro García Linera apareció ante los medios de comunicación y anunció que se desbarató un grupo terrorista que planeaba atentar contra la vida del presidente Evo Morales y de su persona. “Al momento de su detención portaban armas de fuego, explosivos y granadas con las que atacaron a la Policía (…) la Policía se defendió”, aseguró.
A cinco años de ese hecho, recorrimos el lugar de la trágica escena. Estamos en el tercer piso del hotel, donde el silencio de la noche y las luces tenues le dan un aire de misterio. Hay dos formas de llegar hasta ese punto, por el ascensor y por las escaleras. Elegimos la primera opción.
Se abren las puertas del ascensor y lo primero que salta a la vista es una puerta marrón oscuro. Arriba, en color dorado está escrito el “458”, es la habitación donde Rózsa vivió sus últimos días. En el techo está instalada una cámara de seguridad que enfoca directamente a un espejo en el que se reflejan todos los movimientos en el pasillo.
Según testigos, esas cámaras ya existían el día del operativo, aunque los informes públicos señalan que casualmente, desde las 3:00 hasta las 9:00 de ese 16 de abril, habrían dejado de funcionar, lo que –según el Gobierno- evitó que se registrara uno de los episodios más confusos de la historia de Bolivia.
EL DEBER habló con el ingeniero que estaba a cargo del sistema de seguridad, quien pidió reserva de su nombre, pero aseguró que en ese entonces solo había dos cámaras instaladas, una en la planta baja dirigida hacia una sala de visitas y otra en el subsuelo, por el garaje. Según dice, no existían más cámaras en todo el hotel y, de las que había, ninguna registraba imágenes de quiénes ingresaban.
Afirmó que solo se constató que no había ninguna grabación de la madrugada. “Puede ser que el equipo haya fallado ese rato, que se haya cortado por un corte de luz. Es un poco difícil que se interfiera por internet, pero la cibernética ahora es tan grande que no se sabe qué se puede hacer. Hay hackers que lo pueden hacer”, argumenta.
El resto del grupo
Al lado izquierdo de la habitación de Rózsa está la 457. Ahí, según el Gobierno, pereció Dwyer, sin embargo, uno de los sobrevivientes, el húngaro Elöd Tóásó, declaró en agosto de 2013 que Dwyer salió con vida del hotel y fue ejecutado en el aeropuerto Viru Viru.
En la pieza contigua, en el mismo operativo, murió Magyarosi (28). Un poco más al costado están las 455 y 454, donde sobrevivió Tóásó y el boliviano Mario Tadic, ahora presos en La Paz.
Pero no solo los extranjeros estaban alojados en Las Américas. El entonces gerente del hotel Hernán Rossell, declaró en febrero de 2014, que el 15 de abril de ese año se alojó en el mismo piso Luis Calvijo, quien era director de Régimen Interior. Abandonó el hotel a las 23:30 y retornó después de las 4:00 del día siguiente, una vez concluida la intervención policial. Hoy, Rossell prefiere no hablar de este episodio.
Una cama de dos plazas, un tocador, un velador, un guardarropa, un frigobar con una variedad de bebidas y comestibles, además de la mesa con una silla que dan a una ventana con vista a la calle son parte del escenario de una de las habitaciones donde fue la matanza. Se evidencia que nadie podría abrir la puerta desde afuera, excepto con una tarjeta de seguridad.
En la cabecera de la cama hay un cuadro, única decoración de la pieza. Al frente está el baño y la ducha, y al costado un televisor. El olor a limpio no evita el recuerdo de la imagen que se conoció tras el operativo: En el piso, a un lado de la cama, yacía muerto Michael Dwyer. Y, como si las paredes quisieran contar lo que sucedió esa trágica madrugada de abril, pese a la refacción, aún se observa una rajadura desde la altura de la cerradura de la puerta hasta el techo.
“Todos abajo”
¿Qué pasó la madrugada del 16 de abril de 2009? Una de las personas que asegura haber estado en el hotel la noche de la incursión policial revela que cerca de las 3:00 un policía vestido de civil se encargó de reunir a todo el servicio del hotel (cinco personas) y a los 16 huéspedes que se encontraban en Las Américas. Les dio la orden de bajar al sótano y de no salir de allí. Solo quedaron en el tercer piso Rózsa, Dwyer, Magyarosi, Tóásó y Tadic.
“Veinte minutos después se escucharon cinco disparos”, relata. “¿Cómo? Pero el Gobierno dijo que se hizo uso de granadas y explosivos también”, le preguntamos. “No, yo solo escuché cinco disparos”, responde con voz firme y agrega que la otra orden fue: “Aquí no pasó nada, ustedes no estuvieron aquí”.
Esta versión difiere con el informe del Gobierno y con las declaraciones del exgerente del hotel Las Américas quien reconoce haber llegado como diez minutos después del operativo.
Según Rossell, el auditor nocturno que hacía de cajero y el de seguridad fueron presionados (incluso con armas) por un grupo numeroso de policías para que abrieran la puerta de ingreso al hotel, por lo que tuvieron que proceder. Y que cuando llegó al hotel, ante un llamado del personal, no había ni un policía y que los huéspedes de otras 25 habitaciones estaban gritando y solo pedían que los sacaran a otro lugar. Rossell asegura que ninguna autoridad nunca le dio explicaciones al hotel de lo que había pasado esa noche, solo lo que se difundió por los medios de comunicación.
Este episodio le trajo pérdidas al hotel Las Américas, pues tardó cerca de medio año en recuperar su clientela, pero también es un atractivo para muchos huéspedes, especialmente de Europa, que piden alojarse en la misma habitación de Rózsa.
Rózsa se manifiesta y asusta a los empleados
“Cuando hace mal tiempo Rózsa se manifiesta”, cuenta una de las personas que trabaja en el hotel. De pronto, se escucha que las tazas y cucharillas acomodadas a tres metros empiezan a sonar sin mayor explicación. Nuestro interlocutor no se inmuta. “Parece que ya somos amigos del fantasma de Rózsa”, comenta y dibuja en su rostro una sonrisa risueña. Según dice, estas apariciones empezaron después del tercer mes de su muerte.
“Las camareras son las que menos duran”, afirma. Y como si quisiera darle credibilidad a su revelación recuerda que a un camarero Rózsa le pidió servicio a la habitación 458 cuando el tercer piso estaba vacío. “Se asustó y renunció. Dijo que no se quedaba más. Hay personas que no aguantan”, sostiene.
“Hace ruidos, lanza las cosas, llama por teléfono, se aparece en la cocina o por los pasillos”. Dice que “el espíritu de Rózsa” en uno de sus arrebatos tiró una jarra al suelo. ¿Tenía algo de especial ese utensilio? Efectivamente, explica que era uno de los que utilizaba cuando comía, “junto a otras dos personas”, en el salón privado, especialmente preparado para él. Lo que significa que Rózsa y sus amigos recibían un trato preferencial en el hotel Las Américas.
Quienes hablan de esto solo creen que Rózsa tiene asuntos pendientes en este mundo y que su espíritu está intranquilo y que aparece con más frecuencia “cuando hace mal tiempo”. Su última aparición habría sido el 22 de marzo a las 6:30, la noche anterior hubo una tormenta eléctrica. Dicen que lo vieron parado en el ingreso a la cocina.
Caso Rózsa mantiene dudas a cinco años de operativo en Santa Cruz
Noticia publicada elMadrugada del 15 de abril de 2009, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, casa del cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazas. Una dinamita explota en el portón de la vivienda y causa alarma en los tres ocupantes de la residencia que denuncian el caso a la Policía.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.
Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.
El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.
“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.
En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.
El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.
El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.
En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.
La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.
“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.
Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.
La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.
Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.
“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.
Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.
Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.
El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.
“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.
En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.
El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.
El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.
En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.
La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.
“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.
Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.
La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.
Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.
“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.
Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.
Caso Rózsa mantiene dudas a cinco años de operativo en Santa Cruz
Noticia publicada elMadrugada del 15 de abril de 2009, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, casa del cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazas. Una dinamita explota en el portón de la vivienda y causa alarma en los tres ocupantes de la residencia que denuncian el caso a la Policía.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.
Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.
El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.
“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.
En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.
El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.
El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.
En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.
La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.
“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.
Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.
La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.
Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.
“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.
Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.
Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.
El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.
“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.
En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.
El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.
El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.
En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.
La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.
“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.
Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.
La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.
Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.
“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.
Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.
Caso Rózsa mantiene dudas a cinco años de operativo en Santa Cruz
Noticia publicada elMadrugada del 15 de abril de 2009, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, casa del cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazas. Una dinamita explota en el portón de la vivienda y causa alarma en los tres ocupantes de la residencia que denuncian el caso a la Policía.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.
Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.
El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.
“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.
En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.
El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.
El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.
En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.
La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.
“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.
Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.
La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.
Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.
“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.
Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) se pronuncia de inmediato: “La violencia como acción, nunca es el medio aceptable, no aporta soluciones en las relaciones humanas y es rechazada por Dios”.
Al día siguiente, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) interviene a las 4.30 horas el hotel Las Américas, de la calle 21 de mayo del Casco Viejo, dando muerte a tres de cinco personas del llamado grupo Rózsa. Comenzaba el caso que inclinó la balanza política a favor del Gobierno del proceso de cambio.
El contexto era evidentemente belicoso entre dos visiones de país, una conservadora basada en el poder regional y la bandera autonómica, y otra que apuntaba a la refundación del Estado mediante etapas para consolidar la hegemonía del régimen de poder.
“Di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, mediante el Vicepresidente al Comandante policial, de hacer un operativo, de detener a esos mercenarios”, decía el mandatario Evo Morales abrazado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez en el aeropuerto de Cumaná.
En el operativo fueron muertos Eduardo Rózsa Flores de nacionalidad boliviano – croata –húngaro, Michael Dwyer (irlandés) y Arpad Magyarosi (rumano-húngaro); fueron detenidos Mario Tadic, (boliviano-croata) y Elod Tóásó (húngaro), derivados al penal de San Pedro, mientras el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escobar, presentaba en La Paz el arsenal decomisado en el hotel y en el stand de la cooperativa telefónica Cotas de la Feria Exposición de Santa Cruz.
El operativo no contó con la presencia de un fiscal, como quedó demostrado en el juicio.
El ahora ministro de Minería, César Navarro, asegura que se debía “actuar de inmediato y no se podía esperar la convocatoria a un fiscal para activar el operativo”. Al día siguiente un fiscal era llamado desde La Paz: Marcelo Soza, quien asumía el caso y con ello la responsabilidad del cargo denominado por los medios “súper fiscal”.
En el Congreso Nacional de la República se conformaba una comisión para investigar el caso, mientras una lista de 150 implicados era preparada por Soza en procura de detener a quienes tuvieron alguna relación con los integrantes de la célula irregular.
La Comisión Especial Multipartidaria aprobó su informe estableciendo la tesis oficialista en la que se sustenta el caso de alzamiento armado y terrorismo: “En base a los documentos secuestrados por la Fiscalía al grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores, se concluye que la organización denominada ‘La Torre’, así como el ‘Consejo Cruceño’ o ‘Consejo Supremo’, mantuvieron nexos y prestaron apoyo logístico al mencionado grupo”.
“Las acciones de este ejército irregular contemplan el desarrollo de una guerra civil, con miles de muertos, escenarios de conflictividad que provoque el derrocamiento del Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y busque la intervención de alguna potencia extranjera u organismo internacional que permita, respalde o legitime la conformación de un Estado independiente”, agrega otra de las conclusiones del informe elaborado con mayoría oficialista ente abril y noviembre de 2009.
Sin embargo, la antítesis de la oposición señala que la célula fue traída para captar la atención de grupos de poder cívico empresarial de la llamada media luna, y hacerles caer en el montaje del “terrorismo”. Además, se habla de una ejecución extrajudicial a las cabezas del grupo, porque conocerían la verdadera identidad de sus “patrocinadores”, en este caso citan a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García como el “comandante Lineras”, y gente vinculada a la Embajada de Venezuela, instruida en Cuba en tácticas militares.
La familia de Martin Dwyer, por su parte, investigó el caso y definió que el irlandés murió con una bala explosiva dum-dum en el corazón, mientras informes de peritos húngaros hablan de ejecución a Arpad Magyarosi: “Las puertas no fueron violentadas. Hay dos escenarios posibles: o bien la víctima abrió la puerta a la unidad especial o ésta tenía las llaves de la habitación. Lo más probable es que después de abrir la puerta Arpad Magyarosi recibió tres disparos sin ofrecer resistencia (…) le dieron patadas en la cara y los riñones y tuvo cuatro tiros en la pelvis derecha cuando estaba en el suelo”. Un informe del forense Balogh István reitera que no se brindó ayuda oportuna al húngaro.
Gyani Prado, abogado de Mario Tadic, confirmó ayer que una querella contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) será la que defina el caso, pues a cinco años de los sucesos, la etapa oral no puede avanzar.
“Una vez que salgan las resoluciones van a anular el juicio y justamente ahora que Bolivia está reconociendo la jurisdicción internacional (diferendo marítimo en la Corte de La Haya) esperemos que el Gobierno respete el fallo que vaya a dar la CIDH”, declaró.
Ramificaciones del proceso como el video soborno protagonizado por Ignacio Villa Vargas “El Viejo” con el fallecido Carlos Nuñez del Prado, la investigación de extorsión a los implicados por el exfiscal Soza, y la red de extorsión que habla del gabinete jurídico del Ejecutivo hoy solo abren mayores dudas.
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