La carta de Marcelo Soza, en la que revela que no estuvo la noche del operativo en Las Américas y las denuncias del sembrado de evidencias en el hotel, demuestran que las pruebas están contaminadas y son ilegales. Esa es la posición de dos abogados defensores de tres acusados en el caso Rózsa.
El proceso, según dichos juristas, genera mayor incertidumbre y carece de sustento legal por su connotación política.
Vicios procesales desde un inicio. Gianny Prado, jurista patrocinante de los acusados Elöd Tóásó y Mario Tadic, afirmó que desde el 2009 a la fecha, se observó vicios procesales del caso. "El hacer el operativo junto con policías sin la presencia de un fiscal, abrir las habitaciones, abatir a los que estaban durmiendo y limpiar los elementos del lugar, es una violación a los derechos constitucionales", afirmó Prado. Descartó la existencia de flagrancia en el hecho, según el argumento para justificar la ausencia de fiscal en el operativo, ya que el operativo donde se abatió a Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, se lo preparó con anterioridad e incluso habían infiltrados hospedados en el hotel Las Américas.
Muestra de injusticia. Por su parte, Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, más conocido como "El Viejo", manifestó que el proceso es muestra clara de la injusticia en Bolivia y la retardación. Sostuvo que es una estrategia gubernamental utilizando medios coercitivos para neutralizar a la oposición. Aclaró también que aparte de haber armado pruebas, el juicio además está sustentado con una simulación de delitos.
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