Bolivia es el segundo país más corrupto de la región, según revela la última edición del Barómetro de las Américas que realiza el Proyecto Opinión Pública de América Latina, con sede en la Universidad de Vanderbilt. Para este sondeo, un 44,8% asegura haber sido víctima de cohecho. La media latinoamericana ronda el 20 por ciento.
Distintos estudios internacionales muestran que Chile y Uruguay son, con mucha ventaja, los más respetuosos de la ley en América Latina.
El país más corrupto. Haití es el país con más corrupción. A siete de cada diez haitianos alguna autoridad civil o policial le pidió un soborno durante 2012, según revela el barómetro.
En el otro extremo, solo 5,8 de cada 100 chilenos se vieron expuestos a este delito. La proporción es equivalente a la de Estados Unidos y se ubica apenas dos puntos por encima de Canadá, uno de los países con instituciones más consolidadas del mundo.
No muy lejos queda Uruguay, el segundo más honesto. El 8,2% reconoció haber sido extorsionados por alguna autoridad.
Transparencia Internacional. El Barómetro no es el único estudio que destaca a estos dos países por sobre el resto.
“Si miramos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que es la encuesta más completa, hay dos países que claramente despuntan favorablemente. Uno es Chile y el otro es Uruguay. Ambos están por encima de la media e incluso mejor que algunas naciones desarrolladas”, dice a Infobae el abogado peruano José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, consultor internacional en políticas contra la corrupción.
Uruguay aparece en el puesto 19 a nivel mundial del ranking 2013 de la ONG, con 73 puntos (100 es el máximo posible, que supondría la virtual ausencia de corrupción). Tres puestos más abajo está Chile, con 71 puntos.
Una región corrupta. "Un problema grande es la falta de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. No se puede tener una investigación de corrupción si no hay cooperación entre la contraloría pública, las fiscalías y el poder judicial. Si se manejan apartadas es muy difícil que un juez pueda de verdad examinar cuentas bancarias y transacciones económicas", explica Luis Salas, director del Centro de Administración de Justicia de la Universidad de Florida, en diálogo con Infobae.
Debilidad institucional. "Tiene La falta de autonomía del poder judicial en relación al poder político termina haciendo casi imposible que un funcionario público sea condenado por defraudar al Estado. “Tiene que ver con la debilidad institucional. No hemos tenido instituciones debidamente estructuradas, con un servicio civil profesionalizado. El clientelismo ha fomentado el intercambio de favores. Una burocracia ineficiente que se mueve según los turnos políticos genera nichos de corrupción muy altos, porque no ha habido tampoco un orden administrativo", dice Carlos Ugaz Sánchez Moreno, consultor internacional en políticas contra la corrupción.
Una consecuencia de la debilidad de las instituciones es que los gobiernos pueden arrasar con ellas.
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