La Fiscalía empezará a citar a unas 30 personas en el caso denominado terrorismo II. El proceso ha sido reactivado con la presentación de una imputación en contra de Juan Kudelka, exfuncionario de Branko Marinkovic que está preso en el penal de San Pedro, sindicado de alzamiento armado y terrorismo.
Kudelka es juzgado junto a otros 38 sindicados, porque supuestamente colaboró con la presunta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa Flores.
Marco Antonio Rodríguez, miembro de la comisión de fiscales que lleva adelante las pesquisas junto a Sergio Céspedes y Javier Flores, señaló que en este caso hay alrededor de 60 investigados, de los cuales cerca de la mitad ya prestaron su declaración informativa.
“No puedo revelar los nombres de los que serán citados, por una estrategia jurídica”, expresó Rodríguez y añadió que espera día y hora para defender la imputación contra Kudelka.
Si bien el fiscal evitó citar a los que serán convocados a dar su testimonio, se sabe que entre los acusados está el gobernador cruceño, Rubén Costas, y algunos líderes del empresariado local. Este proceso investiga a los presuntos financiadores del grupo donde estaba Rózsa.
Las pesquisas estaban lideradas por el fiscal Harry Suaznábar, que en agosto de 2012 se apartó del caso y salió del país. Lo sindican de haber extorsionado a los implicados.
Audiencia de recusación
Por otro lado, los jueces técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, Bernardo Soria y Jaime Arteaga, deberán entregar hasta el martes su decisión con respecto a la recusación planteada por el procesado Ignacio Villa Vargas, que denunció que Sixto Fernández y Elena Gemio (jueces técnicos del tribunal que lleva adelante el juicio por presunto terrorismo) eran favorecidos por el Ministerio de Gobierno con la compra de pasajes y el pago de viáticos.
Ayer se concluyó con la audiencia, en la que los juzgadores recibieron testimonios y pruebas del accionar ‘equivocado’ de Fernández y de Gemio, que pese a haber sido notificados, no asistieron a las dos audiencias que se llevaron adelante.
El fiscal Céspedes cuestionó el proceder de Soria y de Fernández y señaló que espera que la solicitud presentada por Villa Vargas sea rechazada, aunque admitió que si es aceptada el juicio deberá volver a instalarse.
Afirmó que la parte demandante en un proceso debe cubrir algunos gastos y no consideró esta acción como algo irregular.
De su lado el abogado de Villa Vargas, Alberto Morales, dijo que sus argumentos fueron confirmados por Boris Villegas (exasesor del Gobierno) y un informe elaborado y firmado por Fernando Rivera, exapoderado del Ministerio de Gobierno en el juicio de presunto terrorismo
VILLA VARGAS DENUNCIA AMENAZAS
Como lo indicaron los exasesores del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y Boris Villegas, que denunciaron que sus familias fueron intimidadas por funcionarios gubernamentales para que ellos no digan lo que saben del caso de presunto terrorismo, Ignacio Villa Vargas señaló ayer que fue amenazado de muerte.
“Me dijeron que si yo tumbaba a este tribunal matarían a mis hijos. Así como secuestraron al papá de Fernando Rivera, lo mismo quisieron hacer con uno de mis hijos”, denunció Villa Vargas, que antes era considerado por el Gobierno como su testigo clave y que fue grabado cuando recibía dinero de gente que trabajaba para el Poder Ejecutivo, por haber implicado en este proceso a líderes cruceños.
Por otra parte, el abogado de Juan Kudelka, Róger Martínez, formalizó ayer por la tarde una denuncia en contra de Luis Clavijo y otros exfuncionarios gubernamentales, a quienes se los sindica de haber secuestrado al exfuncionario de Branko Marinkovic cuando estaba en la capital cruceña.
Kudelka asegura que le exigían implicar a Marinkovic con Eduardo Rózsa y el supuesto grupo terrorista.
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