Hace dos años una comerciante orureña fue interceptada en el aeropuerto Jorge Wilstermann con 119.000 dólares en su equipaje. Policías y fiscales de Sustancias Controladas retuvieron a la mujer para investigar si el dinero que llevaba a otro departamento provenía del narcotráfico.
El dinero fue secuestrado por los dos fiscales de Sustancias Controladas, quienes verificaron, durante las investigaciones preliminares, que el origen de la suma no estaba vinculado con el tráfico de drogas y no había elementos o indicios para abrir una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
El caso fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción (PIA) y los fiscales de Sustancias Controladas entregaron a una fiscal del PIA la documentación acumulada y los 119.000 dólares secuestrados. Existe un acta de entrega oficial. De acuerdo a procedimiento, la funcionaria de la Fiscalía Anticorrupción debía guardar el dinero en la caja fuerte de la Fiscalía de Distrito, pero no lo hizo. Según ella, guardó el dinero en la caja fuerte de la Fiscalía de Sustancias Controladas porque una fiscal de esa repartición la guió a que los guardara allí, pero no tiene ningún acta de recepción o entrega que respalde su versión.
Lo cierto es que los 119.000 dólares no están en ninguna caja fuerte. La semana pasada, representantes de la Fiscalía de Sustancias Controladas enviaron una nota al Fiscal de Distrito haciéndole conocer que el dinero le fue entregado hace dos años a la fiscal del PIA y que no ingresó de nuevo a la caja fuerte de esa unidad especializada.
Este diario llamó al Fiscal de Distrito, Freddy Torrico, para conocer el avance en la investigación de este delito. Éste se encontraba en un foro, en Sucre, y respondió que “el caso está en proceso de investigación porque no hay nada que ocultar”. La autoridad adelantó que el jueves en su oficina brindará más información acerca de lo sucedido en este caso.
Por su presencia en el foro, el Fiscal no pudo explicar si el caso era investigado en el marco del Código Penal o de la Ley 004, bautizada como Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en su artículo 26 señala que “La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.
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