El caso del judío norteamericano, Jacob Ostreicher, que lleva dos años en proceso, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y que tiene un arresto domiciliario, es mencionado en un reporte cronológico de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en los últimos cuatro meses del 2012, según un observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia.
El informe hace referencia a la desarticulación a medias de una red de presunta extorsión que se anidaba en los ministerios de Gobierno y la Presidencia tras la detención de los abogados Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas.
Dicen que otros hechos que han conmovido a la opinión pública no avanzan como el caso de la Calancha donde murieron tres jóvenes en el 2007, el caso “24 de mayo” de racismo, la represión a indígenas en Chaparina y el asilo del senador opositor Rógen Pinto en la embajada de Brasil mientras espera un salvoconducto, son entre otros, los hechos que preocupan, según dice el coordinador Rubén Darío Cuéllar.
Asesinatos y otros hechos. El informe da cuenta del asesinato de las concejales municipales de Ancoraimes, La Paz y Guayaramerín, Beni en hechos no aclarados y por eso creen que no se ha avanzado significativamente en el respeto a los derechos humanos.
En los últimos cuatro meses del 2012 fueron suspendidas al menos once autoridades municipales cuando aún no se había pronunciado el Tribunal Constitucional declarando ilegal que ante la sola acusación deban ser alejados del cargo.
También da a conocer de 22 casos de persecuciones por motivos políticos, 12 de discriminación por razones políticas, tres decesos, 97 heridos en enfrentamientos por conflictos limítrofes y demandas sociales y la privación de libertad de al menos 105 personas por diferentes motivos y circunstancias.
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